DIANA HERNANDEZ XOCONOXTLE y Otros.
Expediente 56/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- DIANA HERNANDEZ XOCONOXTLE y Otros.
- Diana Hernandez Xoconoxtle
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual remite copia de la ejecutoria pronunciada por dicho órgano colegiado el trece de abril de dos mil veintitrés, dentro recurso de queja 42/2023, cuyo punto resolutivo es el siguiente: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja, por lo que se confirma el acuerdo pronunciado por la Jueza Quinta de Distrito en el Estado, el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo 56/2023-II, promovido por *. En consecuencia, debido a lo resuelto por la superioridad, archívese este expediente como asunto concluido. Sin realizar pronunciamiento sobre la devolución de documentos originales, ya que del análisis del presente juicio se desprende que no se adjuntó constancia alguna que se encuentre en la hipótesis prevista por el ordinal 3, fracción XVIII, del acuerdo general citado.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el oficio signado por el actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo de desechamiento, mismo que fue radicado como recurso de queja administrativo 42/2023. De lo que se toma nota para los fines legales conducentes.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por *; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se acuerda: Se tiene interpuesto recurso de queja contra el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés; En razón de lo anterior, dada la naturaleza de la determinación recurrida, solicítese turno correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital; para lo cual, adjúntese el escrito de expresión de agravios para que cuente con los datos necesarios para su registro. Luego, infórmesele al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital al que haya sido turnado el recurso que nos ocupa, que se encuentra a disposición el expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que se encuentre en posibilidad de imponerse de las constancias que integran este sumario, para la substanciación y resolución del recurso de queja interpuesto; como se advierte de la siguiente imagen: Además, solicítese respetuosamente al tribunal de alzada que, de estimar necesarias las constancias físicas para la sustanciación del medio de impugnación hecho valer, le serán remitidas. De igual manera, en vía de informe con justificación sobre la materia del recurso de queja interpuesto, hágase saber a la superioridad que es cierto que el veintisiete de enero actual, se emitió el auto que se impugna, en el cual constan los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para emitirlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que se estima no se han violado derechos humanos de la parte quejosa.
- Principal
Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ********************, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuyen a: Cámara de Diputados; Cámara de Senadores; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y, Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.Residentes en la Ciudad de México. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 56/2023-II. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La discusión, aprobación, promulgación y aplicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en específico los artículos 154, 155, 156, 157, 162 y 170 de la Ley del Seguro Social. Representante común. Se tiene como representante legal de los quejosos a ******************** conforme al ordinal 13 de la Ley de Amparo. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Es necesario precisar que la parte quejosa reclama las normas generales de manera autoaplicativa; así, la ejecutoria hito que recayó al amparo en revisión 2104/91 de la estadística del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, estableció que para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; por ello, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Extemporaneidad tratándose de normas generales autoaplicativas. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad, tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado y, no obstante, deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta, en tales circunstancias, presume conformidad con el acto. Ahora, dada la naturaleza de la norma general autoaplicativa, no se entenderá consentida sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso; sin embargo, la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal determinó que el amparo contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera dentro de los treinta días contados desde que entra en vigor, la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tiene lugar el primer acto de aplicación de la propia ley, en perjuicio de la parte quejosa. Es decir, resulta improcedente la acción de amparo contra norma autoaplicativa cuando la demanda de amparo se ha interpuesto extemporáneamente en relación con el plazo de treinta días siguientes a su vigencia, porque se dejó pasar la oportunidad para impugnar la ley. Por su parte, de los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se reclame una norma general autoaplicativa el plazo para impugnarla será de treinta días, el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Término que la Segunda Sala del Máximo Tribunal interpretó y determinó que el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. Análisis del caso concreto. La parte quejosa reclama la discusión, aprobación, promulgación y aplicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en específico los artículos 154, 155, 156, 157, 162 y 170 de la Ley del Seguro Social. Ahora, de los transitorios del decreto reclamado se advierte, en lo que interesa, que: Transitorios Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes. Segundo. La cuota patronal prevista en el artículo 168, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social será aplicable de manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:***** De lo transcrito se infiere que el decreto entró en vigor el primero de enero de dos mil veintiuno; y, solamente la cuota patronal prevista en el artículo 168, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social será aplicable de manera gradual, a partir del primero de enero de dos mil veintitrés. En ese orden, si la parte quejosa reclama los artículos 154, 155, 156, 157, 162 y 170 de la Ley del Seguro Social, el inicio de vigencia fue a partir del uno de enero de dos mil veintidós y no como lo señala la parte quejosa en enero de este año, pues solamente en el dos mil veintitrés comienza la vigencia del ordinal 168, fracción II, inciso a), el cual no es cuestionado en esta instancia por los promoventes. Lo citado se extrajo de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad, a las que se les otorga valor pleno como confesión, manifestó la parte quejosa. Por tanto, el término de treinta días para promover el juicio de amparo contra el decreto reclamado de manera autoaplicativa le corre a partir del día siguiente al inicio de su vigencia, esto es, el tres de enero de dos mil veintidós, y feneció el catorce de febrero siguiente; pues fueron inhábiles ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de enero; cinco, seis, siete, doce y trece de febrero. Motivo por el cual, se considera que el plazo de treinta días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra de los actos reclamados ha fenecido, pues la demanda se presentó el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, tal como se corrobora del sello de recepción. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- Deysi Yaquelin Aguilar Parra789/2015
- Diana Alejandra de la Garza Diaz74/2019
- Diana Alejandra Naranjo Vargas533/2018
- Diana Estefania Medrano Moreno924/2019
- Diana Guadalupe Franco Colecio171/2018
- Diana Hernandez Pesquera114/2016
- Diana Laura Mendoza Soto494/2022
- DIANA LAURA RANGEL RAMIREZ y Otros.995/2022
- DIANA MICHELLE FUENTES GARCIA y Otros.448/2023
- Diana Michelle Hernandez Ugalde1138/2019
- Diana Ojeda Zamora690/2019
- Diana Ramirez Estrada32/2018