Desteeny María Alondra Bustamante Salazar y Otros.

Expediente 593/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
593/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Desteeny María Alondra Bustamante Salazar y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de ocho de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió, sin que lo haya hecho; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme. Háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *******************, por su propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 593/2022-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". Debe precisarse que el interés jurídico a que aluden los preceptos transcritos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o convencional que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema contenido en el artículo 107 constitucional y en el invocado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la norma general que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al demandante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad jurisdiccional emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto de autoridad para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el accionante de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En este sentido, debe destacarse que entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el texto del artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentado en esa parte en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto reclamado exista, sino que es necesario para efectos de procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales que transgreda en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional. Lo anterior es así, ya que en la tesis XIV/2011, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación sostuvo que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y que sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material". En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio constitucional y no otra persona. Por otra parte, a través de la reforma del artículo 107 constitucional contenida en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y el cual también se adoptó en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el citado medio de comunicación oficial el dos de abril de dos mil trece, introdujo la institución jurídica del el interés legítimo, pues la redacción actual de dicho precepto constitucional establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". Sobre el particular, debe precisarse que el interés legítimo se refiere a aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo anterior, el legislador ordinario estableció que el interés legítimo no puede ser planteado tratándose de actos que emanen de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, respecto de actos jurisdiccionales, pues como en estos casos, debe aducirse ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa tal como se desprende del transcrito artículo 5º, fracción I, párrafo cuarto, de la ley de la materia, por lo que el interés legítimo, se encuentra acotado a los actos administrativos. Naturalmente, este cambio cualitativo abre el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante lo anterior, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. En efecto, el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés, deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Así, para demostrar el interés legítimo colectivo -derechos difusos-, para impugnar actos de autoridad, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. En tanto que, para demostrar interés legítimo individual para impugnar actos de autoridad, deberán cumplirse los supuestos siguientes: 1) Que se aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución o los tratados internacionales; 3) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia 51/2019 (10a.), y la tesis XVIII/2013 (10a.), ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcriben a continuación: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Con base en lo expuesto, para corroborar la improcedencia del juicio de amparo debe ponderarse el interés legítimo individual estos, que: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución o los tratados internacionales; y 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En síntesis, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, pues implica que se ha ampliado el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo debido a que han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación -a cargo del quejoso- de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con ese tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. Entonces, el interés legítimo es de naturaleza cualificada, lo que implica que la acción de amparo no le está autorizada a la persona que tenga algún interés simple o meramente económico, sino que deben concurrir una serie de situaciones, a saber: Que la situación jurídica esté garantizada por el derecho objetivo, aunque ello no dé lugar a un derecho subjetivo; en otras palabras, que el interesado tenga una situación jurídica propia y distinta a los demás gobernados. Que esa situación jurídica se vea afectada por el acto de autoridad. Que la potencial anulación del acto de autoridad produzca un beneficio a la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo como presupuesto de procedencia del juicio relativo, no implica que cualquier persona pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad de los actos de la administración pública, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico o legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad, sin que baste la sola existencia del acto autoritario para que prospere el juicio de amparo. De lo anterior, se sigue que para considerar que el demandante del amparo cuenta con interés legítimo, debe demostrarse que se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa aduce tener interés legítimo para promover este juicio de amparo, en contra de actos ejecutados en contra de la sociedad e intereses colectivos en general en especial del sector salud de todo México, en perjuicio directo de todos los médicos en general y de todo tipo de especialidades, enfermaras(os), y de todo personal médico, a quien refriere se le dejó en estado de indefensión. La parte demandante reclama de las autoridades administrativas que señala como responsables: Actos ejecutados en contra de la sociedad e intereses colectivos en general en especial del sector salud de todo México en perjuicio directo de todos los médicos en general y de todo tipo de especialidades, enfermaras(os), y del todo personal médicos. Las normas y actos que redundan en violaciones directas y sistemáticas a la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de los contratos o convenios celebrados por el Presidente de la República para realizar donaciones del pueblo de México a gobiernos extranjeros y así como con el gobierno de Cuba, para contratar profesionistas de esa nacionalidad, en calidad de médicos, así como enfermeras y demás personal médico de nacionalidad extranjera (cubanos), para que trabajen en toda la república mexicana. La asignación de partidas presupuestales para pagar a los profesionistas extranjeros que se contraten para trabajar en nuestro país. La autorización migratoria para médicos cubanos extranjeros y demás personal médico para permitirles ingresar al país, por cualquier vía, aérea, terrestre, marítima, y permitirles realizar trabajos. La autorización para que los médicos cubanos extranjeros suministren medicamentos sin patente. Luego, en el presente asunto no se actualizan las hipótesis aducidas para tener por acreditado el interés legítimo, porque, en primer lugar, es claro que la situación jurídica de la parte demandante no es distinta a la del resto de los gobernados, pues aun cuando demostrara ejercer alguna profesión relacionada con la salud o prestar sus servicios en el sector público, los actos que se reclaman (la contratación de médicos extranjeros y sus consecuencias) no incidirían en su esfera jurídica, esto es, de ninguna forma podrían crear, modificar o extinguir los derechos de la parte que aquí se dice agraviada, en la medida en que la contratación de que se trata no limitaría sus derechos fundamentales, dado que existen diferentes sectores públicos o áreas de la salud en que se puede ejercer la mencionada actividad profesional. Es así, pues en ningún momento se podría afirmar que por el hecho de contratar gente extranjera los mexicanos quedarían excluidos de prestar sus servicios en el sector público o de toda convocatoria para acceder a trabajar en el área de la salud que depende del gobierno federal. En otras palabras, lo que se pretende evidenciar, es que la contratación de médicos cubanos no coarta ni coartará el derecho de los profesionistas de la salud a ejercer su profesión, ya sea de manera particular o como miembro del sistema público. Además, el último de los puntos tampoco se encuentra justificado, ya que la eventual concesión del amparo y la consecuente anulación de los actos de autoridad reclamados no produciría ningún un beneficio en la esfera jurídica de la parte quejosa. Luego, es notorio, indudable y manifiesto que la parte demandante carece de interés legítimo para reclamar los actos de que se trata, por lo cual es improcedente el juicio de amparo indirecto al actualizarse lo previsto en el artículo 61, fracción XII de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Inclusive debe destacarse que la contratación que se pretende impugnar y sus consecuencias jurídicas, son actos en los que el Gobierno de México participa en su carácter de empleador, esto es, no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sobre los cuales igualmente es improcedente el juicio constitucional de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Toda vez que los promoventes no señalaron domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le notificarán por lista, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del numeral 26 de la ley de la materia. Con apoyo en lo dispuesto en el arábigo 13 de la ley, se les tiene designado como representante común a *****************. De igual forma, téngaseles autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****************, en virtud de que obran sus cédulas profesionales números ****************, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a la diversa persona que indica por así haberlo solicitado. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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