Diana Laura Mendoza Soto
Expediente 494/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Diana Laura Mendoza Soto
Actuaciones
- Principal
Firme desechamiento. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por ****, que dio origen a este expediente, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Devolución de documentales y autorizado para recibirlas. En cuanto a la promoción reservada mediante acuerdo de veintitrés de los presentes, con fundamento en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, y con base en la petición realizada por la quejosa ****, se ordena la devolución de las documentales anexas a la demanda de amparo, y autorizado para recibirlas al licenciado ****. Archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. Valoración documental.*** Destino del expediente, es destruible en tres años.*** Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. **Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el escrito signado por la quejosa ***, por el cual solicita la devolución de los documentos adjuntados a la demanda de amparo; al respecto, indíquesele que en cuanto quede firme proveído en que se determinó el desechamiento de la demanda constitucional, en el mismo proveído se acordará de conformidad su petición, así como el autorizado para recogerlos; ello con base al arábigo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el escrito signado por la quejosa****, mediante el cual cumple con el requerimiento de diez de mayo pasado, informa el estado procesal del procedimiento de origen, del que deriva el acto que reclama ante este órgano jurisdiccional. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. **** Definitividad. El principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que, cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, haría inviable el juicio de amparo; lo anterior no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. Además, dicho principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por esto, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos.**** Esta causa de improcedencia contiene varias excepciones, las cuales dan posibilidad de acceder al juicio de amparo sin necesidad de agotar los medios de defensa ordinario. Estas excepciones son, a grandes rasgos, cuando el acto reclamado sea de aquéllos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; cuando se trate de ataques a la libertad fuera de procedimiento; cuando se trate de personas extrañas a juicio; y, finalmente, cuando se reclame el auto de vinculación. Primeramente, es necesario precisar que la quejosa se ostenta como tercera extraña al juicio; en ese sentido se procede hacer análisis de qué se entiende por esta figura jurídica. Persona extraña al procedimiento. Por persona extraña, debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; queda incluida en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sin embargo, el derecho jurisprudencial interno ha establecido que la calidad de tercera extraña se pierde cuando la parte tuvo conocimiento de las actuaciones del controvertido de origen o bien, comparece al juicio, y queda en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo.***** Que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; y, Que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal. En ese orden, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad anotó la quejosa, y de las constancias agregadas relativas al juicio ejecutivo mercantil ***, se desprende -en lo que interesa- **** Así, de lo reseñado revela que **** es parte adjudicataria en el juicio de origen, respecto del cual se hizo sabedora de las constancias al menos desde el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, cuando se le dejó a disposición el expediente para su protocolización. De ahí que deviene incuestionable que, al haber comparecido a juicio, ésta no tiene el carácter de tercera extraña a juicio del cual proviene el acto reclamado, pues incluso agregó diversas promociones al juicio natural para la cancelación de los gravámenes del bien y éstas fueron acordadas. Por tanto, es claro que la aquí disidente conocía del juicio natural y, por ende, se encontraba obligada a oponerse de las actuaciones en él practicadas a través de los medios de defensa que la ley concede a quienes figuran como partes en la contienda. Bajo esa tesitura, la quejosa al no tener el carácter de tercera extraña al procedimiento de origen, por ser la parte adjudicataria y haberse vinculado al mismo, debió impugnar lo reclamado. Por tanto, es necesario precisar cuál es el recurso que procede en contra del auto mencionado. Medios de impugnación en el Código de Comercio.**** Finalmente, la revocación con base a lo establecido en el arábigo 1334, dispone los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó. Solución del problema jurídico. Sentadas las premisas anteriores, conviene ahora analizar si la resolución reclamada puede ser impugnada a través de algún medio de impugnación citado. Así, se desprende que si la solicitante del amparo ****, señala como acto reclamado la resolución de *** de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil *** del índice de la autoridad responsable, mediante la cual niega la cancelación del gravamen con solicitud 54663, es indudable que en su contra procede el recurso de revocación. **** Por lo que, si la determinación reclamada no es apelable, pues el negocio se ventila en juzgado menor, y no está en el catálogo del 1345 ni en apartados específicos de la legislación como lo establece el quinto, sexto y séptimo párrafos del diverso 1339, es indudable, que deberá recurrirse al 1334, donde establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó. En ese orden de ideas, si el acto en estudio es impugnable en vía de revocación, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que establece la codificación de la materia, es decir, a través del cual podía modificarse o revocarse, lo que sería en beneficio de los intereses de la parte quejosa. Además el caso, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, a saber:*** Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados.*** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por *** -apoderado legal de las autoridades responsables-, a través del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el veinte de abril de dos mil veintidós, en la que se concedió a *** el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto el medio de impugnación de mérito. Integración del recurso de revisión. Ahora, previo a remitirse los autos y tomos de pruebas al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito en turno, con sede en Guanajuato, Guanajuato, estese en espera de que se agreguen los acuses de recibo, así como las constancias en las que conste que todas las partes, quedaron notificadas de la sentencia impugnada y del presente proveído. El numeral 89 de la ley de la materia, dispone que interpuesta la revisión, el órgano jurisdiccional por conducto del cual se hubiere presentado, los distribuirá entre las partes; por tanto, se ordena correr traslado a las demás partes del presente juicio -hágase llegar el escrito de expresión de agravios de cuenta, para los efectos legales conducentes-.
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