Diana Iris Sánchez Martínez

Expediente 944/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
944/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Diana Iris Sánchez Martínez
  • M.H. H. S.
  • Juez Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, con residencia en Coacalco de Berriozábal, Estado de México
  • M.H. H. S. y Otros.
  • Diana Iris Sánchez Martínez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de julio de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respetivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Asimismo, es destruible el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y lo establecido en el Capítulo 7, Apartado 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, pues se negó la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. De igual forma, toda vez que obra en la caja de valores de este juzgado un título valor exhibido por la parte quejosa con número N909612, por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 moneda nacional), que le fue fijada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar a alguna de las partes en caso de que no obtuviera fallo protector, así como para que surtiera efectos la suspensión provisional del acto reclamado; por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses relativo al incidente de daños y perjuicios, la parte quejosa tiene un término de dos años, posteriores a éste, para recogerlo, con el apercibimiento que de no acudir a recibir dicho billete en el término concedido, prescribirá en favor de la Tesorería de la Federación, como lo previene el artículo 51 de la Ley de Tesorería de la Federación. Finalmente, devuélvase al Juez Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos con residencia en Coacalco, Estado de México, las constancias que obran por cuerda separada, constantes de un tomo de pruebas. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 944/2021-I; promovido por Diana Iris Sánchez Martínez, por propio derecho y en representación de su menor hija M.H.S.S. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, Diana Iris Sánchez Martínez, por propio derecho y en representación de su menor hija M.H.S.S., solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que se precisará más adelante en el considerando segundo. SEGUNDO. TRÁMITE Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Previo desahogo de prevención, por auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo registrada con el número 944/2021-I, dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, nombró representante de la menor, emplazó al tercero interesado, dio vista a las partes con el informe justificado que rindió la autoridad responsable, y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado es atribuido a una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción que fue asignada a este juzgado. SEGUNDO. DEFINICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa y, en ese tenor, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la peticionaria de amparo reclama: Jueza Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Coacalco de Berriozabal, Estado de México: La resolución dictada en la audiencia inicial de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en la etapa de revisión de medidas provisionales, en la que a través del recurso de revocación se modificó el monto inicial de pensión alimenticia provisional fijada en contra de Miguel Ángel Hernández Vázquez, a favor de la menor M.H.H.S., del 40% de sus percepciones ordinarias y extraordinarias al 30%., en el expediente 230/2021. Al notificador adscrito a dicho juzgado: Su ejecución. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a la juez responsable y su notificador, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, lo que se corrobora con las constancias remitidas, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el artículo 2º de la Ley de Amparo. Así como con la videograbación de la audiencia de seis de septiembre de dos mil veintiuno, que fue remitida por la juez responsable, al ser parte de dicha audiencia, en términos de la tesis II.2o.C.18 C (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2436, que señala: AUDIENCIA ORAL EN CONTROVERSIAS SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR. LA VIDEOGRABACIÓN Y EL "ACTA MÍNIMA" ELABORADA, CONSTITUYEN UN SOLO ACTO DE AUTORIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 5.27 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establece la elaboración de un acta de audiencia, que en la práctica forense se denomina "acta mínima", la cual debe contener fecha, lugar, hora de inicio y término, nombre de los servidores públicos y personas que intervengan, la relación de los actos procesales celebrados y la mención sucinta de requerimientos, citaciones, apercibimientos y cualquier otro acto que el Juez considere necesario comunicar a las partes o terceros que no asistan, la cual será firmada por el Juez y el secretario. No obstante, esta "acta mínima" no es suficiente para examinar la constitucionalidad, convencionalidad o legalidad de los actos judiciales que se realizan en la audiencia oral, y que se conservan en este caso, en un disco en el cual se registra la videograbación, ya que la oralidad es el instrumento que permite actualizar y dar eficacia a los principios de debido proceso, de manera que no es factible considerar que la resolución escrita complemente a la oral; es decir, no significa que existan dos actos que puedan impugnarse, sino que esas actuaciones (determinación emitida en la audiencia oral, que consta en un disco en el cual se videograba y el "acta mínima" que