Diana Priscilla Fuentes Rodríguez

Expediente 537/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 48 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
537/2023
Año
2023
Actuaciones
48
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Diana Priscilla Fuentes Rodríguez
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito XXXVI con sede en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Principal

    . V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número IV-537/2023, promovido por Diana Priscilla Fuentes Rodríguez, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y remitido al día siguiente hábil por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Diana Priscilla Fuentes Rodríguez promovió demanda de amparo contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración y ratificación del escrito aclaratorio, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda registrada bajo el número IV-537/2023; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello en razón de que la parte quejosa reclama actos atribuidos a una autoridad agraria con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce su competencia mixta este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado"., es necesario precisar el reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la peticionaria de garantías, como tercera extraña en estricto sentido, reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, la falta de llamamiento al procedimiento sucesorio agrario 139/2011, y como consecuencia de la violación a la garantía de audiencia previa al pretender privarla de los derechos que le asisten respecto del inmueble ubicado en la calle Morelos número 17, colonia centro, Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, que pretende defender, sin haber sido oída y vencida en el citado controvertido. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Contrario a lo señalado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias relativas. Documental que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, manifiesta que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, al señalar que la quejosa no acredita su interés jurídico. Lo que también aduce el tercero interesado en su escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Dicho argumento resulta acertado atento a las siguientes consideraciones y a lo dispuesto por los artículos que a continuación se transcriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" De los anteriores preceptos legales se sigue que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la ley en cita. De igual forma, se aprecia que el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo y que el acto reclamado debe producir una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, sólo se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo, la parte a quien perjudique la norma, acto u omisión que se reclame de la autoridad, es decir, el titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. De modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Cabe citar la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Primera Sala Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, del rubro que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. En el caso, el acto reclamado consiste en la falta de llamamiento al procedimiento sucesorio agrario 139/2011, con la consecuente violación a la garantía de audiencia, ya que aduce la quejosa se le pretende privar de los derechos que le asisten respecto del inmueble ubicado en calle Morelos número 17, colonia centro, Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán; que aduce le fue cedido por Rosalío González Franco, sin haber sido oída y vencida en dicho procedimiento. En esa tesitura, si la quejosa se ostenta como tercera extraña, y reclama la falta de llamamiento al procedimiento sucesorio agrario -por considerar que con ello se afecta su derecho de posesión sobre un bien inmueble-; entonces, para acreditar su interés jurídico debe demostrar con fundamento en un justo título de fecha cierta, ser poseedora del inmueble afectado por virtud del juicio natural, lo que constituiría la causa generadora de su posesión. Esta última afirmación tiene sustento en lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definió que la posesión que es objeto de protección en el juicio de amparo, es la que se funda en la existencia de un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sirve de apoyo a lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 5, Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos, Novena Época, bajo el rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 187733 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Lo expuesto implica que la parte quejosa debe acreditar que es propietaria o poseedora jurídica de determinado bien, de lo contrario, no demostrará que su derecho subjetivo público de propiedad o posesión se ha transgredido. En el presente caso, se considera que la quejosa no demostró de manera fehaciente su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional. En efecto, la quejosa carece de interés jurídico para reclamar la falta de llamamiento al procedimiento sucesorio agrario 139/2011, pues no acreditó que por virtud de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de la legislación secundaria, con anterioridad al inicio del juicio de origen, tuviera la propiedad y/o posesión jurídica del inmueble materia de la posible afectación en el juicio de origen, esto es, del ubicado en la calle Morelos número 17, de la población de Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco. Es así ya que para acreditar su interés, la inconforme ofreció los siguientes medios de prueba: 1. Copia simple del acta de audiencia celebrada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente 448/2022 (foja 16 a 19). 