Diana Karen Perez Ramirez
Expediente 339/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Diana Karen Perez Ramirez
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vistos los oficios de cuenta, suscritos por el Director de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, en ausencia del Director, mediante los cuales, con el primero rinde informe respecto de la suspensión de plano concedida a la quejosa Diana Karen Pérez Ramírez, y con el segundo interpone recurso de queja contra el auto de once de junio del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 126, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe solicitado a la autoridad indicada; y toda vez que mediante acuerdo dictado el once de junio del año en curso, este Juzgado Federal declinó competencia por razón de territorio al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, en turno, correspondiéndole conocer del asunto al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México -juicio de amparo 566/2022-VI-, en esa virtud, remítanse los oficios de cuenta al Juzgado Federal en mención, previa copia certificada que de los mismos se agregue a los presentes autos, así como los diversos oficios registrados con los números 6393 y 6446, los cuales fueron agregados en proveído del pasado veintiuno de junio.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta registrado con el número 6393, signado por el Director de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual rinde informe respecto de la suspensión de plano concedida a la quejosa *********; agréguense a los presentes autos para que surtan sus efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 126, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe solicitado a la autoridad indicada. Por otra parte, intégrese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio registrado con el número 6528, firmado por el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto número de orden 421/2022, número de origen E-401/2022, toda vez que no se le anexó el oficio dirigido al Director del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, necesario para diligenciar la comunicación oficial remitida; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, conforme a los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la codificación de la materia, en términos de su artículo 2, gírese nuevamente exhorto vía Sistema Integral de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este juzgado, se sirva ordenar, a quien corresponda, la notificación personal del auto dictado el pasado once de junio a la quejosa *************, quien se encuentra interna en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, con sede en la Ciudad de México, así como notificar el referido auto por oficio que se anexe a dicha comunicación oficial, al Director de dicho Centro Penitenciario. Finalmente, visto el oficio de cuenta registrado con el número 6446, suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual acusa de recibo del oficio número 8698/2022-4B, con el cual se le remitió el juicio de amparo 339/2022-4B del índice de este juzgado, e informó que aceptó la competencia planteada, al cual le correspondió el juicio de amparo 566/2022-VI de su índice, se avocó al conocimiento del asunto y desechó la demanda de amparo; agréguese a los autos para conocimiento de las partes y para que surta sus efectos legales correspondientes. Pues bien, virtud a que el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, comunicó que aceptó la competencia planteada por este Juzgado, respecto de la demanda de amparo promovida por *********, a la cual le correspondió el número de juicio de amparo 566/2022-VI de su índice, que a su vez formó en este juzgado el juicio de amparo 339/2022-4B, del que deriva este cuaderno de antecedentes, por considerar que le surte competencia para conocer del asunto; con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. En ese sentido, acorde al artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que este juzgado se declaró incompetente para conocer del presente juicio, y por auto de dieciséis de junio del año en curso, el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, aceptó la competencia planteada; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que en auto de once de junio de dos mil veintiuno, se ordenó su integración, con motivo de haberse declarado incompetente para conocer del asunto, además, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, once de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Diana Karen Pérez Ramírez, quien se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, contra actos del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 339/2022-4. Pues bien, dado que la competencia legal es de orden público y, por tanto, no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado federal, para conocer de la demanda de amparo presentada por la quejosa Diana Karen Pérez Ramírez. En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa se encuentra recluida actualmente en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México. Ante tales consideraciones, el Titular carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo. En efecto, para llegar a dicha conclusión es necesario considerar la previsión del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Con relación a la interpretación del precepto transcrito y retomando por similitud al artículo 36 de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció tres reglas para fijar la competencia, a saber: