Diana Carolina Flores Castelán

Expediente 1237/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1237/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Diana Carolina Flores Castelán
  • Diana Carolina Flores Castelán y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintidós. Desahoga prevención Intégrese a los autos el escrito de cuenta mediante el cual la quejosa Diana Carolina... desahoga las prevenciones formuladas por acuerdo de veintiuno de octubre de este año. Acto reclamado Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: - La resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada con motivo del recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinte de septiembre pasado en el expediente 363/2020, por el cual no se acordó de conformidad la petición formulada por la aquí quejosa, en el sentido de que se requiriera al demandado Jorge Romero Negrete para que proporcionara el domicilio en el que actualmente habita y de esa manera se realizara un nuevo peritaje en materia de trabajo social. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo -este último interpretado en sentido contrario-, por no ocasionarse un perjuicio de imposible reparación. El motivo de improcedencia analizado radica en que cuando a través del juicio de amparo indirecto se reclaman actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente, por tratarse de actos intraprocesales que son susceptibles de ser reparados al momento de dictarse la sentencia de fondo correspondiente o, en su caso, reclamables a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, el caso de excepción a la citada regla de improcedencia se presenta cuando se reclama un acto emitido dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la propiedad, la libertad, la vida, entre otros. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", ya que determinó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. El Alto Tribunal del país enfatizó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivos, ya que en éstos últimos, la afectación que pueden llegar a causar no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como quedó apuntado, la parte agraviada se duele de la resolución seis de octubre de dos mil veintidós, emitida con motivo del recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinte de septiembre pasado en el expediente 363/2020, por el cual no se acordó de conformidad la petición formulada por la aquí quejosa, en el sentido de que se requiriera al demandado Jorge Romero Negrete para que proporcionara el domicilio en el que actualmente habita y de esa manera se realizara un nuevo peritaje en materia de trabajo social. No obstante, pese a lo sostenido por la promovente, con la emisión de la interlocutoria impugnada no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo, en razón que sus consecuencia no tienen injerencia sobre de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, la intimidad, etcétera. Es más, como la propia promovente lo expone en el escrito de cuenta, con la emisión del auto y resolución de veinte de septiembre y seis de octubre de la presente anualidad, emitidos en el expediente 363/2020, no se ha realizado ninguna disminución al monto de la pensión provisional a cargo del deudor alimentario, ni tampoco ha sido modificado el régimen de visitas y convivencias entre la menor quejosa y su progenitor, pues sólo en esos supuestos se podrá estimar que tales determinaciones perjudican de manera irreparable los derechos fundamentales de las quejosas y, en sólo en tales casos, será procedente la acción de amparo. Al margen de lo anterior, las violaciones de que se duele la parte quejosa, relacionadas con la falta de desahogo de una nueva prueba pericial en materia de trabajo social, pueden quedar insubsistentes, ya que todavía existe la posibilidad de que obtenga una sentencia favorable en el juicio de origen, situación ante la cual las consecuencias de los alegados perjuicios se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en su esfera jurídica. Incluso, con motivo de la sentencia emitida en el juicio constitucional 992/2021-I radicado ante este juzgado federal (lo que constituye un hecho para el suscrito, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles), los perjuicios que le causa el acto aquí reclamado a la parte quejosa podrán quedar insubsistentes, pues los efectos de ese fallo amparador tienen como propósito la admisión del incidente de aumento de pensión alimenticia que planteó en el expediente 363/2020; lo que implica la posibilidad de que al resolverse ese incidente la parte agraviada obtenga el resultado que pretende lograr con la práctica de la prueba pericial en materia de trabajo social en el actual domicilio del deudor alimentario Jorge Romero Negrete. Resulta aplicable, por las consideraciones que la integran, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De igual forma resulta ilustrativa, aplicada en sentido contrario, la jurisprudencia 3a. 20/90 de la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, que expresa: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta firmado de manera electrónica por Rubén Ramírez..., en su carácter de autorizado de la impetrante Diana Carolina..., mediante el cual pretende desahogar los requerimientos realizados por este juzgado federal en proveído de veintiuno de octubre del año en curso. Al respecto, dígasele que no ha a acordar de conformidad, en virtud que, si bien se encuentra autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, dadas las prevenciones que se formularon a la agraviada, es necesario que deban desahogarse en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo por quien promueve la demanda, atendiendo a la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado de la amparista no puede desahogar el requerimiento relativo a que se exprese la protesta de decir verdad, pues ello se traduciría en hacer suyos actos o hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencia 2a/J.88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible a Página 348, Tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." En el entendido que subsiste el apercibimiento con que se le conminó y el plazo de cinco días concedido en auto de veintiuno de los actuales. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1ª./J.39/2012 (10ª), emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 400, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Radicación Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, en representación de la menor de edad de identidad reservada de iniciales *** (personalidad que se le tiene por reconocida con el acta de nacimiento que adjunta), contra el acto que atribuye al Juez Tercero en Materia Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez; fórmese expediente con el número 1237/2022-III que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. Prevención De inicio, debe indicarse que el numeral 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo está facultado para requerir al promovente con el propósito de que aclare su demanda cuando existan deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Así, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, se advierten diversas inconsistencias en su forma que impiden a este órgano federal proveer lo que en derecho corresponda. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: a) Manifieste cuál es el motivo por el cual se ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de trabajo social dentro del expediente ***, del índice de la autoridad responsable. b) Indique el estado procesal en que se encuentra el expediente ***. c) Exprese si en el referido expediente se fijó alguna pensión alimenticia en favor de la menor quejosa -ya sea provisional o definitiva-, y se ser así, es menester que mencione a cuánto asciende el monto de tal pensión. d) Señale si con motivo de la emisión del auto y resolución de veinte de septiembre y seis de octubre del presente año en el expediente ***, ha disminuido el monto por concepto de pensión alimenticia a cargo del deudor alimentario ***. e) Mencione si se ha establecido algún régimen de visitas y convivencias entre la menor quejosa y su progenitor, y si con posterioridad al auto de auto y resolución de veinte de septiembre y seis de octubre de dos mil veintidós ha sufrido alguna modificación. Cabe precisar que los datos exigidos son de gran importancia en la medida de que la adecuada comprensión de los antecedentes del acto reclamado por parte del juzgador trasciende para resolver adecuadamente sobre la admisión o no del ocurso constitucional, tomando en consideración que, conforme al precepto 113 de la Ley de Amparo, el juzgador sólo está en aptitud de desecharla si advierte la configuración de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que sólo será posible si se tiene claro cuáles son los actos que el gobernado reclama. f) Exhiba copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. Apercibimiento Lo anterior conlleva el apercibimiento que de incumplir las prevenciones precisadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la normatividad de la materia. Domicilio y Autorizados Por así solicitarlo la parte quejosa, en el presente juicio deberán realizársele todo tipo de notificaciones vía electrónica, de conformidad con el precepto 30, fracción II, de la Ley de Amparo; en el entendido que tiene la obligación de ingresar todos los días al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y obtener la constancia de notificación respectiva en un plazo máximo de dos días y, de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación, ya que a las partes corresponde la carga mínima de revisar periódicamente sus asuntos. Asimismo, se autoriza a las personas que se refieren en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Consulta de expediente electrónico Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "***" la consulta del expediente electrónico, el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciocho de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. Transparencia Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. Exhortación a tramitar asuntos "en línea" En términos del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Integración del expediente físico y electrónico Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos que superen las doscientas fojas útiles ni las promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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