Diana Yaradith Coyote Pantoja

Expediente 265/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
265/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Diana Yaradith Coyote Pantoja

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del cual se desprende que el pasado ocho del presente mes se tuvo por recibido el oficio de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual remitió los autos originales del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ** así como el testimonio de la resolución dictada en el incidente en revisión civil *** de veinticinco de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia se levanta la reserva realizada mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en la que causó estado la resolución de sobreseimiento emitido en el juicio principal y se reservó lo relativo a su archivo y clasificación, hasta en tanto se tuviera noticia de lo que resolviera el tribunal colegiado en el citado recurso de revisión, lo que ya ocurrió. Archivo y clasificación del expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a los artículos 21, incisos a) y c) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el principal se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y se negó a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, toda vez que el presente juicio se encuentra concluido y resulta innecesaria la retención de las copias certificadas relativas al juicio oral familiar número *** constante de un tomo, de la estadística del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad; en razón de lo anterior, devuélvansele. Sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que el mismo será recabado por el actuario de la adscripción al momento de la entrega del oficio respectivo.

  2. Incidental

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual envía los autos originales del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 265/2020 así como el testimonio de la resolución dictada en el incidente en revisión civil 96/2020 de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, que en su punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de revisión interpuesto por Diana Yaradith Coyote Pantoja, por propio derecho y en representación de su menor hijo no registrado, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero del presente fallo. Notifíquese." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo vía electrónica a la superioridad. Glósese al original del cuaderno incidental el cuaderno de antecedentes formado.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Notifíquese lo anterior a las responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y resérvese el archivo del juicio en que se actúa, toda vez que de los autos del incidente de suspensión derivado del presente asunto se desprende que se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución interlocutoria de treinta de julio de dos mil veinte; por lo que, mediante oficio que derive del presente, infórmese lo anterior al magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, para lo que tenga a bien determinar respecto del recurso de revisión registrado con el número 96/2020 de la estadística del citado Tribunal. Una vez que vuelvan a este juzgado federal los autos originales del incidente de suspensión antealudido, se acordará lo que en derecho sea procedente respecto del archivo del presente juicio.