a) La establecida en el último párrafo consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido la resolución, en este supuesto, basta que quede debidamente acreditado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. b) La segunda regla, contenida en el primer párrafo, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que requieren de ejecución; y, c) La tercera regla, constituye un matiz de la segunda, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el competente será ante el que se presente la demanda. Como se aprecia, las reglas de competencia por razón de territorio contenidas en el trascrito artículo 37 tienen como eje rector la ejecución material del acto reclamado, empero, tratándose de aquellos actos que no la tienen, lo que se considera para determinar la competencia del juez de distrito, es el lugar donde resida la autoridad que emitió el acto. Ahora bien, la palabra ejecutar significa, literalmente, "poner por obra algo" (conforme al Diccionario de la Lengua Española); la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Por tanto, ejecutar, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. El artículo 37 de la Ley de Amparo, al emplear la voz ejecución, reafirma ese entendimiento, al calificar la palabra ejecución con la característica de "material", esto es, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal, la ejecución material implica un cambio en la situación jurídica del quejoso, ya sea que le impone una carga o le priva o limita algún derecho. Así, para determinar si el acto reclamado tiene o no ejecución atendiendo a su naturaleza intrínseca y no a su forma de expresión, se considera conveniente distinguir la naturaleza positiva y negativa de los actos, de conformidad con lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.152/2009. ".En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo." "Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos." "Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso." "Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado." "Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico.". Conforme a las precisiones que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la naturaleza intrínseca de los actos de autoridad, el suscrito Titular estima que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en la orden de traslado y de acuerdo a las manifestaciones expresadas en la demanda de amparo, constituye un acto que lleva implícita una ejecución, pero hasta el momento de presentación de la demanda, no se habían modificado ni alterado el estado de cosas existentes, ya que la quejosa Diana Karen Pérez Ramírez, está privada de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, así como tampoco tienen certeza de si existirá la orden de traslado y, en su caso, a qué centro penitenciario se realizará. En ese sentido, si bien puede considerarse que el acto reclamado implica per se, una ejecución material, pero de las constancias que obran hasta este momento, sólo se desprende que materialmente tendría ejecución en la Ciudad de México, es decir, dentro de la jurisdicción que ejercen los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México. Cierto, la premisa en cuanto a que al realizarse el traslado éste tendría ejecución en la Ciudad de México donde se encuentra recluida la quejosa, es correcta porque en el caso se trata de definir la competencia del juez de distrito y no debe confundirse la naturaleza del acto con el perjuicio, dado que la naturaleza del acto se determina conforme a éste, es decir, si introduce o no un cambio a la realidad (positivo); si no afecta la realidad existente (negativo); si implica un no hacer de la autoridad o la inacción de la autoridad (omisivo), pero no puede hacerse depender de que el acto por ser de naturaleza de tracto sucesiva, necesariamente tenga que ejecutarse en el Estado de Sinaloa -dado que pudiera presentarse que la orden es inexistente o a diverso Estado-; entonces, en este momento procesal, la certeza radica en que la quejosa se encuentra recluida en un centro de reinserción, con residencia en la Ciudad de México, por ende, en caso de existir la orden de traslado, la primera ejecución material, sería precisamente en la Ciudad de México. En consecuencia, aun cuando se trata la orden de traslado de un acto de tracto sucesivo como así lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J.35/2008, lo cierto es que en el caso, en este momento procesal no podría tener una ejecución material en el Estado de Sinaloa, si se parte de la base que no existe actualmente un traslado como tal, por tanto, el único dato objetivo que se tiene hasta el momento es, que la quejosa está privada de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, con sede en la Ciudad de México y reclama el traslado a otro Centro Federal de Readaptación Social, sin tener certeza a cuál, lo que implica determinar de que ese traslado puede ejecutarse en un distrito judicial diverso a Sinaloa, por tal razón, se actualiza la regla de competencia prevista por el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece la competencia en favor del juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar o se esté ejecutando el acto reclamado, y que es que necesariamente tendrá ejecución en la ciudad de México y, por tanto, se actualizará el supuesto de competencia previsto en el párrafo segundo del artículo 37, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, en virtud de que, la ejecución del acto que en esta vía se impugna es de tracto sucesivo; sin