Diana Leticia González Orduña

Expediente 442/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
442/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Diana Leticia González Orduña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesado para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que se pronunciaran al respecto; por tanto, se atiende a los elementos que obran en el expediente, de oficio, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia emitida el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ****, para los siguientes efectos: 1. La jueza de Partido Civil Especializado en Oralidad Familiar en Apaseo el Grande, Guanajuato, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio familiar ****, a partir del auto que ordenó el emplazamiento por edictos de la quejosa *****; y 2. Reponga el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen". Mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia de mérito, había causado ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. En respuesta, el juez de Partido Civil Especializado en Materia Oralidad Familiar en la ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante oficio registrado con número 4789, remitió a este juzgado copia certificada del auto de diecisiete de junio del presente año, por el cual dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ****, a partir del auto que ordenó el emplazamiento de la aquí quejosa por medio de edictos y ordenó la reposición del procedimiento. En ese sentido, y toda vez que como se desprende en la certificación de cuenta, la partes no emitieron pronunciamiento alguno respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; se concluye que con las documentales ofertadas, se acredita la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En ese contexto, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, y se negó tanto la suspensión provisional como definitiva, en cumplimiento al artículo 18 fracción I, inciso b), así como 21 inciso c) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, y el cuaderno original del cuaderno incidental es destruible, en el mismo plazo. Debiendo conservarse la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente acuerdo que ordena el archivo del asunto como concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Devuélvase a su lugar de origen el disco compacto en formato DVD, que remitió el juez responsable como apoyo de su informe. Toda vez que en el presente expediente obra un documento original exhibido por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, dentro del término de noventa días hábiles, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo el documento podrá ser destruido conjuntamente con el expediente.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por el juez de Partido Civil Especializado en Materia Oralidad Familiar en la ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del auto de diecisiete de junio del presente año, por el cual dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen a partir del auto que ordenó el emplazamiento de la aquí quejosa por medio de edictos. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, corriéndoles traslado de lo anterior, para que dentro de los tres días siguientes al en que tengan conocimiento del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido ese plazo este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con la información que obre en autos.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, sin que hicieran uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2°, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Por ende, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la siguiente forma: "1. La jueza de Partido Civil Especializado en Oralidad Familiar en Apaseo el Grande, Guanajuato, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio familiar F-*****, a partir del auto que ordenó el emplazamiento por edictos de la quejosa *****; y 2. Reponga el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. [.]" Lo que deberá hacer en un plazo de tres días; debiendo remitir copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.

  4. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 442/2020-II; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito depositado en el buzón judicial el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, a este juzgado ese mismo día y recibido el dieciocho de septiembre siguiente, ********************; solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez de Oralidad Familiar del Partido Judicial de *******************, Guanajuato y Actuario de su adscripción, que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: De la Autoridad responsable. Reclamo el ilegal emplazamiento a juicio, radicado en el juicio oral ordinario radicado bajo el número de expediente ******************** del Juzgado de Oralidad Familiar de ********************, Guanajuato, así como todas sus consecuencias jurídicas como lo es todo lo actuado en el expediente citado, del que emana entre otros acuerdos la sentencia, ordenado y dictado en el citado expediente, por el ilegal emplazamiento de la suscrita a juicio, violando con ello la garantía de audiencia. De la ejecutora. La ejecución del ilegal emplazamiento y por ende todas las actuaciones desahogadas en el expediente ******************** del Juzgado de Oralidad Familiar de ********************, Guanajuato." