Diana Araceli Aguilera Martínez
Expediente 979/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Diana Araceli Aguilera Martínez
Actuaciones
- Principal
Se tiene por recibido el escrito de ********************, asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, a través del cual se apersona al presente juicio como representante especial de los quejosos menores de edad con iniciales ******************** y ******************** Por tanto, se tiene a dicha a asesora compareciendo al presente juicio con la calidad con la que se ostenta y por reconocido con tal carácter. Ahora, respecto a su solicitud de que se expida a su costa copia del presente asunto, dígasele que las constancias que integran este juicio se encuentran a su disposición en el expediente electrónico respectivo, las cuales podrá consultar, y en su caso, descargar a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, mediante los usuarios electrónicos autorizados en párrafos precedentes para tal efecto ("********************" y "********************"). Se destaca que las videograbaciones que, en su caso, obren en autos, se resguardarán en el equipo de cómputo de la secretaria encargada del asunto, dado que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a la fecha, no permite que se agreguen videograbaciones de audiencias; de modo que para su obtención deberá allegar un dispositivo de almacenamiento con capacidad suficiente. Lo anterior con fundamento en los artículos 21 y 361 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo.
- Principal
Celaya, Guanajuato, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda Vista la demanda de amparo signada por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************. y ********************, personalidad que se reconoce de conformidad con las actas de nacimiento que adjuntó al ocurso de cuenta, contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 4, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 979/2023-6. Integración del expediente En términos del artículo 252, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se instruye a todo del personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de estos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que hayan sido debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación; lo anterior, a fin de que se encuentre debidamente integrado desde la radicación del presente asunto hasta su conclusión. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 181 del referido Acuerdo General, se puntualiza que la oficial judicial «A» adscrita a este órgano jurisdiccional, deberá capturar y registrar los datos e información relacionada con el seguimiento procesal conforme al trámite del asunto. Para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 185 de la normatividad invocada, se instruye a la secretaria de Juzgado adscrita que lleva el trámite de este expediente para que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el registro diario de movimientos, de tal forma que asegure la permanente actualización y veracidad de la información capturada. Admisión En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, contra actos que preliminarmente se hacen consistir en: Autoridad responsable: Acto reclamado: Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato. La resolución del recurso de revocación dictada dentro del juicio ordinario familiar ********************, el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, mediante la cual confirmó el auto de veintiséis de septiembre pasado, que ordenó que por el momento se llevaran a cabo convivencias supervisadas entre los menores quejosos ********************. y ******************** y su progenitor ********************, ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Celaya, Guanajuato, hasta en tanto dicha institución refiriera que no requieren ser supervisadas. En consecuencia, ordenó girarle oficio para que facilitara sus instalaciones para tal efecto e informara el resultado de las mismas precisando si es necesario o no seguir realizándolas de manera supervisada. Intervención del fiscal adscrito Dese la intervención que corresponda al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien, en atención al proveído pronunciado en el cuaderno de varios administrativo de la sección de amparo que se lleva en este juzgado federal, está autorizado para consultar el presente expediente judicial vía electrónica con el nombre de usuario "********************". Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, con el que deberá remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomó en cuenta para emitir el acto reclamado, lo que deberá hacer dentro del término de quince días. Sin embargo, debe tomar en consideración el artículo 17 constitucional, así como el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo que, si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Asimismo, hágase saber a la autoridad responsable que, en la medida de lo posible, deberá realizar lo siguiente: 1. Rendir su informe vía electrónica al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, el cual se confirmará por la misma vía. 2. Remitir las constancias de forma electrónica o digitalizada. 