consta por escrito), constituyen un solo acto de autoridad. Empero, esa "acta mínima" que obra por escrito tiene su origen en la audiencia en la cual se emiten las determinaciones referentes a la revisión de las medidas provisionales respecto de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (guarda y custodia, régimen de convivencias, alimentos, terapias y atención médica respecto de menores), regidas por los artículos 5.3, 5.9, 5.10, 5.18 y 5.23 del código procesal citado, por lo que sólo constituye un registro de las consideraciones expresadas verbalmente en la audiencia; de ahí que para poder conocer los motivos y fundamentos que sustenten lo resuelto en torno a la revisión de esas medidas provisionales es imprescindible conocer lo pronunciado en la audiencia de manera oral". CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO. Al no advertirse de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, respecto de los actos cuya certeza se ha evidenciado, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación vertidos por el quejoso. QUINTO. ESTUDIO DEL ASUNTO. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, ni ello abona a la claridad que debe revestir a toda resolución jurisdiccional. La parte quejosa se duele de que en la audiencia de seis de septiembre de dos mil veintiuno, fue disminuida la pensión alimenticia a favor de la menor M.H.H.S. del 40% al 30% de las percepciones ordinarias y extraordinarias del tercero interesado, sin sustento legal alguno, pues la juez solamente se amparó en una insulsa oposición del demandado, y con ello decide modificar el porcentaje que ella misma había establecido, lo que vulnera los derechos humanos de orden público e interés social. Estima trasgredidos el artículo 4o Constitucional, y sus derechos económicos, sociales y culturales, pues ellos tienen como finalidad que todas las personas cuenten con una educación de calidad y una alimentación adecuada, que gocen de un buen estado de salud, de seguridad social, de una vivienda y acceso a la cultura. El derecho a la alimentación debe ser entendido como el derecho que se tiene de alimentarse en condiciones dignas y el Estado debe proporcionar condiciones para que se satisfaga ese derecho, no se debe limitar el acceso a los alimentos, ni permitir que la pobreza ni la desigualdad afecten ningún derecho. Siendo que la responsable elude este compromiso, al dejar en estado de indefensión a la quejosa, como tutora de la alimentación de la menor M.H.H.S. Asimismo, se duele de que se violó el precepto 14 de la Carta Magna, ya que no se respetaron las formalidades del procedimiento, y el principio de legalidad, ya que la autoridad se extralimitó en las funciones establecidas por la ley, al dejar en estado de indefensión a la menor M.H.H.S. sin privilegiar su interés superior. Considera que la resolución carece de fundamentación y motivación en términos del artículo 16 de la Constitución, al no aplicar el principio del interés superior del menor. Son infundados los conceptos de violación propuestos. A continuación se abordará su estudio en un modo diverso al propuesto por la parte quejosa. Fundamentación y Motivación Contrario a lo que refiere la parte quejosa, la autoridad responsable no vulneró en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, atento a las siguientes consideraciones. Como expresión del principio de legalidad, sobresale el hecho que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, así el artículo 16 Constitucional, párrafo primero, en lo que interesa, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De una interpretación al artículo y párrafo correspondiente, se destaca que todo acto de autoridad debe estar adecuadamente fundado y motivado; entendiendo por fundamentación, que la autoridad tiene el deber de citar con precisión el o los preceptos legales aplicables exactamente al caso concreto, y por motivación, que en el acto de autoridad han de expresarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hubieren tenido en consideración para la emisión del mismo; resultando así necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecer la relación que existe entre uno y otro. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 176546, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Es decir, se cumplirá con la exigencia de fundar y motivar sus actos, en la medida que en las determinaciones, se citen los preceptos legales que lo faculten para emitirlas, así como aquellos que le sirvan de apoyo al caso particular, expresando los razonamientos lógicos y jurídicos que lo condujeron a determinar que el asunto tratado, encuadra en los supuestos de las normas invocadas. De lo anterior resulta necesario establecer la distinción entre indebida y falta de los referidos presupuestos, la cual esencialmente radica en que, la primera hipótesis se actualiza cuando en la resolución se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto o los argumentos de la autoridad no corresponden a lo que se resuelve; por su parte, la segunda hipótesis se refiere a la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión. A la consideración precedente es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/52, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 173565, que refiere: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." Así como la diversa jurisprudencia I.3o.C. J/47, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 170307, que indica lo siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. En este sentido, en razón a lo anterior, se determina que no le asiste la razón a la peticionaria de amparo al argumentar