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, esta potestad registró la demanda con el número 442/2020-II, y requirió a la promovente para que aclarara su demanda en los siguientes términos (fojas 8 a10): "1. Especifique quien de los progenitores del menor de edad de iniciales ********************, tiene su guarda y custodia. 2. En relación con lo anterior, y considerando que la quejosa refiere en el punto tercero del capítulo de antecedentes, que con motivo de la instauración del juicio familiar ********************, se solicitaron diversas medidas precautorias, indique, de ser el caso, si se decretaron las medidas provisionales de pensión alimenticia provisional, depósito del menor en el domicilio indicado y separación de cónyuges, debiendo señalar cuando menos: - La fecha en que se decretaron. - Cuándo y por conducto de quien se ejecutaron. - En su caso, si se giró oficio a su fuente de trabajo para hacer el descuento por el porcentaje de alimentos decretado. 3. En caso de que la quejosa sea quien tenga a su menor hijo, y toda vez que en el punto sexto del capítulo de antecedentes señala que en la sentencia definitiva emitida en el juicio familiar ********************, se declaró que el actor ********************, ejercería la guarda y custodia de su menor hijo, señale si con motivo de la sentencia definitiva se le requirió por la entrega del infante y si se ejecutó tal entrega, la fecha en que ocurrió y por conducto de quién. 4. Especifique en forma clara y exacta, que actuación se le notificó el treinta y uno de agosto de dos mil veinte que señala en el punto uno del capítulo de antecedentes. 5. Indique los datos de la causa penal que se instruye al tercero interesado ********************, ya que refiere que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de esta ciudad; en su caso, manifieste cómo y por conducto de quién, se enteró de que se encuentra en dicho centro penitenciario. 6. En relación con lo anterior y en caso de desconocer el domicilio del aludido tercero interesado, así deberá manifestarlo expresamente bajo protesta de decir verdad, tal como lo prevé el numeral 108, fracción II, de la Ley de Amparo. 7. Precise el estado procesal que guarda el expediente". Por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la quejosa desahogó la prevención y mediante acuerdo de veintinueve de septiembre siguiente, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó el informe justificado a las responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; reconoció el carácter de terceros interesados al menor de edad de identidad reservada de iniciales ********************, y ********************, quienes fueron emplazados en diligencias de seis y catorce de octubre dos mil veinte (fojas 24 y 133 vuelta), el primero de ellos por conducto de su abuela materna ********************; se designó como representante especial del menor tercero interesado a la asesora jurídica del Instituto de Defensoría Pública, quien aceptó y protestó el cargo conferido en diligencia de fecha dos de octubre de dos mil veinte (foja 20). Mediante acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el procedimiento del expediente en que se actúa, dado que se consideró un asunto de tramitación urgente, el cual se había suspendido en respuesta al brote del virus COVID-19 el Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, vigente en esa data de conformidad con la Circular CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, ello, con la finalidad de evitar la concentración de personas y, la propagación del virus, suspendiendo las labores presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; y se señaló fecha para celebrar la audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional dio inicio al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclaman actos atribuidos a una autoridad jurisdiccional residente dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como actos reclamados: a) El emplazamiento de la quejosa realizado por edictos, dentro del juicio familiar ********************, sobre disolución de vínculo matrimonial y otras prestaciones; así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la sentencia y su ejecución. Actos reclamados a las siguientes autoridades: 1. Juez de Partido Civil Especializado en Oralidad Familiar en ********************, Guanajuato (ordenadora). 2. Actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de ********************, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La juez de Partido Civil Especializado en Oralidad Familiar en ********************, Guanajuato (foja 37 del juicio de amparo) y los actuarios adscritos a la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de ********************, Guanajuato (foja 114, ídem), al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo, su negativa se desvirtúa, dado que enseguida realizan manifestaciones para justificar que en los actos reclamados no se incurrió en violación a las leyes del procedimiento, lo que entraña la existencia de los actos reclamados. Cobra aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó a su informe justificado la juez responsable, consistentes en copias certificadas relativas al juicio familiar ********************, así como las que remitió en un disco versátil digital (por triplicado), con archivos en formato .PDF; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Mediante ocurso presentado el trece de agosto de dos mil diecinueve, ante el Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar en ********************, Guanajuato, compareció ********************, a demandar en la vía ordinaria civil a ********************, las siguientes prestaciones: "A.- La disolución del Vínculo matrimonial que nos une en base a las causales señaladas del artículo 246 en las fracciones VIII y XII y demás relativos conducentes de la Ley Civil para el Estado de Guanajuato y como consecuencia de este las siguientes. Debiéndose tomar en cuenta que ya como derecho humano al desarrollo de la libre personalidad, tal y como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el suscrito, no tengo que estar unido en matrimonio con la hoy demandada, solicitando el DIVORCIO INCAUSADO. B. Se decreten la custodia provisional y en su momento la definitiva de mi menor hijo -de identidad reservada, de iniciales ********************- a favor del suscrito. C. El pago de una pensión alimenticia para nuestro menor hijo del matrimonio de nombre -de identidad reservada, de iniciales ********************-. D. El aseguramiento de la pensión que sea fijada, conforme a la ley. E. La pérdida de la patria potestad sobre nuestro menor hijo del matrimonio de nombre -de identidad reservada, de iniciales ********************-. F. Se decreten a mi favor las medidas cautelares que en el capítulo respectivo me refiero. G. El pago de gastos y costas que se origen con motivo del presente juicio. [.]". (Fojas 137 a 140 de autos). 2. Previa aclaración, por auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 140 y 141), el juez responsable registró la demanda con el número ********************, la admitió a trámite y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio ubicado en las calles de la ******************** para que dentro del término de nueve días diera contestación a la demanda y opusiera las excepciones que tuviera que hacer valer. 3. El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (foja 153 ibídem), el actuario adscrito a la oficina central de actuarios del Partido Judicial de ********************, Guanajuato, levantó constancia en la que señaló: "[.] Una vez localizada la calle en la que me encuentro constituido hago constar al Juez de los autos, que no hay numeración, salvo un par de casas que tienen número, toco en una casa, la cual no tiene número y delimitada por alambrado; en la cual sale una mujer la cual no quiso identificarse, siendo como de unos 60 años de edad, pelo lacio largo y cano, complexión delgada, tez morena, a quien le pregunto si conoce a ********************, y me dice que sí que vivía a dos casas de aquí; pero cuando su esposo tuvo un accidente lo abandonó y le dejó al hijo, ya tendrá como tres meses que se fue de esa casa, que ahí solamente vive su mamá, pero ella no; acto seguido toco a la siguiente casa, casa limitada con alambrado y enrredadera (sic) en esta sale un hombre el cual no quiso dar su nombre, presento su media filiación, como de unos 30 años, tez morena, pelo negro, como de 1.65 cmts de altura, complexión media, a quien le pregunto por la C. ********************, y me dice que sí la conoce que vivía a un lado de esta casa, pero ya tiene algunos meses que no la ve, sin recordar cuántos; acto seguido toco en la casa la cual la que fuera de ********************, lo testado no vale, y me dice se dice toco siendo una puerta de tarimas de madera y alambrada y en la cual atiende un hombre el cual no quiso dar su nombre, siendo como de unos 75 años, tez morena, pelo lacio cano, complexión delgada a quien le pregunto por ********************, y me dice que sí la conoce que es su sobrina, quien me dice ya tiene unos meses que se fue de aquí y no sabe dónde vive [.]". 4. Por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 156 a y 157 ibídem), el juez acordó favorablemente lo peticionado por la parte actora, por lo que, ordenó girar oficios al Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, a la Dirección de Seguridad Pública de ********************, Guanajuato. 5. Mediante oficio ********************, el director de Seguridad Pública, Mando único de ********************, Guanajuato, informó que la buscada ********************, tuvo como su último domicilio el ubicado en ********************, ya que se entrevistó con ******************** mamá de la buscada quien informó que ********************, ya no radica en dicho domicilio, que de vez en cuando la visita pero que ignora su domicilio actual, por lo que no fue posible localizarla (foja 161). Asimismo, mediante misiva número ******************** de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, signado por la vocal del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, se informó al juzgado que respecto de la demandada, se encontró el domicilio ubicado en calle ********************, en ********************, Guanajuato (foja 164 ibídem). 6. Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el juez responsable ordenó el emplazamiento de la demandada en el domicilio proporcionado calle ********************, en ********************, Guanajuato (foja 165 ibídem). 7. El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, la actuaria adscrita a la oficina central de actuarios del Partido Judicial de ********************, Guanajuato, hizo constar que se constituyó en el domicilio ubicado en calle ********************, en ********************, Guanajuato, donde fue informada por ********************, cuñado de la buscada, que ya no vive ahí desde hace como cuatro meses (foja 166 ibídem). 8. En diligencia de diez de enero de dos mil diecinueve, se recibieron las testimoniales a cargo de ********************, con la finalidad de acreditar el desconocimiento generalizado del domicilio de la demandada ********************, quienes fueron coincidentes en señalar que la demandada vivió en el domicilio ubicado en calle ********************de ********************, Guanajuato, como se desprende del DVD que obra a fojas doscientos ochenta y cuatro de autos. 9. En la misma audiencia de diez de enero de dos mil diecinueve el juez del conocimiento, ordenó el emplazamiento de la demandada por edictos, toda vez que no fue posible su localización en los domicilios señalados para hacer el emplazamiento (foja 284 ibídem); luego el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó agregar al juicio las publicaciones de los edictos correspondientes (foja 181 ibídem). 10. Seguida la secuela procedimental, el once de abril de dos mil diecinueve (fojas 186 a 202 ídem), se dictó sentencia en la cual se declaró procedente la acción promovida, se declaró la disolución del vínculo matrimonial, se determinó la guarda y custodia del menor a favor exclusivamente del progenitor, decretándose la convivencia del menor con su madre cuando el menor lo decida, debiéndose poner de acuerdo los padres para fijar un régimen de convivencias, lo que será en ejecución de sentencia; se condenó a la madre del menor, aquí quejosa, al pago de la cantidad equivalente al monto diario del valor de un salario mínimo general ($102.68), por lo cual se fijó la cantidad de $3,080.40 pesos por concepto de pensión alimenticia mensual y se absolvió a la demandada a la pérdida de la patria potestad del menor de iniciales ******************** 11. Por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veinte, a solicitud del actor, el juez del conocimiento ordenó notificar la sentencia definitiva emitida el once de abril de dos mil diecinueve, a la demandada, ********************(foja 215 ídem). 12. Mediante diligencia de diecinueve de febrero de dos mil veinte, la actuaria judicial adscrita a la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de ********************, asentó que se constituyó en el domicilio proporcionado, donde fue atendido por una persona del sexo masculino de nombre ********************, quien manifestó que es abuelito de la buscada, que es el domicilio correcto y que por el momento no se encuentra, por lo que procedió a realizar la notificación encomendada (foja 216 ídem). 13. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia definitiva (foja 220 ídem). 14. Por proveído de treinta de julio de dos mil veinte, se tuvo a la parte actora promoviendo incidente de ejecución de sentencia (fojas 262 ídem) QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son fundados, aunque para ello deban ser suplidos en su deficiencia. En efecto, el análisis de los motivos de disenso expuestos para combatir el emplazamiento se realizará supliendo su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Orienta lo anterior, la jurisprudencia número 149/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimar inoperantes los agravios relativos por esa razón." En el primer concepto de violación la quejosa se duele que el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, pues no se le respetó su garantía de audiencia. Argumentos que, como se adelantó, resultan fundados, suplidos en su deficiencia. Es necesario destacar que el emplazamiento es el requerimiento que se hace a una persona (física o jurídica), para que comparezca al órgano jurisdiccional correspondiente, dentro del término que se le designe, con el objeto de defenderse de las prestaciones que se le reclaman y de oponerse a la demanda. En ese orden de ideas, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha conceptualizado al emplazamiento como un acto procesal de suma importancia en toda controversia de carácter judicial o administrativa, dado que constituye el medio por el cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación. Por lo anterior, es inconcuso que el emplazamiento permite el respeto al derecho de audiencia, establecida en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 14.