3. Señalar un correo electrónico y un número telefónico, para que este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicación y establecer una línea de coordinación relacionada con el presente asunto. Apercibida que, de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá, una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. Se fijan las once horas con treinta y siete minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés para el desahogo de la audiencia constitucional. Hágase saber a la autoridad responsable que, en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios/listaAcuerdos.htm. Causales de sobreseimiento Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tercero interesado Por cuanto al emplazamiento del tercero interesado, éste órgano jurisdiccional se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable y, en su caso, las constancias generadoras del acto reclamado, a fin de determinar a quién le resulta tal carácter. Designación de representante especial Atento a que los quejosos de iniciales ********************. y ********************, son menores de edad, con fundamento en el artículo 8º de la Ley de Amparo, se les designa como su representante especial a la asesora Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en esta ciudad, con domicilio en las oficinas que ocupa dicha dependencia en la planta baja del edificio número 901 de la Avenida Quetzalli, colonia Los Álamos de esta ciudad. En consecuencia, se encomienda al actuario judicial de la adscripción a hacerle saber su designación, entregándole copia simple del escrito inicial de demanda y sus anexos, así como del presente proveído, requiriéndola para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, manifieste si acepta y protesta el cargo; hecho lo cual, sin mayor proveído, se le tendrá por aceptada la designación conferida. Intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato Además, tomando en consideración que los menores de edad de referencia pueden resentir afectación en su esfera de derechos, derivado de los actos reclamados en el presente asunto, con fundamento en el artículo 122, fracción II, con relación al numeral 4º de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se ordena girar oficio a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, a efecto de que preste asesoría y representación en suplencia los menores de iniciales ********************. y ********************, y pueda intervenir como representante coadyuvante en el presente juicio de amparo. Por las razones que contiene, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 88/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo III, página 2862, registro digital: 2025200, de rubro siguiente: "REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD EN EL JUICIO DE AMPARO Y EN EL RECURSO DE REVISIÓN. POR REGLA GENERAL CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA EJERCERLA QUIENES TIENEN LA PATRIA POTESTAD O TUTELA CUANDO SE HAYA DESIGNADO UNA REPRESENTACIÓN ESPECIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO, DERIVADO DE LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERÉS." Pruebas En términos de lo dispuesto por el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexó la parte quejosa su escrito de demanda, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Compulsa de documentos para glosarse al incidente de suspensión En virtud de que la parte promovente exhibió copias de la documental que ofreció en su escrito de demanda, de oficio cotéjense y certifíquense aquellas aportadas en original o en copia certificada; y glósense al incidente de suspensión, para los efectos jurídicos conducentes. En el entendido que los documentos aportados en copia simple, también se agregan prescindiendo de ese cotejo y compulsa, pero con el señalamiento condigno. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J 19/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, tomo 1, página 401, cuyo rubro dice: "CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010)." Pronunciamiento de incidente de suspensión Por cuerda separada, fórmese en un solo tanto el incidente de suspensión respectivo, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal, acceso al expediente electrónico y autorizados Se tiene como sitio para recibir notificaciones personales por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, el usuario "********************" tal como fue solicitado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31, fracción III, de la ley de la materia, así como para consultar el expediente electrónico al usuario "********************", en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico. Consecuentemente, la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, deberá habilitar a los usuarios de que se trata, para efecto de que puedan ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. Se destaca que si su alta o información proporcionada no se encuentra en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia; y las subsecuentes notificaciones se le realizarán por medio de lista, en virtud que no proporcionó domicilio físico. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, quienes como se advierte de la certificación de cuenta sí tienen inscritas sus cédulas Profesionales Federales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos del citado precepto a ********************, en razón de que no se encuentra en dicho supuesto; de igual manera a ********************, por así haberlo solicitado la promovente del amparo. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea Finalmente, con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
