Diana Paulina Mora Valenzuela

Expediente 607/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
607/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Diana Paulina Mora Valenzuela

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. HA CAUSADO ESTADO DESECHADA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Diana Paulina Mora Valenzuela, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de seis de junio de dos mil veintidós, por el que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. Enel cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil veintidós. SE RECIBEN AUTOS. Téngase por recibido el oficio número 306/2022, suscrito por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite el juicio de amparo IV-1/2022 del índice de dicha sala, promovido por Diana Paulina Mora Valenzuela, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. En ese contexto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, SE AVOCA al conocimiento del juicio de amparo a estudio, mismo que, ahora, quedará registrado con el número I-607/2022. SE ACUSA RECIBO Acúsese recibo a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales procedentes. SE RECIBE DEMANDA. Visto el escrito de demanda promovida por Diana Paulina Mora Valenzuela, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos fuera de juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis integral de la demanda y anexos a la misma, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistentes en el citatorio de veinticuatro de mayo del año en curso, suscrito por Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, a fin de que compareciera la quejosa en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, a las diez horas del tres de junio de dos mil veintidós, para desahogar una entrevista en calidad de testigo, bajo apercibimiento legal que en caso de ser omisa en presentarse será acreedora a algunos de los medios de apremio establecidos en el numeral 104, fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir multa de cuarenta Unidades de Medida y Actualización, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción II, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación: Los numerales referidos en supralíneas, en la parte que interesa, respectivamente, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;." Atento a lo anterior, cabe destacar que, los actos que provienen fuera de juicio de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos y de trabajo, tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda, y escrito aclaratorio generadores del presente expediente, como los preceptos legales invocados, se arriba a que la parte quejosa Diana Paulina Mora Valenzuela, pretende reclamar en esta instancia constitucional lo siguiente: Del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado: Citatorio de veinticuatro de mayo del año en curso, suscrito por Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, a fin de que compareciera la quejosa en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, a las diez horas del tres de junio de dos mil veintidós, para desahogar una entrevista en calidad de testigo, bajo apercibimiento legal que en caso de sr omisa en presentarse será acreedora a algunos de los medios de apremio establecidos en el numeral 104, fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir multa de cuarenta Unidades de Medida y Actualización. Ahora bien, precisado lo anterior; se colige, que en el caso particular respecto del acto de molestia del que se duele la promovente y que lo constituyen, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción II, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Se estima de esa forma, pues los actos reclamados, no afectan derechos sustantivos de imposible reparación. Lo anterior, es así porque en el caso concreto se reclama el citatorio de veinticuatro de mayo del año en curso, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, el cual simplemente concierne a una citación realizada por la autoridad ministerial emitida seguramente dentro de una carpeta de investigación, a fin de que la impetrante desahogue una diligencia de carácter penal (a fin de que compareciera la quejosa en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, a las diez horas del tres de junio de dos mil veintidós, a desahogar una entrevista en calidad de testigo, bajo apercibimiento legal que en caso de sr omisa en presentarse será acreedora a algunos de los medios de apremio establecidos en el numeral 104, fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir multa de cuarenta Unidades de Medida y Actualización. Ahora bien, la citación de una persona en una carpeta de investigación no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido similar al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. Precisado lo anterior, se destaca que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas: 1. La de investigación, que abarca las fases de: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia o su equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y, b) La complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación hasta que se cierra la investigación. 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3. La de juicio, que inicia con el auto de apertura a juicio y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente a los deberes de investigación conferidos al Agente del Ministerio Público, previstos en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la cual deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la citación del imputado, testigos, peritos y demás personas a quienes les resulte cita dentro de la carpeta de investigación respectiva. En ese sentido, el acto reclamado, no ocasiona un perjuicio de imposible reparación a la esfera de derechos de la quejosa, pues en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social. Ello es así, pues la citación es un acto tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, no puede considerarse como generador de afección al interés jurídico de la accionante, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Consecuentemente, la orden de citación reclamada no es un acto de imposible reparación ya que no afecta derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, de ahí que lo precedente es desechar de plano la demanda de amparo. Es aplicable al caso por analogía jurídica sustancial, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2018828 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Penal, Penal Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) Página: 239 "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." La aplicabilidad de dicha jurisprudencia se debe a que la citación del Ministerio Público para investigar un delito es similar a la que se emite para que el imputado se presente ante el Juez, porque ambas se dictan en el procedimiento penal; además de que en el caso concreto el citatorio reclamado a la autoridad ministerial. Cabe destacar que cualquier orden de citación y/o presentación forzosa dictadas en una carpeta de investigación