embargo, se tiene la certeza de que solo tendrá ejecución en la Ciudad de México, es incuestionable que la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, por razón de territorio, corresponde al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, en turno; por tanto, el suscrito Titular declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, a quien se estima competente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En diverso orden de ideas, la quejosa reclama la orden de traslado, que para efectos de la suspensión debe ser de plano y de oficio, del contenido de la demanda de amparo se desprende que la quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Titular del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Ciudad de México. Titular del Centro Femenil de Reinserción, Social Tepepan de la Ciudad de México. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de México. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Guardia Nacional. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión Secretaría de Gobernación de México. En ese sentido, conforme a los principios de expeditez y celeridad en la administración de justicia consagrados en el artículo 17 de la Carta Magna, el suscrito debe analizar si resulta lógico y pertinente notificar a todas las autoridades citadas al presente juicio de amparo, atento a los conceptos de violación, acto reclamado y a los antecedentes del caso, para desprender su participación o no, con lo que se evita notificar innecesariamente a un sinfín de autoridades que no tendrían ese carácter, sin perjuicio de que su participación pudiera acreditarse durante el trámite del juicio y emplazarlas. Entonces, el suscrito determina que en el presente juicio de amparo se notificará únicamente a las autoridades Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México; Titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en razón de que son quienes, en su caso, pudieran ser las responsables de la orden de traslado a un diverso centro penitenciario que combate la justiciable y al Titular del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, todos con sede en la Ciudad de México. Lo anterior a efecto de no retrasar injustificadamente el procedimiento en razón de que dicha circunstancia desobedece a los fines del juicio de amparo y perjudica los intereses de la sociedad, a quien le interesa que los medios económicos y humanos invertidos para la pronta y expedita administración e impartición de justicia, no se vean mermados con pretensiones infundadas e improcedentes de los particulares, quienes acceden a ella sabedores de esta situación. Tiene aplicación por analogía jurídica, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1705, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA ORDEN DE TRASLADO DE UN SENTENCIADO. SI ÉSTE SEÑALA COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODAS LAS DEPENDENCIAS PENITENCIARIAS FEDERALES Y LOCALES Y JUECES DE EJECUCIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR, BAJO EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, SI RESULTA LÓGICO Y PERTINENTE EMPLAZAR A TODAS ESAS AUTORIDADES AL JUICIO. Conforme al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades encargadas de administrar justicia, estarán expeditas para impartirla de manera pronta, completa e imparcial; por ello, para efectos del juicio de amparo, el Juez de Distrito, tutor y garante de la correcta sustanciación de este medio de control constitucional, debe velar por que las pretensiones de las partes sean afines con los principios de expeditez, prontitud y economía procesal que lo rigen. Por tanto, ante las pretensiones y/o peticiones de las partes, expuestas en la demanda, está facultado para analizarlas y determinar si: 1) resultan procedentes a los fines del juicio; 2) debe prevenir al interesado ante alguna deficiencia o irregularidad en su petición; 3) procede desechar de plano la pretensión, por notoriamente frívola o improcedente; o, 4) reservar su decisión en relación con alguna petición, y/o pretensión de alguna de las partes, para el momento procesal oportuno. En ese sentido, cuando la demanda de amparo es promovida por un sentenciado que compurga una pena de prisión en la Ciudad de México, y reclama una orden de traslado, señalando como autoridades responsables a todas las dependencias penitenciarias federales y locales del país, incluyendo a los Jueces de ejecución, el Juez de Distrito, bajo el principio de instancia de parte agraviada, debe analizar si resulta lógico y pertinente emplazar a todas esas autoridades al juicio, atento a los conceptos de violación, acto reclamado y a los antecedentes del caso, para desprender su participación o no, con lo que se evita emplazar innecesariamente a un sinfín de autoridades que no tendrían ese carácter, sin perjuicio de que su participación pudiera acreditarse durante el trámite del juicio y emplazarlas. Sin que lo anterior implique que el quejoso no pueda ejercer sus derechos ante los Juzgados de Distrito, ya que ese ejercicio no es ilimitado, pues debe atender a los principios de expeditez, prontitud y prosecución judicial y, por ello, el juzgador, como garante del procedimiento, debe velar por que no se retrase injustificadamente, con el único fin de prolongar los beneficios cautelares que la suspensión del acto reclamado apareja a su esfera jurídica, durante su vigencia, ya que esa conducta desnaturaliza los fines del juicio de amparo y perjudica los intereses de la sociedad, a quien le interesa que los medios