- Incidental
Formación del incidente Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 979/2023-6 promovido por Diana Araceli Aguilera Martínez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales M.G.B.A. y A.B.A., personalidad que se reconoce de conformidad con las actas de nacimiento que adjuntó al ocurso de cuenta, contra actos que preliminarmente, hace consistir en: Autoridad responsable: Acto reclamado: Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato. La resolución del recurso de revocación dictada dentro del juicio ordinario familiar F2762/2021, el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, mediante la cual confirmó el auto de veintiséis de septiembre pasado, que ordenó que por el momento se llevaran a cabo convivencias supervisadas entre los menores quejosos M.G.B.A. y A.B.A. y su progenitor Gabriel Belaunzaran Rivas, ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Celaya, Guanajuato, hasta en tanto dicha institución refiriera que no requieren ser supervisadas. En consecuencia, ordenó girarle oficio para que facilitara sus instalaciones para tal efecto e informara el resultado de las mismas precisando si es necesario o no seguir realizándolas de manera supervisada. Solicitud de informe previo Con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, de conformidad con lo establecido en el numeral 138 fracción III, de la ley de la materia para cuyo efecto remítasele copia simple de la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a cien días, en términos de los artículos 117 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Aunado a que, con apego en el numeral 142 de la Ley de la materia, la falta de su informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Asimismo, hágase saber a la autoridad responsable que, de ser posible, deberá realizar lo siguiente: 1. Rendir su informe vía electrónica al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, el cual se confirmará por la misma vía; y, 2. Señalar un correo electrónico y un número telefónico, para que este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicación y establecer una línea de coordinación relacionada con el presente asunto. Audiencia incidental Se fijan las diez horas con diecisiete minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para el verificativo de la audiencia de este incidente. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios/listaAcuerdos.htm. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Pruebas En términos de lo dispuesto por el numeral 143 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, exhibidas y se admiten las pruebas documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda; previo cotejo con las que fueron exhibidas, agréguense copia al presente cuaderno incidental, en cumplimiento al proveído dictado en el juicio del que emana esta incidencia. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 71/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)." Requisitos de procedencia En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 128, 132 y 138 de la Ley de Amparo, se desprende que para conceder la suspensión de los actos reclamados deben cumplirse los siguientes requisitos: a. Que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada. b. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. c. Que se compruebe la apariencia del buen derecho; que no es otra cosa que el juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado; y, d. Que se sopese el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Precisión de los actos reclamados De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa instaura el juicio constitucional en contra de la resolución del recurso de revocación dictada por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato, dentro del juicio ordinario familiar F2762/2021, el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, mediante la cual confirmó el auto de veintiséis de septiembre pasado, que ordenó que por el momento se llevaran a cabo convivencias supervisadas entre los menores quejosos M.G.B.A. y A.B.A. y su progenitor Gabriel Belaunzaran Rivas, ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Celaya, Guanajuato, hasta en tanto dicha institución refiriera que no requieren ser supervisadas. Y que, en consecuencia, ordenó girarle oficio para que facilitara sus instalaciones para tal efecto e informara el resultado de las mismas precisando si es necesario o no seguir realizándolas de manera supervisada. Solicitud de la suspensión La parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado para el efecto de que ".las cosas se mantengan en el estado que guardan actualmente y, en ese sentido, no se obligue a mis hijos a convivir con su padre mientras éste no acredite haber acudido al taller de habilidades parentales y que ha recibido terapia psicológica especializada para personas generadoras de violencia." Naturaleza del acto reclamado. Con objeto de determinar la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, si procede conceder la medida cautelar en los términos que la pide la parte quejosa, es pertinente precisar que el acto reclamado consiste en la resolución que confirmó la autorización de verificar las convivencias de los menores quejosos con su progenitor bajo vigilancia ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Celaya, Guanajuato, por lo que se trata de un acto de naturaleza positiva, porque implica un hacer. Interés suspensional Respecto al requisito previsto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, la parte quejosa lo acredita con lo narrado bajo protesta de decir verdad en la demanda, consistente en que es progenitora de los menores de edad quejosos y parte en el juicio subyacente, así como con las actas de nacimiento que adjuntó a la misma, que robustecen su parentesco con los infantes. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social y las disposiciones de orden público No obstante lo anterior, aun cuando el acto reclamado es susceptible de suspenderse y la parte quejosa acreditó su interés suspensional, de hacerlo se contravendrían las disposiciones de orden público e interés social pues a la sociedad le importa el bienestar de los niños. Máxime que los efectos para los que solicita la medida suspensional afectarían derechos constitucionales de los infantes quejosos. La convivencia paterno-filial que es una cuestión de orden público e interés social, puesto que de ello depende el desarrollo armónico e integral de los menores, además de que se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia I.6o.C. J/49, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1289, Tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 177259; que dispone: "MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y, EN CASO DE OPOSICIÓN, EL JUZGADOR RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. De una sana interpretación del artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, se aprecia que la eficacia del derecho de visita y convivencia contenido en ese numeral, que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el desarrollo armónico e integral del menor que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progenitores. Es por eso que el propio numeral contiene normas tendentes a lograr dicha función, ya que el goce y disfrute de esos derechos, no podrá impedirse sin justa causa, pero en caso de oposición de uno de los padres, la autoridad jurisdiccional determinará lo que más convenga al interés preponderante del menor que sólo podrá suspenderse, limitarse o perderse por resolución judicial expresa y cuando se haya perdido la patria potestad. Como se advierte, la teleología del artículo 417, en comento, se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo personal y emocional de los menores que, se reitera, por causas ajenas a ellos, viven separados de alguno de sus padres o de ambos, estableciendo que aun cuando no se encuentren bajo su custodia, si ejercen la patria potestad, tendrán derecho a convivir y disfrutar de momentos en común, en aras de tutelar el interés preponderante del menor, teniendo sólo como limitante para que se suspenda el ejercicio del derecho de visita y convivencia, que exista peligro para el menor, caso en que el juzgador podrá aplicar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar el interés superior del menor, contra alguno de los progenitores." En ese tenor, entendiendo que la salvaguarda de los derechos de los menores consiste en emprender el análisis de cuestiones de esta naturaleza bajo la óptica del interés superior del menor, concepto que en abstracto dificulta su aplicación, no obstante, debe tenerse en cuenta que dicho principio rector, como lo definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requiere de satisfacer algunos factores como son: las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento y, atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es oportuno señalar que el Máximo Tribunal determinó que la autoridad judicial debe tener en consideración que la convivencia de los niños con sus padres se trata de un derecho a favor de los menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus progenitores; y, cualquier decisión judicial que recaiga sobre el derecho de visitas deberá tener como eje rector el principio de interés superior del menor, buscando en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.5o.C. J/28 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 965, con registro digital 161869, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU IMPORTANCIA EN MOMENTOS DE CRISIS FAMILIAR. Este derecho y específicamente la implementación del régimen de visitas y convivencias, adquieren una importancia inusitada en situaciones de crisis matrimoniales, extramatrimoniales o de malos entendidos entre los miembros de una familia, pues en esos casos, el ejercicio del derecho de visitas y convivencias constituye un remedio o recurso de protección excepcional al reactivar la convivencia que se ha perdido o desgastado en un sinnúmero de situaciones. En estos casos de crisis llega a ocurrir que alguno de los progenitores, o ambos, tomen partido y, frecuentemente, en lugar de buscar acuerdos convenientes a los intereses de los menores, cierran toda posibilidad al otro de ver o tener contacto con ellos, lo que provoca que los niños se vuelvan verdaderas víctimas de las desavenencias del matrimonio, y no en pocas ocasiones son utilizados como instrumentos para que los cónyuges o custodios se ofendan o dañen entre sí, siendo los hijos los más perjudicados. Por ello, en este tipo de crisis, la autoridad jurisdiccional competente debe implementar el régimen de visitas y convivencias a favor de los hijos menores