constituyen la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; lo que no causa un perjuicio a la parte quejosa, que haga procedente la acción constitucional indirecta, ya que ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los justiciables el derecho de oponerse a la continuación de una investigación, aun cuando sean considerados probables responsables; antes bien, como se apuntó el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es categórico en señalar que toda persona está obligada a presentarse cuando sea citada; estimar lo contrario, sería tanto como anteponer su interés particular sobre el de la sociedad, lo que jurídicamente es inaceptable y que convalida aún más la causa de improcedencia antes invocada. En esa virtud, si en el caso concreto el citatorio que se reclama al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, a fin de que compareciera la quejosa en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado para desahogar una diligencia de carácter penal, el juicio de amparo es improcedente, pues se trata de un acto que no afecta derechos sustantivos de imposible reparación, sin que se soslaye como ya se precisó, pese a que dicho citatorio fue realizado con apercibimiento legal, el cual, ante la incomparecencia trae como consecuencias a la parte quejosa, la imposición de una multa, lo cierto es que no acarrea consecuencias en su libertad personal. Por ende, no afecta derechos sustantivos de imposible reparación; pues el apercibimiento de dicho citatorio no afecta a la libertad personal de la amparista, de ahí que no ocasiona un perjuicio de imposible reparación a la quejosa. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Diana Paulina Mora Valenzuela, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado. NOTIFICACIÓN POR LISTA Pese a que la quejosa refiere en el rubro de su demanda de amparo señalar como domicilio para recibir notificaciones el precisado en folio electrónico 00003315, del cual dice anexó la solicitud, sin embargo dicho folio no fue adjuntado; y, vista la certificación secretarial en la que consta que en data tres de junio de dos mil veintidós, aproximadamente las catorce horas con treinta y tres minutos, se realizó una llamada telefónica a la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al número 44 33 22 33 87, contestando al teléfono la Licenciada Ana Elía León Pérez, Secretaria de Acuerdos de la citada sala, con el fin verificar si en dicha sala tenían el folio electrónico 00003315, del cual refiere la quejosa anexó al libelo constitucional en el que señaló como domicilio para recibir notificaciones el que obra en dicho folio electrónico, a lo cual la secretaria de acuerdos, respondió que en la sala no se cuenta con el folio en comento, y que la demanda de amparo fue presentada directamente en la Oficialía de Partes de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, sin que se anexara o diera el registro con folio electrónico, toda vez que en esa instancia no existen folios electrónicos que se les proporcionen para que asienten datos generales como lo es domicilio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, se ordena notificar a la parte quejosa por lista las actuaciones subsecuentes, hasta en tanto comparezca ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a HÉCTOR DANIEL CASAS MORENO sin la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que no existe registro de la cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, para los efectos legales conducentes. SE EXHORTA A LAS PARTES En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 22, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese mediante lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García, CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los autos a la actuaría de la adscripción. Conste"Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil veintidós. SE RECIBEN AUTOS. Téngase por recibido el oficio número 306/2022, suscrito por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite el juicio de amparo IV-1/2022 del índice de dicha sala, promovido por Diana Paulina Mora Valenzuela, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. En ese contexto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, SE AVOCA al conocimiento del juicio de amparo a estudio, mismo que, ahora, quedará registrado con el número I-607/2022. SE ACUSA RECIBO Acúsese recibo a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales procedentes. SE RECIBE DEMANDA. Visto el escrito de demanda promovida por Diana Paulina Mora Valenzuela, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos fuera de juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis integral de la demanda y anexos a la misma, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistentes en el citatorio de veinticuatro de mayo del año en curso, suscrito por Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, a fin de que compareciera la quejosa en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, a las diez horas del tres de junio de dos mil veintidós, para desahogar una entrevista en calidad de testigo, bajo apercibimiento legal que en caso de ser omisa en presentarse será acreedora a algunos de los medios de apremio establecidos en el numeral 104, fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir multa de cuarenta Unidades de Medida y Actualización, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción II, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación: Los numerales referidos en supralíneas, en la parte que interesa, respectivamente, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;." Atento a lo anterior, cabe destacar que, los actos que provienen fuera de juicio de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos y de trabajo, tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda, y escrito aclaratorio generadores del presente expediente, como los preceptos legales invocados, se arriba a que la parte quejosa Diana Paulina Mora Valenzuela, pretende reclamar en esta instancia constitucional lo siguiente: Del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado: Citatorio de veinticuatro de mayo del año en curso, suscrito por Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, a fin de que compareciera la quejosa en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, a las diez horas del tres de junio de dos mil veintidós, para desahogar una entrevista en calidad de testigo, bajo apercibimiento legal que en caso de sr omisa en presentarse será acreedora a algunos de los medios de apremio establecidos en el numeral 104, fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir multa de cuarenta Unidades de Medida y Actualización. Ahora bien, precisado lo anterior; se colige, que en el caso particular respecto del acto de molestia del que se duele la promovente y que lo constituyen, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción II, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Se estima de esa forma, pues los actos reclamados, no afectan derechos sustantivos de imposible reparación. Lo anterior, es