Diana Haydee Rodríguez García

Expediente 724/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
724/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Diana Haydee Rodríguez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Se estima que el cuaderno original incidental, es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de que, se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, depúrese el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de siete de junio del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo II-724/2020, promovido por Diana Haydee Rodríguez García, contra actos del Juez y actuario adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, el cinco de noviembre de dos mil veinte, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el seis de noviembre de ese mismo año, Diana Haydee Rodríguez García, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra el Juez y actuario adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose la misma con el número de expediente II-724/2020; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede. Mediante acuerdo de diecisiete de marzo del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días contados a partir de la legal notificación, manifestara si era su deseo ampliar el libelo constitucional por lo que ve a la autoridad Juez Mixto de Primera Instancia en Zitácuaro, Michoacán; por lo que una vez transcurrido dicho término sin que la amparista hubiere formulado manifestación alguna, en auto de catorce de mayo del año en curso, se ordenó continuar con el procedimiento del juicio en que se actúa, únicamente respecto de los actos y autoridades responsables señaladas en la demanda de amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades del orden civil circunscritas al territorio sobre el que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional a las autoridades responsables es: La orden de lanzamiento y su ejecución. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido integral de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, se advierte la existencia de los actos que a cada uno de ellos se les reclaman consistente en la diligenciación del exhorto número 58/2020. En efecto del informe justificado rendido por dichas autoridades se advierte que el Juez responsable, tuvo por recibido del Juez Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán, un exhorto que ordenó registrar con el número 58/2020, deducido del juicio ejecutivo mercantil 557/2014, ahora 351/2020, promovido por los endosatarios en procuración de la persona moral denominada Aceros y Cementos Salinas, S.A. de C.V. en contra de León Jorge Jaimes Méndez y/o León Jorge Jaime Méndez. De igual forma, se advierte que a través de dicho exhorto se encomendó a las ahora autoridades responsables, se requiriera a la parte demandada en dicho procedimiento, la entrega real y material a la parte actora del inmueble ubicado en el número 383, localizado en la esquina que forman las calles Naraxan y segunda privada de Tucarán, construida sobre el lote 25, manzana B, en la colonia Feliz Ireta, en esta ciudad, pero también es verdad que dicha diligencia, no tuvo verificativo, toda vez que, según lo refirieron las responsables, el inmueble en cita, se encontraba en posesión de un tercero, por lo que se devolvió dicha comunicación sin diligenciar al Juzgado de origen. En consecuencia, al haberse cumplido con la encomienda de mérito y devuelto a su lugar de origen, es indudable que el acto reclamado se trata de un acto consumando de un modo irreparable, lo cual produce la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo. Por tanto, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea el peticionario de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Diana Haydee Rodríguez García, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 724/2020, promovido por Diana Haydee Rodríguez García, se procede a celebrar ante la presencia de Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, quien actúa asistido de Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. En este acto, la secretaria da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente; asimismo, hace constar que en esta misma data dentro del juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, se hizo efectivo el apercibimiento, por lo que se continúa el tramite con las autoridades y actos señalados en la demanda de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.. Asimismo, da cuenta con los informes previos rendidos por: Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil este Distrito Judicial. Actuario Judicial Adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil este Distrito Judicial. Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tuvieron por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa, ofreció como medios de convicción diversas pruebas documentales que obran en autos, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL ENCARGADO DEL DESPACHO: Ténganse por hecha la relación que antecede, con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 724/2020; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional al día siguiente hábil, por razón de turno, Diana Haydee Rodríguez García, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. 2.- Mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la medida suspensiva respecto de los efectos y consecuencias de los actos que reclama, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida única y exclusivamente respecto de ellas; lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 182529 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 111/2003 Página: 98 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Contradicción de tesis 31/2003-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Bertín Vázquez González". En ese tenor, la parte quejosa reclama en la presente vía de amparo lo siguiente: Al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, le reclama la orden de lanzamiento dictada dentro del cuaderno de exhorto 58/2020 formado con motivo de la encomienda ordenada por una autoridad judicial diversa dentro de un juicio ejecutivo mercanti, por no haber sido llamada a dicho procedimiento. Asimismo, reclama al actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, la ejecución y cumplimiento de la orden de lanzamiento respecto del inmueble consistente en la casa habitación con local comercial ubicado en la calle Segunda Privada de Tucurán, colonia Félix Ireta, en esta ciudad; y del cual aduce ser arrendadora. SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integra de los informes previos rendidos por las autoridades responsables se advierte la existencia de los actos reclamados. TERCERO.