Diana Kheyla Moreno Castro
Expediente 690/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Diana Kheyla Moreno Castro
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que remite el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado, por el que se le remitió la demanda de amparo presentada por **********, e informa que dicho Tribunal aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la citada demanda. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente cuaderno, será susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Único en Materia Civil del Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato, y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número 690/2017-II. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la demanda, debe decirse que la competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. En la especie, debe decirse que el promovente del amparo reclama: El auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Único Civil de Cortázar, Guanajuato, dentro del juicio ejecutivo mercantil M0074/2014 de su índice, el cual, ordena la inmediata desocupación del inmueble consistente en la finca urbana marcada con el número ********** y ********** de la avenida **********, del fraccionamiento ********** dentro del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, para poner en posesión material a la parte actora **********. En ese contexto, se advierte que el acto reclamado es de carácter positivo, puesto que trae aparejado un acto de ejecución, consistente en poner en posesión material de la parte actora **********, el bien inmueble consistente en la finca urbana marcada con el número ********** y ********** de la avenida **********, del fraccionamiento **********, del municipio de Tlaquepaque, Jalisco; por lo que, es válido colegir que sí tiene ejecución. En este orden de ideas, el siguiente paso consiste en determinar el lugar en que dicho acto tiene ejecución. Al respecto, cabe señalar que aunque el juicio que dio origen al acto reclamado, emerge de una autoridad radicada en la ciudad de Cortázar, Guanajuato, lo cierto es que, la ejecución de dicho mandato tendrá lugar en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En ese sentido, atendiendo a que el acto reclamado es de carácter positivo, ya que implica la ejecución de una determinación que deberá llevare a cabo en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, este Juzgado Federal estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior es así dado que, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en Materia Civil en turno del Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, ya que el mismo ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado, entre otros, por la ciudad de Tlaquepaque, lugar de ejecución del acto reclamado. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda, al Juez de Distrito en Materia Civil en turno del Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, para lo que a bien tenga ordenar. b. Se solicita comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído, así como realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Valdovinos Orozco, José Luis Valdovinos Garza y Víctor Hugo Ramírez Moreno, al contar con sus cédulas profesionales números 1557019, 5833722 y 2649320, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo que promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Único en Materia Civil del Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato, y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número 690/2017-II. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la demanda, debe decirse que la competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. En la especie, debe decirse que el promovente del amparo reclama: El auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Único Civil de Cortázar, Guanajuato, dentro del juicio ejecutivo mercantil M0074/2014 de su índice, el cual, ordena la inmediata desocupación del inmueble consistente en la finca urbana marcada con el número ********** y ********** de la avenida **********, del fraccionamiento ********** dentro del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, para poner en posesión material a la parte actora **********. En ese contexto, se advierte que el acto reclamado es de carácter positivo, puesto que trae aparejado un acto de ejecución, consistente en poner en posesión material de la parte actora **********, el bien inmueble consistente en la finca urbana marcada con el número ********** y ********** de la avenida **********, del fraccionamiento **********, del municipio de Tlaquepaque, Jalisco; por lo que, es válido colegir que sí tiene ejecución. En este orden de ideas, el siguiente paso consiste en determinar el lugar en que dicho acto tiene ejecución. Al respecto, cabe señalar que aunque el juicio que dio origen al acto reclamado, emerge de una autoridad radicada en la ciudad de Cortázar, Guanajuato, lo cierto es que, la ejecución de dicho mandato tendrá lugar en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En ese sentido, atendiendo a que el acto reclamado es de carácter positivo, ya que implica la ejecución de una determinación que deberá llevare a cabo en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, este Juzgado Federal estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior es así dado que, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en Materia Civil en turno del Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, ya que el mismo ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado, entre otros, por la ciudad de Tlaquepaque, lugar de ejecución del acto reclamado. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda, al Juez de Distrito en Materia Civil en turno del Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, para lo que a bien tenga ordenar. b. Se solicita comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído, así como realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Valdovinos Orozco, José Luis Valdovinos Garza y Víctor Hugo Ramírez Moreno, al contar con sus cédulas profesionales números 1557019, 5833722 y 2649320, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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