Diana Carolina Carrasco Aguirre
Expediente 919/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Diana Carolina Carrasco Aguirre
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta firmado por la quejosa **************, mediante el cual se desiste de la prosecución del presente juicio de garantías por así convenir a los intereses de su representada, desistimiento que se encuentra ratificado ante el Licenciado ***************, Notario público 148, con ejercicio en Guasave, Sinaloa; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales. Sin que resulte necesario ordenar la ratificación del escrito de desistimiento que se atiende, en virtud de que fue ratificado ante Notario Público, lo que genera certeza sobre la voluntad de la parte promovente de desistirse del presente asunto. Apoya lo anterior, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 31/2021 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL." Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial.". En consecuencia, y toda vez que el desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y por ende supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia de la quejosa deja a esta autoridad en actitud de obrar o no obrar; por tanto y no obstante que en el presente caso, aún no ha sido admitido el escrito de demanda del que se viene desistiendo, por así solicitarlo la parte quejosa y por convenir a sus intereses se tiene por no presentada la demanda de amparo que se trata, para todos los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada.". Por otra parte, el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, establece: "Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias: III. Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante.". Luego, acorde con los artículos 5° y 6º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudiquen los actos reclamados y será al solicitante del amparo a quien corresponda acreditar los hechos de su acción constitucional; razón por la cual y toda vez que como se precisó en líneas anteriores, la hoy parte quejosa se desistió expresamente de este procedimiento; en consecuencia, en el caso concreto se surte la hipótesis prevista por la fracción III del artículo 356 antes transcrito y 214 de la Ley de Amparo, se declara que este proveído ha causado estado para todos sus efectos legales, y una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que en esta misma fecha se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. En el entendido, que una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito
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