- (...) --- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho de audiencia, reconocido en el precepto transcrito, obliga a las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las que se encuentra la notificación del inicio del procedimiento, y que de no cumplirse con ellas, se infringe el referido derecho de audiencia, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. Formalidades que deben tener los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. El criterio citado se encuentra plasmado en la jurisprudencia 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Desde esa óptica, la ausencia de emplazamiento o el emplazamiento que no cumple con los requisitos legales establecidos para llevarlo a cabo, resultan violatorios del derecho de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 247, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia". Así las cosas, en relación con la diligencia de emplazamiento el artículo 320 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, dispone: "Artículo 320. Para hacer la notificación personal de la demanda al demandado, o bien, para practicar la diligencia notificatoria de la reanudación de un procedimiento, el actuario que practique la diligencia se cerciorará por cualquier medio, de que la persona que debe ser notificada, tiene su domicilio en el inmueble designado, y después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en la misma. Si a la primera búsqueda no encuentra al demandado, tratándose del emplazamiento, o al interesado en los demás casos, se le dejará citatorio para que espere en el domicilio designado a hora fija del día siguiente hábil y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo. Si cerciorado el actuario del domicilio, en el mismo nadie atiende a su llamado, o bien, no hay persona capaz con quien practicar la diligencia, se dejará el citatorio referido con el vecino más inmediato. Si quien debe ser notificado no aguarda en el domicilio para la hora y fecha del citatorio, ni hay en el mismo, persona capaz con la cual practicar la diligencia notificatoria, ésta se llevará a cabo con el vecino más inmediato. En caso de no poder cerciorarse el actuario, de que el domicilio designado, es el de la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la diligencia de notificación, y lo hará constar en acta para dar cuenta al tribunal." Conforme al precepto que antecede, resulta que para la primera notificación dentro de juicio, el actuario debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Cerciorarse a través de cualquier medio si la persona que busca vive o no en el lugar indicado en autos; y, b) Asentar en el acta respectiva razón pormenorizada del resultado que arroje dicha búsqueda. Lo anterior, porque de no ser posible notificar a la persona buscada en el domicilio que se señala para emplazarlo, da lugar a que el emplazamiento se realice a través de edictos, de conformidad con dispuesto por el artículo 324 del Código de Procedimientos Civiles, que a la letra dice: "Artículo 324. Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentra, la notificación se hará por edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y por dos veces seguidas en uno de los diarios de mayor circulación en el Partido Judicial. En caso de que no hubiere diarios la publicación se dará en el del Partido Judicial más próximo que los tenga. Por estos medios se hará saber a la persona citada que debe presentarse dentro del término de treinta días contados del siguiente al de la última publicación en el Periódico Oficial. Se fijará, además, en la puerta del tribunal una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento. Si pasado este término no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndose las ulteriores por lista, salvo disposición en contrario de la Ley." Así los elementos necesarios para ordenar el llamado a juicio por medio de edictos son: a) Que se tenga desconocimiento del domicilio tanto por parte del actor, como de las personas de las cuales se pudiera obtener información acerca de su paradero; b) Que con motivo de lo anterior, su localización no sea posible; c) Que se hayan agotado los medios por los que se pueda obtener mayor información. Respecto a lo anterior, es importante destacar que el presupuesto legal para la realización de una notificación por medio de edictos, consiste en el desconocimiento generalizado del domicilio del buscado por parte de la autoridad. Por lo que, al momento de analizar la imperiosidad y pertinencia de dicho medio de notificación, resulta necesario el cercioramiento de tal desconocimiento por los medios idóneos que conduzcan a determinarlo fehacientemente. De lo contrario, la autoridad jurisdiccional violentaría los derechos fundamentales del particular. Ahora bien, en el caso analizado, de las constancias que integran el juicio de origen, se advierten diferentes actuaciones tendentes a lograr el emplazamiento de la parte demandada, sin resultados positivos; asimismo, el desahogo de la testimonial tendente a acreditar el desconocimiento del domicilio de la demandada y diversa información recabada de