Diana Alejandra de la Garza Diaz

Expediente 74/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
74/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Diana Alejandra de la Garza Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de siete de febrero del año en curso, a través del cual se SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***, por propio derecho. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2, se declara que dicho fallo ha CAUSADO ESTADO. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Vista la demanda de cuenta, promovida por *** por propio derecho, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez de Control de realidad en Materia Penal de la Tercera Región, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato y otra autoridad, por violación a los artículos 8, 14, 16, 17 y 20, apartados "A" y "C", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 74/2019-IV.1, anótese su ingreso en el Libro de Control de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la promovente del amparo hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: 4. Norma general, Acto u Omisión que de cada autoridad se reclame.- De las Autoridades señaladas como responsables se reclaman los siguientes: De las Ordenadoras: Resolución emitida en echa 11 de Enero del 2019, en audiencia llevada a cabo en sala 6 a las 12:45 horas, en la cual se resuelve Confirmar una decisión de la Agente del Ministerio Público del No Ejercicio dela Acción Penal en contra de una denuncia y/o querella presentada por la suscrita respecto al hecho que la ley señala como delito de Violación cometido en mi agravio. De la Ejecutora: Resolución de fecha 07 de Noviembre del 2018, a las 16:50 horas, suscrita por la Licenciada María Concepción Salinas Herrera, en donde determina el No Ejercicio de la Acción Penal y como consecuencia el archivo definitivo de la carpeta de investigación número 32366/2018, respecto a los hechos denunciados por el suscrito. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, el suscrito estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia, al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese orden de ideas, el Juzgador se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Nueva Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal antes citado. Lo anterior es así, toda vez que los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del análisis de la demanda de amparo de cuenta, específicamente del contenido de los antecedentes, se advierte que la promovente del amparo refiere que "después del debate y demás argumentaciones expuestas por las partes" en la audiencia oral respectiva, la Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, con sede en esta ciudad, en su carácter de autoridad responsable determinó confirmar la decisión del no ejercicio de la acción penal pronunciada por el Agente del Ministerio Público que conoció de la carpeta de investigación número 32366/2018, iniciada con motivo de la denuncia que presentó por el delito de violación cometido en su agravio; resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 84, establece la regla general sobre notificaciones, esto es: Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. Del numeral citado se advierte que se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias; por tanto, se deduce que la peticionaria de amparo quedó notificada del acto reclamado en la misma audiencia, esto es, el once de enero del año en curso. De ahí que el término de quince días previsto en el artículo 17 para promover la demanda de amparo contra el acto reclamado empezó a transcurrir el catorce de enero y feneció el primero de febrero del año en curso, con exclusión de los días diecinueve y veinte, veintiséis y veintisiete de enero del presente año, ello de conformidad con el artículo 19, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con fundamento en la circular 4/2016, de fecha tres de febrero del año en curso. Por lo que, si la solicitante del amparo presentó su demanda de amparo el día seis de febrero del presente año, según se advierte del matasellos del reloj checador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, Guanajuato, es claro que fue presentada cuando ya había transcurrido el término de los QUINCE DÍAS a que alude el artículo 17 de la Ley de la Materia, para la oportuna presentación de la demanda constitucional en contra de los actos reclamados, razón por la cual resulta extemporánea. Resulta aplicable la tesis visible en la página 235, Tomo XI, Junio, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, que dice: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita. De igual forma, cobra aplicación la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Tomo IX, Junio de 1992, en la página 364, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, la cual es del tenor siguiente: CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. Consecuentemente, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XIV, y 107, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado en cita, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley, que a la letra dice: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. Se tiene a la promovente del amparo para recibir notificaciones el ubicado en *** esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Asimismo, se tiene como autorizado de su parte al licenciado ***, en los términos más amplios del primer párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo y al licenciado ***, en términos restringidos, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del precepto legal invocado, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 19 así como el diverso 113, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ***, por propio derecho, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.

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