2. Copia simple del acta de audiencia celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el expediente 448/2022 (foja 20 a 24). 3. Copia simple del escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual la quejosa solicita a la autoridad responsable le expida copia certificada de todo lo actuado en el expediente 139/2011 (foja 25). 4. Copia simple del acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, relativo a la admisión de la demanda que dio origen al juicio agrario 448/2022, promovido por la aquí quejosa frente a los terceros interesados (foja 26 a 28). 5. Copia simple de la copia cotejada relativa al contrato de cesión fechado el veinte de diciembre de dos mil cuatro, por Rosalío González Franco, en cuanto cedente, y la aquí quejosa en cuanto cesionaria, respecto del inmueble ubicado en la calle Morelos número 17, de la colonia centro de la población de Pastor Ortiz del Municipio de José Sixtos Verduzco, Michoacán (foja 29 a 30). 6. Copia simple de la certificación relativa al programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos "PROCEDE", del poblado de Pastor Ortiz, Municipio de José Sixtos Verduzco, Michoacán (foja 31). 7. Copia simple del oficio de veinte de diciembre de dos mil cinco, relativo a la remisión del expediente final del poblado Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, para su revisión (foja 32). 8. Copia cotejada de la sentencia dictada en el procedimiento sucesorio agrario 139/2011 y del auto de tres de junio de dos mil diecinueve, en que se declaró que causó ejecutoria dicha determinación (foja 34 a 40). 9. Otra copia simple del oficio de veinte de diciembre de dos mil cinco, relativo a la remisión del expediente final del poblado Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, para su revisión, a la cual se anexó dicho expediente (foja 41 a 209) 10. Copia simple de la contestación de la demanda signada por el apoderado jurídico de la tercero interesada Evelia González Andrade, presentada en el juicio 448/2022 (foja 237 a 243). 11. Copia simple de la constancia de vecindad expedida el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, en la que se hace constar que la quejosa es originaria y vecina de dicha población con domicilio en la calle Morelos número 17, colonia centro, de la población de Pastor Ortiz, del Municipio de José Sixtos Verduzco, Michoacán (foja 255). 12. Copia simple de la constancia de vecindad expedida el siete de marzo del dos mil veintidós, en la que se hace constar que la quejosa es originaria y vecina de dicha población con domicilio en la calle Morelos número 17, colonia centro, de la población de Pastor Ortiz, del Municipio de José Sixtos Verduzco, Michoacán (foja 256). 13. Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la quejosa (foja 257). 14. Copia simple del estado de cuenta relativo a la prestación del servicio de cable, expedido a nombre de la quejosa (foja 258). 15. Copia simple de la constancia de conocimiento expedida el nueve de marzo de dos mil veintidós, en la que se hace constar el domicilio de la quejosa (foja 259). 16. Copia cotejada de la carta de identidad expedida el siete de marzo de dos mil veintidós, por el Presidente Municipal de José Sixto Verduzco, Michoacán, a nombre de la quejosa y en el que se hace constar su domicilio (foja 260). No obstante, dichas probanzas resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico que refiere le asiste, ello en razón de que la mayoría de dichos documentos fueron expedidos en copia simple, los cuales si bien pueden constituir un indicio, ello es insuficiente para acreditar el interés jurídico que le asiste a la quejosa, pues no evidencian fehacientemente un acto traslativo de dominio, de fecha cierta, que lo demuestre fehacientemente. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: Registro digital: 192109 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 32/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 127 Tipo: Jurisprudencia COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. Y si bien es cierto que exhibió copia cotejada de diversas constancias, ellas corresponden a la sentencia dictada en el procedimientos sucesorio agrario 139/2011 (identificada en el número 8) y a la carta de identidad (identificada con el número 16), el primero de dichos documentos lo único que prueba es la existencia de la sentencia del aludido juicio y el segundo carece de eficacia probatoria para el fin pretendido, esto es, para acreditar el domicilio y posesión del inmueble que defiende. Ilustra lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Registro digital: 801749 Instancia: Pleno Sexta Época Materias(s): Común, Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen LI, Primera Parte, página 98 Tipo: Aislada PRESIDENTES MUNICIPALES, CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR LOS. PARA PROBAR EL DOMICILIO. La Suprema Corte de Justicia ha resuelto que los certificados expedidos por un presidente municipal, no constituyen prueba del domicilio. Bajo ese contexto, si bien es cierto que la quejosa ofreció prueba testimonial de su parte, a cargo de dos testigos, quienes depusieron al tenor del interrogatorio formulado (foja 236), de cuyas respuestas, en lo que aquí interesa, se desprende que ambos fueron coincidentes en conocer a la quejosa y el inmueble que defiende, además de señalar que Rosalío Gonzáles Franco le cedió la propiedad del inmueble a la quejosa el veinte de diciembre de dos mil cuatro, circunstancia que ambos señalaron les constaba al haber estado presentes en un evento (boda) en el que estuvieron Los Cadetes de Linares y en el que se otorgó la cesión del inmueble. Sin embargo, dichas manifestaciones son insuficientes e ineficaces para