  4. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 265/2020-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil veinte, ante el secretario de guardia de este Juzgado de Distrito, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez de oralidad Familiar de Celaya, Guanajuato, que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMDO. El auto de fecha 06 de julio del año en curso, dictado por el juez de Oralidad Familiar de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, dentro del expediente familiar número ********************/2020, instruido en contra de la suscrita por el C. ********************, por el reconocimiento del menor entre otras prestaciones.". Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de quince de julio de dos mil veinte (fojas 95 a 97), esta potestad registró la demanda con el número 265/2020-I, y requirió a la promovente para que, entre otra cosa, manifestara si promueve la demanda únicamente por sí o en representación de su menor hijo. Mediante escrito presentado el veintiuno de julio del presente año (foja 100), compareció la promovente a dar cumplimiento a la prevención, señalando, entre otras cosas, que la demanda sí la promueve en representación de su menor hijo sin nombre y por sí misma. Por auto de veintitrés de julio de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la prevención, por lo que se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; se tuvo como tercero interesado a ********************, quien compareció a juicio; y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues lo reclamado es una negativa de acordar favorable una petición, reclamo que carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como acto reclamado: El auto de seis de julio de dos mil veinte, emitido dentro del juicio civil familiar F-********************/2020, sobre reconocimiento de paternidad, alimentos y otras prestaciones, por el que no se acordó favorable las medidas solicitadas por la promovente, entre otras, el pago de una pensión provisional de cuarenta por ciento del sueldo del aquí tercero interesado. Acto reclamado de la siguiente autoridad: Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato (foja 105), aceptó la existencia del acto reclamado; en consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto impugnado, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que acompañó a su informe justificado el juez responsable, consistentes en copias certificadas relativas al juicio oral familiar F-********************/2020; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un juicio ordinario laboral tramitado ante una autoridad del trabajo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de Celaya, ******************** por derecho propio y en representación de su menor hijo aún sin nombre, demandó, en la vía oral ordinaria, de ********************, diversas prestaciones, entre ellas, el reconocimiento judicial de la paternidad del menor aún sin nombre con fundamento en los artículos 416 y 416-A del Código Civil del Estado (fojas 1 a 5 del tomo de pruebas). 2. El veintiocho de mayo de dos mil veinte, el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato, registró y admitió la demanda con el número F-********************/2020; ordenó el emplazamiento de la demandada, para que en el término de nueve días conteste por escrito la demanda entablada en su contra (fojas 10 a 12del tomo de pruebas). 3. Mediante escritos presentados ante la responsable el veintiséis de junio de dos mil veinte, compareció la demandada a dar contestación a la demanda instaurada en su contra (fojas 17 a 19 del tomo de pruebas), así como reconvino a la parte actora, de quien reclamó diversas prestaciones, asimismo solicitó se decretara las siguientes medidas (fojas 20 a 25, ídem): "1. Solicito una pensión provisional del 40% del sueldo del C. ********************, quien actualmente labora en ********************, S.A de C.V. en dirección: Sur La Luz 38140, Celaya, Gto., el cual solicito sea depositado en la cuenta ******************** y clave interbancaria 137215********************7, a nombre de la suscrita, en el banco Bancoppel, lo anterior como lo establece el artículo 401 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 2. La restricción de las visitas de convivencia de mi menor hijo con el C. ********************, las cuales solicito sean primeramente suspendidas y posteriormente sean supervisadas, por persona capacitada y legalmente autorizada, las cuales solicito sean igualmente en un horario conveniente. 3.Una orden de alejamiento de la suscrita, así como de mi menor hijo y sea incluso extendida a toda mi familia, ya que como dije la suscrita tengo temor de que nos pueda suceder algo lamentable, o que nos insulte o cualquier situación desagradable. 4. La posesión de los bienes del maneje familiar consistente en un televisor marca pioner, dos roperos, una cuna, artículos personales de la suscrita y de mi menor hijo, enseres domésticos, una malla metálica para cercar." 4. Por auto de veintinueve de junio de dos mil veinte, se tuvo a la demandada ********************, dando contestación a la demanda instaurada en su contra, de igual forma en términos del artículo 824 del código adjetivo civil, se le tuvo ofreciendo como medios de pruebas los que adjuntó a su demanda; respecto a la reconvención se ordenó requerir a la promovente para que exhibiera dos tantos más de la misma y sus anexos (foja 116 del tomo de pruebas). 5. Por auto de seis de julio de dos mil veinte, se tuvo a la demandada dando cumplimiento al requerimiento que le fue formulado por auto de veintinueve de junio de dos mil veinte, y respecto a las medidas solicitadas se fijó como pensión provisional en términos, entre otros, del artículo 848 del Código procesal civil, el diez por ciento del total de las percepciones del reconvenido, menos las deducciones de ley, ordenándose girar el oficio correspondiente para que se efectuara el descuento respectivo; y en relación a las diversas medidas se señaló que se determinaría lo conducente en la audiencia preliminar, con audiencia de su contraparte. La anterior determinación, constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. En ese contexto, este juzgado federal considera que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. En el caso, como ya se precisó, la parte promovente reclama el auto de seis de julio de dos mil veinte, emitido dentro del juicio civil familiar F-********************/2020, sobre reconocimiento de paternidad, alimentos y otras prestaciones, por el que no se acordó favorable las medidas solicitadas por la promovente, entre otras, el pago de una pensión provisional de cuarenta por