que la resolución relativa al recurso de revocación fue indebidamente fundada y motivada, pues del disco en el que se encuentra la audiencia de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se aprecia que la autoridad revisó las medidas provisionales en términos del precepto 5.58 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Por lo que procedió al análisis de la medida provisional de la pensión alimenticia a favor de la menor M.H.H.S. del 40%, ya que el demandado alegó que el sueldo que le quedaba no le alcanzaba para satisfacer sus gastos, por lo que la juez con fundamento en los preceptos 5.74 y 5.75 del código adjetivo del Estado de México, aperturó el recurso de revocación, aunque no se haya solicitado de manera expresa; sin embargo, se estaban realizando agravios y alegaciones en ese sentido. Por ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 5.33 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, desahogó las pruebas que estimó pertinentes, consistentes en los recibos de pago que exhibió el demandado así como las declaraciones de la parte actora y demandada, concluyendo que era procedente la disminución de la pensión del 40% al 30% de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias del tercero interesado en términos de los artículos 4.135, 4.145 y 4.146 del Código Civil del Estado de México, a fin de que fueran proporcionales los alimentos que se otorgarían a la menor. Ahora bien, en relación con la indebida motivación, no le asiste la razón a la parte quejosa, ya que la juez valoró los recibos de pago del demandado y las manifestaciones de la actora y demandado, quienes expresaron que ambos trabajaban, y señalaron los gastos personales que tienen, entre otros, el tercero interesado expuso que le da a su mamá $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional), por quincena, ya que vive con ella y ahí come, gasta $200.00 (doscientos pesos 00/100 moneda nacional) de pasajes de transporte público, en comida gasta $30.00 (treinta pesos 00/100 moneda nacional) o $40.00 (cuarenta pesos 00/100 moneda nacional) diarios; asimismo, una vez al mes, en la segunda quincena da $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional) para gas, luz y teléfono en su casa, paga el servicio de celular que son $370.00 (trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), que su familia lo apoya para completar el gasto. Por su parte, la actora adujo que era apoyada por su mamá y una tía, que estudiaba una licenciatura y tenía que pagar una mensualidad de $3,200.00 (tres mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), y apartaba $1,600.00 (mil seiscientos 00/100 moneda nacional) para gastos; y, $900.00 (novecientos pesos 00/100 moneda nacional) en pasajes, pues son entre $73.00 (setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) a $80.00 (ochenta pesos 00/100 moneda nacional) diarios de pasajes a su trabajo en una clínica del IMSS en Santa Mónica. Gasta en comida de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional) a $600.00 (seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) en verdura, $200.00 (doscientos pesos 00/100 moneda nacional) en leche, zapatos y ropa para la niña $200.00 (doscientos pesos 00/100 moneda nacional) por cada uno; también se ayuda vendiendo aretes y otras cosas, pero es variable lo que llega a ganar, más su sueldo en la clínica que es de aproximadamente $3,900 (tres mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional) quincenales. De tales manifestaciones la juez expuso que la actora no justificaba su sueldo real, pues una quincena casi completa la usa para la escuela, no tiene bono de puntualidad, y no aclara cuánto obtiene de sus ventas y a cuánto asciende la ayuda que le da su familia. Asimismo, advertía que el quejoso estaba obteniendo de salario $1,981.98 (mil novecientos ochenta y un pesos 98/100 moneda nacional), después del descuento de pensión alimenticia del 40% que se otorga a la menor por $2074.92 (dos mil setenta y cuatro pesos 92/100 moneda nacional), pero que sus gastos eran mayores a sus ingresos. Estimó que no estaba probado en autos exactamente los ingresos de ambos progenitores, por lo que sería hasta que se tuvieran la pruebas pertinentes, en donde se podría establecer dicha situación, y determinar cuánto se tenía que dar de pensión exacta a la menor, por cada uno de ellos. Por lo que en ese momento, dadas las manifestaciones de las partes, estimaba oportuno disminuir la pensión del 40% al 30% de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias del tercero interesado. Ello, en atención a que debía haber una igualdad entre las partes, y resultaba necesario establecer los gastos reales de la menor, no sólo de comida, sino de salud, educativos, sociales y demás que tuviera, en términos del artículo 4.135, del Código Civil del Estado. Asimismo, expuso que conforme a los artículos 4.145 y 4.146 del código civil en comento, era procedente disminuir la pensión, pues la menor seguiría recibiendo un 30%, y en el transcurso del procedimiento, con la pruebas que se aportaran se establecerían realmente las necesidades de la menor y en qué medida podían aportarlas los progenitores; por lo que sería cuando se podría aumentar o disminuir la pensión que otorga el tercero interesado. De ahí que se encuentra motivada y justificada la resolución de disminución de pensión. Violación a los derechos humanos e interés superior del menor. En principio, debe decirse que, tanto en instrumentos de orden nacional como internacional, se encuentran reconocidos los derechos de los menores o infantes, a quienes les asiste una protección especial