acreditar el derecho que le asiste a la quejosa sustentado en alguna figura jurídica por la que hubiera obtenido el dominio o uso legal del inmueble afecto a su favor que, dice, le asiste respecto del inmueble ubicado en la calle Morelos número 17, de la población de Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, materia del procedimiento agrario. Esto es así, ya que el contrato de cesión exhibido por la quejosa, como ya se dijo, consta en copia simple, por lo que constituye un mero indicio. Y, si bien el testimonio de los testigos es coincidente en señalar la fecha en que supuestamente se celebró dicho acuerdo de voluntades, ello es insuficiente para determinar la existencia de dicha cesión, así como para otorgarle fecha cierta al documento exhibido en autos. Máxime que no pasa inadvertido para quien suscribe que la quejosa refiere ser propietaria y poseedora del inmueble virtud a la cesión de derechos otorgada por Rosalío González Franco; sin embargo, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley Agraria, los derechos agrarios sobre la posesión de un inmueble sujeto a dicho régimen, se acreditan principalmente con: a) Certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; b) Certificado parcelario o de derechos comunes; c) Sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario; y, d) Lista de sucesión. De ahí que los documentos exhibidos por la quejosa no sean idóneos para el fin pretendido, en razón de que la peticionaria de derechos fundamentales debía ofrecer mayores medios de prueba que acreditaran el acto jurídico o título que generó su posesión. De ahí que la quejosa no acreditó que la posesión que ostenta, derive de la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, sea en materia incluso agraria; lo cual constituye un requisito indispensable para acreditar el interés jurídico en esta instancia constitucional. En efecto, de las pruebas que obran en autos no puede obtenerse que la parte promovente tenga una base objetiva y apta para producir la convicción de que tiene derecho a poseer el bien que defiende, y que en consecuencia deba ser llamada al procedimiento sucesorio agrario 139/2011, pues no constituye prueba sobre la existencia de un justo título que respalde la posesión que ostenta, es decir, las pruebas aportadas no acreditan que la causa generadora de la posesión haya emanado de una figura jurídica y que tal acto sea de fecha cierta; presupuesto que era indispensable para justificar su interés para ser oída en defensa de sus derechos a través del juicio de amparo indirecto. Incluso de lo manifestado por los testigos al dar respuesta a la pregunta séptima y las repreguntas segunda que se formuló sobre la séptima pregunta, se advierte que a tales testigos no les consta directamente el contenido del supuesto contrato de cesión, pues ambos aducen haber visto que el cedente y la cesionaria signaron unos papeles durante una boda. Es aplicable al caso la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Novena Época Registro: 190785 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: II.2o.C. J/10 Página: 1341 TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, si la parte quejosa no demostró con prueba idónea la titularidad del derecho de posesión que refiere, es inconcuso que no acreditó la afectación de un interés legítimamente tutelado. Aunado a lo reseñado, cabe destacar que quien resuelve conoció del diverso juicio de amparo IV-1290/2022, promovido por Jennifier Ivonne González Juárez, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, en el que también se reclamó la falta de emplazamiento al juicio agrario 448/2022, ostentándose tercera extraña y aduciendo ser propietaria y poseedora del mismo inmueble, lo que pretendió acreditar con la constancia ejidal que fue expedida a su favor por los integrantes del Comisariado Ejidal, de ahí que esté cuestionada la titularidad de tales derechos. Por lo que será en el juicio agrario 448/2022, promovido por la aquí quejosa, en el que habrá de determinarse quién tiene mejor derecho para poseer el inmueble en comento. No es obstáculo para lo anterior el hecho de que en el presente asunto se involucren derechos agrarios y que por ello proceda la suplencia de la deficiencia de la queja; sin embargo, tal figura se dirige a subsanar defectos o la inexistencia de conceptos de violación, mas no llega al extremo de tener acreditado oficiosamente o sin prueba de por medio el interés jurídico de quien promueve el presente juicio de amparo, pues primero debe superarse el tema de la procedencia de la acción constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Diana Priscilla Fuentes Rodríguez, en contra de los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ROSALIO GONZALEZ FRANCO, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número IV-537/2023, promovido por Diana Priscilla Fuentes Rodríguez, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad; y... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Diana Priscilla Fuentes Rodríguez, en contra de los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA EVELIA GONZALEZ ANDRADRE, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número IV-537/2023, promovido por Diana Priscilla Fuentes Rodríguez, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad; y... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Diana Priscilla Fuentes Rodríguez, en contra de los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número IV-537/2023, promovido por Diana Priscilla Fuentes Rodríguez, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad; y... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Diana Priscilla Fuentes Rodríguez, en contra de los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

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