de edad, de la manera más conveniente, atendiendo a su interés superior, con independencia de los intereses y derechos de sus progenitores, para incentivar, preservar y reencausar la convivencia en el grupo familiar." Lo anterior es así, dado que la convivencia constituye un derecho que debe respetarse siempre y cuando no se anteponga con alguna otra prerrogativa de los menores; además, busca que permanezcan los lazos familiares, a fin de garantizar el pleno desarrollo de los menores. En el caso, no se soslaya que la parte quejosa -madre de los infantes- señala que el progenitor no ha cumplido con los lineamientos que la autoridad responsable estableció en la sentencia dictada en el juicio subyacente respecto de las convivencias entre los menores y su padre; sin embargo, aun cuando se estimara preliminarmente que no se encuentran colmadas dichas exigencias, lo cierto es que no puede restringirse el derecho de menores a convivir con su progenitor, puesto que se contravendría el interés superior del que gozan y el artículo 4 constitucional. Lo anterior es así, pues de ordenar que no se lleven a cabo las convivencias de los menores con su progenitor implicaría que quede sin efecto, al menos provisionalmente, la medida de convivencia reclamada, prolongando el tiempo en que los hijos-padre interactúen, por lo que será más difícil restablecer dicho vínculo; de ahí que lo que se pretende es evitar, en la medida de lo posible, generar un mayor impacto en la salud emocional, física y mental de los infantes. Aunado a que de las manifestaciones de la parte quejosa se advierte que dicha convivencia se practicará en las instalaciones que debe facilitar el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Celaya, Guanajuato, lo que en principio implica, que para llevarlas a cabo debe comparecer el progenitor y los menores, así como que su desarrollo será supervisado por personal del DIF, de modo que ante cualquier eventualidad éstos estarán presentes y, además, rendirán informe ante la autoridad responsable. De ahí que se estime que de conceder la medida cautelar del acto reclamado se causaría mayor perjuicio a los infantes quejosos, ya que se infringiría su derecho de convivencia con su progenitor, la cual -como se dijo- será en instalaciones de DIF y vigilada por dicha institución. En ese sentido, hasta este momento procesal no se cuenta con elementos que acrediten la existencia de aspectos perjudiciales para los menores hijos de las partes que afecten su desarrollo pleno e integral, pues aun cuando la progenitora aduce que no ha cumplido con los lineamientos (terapia psicológica, entre otros) para tal efecto, la convivencia decretada por la autoridad responsable fue bajo vigilancia. Es orientadora, la tesis II.3º.C. 13 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, febrero de dos mil cinco, página 1798, con registro digital 179166; de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES, SALVO QUE CONCURRAN CONDICIONES ESPECIALES Y QUE DE NO CONCEDERSE SE PERJUDIQUE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo se deduce que la teleología de la suspensión descansa en impedir que con el acto reclamado se causen o puedan causar perjuicios de difícil reparación, y para concederla el Juez de amparo puede calificar y estimar la existencia del orden público con relación a una ley. Así, el artículo 4o. de la Carta Magna consagra el interés superior del niño, el cual también está previsto en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en algunas legislaciones que rigen los derechos de los menores en los Estados de la Federación, este principio es concebido como la institución a través de la cual se procura el desarrollo pleno e integral del infante proporcionándole los cuidados y asistencia necesarios para lograrlo. De tal manera que para decretar la medida suspensional debe atenderse al principio aludido y a las leyes que lo regulan, pues ambos aspectos atañen al interés social y al orden público y, por tanto, la resolución que determina sobre la guarda y custodia de los menores podría ser o no susceptible de suspenderse, dado que tal situación se presume generada al amparo de ese principio rector en cuya observancia está interesada la sociedad; de ahí que para resolver sobre la medida que nos ocupa, el juzgador de amparo deberá atender a las condiciones específicas de cada caso en particular vigilando, sobre todo, que se respete el principio de interés superior del niño, en concordancia con los requisitos que para la suspensión establece la Ley de Amparo." Lo anterior, guarda concordancia con el contenido del artículo 129 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (.) VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico (.)". Bajo ese panorama, de manera preliminar, se estima conveniente preservar el derecho con el que cuentan los menores quejosos de convivir con su padre no custodio en los términos que la autoridad responsable fijó en el acto reclamado, pues debe partirse de la presunción legal de que la autoridad responsable privilegió los derechos de los menores de edad al confirmar la forma en que han de convivir con su progenitor. En todo caso, el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado habrá de emprenderse al dictarse sentencia de fondo. Por las razones expuestas, se niega la suspensión provisional solicitada,
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