Diana Karen Pérez Ramírez
Expediente 687/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Diana Karen Pérez Ramírez
Actuaciones
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 687/2022-V, del índice de este órgano jurisdiccional, e informa que aceptó la competencia planteada para conocer del citado juicio, el cual quedó registrado con el número 608/2022-8, de su estadística. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y en su oportunidad archívese el cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses de conformidad con el artículo 20, fracción I, inciso a) de esa normatividad. Notifíquese..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 303/2022, derivado del juicio de amparo en que se actúa, por el cual se le solicitó notificar a la parte quejosa Diana Karen Pérez Ramírez, el contenido del proveído de diez de junio de la presente anualidad, por el cual se declaró incompetente este órgano jurisdiccional para conocer de su demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de comunicaciones oficiales respectivo, sin que sea necesario remitir el acuse de recibo en la vía tradicional dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo; aunado a que no lo solicita el homólogo remitente. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de junio de dos mil veintidós. ANOTACIONES Vista la demanda de amparo promovida por Diana Karen Pérez Ramírez se ordena registrarla bajo el número de juicio de amparo 687/2022-V. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la promovente señala como acto reclamado: -La orden de traslado que se pretende ejecutar del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, a otro Centro Federal y de Readaptación Social a cargo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de México. INCOMPETENCIA Al respecto, quien esto juzga estima que carece de legal competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto. Para arribar a lo anterior, es necesario precisar que el artículo 37, de la Ley de Amparo, prevé las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, que son las siguientes: 1)Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2)Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3)Si el acto reclamado no requiere ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza de los actos reclamados por la quejosa, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia, se actualiza en el caso a estudio. Así, virtud que la quejosa reclama como acto reclamado la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el cual tiene ejecución material de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que el interno es ingresado en otro centro penitenciario. Sustenta a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 225, de registro digital 169343, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." No obstante, en el caso que nos ocupa, se reprocha el traslado que se pretende ejecutar del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla -en el que actualmente se encuentra la quejosa-, a otro Centro Federal y de Readaptación Social, sin conocer a cuál. De ese modo, en el caso en concertó no se actualiza el supuesto contenido en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de la materia, dado que éste se materializa sólo cuando se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución del acto, y donde terminará de ejecutarse, es decir, el lugar al que finalmente será trasladada la persona interna. En ese sentido, dado que la quejosa no cuenta con esa información, la competencia para conocer del asunto corresponde al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde se encuentre recluida, en términos del párrafo primero del mencionado numeral 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad, mientras que no se sabe si tal traslado será, o no, a un Distrito Judicial distinto. Sostiene a lo determinado, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, de registro digital 2020828, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Asimismo, apoya a lo determinado, por analogía, el criterio contenido en la I.6o.P.55 P (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la Décima Época, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2382, de registro digital 2007523, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional declina la competencia para conocer del presente asunto a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por ejercer jurisdicción en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, por lo que se ordena remitir a dicho órgano el presente juicio de amparo, a fin de que provea lo que corresponda, solicitándole que de no tener inconveniente, informe si acepta, o no, la competencia planteada. Previo a ello, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que en el caso resulte procedente proveer respecto a la suspensión de plano que solicita la quejosa, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha abandonado ese criterio jurisprudencial, por lo que no existe la necesidad de pronunciarse respecto de tal medida cautelar. Así se desprende de la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1760, de registro digital 2023063, que reza: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." DOMICILIO Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las de carácter personal el lugar donde se encuentra recluida, esto es, Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México. Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), con fundamento en el artículo 27, fracciones II y III de la Ley de Amparo, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por el ordinal 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario de su adscripción para que se constituya en el domicilio que ocupa el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México y notifique a la parte quejosa de este proveído. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita al Juzgado exhortado que la devolución de las constancias respectivas, se realice mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este Juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, suprima dicha información o datos sensibles al elaborarse la versión pública de las sentencias y resoluciones que aquí se dicten. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con el precitado numeral 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por exhorto a la quejosa Diana Karen Pérez Ramírez en el lugar en que se encuentra recluida.
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