así porque en el caso concreto se reclama el citatorio de veinticuatro de mayo del año en curso, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, el cual simplemente concierne a una citación realizada por la autoridad ministerial emitida seguramente dentro de una carpeta de investigación, a fin de que la impetrante desahogue una diligencia de carácter penal (a fin de que compareciera la quejosa en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, a las diez horas del tres de junio de dos mil veintidós, a desahogar una entrevista en calidad de testigo, bajo apercibimiento legal que en caso de sr omisa en presentarse será acreedora a algunos de los medios de apremio establecidos en el numeral 104, fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir multa de cuarenta Unidades de Medida y Actualización. Ahora bien, la citación de una persona en una carpeta de investigación no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido similar al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. Precisado lo anterior, se destaca que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas: 1. La de investigación, que abarca las fases de: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia o su equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y, b) La complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación hasta que se cierra la investigación. 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3. La de juicio, que inicia con el auto de apertura a juicio y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente a los deberes de investigación conferidos al Agente del Ministerio Público, previstos en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la cual deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la citación del imputado, testigos, peritos y demás personas a quienes les resulte cita dentro de la carpeta de investigación respectiva. En ese sentido, el acto reclamado, no ocasiona un perjuicio de imposible reparación a la esfera de derechos de la quejosa, pues en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social. Ello es así, pues la citación es un acto tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, no puede considerarse como generador de afección al interés jurídico de la accionante, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Consecuentemente, la orden de citación reclamada no es un acto de imposible reparación ya que no afecta derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, de ahí que lo precedente es desechar de plano la demanda de amparo. Es aplicable al caso por analogía jurídica sustancial, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2018828 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Penal, Penal Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) Página: 239 "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." La aplicabilidad de dicha jurisprudencia se debe a que la citación del Ministerio Público para investigar un delito es similar a la que se emite para que el imputado se presente ante el Juez, porque ambas se dictan en el procedimiento penal; además de que en el caso concreto el citatorio reclamado a la autoridad ministerial. Cabe destacar que cualquier orden de citación y/o presentación forzosa dictadas en una carpeta de investigación constituyen la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; lo que no causa un perjuicio a la parte quejosa, que haga procedente la acción constitucional indirecta, ya que ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los justiciables el derecho de oponerse a la continuación de una investigación, aun cuando sean considerados probables responsables; antes bien, como se apuntó el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es categórico en señalar que toda persona está obligada a presentarse cuando sea citada; estimar lo contrario, sería tanto como anteponer su interés particular sobre el de la sociedad, lo que jurídicamente es inaceptable y que convalida aún más la causa de improcedencia antes invocada. En esa virtud, si en el caso concreto el citatorio que se reclama al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, a fin de que compareciera la quejosa en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado para desahogar una diligencia de carácter penal, el juicio de amparo es improcedente, pues se trata de un acto que no afecta derechos sustantivos de imposible reparación, sin que se soslaye como ya se precisó, pese a que dicho citatorio fue realizado con apercibimiento legal, el cual, ante la incomparecencia trae como consecuencias a la parte quejosa, la imposición de una multa, lo cierto es que no acarrea consecuencias en su libertad personal. Por ende, no afecta derechos sustantivos de imposible reparación; pues el apercibimiento de dicho citatorio no afecta a la libertad personal de la amparista, de ahí que no ocasiona un perjuicio de imposible reparación a la quejosa. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Diana Paulina Mora Valenzuela, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado. NOTIFICACIÓN POR LISTA Pese a que la quejosa refiere en el rubro de su demanda de amparo señalar como domicilio para recibir notificaciones el precisado en folio electrónico 00003315, del cual dice anexó la solicitud, sin embargo dicho folio no fue adjuntado; y, vista la certificación secretarial en la que consta que en data tres de junio de dos mil veintidós, aproximadamente las catorce horas con treinta y tres minutos, se realizó una llamada telefónica a la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al número 44 33 22 33 87, contestando al teléfono la Licenciada Ana Elía León Pérez, Secretaria de Acuerdos de la citada sala, con el fin verificar si en dicha sala tenían el folio electrónico 00003315, del cual refiere la quejosa anexó al libelo constitucional en el que señaló como domicilio para recibir notificaciones el que obra en dicho folio electrónico, a lo cual la secretaria de acuerdos, respondió que en la sala no se cuenta con el folio en comento, y que la demanda de amparo fue presentada directamente en la Oficialía de Partes de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, sin que se anexara o diera el registro con folio electrónico, toda vez que en esa instancia no existen folios electrónicos que se les proporcionen para que asienten datos generales como lo es domicilio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, se ordena notificar a la parte quejosa por lista las actuaciones subsecuentes, hasta en tanto comparezca ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a HÉCTOR DANIEL CASAS MORENO sin la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que no existe registro de la cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, para los efectos legales conducentes. SE EXHORTA A LAS PARTES En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 22, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese mediante lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe". DOS FIRMAS ILEGIBLES.

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