por parte del Estado, como se desprende del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño; y, 11, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. De dichos enunciados normativos deriva el principio de "interés superior de la niñez", que implica que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado que se vinculen con menores, deban realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña, protegiendo en forma extensiva y con mayor intensidad sus derechos. Por su parte la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), con número de registro 2020401, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, página 2328, de rubro: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE", en lo que interesa, estableció que cuando se tome una decisión que afecte a un menor en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales; de ahí que en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño, su interés superior debe ser una consideración primordial. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 49/2021 (11a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 843, señala: "ALIMENTOS A MENORES DE EDAD. TIENEN UNA TRIPLE DIMENSIÓN, YA QUE CONSTITUYEN UN DERECHO A SU FAVOR, UNA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN PARA SUS PROGENITORES Y UN DEBER DE GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ESTADO. Hechos: En un juicio de alimentos se impuso como medida cautelar al deudor alimentario de un menor de edad la restricción de salir del territorio nacional. En contra de esta determinación, el deudor promovió demanda de amparo indirecto, el cual le fue concedido para que el juzgador de origen fundara y motivara debidamente su resolución y sobreseyó en el juicio por el artículo reclamado; en la revisión interpuesta contra la sentencia de amparo se revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento. En cumplimiento a la revisión, el Juez de Distrito instructor repuso el procedimiento y dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo por algunos actos, negó el amparo respecto del artículo 48, fracción VI, de la Ley de Migración y otorgó el amparo por el auto en el cual le fue impuesta la medida cautelar. Inconformes con la anterior resolución, las partes interpusieron recursos de revisión, de los cuales el Tribunal Colegiado de Circuito se declaró incompetente para conocer sobre el tema de constitucionalidad y remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pronunciarse al respecto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los alimentos, como garantía de un nivel de vida adecuado, tienen una triple dimensión, ya que constituyen: i) un derecho para los niños, niñas y adolescentes menores de edad; ii) una responsabilidad prioritaria y obligación para sus progenitores; y, iii) un deber a garantizar su cumplimiento por parte del Estado. Justificación: La obligación de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos e hijas y el correlativo derecho de éstos a percibirlos es una expresión de solidaridad que deriva de diversos derechos y principios constitucionales orientados a la protección y tutela integral de los niños, niñas y adolescentes. Entre otros principios constitucionales que se encuentran inmersos en esta figura se encuentran: la prevención y conservación de la integridad física y moral de los hijos e hijas; el derecho de los niños y niñas a acceder a un nivel de vida digna y adecuada; el respeto a su interés superior y la necesidad de brindarles medidas especiales de protección. Esto último conlleva además la obligación constitucional de todas las autoridades del Estado de adoptar en el ámbito de sus competencias todas aquellas medidas que resulten idóneas y necesarias para garantizar que los niños, niñas y adolescentes vean satisfechas sus necesidades de manera integral, completa y adecuada. Dicho mandato, leído bajo la óptica del interés superior del menor de edad y el deber de protección integral de la infancia, autoriza la adopción de medidas reforzadas de tutela que atiendan a la situación de vulnerabilidad en la que éstos se encuentran. Así, la Primera Sala ha reconocido que en las controversias en materia de alimentos es admisible una litis abierta, donde el juzgador tiene facultades oficiosas tanto en el procedimiento para ordenar el desahogo de pruebas y diligencias, como para resolver incluso sobre cuestiones no pedidas, caracteres que, sin duda, refuerzan la naturaleza de orden público de dicha institución. Bajo ese contexto, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 27, prevé el derecho de los menores de edad a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; asimismo que las personas encargadas del niño o niña son responsables de proporcionar, dentro de sus posibilidades económicas, las condiciones de vida necesarias para su desarrollo. Asimismo, que los Estados Partes adopten las medidas apropiadas para ayudar a los padres u otras personas responsables del niño o niña a dar efectividad y de ser necesario proporcionaran asistencia material y programas de apoyo respecto a la nutrición, el vestido y la vivienda; así como a tomar todas las medidas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño o la niña, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero". Del contenido de la jurisprudencia invocada, se advierte que los alimentos son de litis abierta, y que tienen como garantía de un nivel de vida adecuado, una triple dimensión, ya que constituyen: i) un derecho para los niños, niñas y adolescentes menores de edad; ii) una responsabilidad prioritaria y obligación para sus progenitores; y, iii) un deber