ciento del sueldo del aquí tercero interesado. De lo anterior, se tiene que el acto reclamado emana de un juicio oral familiar y consiste, medularmente, en no acordar de conformidad diversas medidas solicitadas por la hoy quejosa. Sobre esa base, resulta pertinente destacar que respecto de esos procedimientos, el artículo 814, en relación con los diversos 815 y 236, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, prevén lo siguiente: "Artículo 814. Además de las medidas previstas en los artículos 401 de este Código y, 336 y 336-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en los juicios orales que contemple el presente Libro, el juez, de oficio o a petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento, podrá decretar las medidas cautelares que estime procedentes para la protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes e incapaces, cuando se encontraren amenazados o vulnerados. La audiencia prevista en el artículo 408 de este Código, en aquella medida que se solicite antes de iniciar el juicio, se llevará a cabo por el juez conforme a las disposiciones que para el desarrollo de las audiencias contempla el presente Libro". "Artículo 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados". "Artículo 815. Contra la resolución en que se otorgue alguna medida, no cabrá recurso alguno, pero se aplicará lo dispuesto en el artículo 839 de este Código. La resolución que niegue la medida será apelable. En la medida de separación de cónyuges, tratándose de la acción de divorcio, no procederá la inconformidad a que se refiere el artículo 410-B de este Código, pero su otorgamiento podrá ser revisado en la audiencia preliminar a petición de la parte que no la hubiere promovido". De la interpretación sistemática de los ordinales transcritos, se advierte en cualquier etapa de los juicios orales, el juez de oficio o a petición de parte, podrá decretar las medidas cautelares que estime procedentes para la protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes e incapaces, cuando se encontraren amenazados o vulnerados; asimismo, que contra la determinación que niegue su otorgamiento, procede como medio de defensa la apelación, el cual tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia y, en materia familiar, dará lugar a la suplencia de la deficiencia de los conceptos de agravio expresados, en beneficio de menores o incapacitados. Así, se colige que el presente juicio de amparo debe sobreseerse, en virtud de que la parte quejosa, no agotó el medio ordinario previsto por la ley aplicable. Ello, puesto que, se estima, que la determinación reclamada se ubica dentro de la hipótesis contemplada por el numeral 814, en relación con los diversos numerales 815 y 236, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, dado que el acto reclamado emana de un juicio oral familiar y consiste, medularmente, en no acordar de conformidad las medidas cautelares solicitadas por la aquí quejosa, entre ellas pensión provisional y convivencias. Entonces, resulta jurídicamente válido afirmar que el acto reclamado, no constituye un auto con carácter definitivo, ya que es recurrible, como se dijo, a través del recurso de apelación por virtud del cual puede ser revocado o modificado, y considerando que la parte quejosa es parte en el juicio de origen, está en condiciones de acudir a defender sus derechos, en la vía referida con anterioridad. Lo que pone de manifiesto que, efectivamente la parte quejosa, previo a acudir a esta instancia constitucional, no agotó el principio de definitividad. En tanto que no se advierte que la parte promovente esté en alguno de los supuestos de excepción que el citado precepto de la Ley de Amparo prevé. Se afirma ello, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Además, la solicitante del amparo, no es persona extraña al procedimiento, dado que tiene el carácter de parte demandada en el juicio de origen; en virtud de lo anterior, está sujeta a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto y, por tanto, obligada a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. En ese orden de ideas, al no haberse hecho valer contra la determinación que se reclama el recurso de apelación, es claro que no se satisfizo por la parte promovente del amparo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula la determinación impugnada, mediante los cuales pudo ser modificada o revocada; atento a lo cual, es incuestionable que la parte quejosa debió agotar tal procedimiento antes de acudir a esta instancia constitucional, pues, ante la existencia de este pudo haber logrado lo pretendido a través del juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia, visible en la página 350, Libro 1, diciembre de 2013, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005039, cuyo rubro y texto se citan a continuación: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Además, se considera inaplicable en el caso la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 990, Libro XXV, octubre de 2013, tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004677, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO."; ello, puesto que, en esencia, se negaron las medidas cautelares solicitadas, de ahí que no tuviera ejecución. Aunado a ello, ni en los autos del juicio oral ordinario del que deriva el acto reclamado, ni de este juicio de amparo obran elementos de convicción suficientes ofrecidos por la ahora recurrente, que pongan en evidencia que el menor de edad se halle en una situación de riesgo, ya que en las constancias del juicio solo se encuentran agregadas denuncias de los hechos ocurridos el dos de abril de dos mil veinte, así como de un acuerdo reparatorio sobre esos hechos denunciados por el aquí tercero interesado; empero, esos medios de convicción no demuestran que el menor de edad se encuentre en una situación de riesgo físico y emocional; máxime que ni se fijaron ningún tipo de convivencia hasta la fecha del acto reclamado. Así, como se vio, no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, con lo que se concluye que la quejosa debió promover el recurso de apelación previsto en la legislación que rige el juicio natural antes de acudir a esta instancia constitucional. En mérito de lo expuesto, al no haber agotado el principio de definitividad la quejosa, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia analizada, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en la fracción V del dispositivo 63 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad, en contra del acto de la autoridad que se precisó en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.

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