- PROCEDENCIA DE LA MEDIDA SUSPENSIVA. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren al análisis para la procedencia de la medida cautelar, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés jurídico. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. De lo que se sigue que en sí mismos, son susceptibles a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, producen consecuencias hacia el futuro, como lo es la afectación a la propiedad y posesión de bienes que presuntivamente acredita el interés suspensional que le asiste, al menos de forma indiciaria con la copia del contrato privado de arrendamiento, y también produce un cambio de situación jurídica en su estatus general que como persona tiene frente al resto de sus congéneres. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos y las garantías establecidas en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la pretensión por parte de las autoridades responsables de privarlo de la posesión de bienes. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, tiene un interés suspensional para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho de la solicitante, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que la amparista es titular de un derecho humano cuya protección conlleva la obligación de proteger su dignidad con ahínco, además de advertirse la interrelación a su derecho a la propiedad protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en los artículos 139, en relación con el diverso precepto 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Diana Haydee Rodríguez García, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, esto es, si a la fecha no se ha desalojado, lanzado, o privado de la posesión a la quejosa del inmueble materia del presente asunto, no se realicen actos que tiendan a ello. Lo anterior, hasta en tanto la responsable reciba notificación sobre la sentencia ejecutoriada que se dicte dentro del juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos incidentales. Por similitud jurídica, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Tesis: 1a./J. 4/2009 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 167346 Primera Sala Tomo XXIX, Abril de 2009 Página 515 Jurisprudencia (Común) SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien. Contradicción de tesis 101/2008-PS. Entre los criterios sustentados por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 26 de noviembre de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Juan Carlos de la Barrera Vite". Se fija garantía. Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la quejosa no cumple con las medidas de aseguramiento como otorgar garantía ante este juzgado federal, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., en el que deberá aparecer como depositante la propia promovente, ante y a satisfacción de este juzgado, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo, que deberá exhibir dentro del término de cinco días, contados a partir de su notificación, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la medida se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, en caso de que la amparista no obtenga resolución favorable en el amparo al que este incidente corresponde, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de la referida autoridad, la que quedará en aptitud de ejecutar los actos reclamados, en sus consecuencias; suma que se fija de manera discrecional, en atención a la facultad que otorga el artículo 132 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número 610, consultable en la página 553, del Tomo VI, del rubro y contenido siguientes: "Época: Novena Época Registro: 202563 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Mayo de 1996 Materia(s): Común Tesis: III.3o.C. J./3 Página: 571 SUSPENSION PROVISIONAL, FIJACION DEL MONTO DE LA GARANTIA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la citada ley que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera". Queja 16/91. Antonio Aguirre Brambila. 7 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Juan Manuel Rochín Guevara. Queja 16/92. Guillermo Ramírez Villalpando. 2 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hidalgo Riestra. Secretario: Jorge Quezada Mendoza. Queja 3/94. Ambassador Suites, Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 6 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: María de los Angeles E. Chavira Martínez. Secretario: Salvador Murguía Munguía. Queja 49/94. José Alberto Pérez Pérez. 10 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretaria: María Elena Ruiz Martínez. Recurso de revisión 126/96. Margarita Lozano de Gama. 27 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Roberto Macías Valdivia". Salvedades. La suspensión que se concede NO SURTIRÁ SUS EFECTOS, en caso de que a la fecha ya se hubieren ejecutado los actos reclamados, es decir, si ya se desposeyó al amparista del mencionado inmueble, lo que no lo autoriza entrar nuevamente en posesión del mismo; tal medida tampoco surtirá sus efectos, si los actos reclamados son de fecha posterior a la presentación de la demanda o bien, dimanan de autoridades distintas a las señaladas como responsables. Notificación al tercero interesado. Determinación que habrá de notificarse a la parte tercera interesada una vez que sea emplazada en el juicio de amparo del cual emana la presente incidencia; lo anterior, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso k), en relación con la Jurisprudencia número 143/2000, que resolvió la contradicción de tesis número 11/96, Instancia Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 190667 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 43/2000 Página: 23 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: ´NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.´, estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión. Contradicción de tesis 11/96. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 5 de octubre de 2000. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo". Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a Diana Haydee Rodríguez García, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos precisados en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/766/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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