a garantizar su cumplimiento por parte del Estado. Asimismo, que el juzgador tiene facultades oficiosas tanto en el procedimiento para ordenar el desahogo de pruebas y diligencias, como para resolver incluso sobre cuestiones no pedidas, caracteres que, sin duda, refuerzan la naturaleza de orden público de dicha institución así como la protección superior del menor. Por lo que hace a las medidas provisionales que un juez familiar puede dictar, éstas se encuentran reguladas en el artículo 5.44 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 9/2005, sostuvo que la naturaleza de las providencias precautorias o medidas cautelares se rige por las características siguientes: Constituyen medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existente, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Se dictan siempre con el carácter de provisionales y están sujetas a lo que resuelva la sentencia definitiva que se pronuncia en el juicio donde se llevan a cabo. De manera excepcional dan lugar a un juicio autónomo como en los interdictos, pero aun en estos casos tienen el carácter de provisionales. Pueden promoverse antes de que se inicie el juicio en el que se haga valer el derecho subjetivo que tiende a proteger la medida cautelar o durante la tramitación de éste. La persona que pretende obtenerla debe probar la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda. Son los instrumentos que puede decretar el Juez, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. Se pronuncian sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, aun cuando el afectado puede impugnar después la medida. Constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Son un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo cual debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes. De los puntos que tocó la ejecutoria de referencia, se establece la naturaleza de las medidas provisionales, las cuales son accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; pero lo más relevante es que tales medidas se dictan siempre con el carácter de provisionales y están sujetas a lo que resuelva la sentencia definitiva que se pronuncia en el juicio donde se llevan a cabo. Además, debe considerarse que las normas que regulan las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se implementaron a fin de que los procesos fueran ágiles, sumarios, flexibles y transparentes, que permitieran una pronta resolución, pero en especial, tienen por objeto, salvaguardar derechos de niñas, niños y adolescentes o incapaces. Este tipo de medidas provisionales otorga seguridad jurídica a las partes, en el caso específico, al definir en su caso, el monto de la pensión a favor de la acreedora alimentara, que permanecerán durante el litigio, evitando el daño que podría representar el seguimiento del proceso sin la certeza de que estará protegido su derecho, en tanto se resuelva el asunto en definitiva. En el caso, tenemos que al iniciarse el juicio de alimentos la juez de la causa fijó como pensión alimenticia provisional el 40% de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias del tercero interesado, y en la audiencia inicial, que es cuando se pueden revisar las mismas, en términos del precepto 2.357 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ya que la fijada en primer término tiene el carácter de provisional, fue cuando la juez expuso que procedía a confirmar nuevamente el monto de la pensión que tendría efectos hasta que se dicte la sentencia definitiva; sin embargo, el demandado refirió que con lo que le quedaba de sueldo no completaba en sus gastos, por lo que ante tales agravios, la juez aperturó y resolvió el recurso de revocación. Fue por ello, que la autoridad responsable con el objeto de tener elementos para resolver sobre el monto de la pensión alimenticia, valoró y desahogó diversas probanzas, consistentes en los recibos de pago del demandado y las manifestaciones de ambas partes, a fin de establecer sus ingresos, a cuánto ascendían sus gastos, y cuánto ocupaba la menor, concluyendo motivadamente como ya se expuso en párrafos que preceden, que tomando en cuenta el principio de proporcionalidad, y a fin de dictar una resolución justa y equitativa, resultaba conveniente disminuir la pensión del 40% al 30% de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias del tercero interesado, y sería hasta que se dicte la sentencia, cuando con las pruebas proporcionadas estaría en posibilidad de establecer cuánto debe proveer cada uno de los progenitores. Determinación que se estima acertada, pues la juez familiar atendiendo al interés superior de la menor, tiene la obligación de salvaguardar el derecho de recibir alimentos, no obstante, también debe garantizar la subsistencia del deudor, por lo que consideró con las pruebas aportadas, que el deudor sólo estaba recibiendo $1,981.98 (mil novecientos ochenta y un pesos 98/100 moneda nacional), e incluso, que la cantidad de dinero que proporcionaba por alimentos era superior al importe que recibía para su propia subsistencia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia PC.I.C. J/114 C (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 1967, que refiere: "ALIMENTOS. CORRESPONDE AL PADRE LA CARGA DE ACREDITAR LA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN A PARTIR DEL NACIMIENTO DEL MENOR DE EDAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones distintas, al resolver respecto del momento al que debe retrotraerse la obligación alimentaria derivada del reconocimiento de paternidad, tomando en cuenta si el obligado a proporcionar alimentos tuvo o no conocimiento del embarazo o nacimiento del menor. