Diana Laura Luna Loyola y Otros.

Expediente 90/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
90/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
13/04/2016

Partes del expediente

  • Ximena Luna loyola
  • Diana Laura Luna Loyola y Otros.
  • Diana Laura Luna Loyola

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de quince de marzo de dos mil dieciséis, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a la responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Asimismo, como resulta innecesario que en este Juzgado obren los dos tomos de prueba que adjuntó el Juez Primero Civil de Partido, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, al oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el dieciocho de marzo del año en curso, devuélvasele, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS: Vistas las constancias que integran el presente juicio de amparo, de las que se desprende que: Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad, el cuatro de febrero de dos mil quince, Diana Laura Luna Loyola y María Luisa Loyola Sosa, la primera por su propio derecho y la segunda en ejercicio de la patria potestad que adujo tener de la menor Ximena Luna Loyola, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. Juez Primero Civil de Partido, con residencia en Acámbaro, Guanajuato. ACTOS RECLAMADOS. ".La resolución judicial de fecha 28 veintiocho de enero del año 2016 dos mil dieciséis, dictada por la responsable en el Juicio de Petición de Herencia tramitado con número de expediente C801/2015, resolución en la que ilegalmente la responsable determina lo siguiente: Acámbaro, Guanajuato, veintiocho de enero de dos mil dieciséis.- - - - A sus antecedentes el escrito de cuenta suscrito por la licenciada Teresa Espinosa Luna con la personalidad que tiene reconocida en autos, recibido en la Secretaría de este Juzgado el día veintisiete de los corrientes, sobre el que se determina.- - - -- Como lo pide la ocursante, con fundamento en el artículo 149 del Código Procesal Civil, se admite la pericial en materia de genética molecular, designando como perito de su parte al Doctor en Ciencias Biométricas Gino Fabricio Noris García, en la inteligencia de que deberá presentarlo en el término que dispone el artículo 150 del ordenamiento legal invocado, para efecto de hacerle saber el cargo y proteste su fiel y legal desempeño.- - - - - Se requiere a la parte actora para que en término de 3 tres días adicione los cuestionarios con lo que lo interese, nombre los peritos que le correspondan, apercibiéndole que de no hacerlo este Tribunal de oficio nombrará a los unos y a los otros, se concede a los peritos el término de 10 diez días para que rindan el dictamen que se les encomienda, apercibiéndoles que de no hacerlo o hacerlo fuera de dicho término, serán responsables de los daños que se causen a la parte por la que hubieren sido nombrados." Que el diecinueve de febrero del año en curso, al no haber dado cumplimiento a la prevención efectuada por este Juzgado el cinco del mismo mes y año, se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto de María Luisa Loyola Sosa, quien adujo tener la patria potestad de Ximena Luna Loyola y, se admitió respecto de Diana Laura Luna Loyola. El Juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, al rendir informe justificado admitió la existencia del acto que se le imputa, e hizo del conocimiento de este Juzgado que el diez de febrero del año en curso, se tuvo por desierto el medio de prueba admitido en proveído de veintiocho de enero pasado (prueba genética molecular), -el cual constituye el acto reclamado-, quedando sustituido el proveído reclamado por dicho auto. Por otra parte, de las constancias que integran el juicio de amparo 135/2016-III de la estadística de este órgano jurisdiccional, que se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", en específico de las copias certificadas del juicio ordinario civil C801/2015 (del que emana el acto reclamado en el presente juicio), que allegó el Juez Primero Civil de Partido, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, al rendir su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que: El trece de marzo de dos mil quince, se tuvo a Diana Laura Luna Loyola y María Luisa Loyola Sosa, por su propio derecho, promoviendo juicio ordinario civil en contra de Adriana Tapia Medrano, en su carácter de albacea y heredera y de Andrea y Javier Luna Tapia, por medio de su representante o tutriz Ma. Luisa Burgos Villagrán, en su carácter de herederos, sobre petición de herencia y demás prestaciones y anexidades reclamadas, la cual quedó registrada con el número C156/2015, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Celaya, Guanajuato. El diecisiete de junio de dos mil quince, se tuvo a Ma. Luisa Burgos Villagrán, promoviendo incidente por declinatoria, el cual se resolvió el dieciséis de julio de dos mil quince, en el que el Juez Cuarto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, declaró procedente el citado incidente y, ordenó remitir los autos al Juez Primero Civil del Partido Judicial de Acámbaro, Guanajuato, por considerarlo competente para dilucidar la acción de petición de herencia planteada. Mediante proveído de dos de septiembre de dos mil quince, el Juez Primero Civil de Partido, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, recibió los autos originales del juicio C156/2015 y lo registró con el número C801/2015, de su índice. Seguidos los trámites legales, el veintiocho de enero del dos mil dieciséis, se admitió la pericial en materia de genética molecular, ofrecida por la licenciada Teresa Espinosa Luna, quien se ostentó como mandataria de María Luisa Burgos Villagrán y Adriana Tapia Medrano. (el cual constituye el acto reclamado en este juicio de amparo) Mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el Juez responsable tuvo por recibido un escrito presentado por Ma. Luisa Burgos Villagrán, y determinó que previo a proveer respecto de dicho escrito y tomando en consideración que en el proveído anterior (veintiocho de enero de dos mil dieciséis) había admitido la prueba pericial ofrecida por Teresa Espinosa Luna, quien aún no contaba con facultades para promover en el juicio natural, pues no había sido ratificado el mandato judicial, ordenó requerir a las demandadas Ma. Luisa Burgos Villagrán y Adriana Tapia Medrano para que dentro del término de tres días ratificaran lo actuado por dicha procurada en exceso de sus funciones, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por desierto dicho medio de prueba. En proveído de diez de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintinueve del mismo mes y año, y declaró desierto el medio de prueba admitido y por no presentada la promoción en la que se ofreció, al haber sido suscrita por una persona que al momento de la emisión del auto (veintiocho de enero de dos mil dieciséis), no contaba con la personalidad y, respecto a la presentada con folio doce, es decir, la signada por María Luisa Burgos Villagrán, se admitió la prueba pericial en materia de genética molecular. En ese sentido, en la especie se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2446). "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731)." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, es evidente que el acto que la quejosa tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, toda vez que al haberse declarado desierto el proveído en el que, primeramente, se admitió la prueba pericial en materia de genética molecular (proveído de veintiocho de enero de dos mil dieciséis) y, haberse dictado uno nuevo el diez de febrero del año en curso, en el que se admitió dicha prueba, no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales conculcados, al haberse declara desierto dicho medio de convicción. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a **********, por su propio derecho y a **********, quien adujo tener la patria potestad de la menor **********, en proveído de cinco de febrero del presente año, para que cumplieran con la prevención ahí efectuada, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo respecto de **********, quien adujo tener la patria potestad de la menor **********. En ese sentido, se ordena proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo presentada por **********, por su propio derecho: Se admite la demanda que presenta **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Partido, con residencia en esta ciudad. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, en el entendido que deberá adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibiéndole que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien a mil días de salario vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, con apoyo en el numeral 115 del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se le atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del quince de marzo dos mil dieciséis, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Toda vez que la quejosa no exhibió las copias suficientes para la apertura del incidente de suspensión, el cual se tramita por duplicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128, último párrafo, de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 114, último párrafo, de la ley de la materia, se posterga la apertura del mismo hasta en tanto exhiba las copias faltantes, siempre y cuando no exista sentencia ejecutoria en el presente juicio de amparo, en términos del arábigo 130 de la propia legislación. Dese al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Se reserva proveer lo conducente respecto al emplazamiento de los terceros interesados, hasta en tanto obre en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Por otra parte, en relación a que se requieran las constancias del expediente del que emana el acto reclamado, dígasele a la promovente que se esté a lo acordado en el segundo párrafo del presente acuerdo; sin embargo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tienen por anunciadas como prueba de su parte. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho y por **********, quien aduce tener la patria potestad de la menor **********, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 90/2016-III. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular primeramente en cuanto al requisito establecido en la fracción III del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace, ya que es un presupuesto procesal de análisis oficioso el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. En el caso concreto, **********, comparece ante esta instancia constitucional manifestando tener la patria potestad de la menor **********; empero, ningún documento adjuntó para acreditar su dicho, por lo que es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión en acápites anteriores. Entonces, al constituir la personería un presupuesto procesal de análisis oficioso debe quedar completamente satisfecha desde la radicación de la demanda. Por otro lado, la segunda irregularidad advertida emerge de lo dispuesto en la fracción V del artículo 114, en relación con lo estipulado en el 110 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica." De la transcripción del artículo anterior, se desprende que al promoverse la demanda de amparo deberán exhibirse con ésta, las copias suficientes para cada una de las autoridades responsables, para el tercero interesado, si lo hubiere, para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse la medida cautelar. El requisito aludido no constituye formalismo sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo y, además, proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa, correspondiendo a la parte quejosa la carga de exhibir las copias de su escrito de demanda, suficientes para correr traslado a cada una de las partes y para formar por duplicado el incidente de suspensión, en el caso de solicitarse la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa exhibió seis copias de su escrito de demanda; sin embargo se necesita una más para que sean distribuidas de la siguiente manera: Autoridad responsable una copia. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito una copia. Terceros interesados tres copias. Incidente de Suspensión dos copias. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción I y110, en relación con el 114, fracciones III y V, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la parte promovente para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con siete copias para correr traslado a cada una de las partes, realice lo siguiente: **********, acredite con documento fehaciente el carácter con el que aduce comparece a juicio, esto es, ejerciendo la patria potestad de la menor **********; y, Exhiba una copia más de su demanda de amparo. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se proveerá la demanda que se estudia teniendo únicamente como promovente del amparo a **********, por su propio derecho, y en caso de que no exhiban las copias requeridas para la tramitación del incidente de suspensión, se postergará la apertura del mismo. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si las promoventes son quienes la desahogan, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otra parte, téngase a las promoventes señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Teresa Minerva Marmolejo Ramírez y Melissa Gutiérrez de Velasco Romo, al contar con cédula profesional 2445524 y 4251417, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a la diversa persona que menciona, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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