económicos y humanos invertidos para la pronta y expedita administración e impartición de justicia, no se vean mermados con pretensiones infundadas e improcedentes de los particulares, quienes acceden a ella sabedores de esta situación.". Por otro lado, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa solicita la suspensión del acto reclamado. Bajo este contexto, la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal de la reclusa de manera indirecta. Por tanto, considerando que la quejosa reclama la orden de traslado a autoridades administrativas se concede la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que la quejosa no sea trasladada del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, con sede en la Ciudad de México, donde se encuentra recluida, a cualquier otro diverso. Es aplicable, la tesis número VIII.1o.16 P, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 557 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Novena Época, Materia Penal, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN, INCIDENTE DE. PROCEDE CONTRA EL TRASLADO DE REOS.". En el supuesto de que la orden de traslado provenga de un Juez del Ramo Penal o alguna autoridad judicial, o, bien, fuera autorizada por un juez debido a un acto urgente, de conformidad con el artículo 18 Constitucional, se concede la suspensión de plano y de oficio para el único efecto de que la quejosa quede a disposición del Juez de Amparo competente, en cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar donde actualmente se encuentra recluida o en el que ordene la autoridad judicial; de efectuarse el traslado correspondiente o el que ordene la autoridad judicial, se tomen todas y cada una de las medidas necesarias para que la quejosa no sea objeto de incomunicación, azotes, palos y tormento de cualquier especie o de cualquier otra pena inusitada y trascendental prohibida por el artículo 22 Constitucional. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis I.9o.P.129 P (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2321, libro 39, febrero 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. DEBE RESTRINGIRSE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI AQUÉLLA ESTÁ RELACIONADA CON EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA O SI EL QUEJOSO REQUIERE MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD, SIEMPRE QUE SE EMITA POR AUTORIDAD JUDICIAL. La citada medida cautelar contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe restringirse en cuanto a su concesión, si dicha orden se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si el quejoso requiere medidas especiales de seguridad, siempre que se emita por autoridad judicial, porque vulnera el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, así lo condiciona, en el sentido de que esa medida no surtirá efectos si contraviene disposiciones de orden público. En efecto, el precepto citado de la Carta Magna establece que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución de riesgo de fuga. Incluso, dispone que podrán imponerse medidas de vigilancia especial de seguridad a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Lo que se traduce en que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida, todos admiten restricciones, con la salvedad de que no se realicen a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros derechos constitucionalmente protegidos.". Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 58/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 865, libro 36, Noviembre de 2016, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta.". Por otra parte, considerando que la quejosa Diana Karen Pérez Ramírez, se encuentra interna en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, con sede en la Ciudad de México, notifíquese en el mismo, el presente acuerdo. Bajo ese contexto, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, así como los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al citado cuerpo de leyes, en términos del artículo 2, gírese atento exhorto vía Sise al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este juzgado, se sirva ordenar, a quien corresponda, la notificación personal de este auto a la quejosa Diana Karen Pérez Ramírez, quien se encuentra interna en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, con sede en la Ciudad de México, así como notificar por oficio que se anexe a dicha comunicación oficial, al Director de dicho Centro Penitenciario. Por último, el suscrito Juzgador tiene conocimiento del criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO.". En dicha tesis, el Tribunal sostiene que debe seguirse la regla prevista en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, esto es, actos ejecutados; sin embargo, por ejecutoria de dieciocho de enero de dos mil doce, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente la contradicción 465/2011 derivado de la denuncia de que fue objeto la citada tesis, al resolver que la jurisprudencia 35/2008 resolvió la problemática, en el sentido de establecer que se trataba de actos de tractos sucesivo, por lo que sería competente el Juez que previno, atendiendo a los lugares en que se ejecutó o sigue ejecutando el acto. Por lo que, se reitera en este Décimo Segundo Circuito, el acto no ha tenido ejecución.
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- Diana Yadira Lugo Chaparro580/2021
- Didier Baltazar Puentes Silva103/2023
- Diego Bojorquez Lopez319/2021
- Diego Fabricio Hernandez Ramos845/2023
- Diego Fidel Soto Tamayo349/2018