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determina que es sobre el padre en quien recae la carga de probar una causa objetiva y razonable, ajena a toda discriminación que justifique el incumplimiento de su obligación, pues no basta con que el demandado en el juicio respectivo, adopte una actitud de simple negación, sino que tiene un deber de colaborar dentro del proceso, en atención a su posición privilegiada respecto del material probatorio, quedando así conminado a demostrar el mencionado desconocimiento, o bien, las circunstancias que le impidieron cumplir con el deber de proporcionar alimentos a su menor hijo. Justificación: A la luz del interés superior del menor y de los principios de igualdad y de no discriminación, el derecho del infante a recibir alimentos de forma retroactiva al momento en que inicia su vida, no se encuentra condicionado al conocimiento previo del deudor alimentario respecto del embarazo y/o nacimiento del menor; sin embargo, la imposibilidad para cumplir con la obligación alimenticia debe ser tomada en cuenta para determinar el monto de la pensión respectiva, en la inteligencia de que en el estudio respectivo siempre deberá observarse el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México". Lo anterior, no deja en desamparo a la menor, puesto que aún seguirá recibiendo una pensión alimenticia por parte de su progenitor, consistente en el treinta por ciento de sus percepciones ordinarias y extraordinarias, lo que no vulnera su interés superior, pues dada la naturaleza provisional de la pensión alimentaria, únicamente estará vigente hasta el dictado de la sentencia que ponga fin al juicio. Además, este juzgador considera que la resolución combatida no deja en desventaja a la actora, pues aún está en tiempo de aportar los medios de convicción necesarios para demostrar cuáles son las necesidades reales de la menor, para que sean valoradas por la juez al emitir la sentencia definitiva, e incluso, de estimarlo necesario, la juez puede recabar oficiosamente las pruebas que requiera para definir el estado de necesidad de la acreedora y las posibilidades reales del obligado, con lo que estaría privilegiando el interés superior de la menor, sin imponer una obligación desmedida en contra del deudor alimentario. Sustenta lo expuesto la tesis I.5o.C.5 C (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, página 1890, que indica: "ALIMENTOS. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR NO JUSTIFICA QUE EL JUZGADOR IMPONGA CARGAS DESMEDIDAS AL DEUDOR ALIMENTARIO. Es verdad que al fijar una pensión alimenticia a favor de un menor, el juzgador debe velar siempre por el interés superior de éste, pero ello no impide adecuar las necesidades alimentarias a la posibilidad de quién o quiénes deben satisfacerlas, pues en el otro extremo se encuentran los derechos del deudor alimentario, los cuales, aunque ciertamente están por debajo de los que corresponden a los infantes, no por ello la facultad del juzgador puede ser arbitraria o desmedida bajo la justificación del interés superior del menor. En ese sentido, el juzgador debe procurar que las obligaciones que impone a las partes a través de sus decisiones no resulten ostensiblemente desmedidas en perjuicio no sólo del deudor alimentario sino, inclusive, del propio menor, pues en el supuesto de que la carga alimentaria fuere superior a la capacidad económica del deudor, podría generar que a la postre no estuviera en aptitud de solventar esa carga económica, o bien, que ante lo desmedido de ésta, aquél no pudiera satisfacer las necesidades mínimas para su propia subsistencia, pues tal extremo no es el que el espíritu del legislador plasmó al emitir normas protectoras de los menores". Es por lo expuesto, que este juzgador considera que no asiste razón a la parte quejosa en sus conceptos de violación, ni tampoco se aprecia que haya una razón para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 167, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE", por lo que lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva respecto al notificador adscrito al Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Coacalco de Berriozabal, Estado de México, al no combatirse por vicios propios. Encuentra apoyo en la jurisprudencia II.1o. J/12 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LXXXII, octubre de 1994, página 41, que indica: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios" En mérito de lo expuesto se: R e s u e l v e Único. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, en términos de lo expuesto en este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; vía electrónica al representante de la menor; personalmente al tercero interesado y a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a las partes para que se impongan del contenido de las constancias remitidas por el Juez Séptimo Familiar de Ecatepec de Morelos, con residencia en Coacalco de Berriozábal, Estado de México; en consecuencia, para dar margen a que fenezca dicha vista se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas del doce de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la Juez Séptimo Familiar de Ecatepec de Morelos, con residencia en Coacalco de Berriozábal, Estado de México; por el cual en cumplimiento al requerimiento de quince de febrero del presente año, rinde el informe requerido y para tal efecto remite copias certificadas de diversas constancias; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continúo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese.

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