autoridades administrativas en torno a un posible domicilio de la aquí quejosa. Sin embargo, no se advierte el desconocimiento generalizado y sin lugar a dudas del domicilio de la demandada a que alude el artículo 324 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, como uno de los requisitos para el emplazamiento por edictos. Así es, el emplazamiento por edictos tendrá lugar, como último medio, cuando el desconocimiento del domicilio del demandado esté comprobado en autos fehacientemente. Empero, con las indagaciones realizadas por el juez responsable en el juicio de origen, no se demostró el desconocimiento absoluto y generalizado del domicilio de la demandada, aquí quejosa, al grado que resultara imposible su localización, como se verá enseguida. A la demandada ********************, aquí quejosa, se le intentó emplazar en el domicilio ubicado en: ********************del municipio de ********************, Guanajuato. Respecto del referido domicilio, el actuario adscrito a la oficina central de Actuarios del Partido Judicial de ********************, levantó razón de abstención (foja 153 de autos) en el sentido de que la demandada ya no vive en dicho lugar, lo cual le fue informado por vecinos del lugar y una persona del sexo masculino quien refirió ser su tío. De igual forma, por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 156 y 157 ibídem), el juez acordó favorablemente lo peticionado por la parte actora, por lo que, ordenó girar oficios al Instituto Nacional Electoral en Guanajuato y a la Dirección de Seguridad Pública de ********************, Guanajuato. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio ********************, el director de Seguridad Pública, Mando único de ********************, Guanajuato, informó que la buscada ********************, tuvo como su último domicilio el ubicado en ********************, ya que se entrevistó con ******************** mamá de la buscada quien informó que ********************, ya no radica en dicho domicilio, que de vez en cuando la visita pero que ignora su domicilio actual, por lo que no fue posible localizarla (foja 161). Asimismo, mediante diverso comunicado número ******************** de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la vocal del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, informó al juzgado que respecto de la demandada, se encontró el domicilio ubicado en calle ********************, en ********************, Guanajuato (foja 164 ibídem). Con base en la información proporcionada, por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el juez responsable ordenó el emplazamiento de la demandada en el domicilio proporcionado calle ********************, en ********************, Guanajuato (foja 165 ibídem). Luego el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, la actuaria adscrita a la oficina central de actuarios del Partido Judicial de ********************, Guanajuato, hizo constar que se constituyó en el domicilio ubicado en calle ********************, en ********************, Guanajuato, donde fue informada por ********************, cuñado de la buscada, que ya no vive ahí desde hace como cuatro meses (foja 166 ibídem). Sin embargo, la investigación que se ordenó, a consideración del suscrito, es deficiente, ya que se advierte que solo se requirió al Instituto Nacional Electoral en Guanajuato y a la Dirección de Seguridad Pública de ********************, Guanajuato; siendo que únicamente la segunda proporcionó un nuevo domicilio, en el cual, no fue posible emplazar a la demandada, por lo que tales datos son insuficientes para crear convicción en el desconocimiento generalizado. Ello, puesto que debió ordenar una eficiente búsqueda de su domicilio a través de todos los medios legales a su alcance, para que no quedara duda, en su caso, de lo incierto de su domicilio y de que en ninguna parte se le puede localizar; y en su caso ordenar se giraran oficios a la Secretaría de Administración Tributaria en Celaya, Guanajuato (por pertenecer ******************** a esa circunscripción territorial), al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Junta Municipal de Agua Potable, a la Comisión Federal de Electricidad, y al Registro Público de la Propiedad y Comercio con residencia en ********************, Guanajuato, a fin de realizar una exhaustiva búsqueda del dato necesario para realizar el emplazamiento de forma personal. Lo anterior, permite concluir que no se actualiza el desconocimiento generalizado del domicilio de la quejosa, para que se justificara su llamamiento por edictos. En ese contexto, se insiste, no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, precisamente, en virtud de que nadie y en ninguna parte pudo averiguar sobre él, siendo irremediable la notificación por edictos, pues la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables constituye una violación de gran entidad al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de su derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 constitucional, siendo que debe darse mayor certeza y seguridad al proceso relativo. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 6/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "EDICTOS, NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE. INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO. Si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 117, fracción II, del Código Procesal Civil para el Estado de Jalisco, procede la notificación por edictos, cuando el actor manifiesta bajo protesta de decir verdad que se ignora el domicilio de su contraria, previo informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado; el caso es, que aunque de ello no se desprende en forma expresa la obligación del juzgador de investigar de alguna otra forma el domicilio de dicho demandado, cuando éste se desconoce, sí podrá, haciendo uso de su prudente arbitrio, y para mejor proveer ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como lo serían todas aquéllas que dadas sus funciones, se estime, que cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos, que incluyan nombres y domicilios de personas, para así solicitarle en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial en el juicio o diligencia de que se trate. Dicha búsqueda sería con independencia de la obligación que la propia disposición establece de recabar un informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado, pues los tiempos actuales, así como el incremento de la población imponen precisamente, la necesidad de actualizar los mecanismos que tiendan a garantizar la existencia de una administración de justicia eficaz, acorde con la realidad social. En esas condiciones, cabe precisar, que la actuación de búsqueda del juzgado se encuentra plenamente justificada, toda vez que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido precisamente a que, nadie y en ninguna parte se pudo averiguar sobre él, siendo inevitable la notificación por edictos, pues la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación de gran entidad al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, siendo que debe darse mayor certeza y seguridad al proceso relativo. Así es, la gran importancia que tiene en el juicio correspondiente ese acto procesal denominado "emplazamiento de las partes", es, que se realice de la manera más eficiente, a fin de que no quede ninguna duda de que se agotaron todas las diligencias previstas en la ley para cumplir cabalmente con ello, y así obtener plena seguridad jurídica en el desarrollo del proceso." (Lo subrayado es propio). No pasa inadvertido para este juzgado federal la testimonial desahogada en audiencia de fecha diez de enero de dos mil diecinueve, a cargo de ********************, quienes esencialmente manifestaron que la demandada ********************, vivió en el domicilio ubicado en calle ********************de ********************, Guanajuato (como se desprende del DVD que obra a fojas 284 de autos); sin embargo, dichas declaraciones no convalidan la deficiente búsqueda de su domicilio; dado que el domicilio que manifestaron conocer de la demandada, el actuario se constituyó y no logró emplazar a la hoy quejosa. De ahí entonces su falta de idoneidad para acreditar el desconocimiento general del domicilio de la parte demandada, lo cual constituye la base o justificación del emplazamiento por edictos. En las relatadas condiciones, se arriba a la convicción de que el llamamiento a juicio que se impugna en esta vía constitucional resulta violatorio de derechos fundamentales, en virtud de que no se acreditó el extremo de la ignorancia o desconocimiento generalizado del domicilio de la demandada ******************** para que fuera procedente su emplazamiento a través de edictos. Cabe señalar que el criterio que aquí se adopta, es acorde a lo sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, al resolver el amparo en revisión 299/2018, en sesión de ocho de marzo de dos mil diecinueve. Así las cosas, al estar demostrada la violación de derechos aducida, lo procedente es, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que: 1. La jueza de Partido Civil Especializado en Oralidad Familiar en ********************, Guanajuato, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio familiar ********************, a partir del auto que ordenó el emplazamiento por edictos de la quejosa ********************; y 2. Reponga el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Es de invocarse, la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados de ejecución atribuidos al actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de ********************, Guanajuato. Al respecto encuentra aplicación la jurisprudencia II.3o. J/12, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios". Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal ampara y protege a ********************, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables jueza de Partido Civil Especializado en Oralidad Familiar en ********************, Guanajuato y actuario adscrito a la Oficina de Actuarios del Partido Judicial de ******************** que se precisaron en el considerando segundo, para los efectos indicados en el considerando último de esta resolución.

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