Diana Huerta Brito

Expediente 926/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
926/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Diana Huerta Brito

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. ADMITE CONFLICTO COMPETENCIAL. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Vigésimo Octavo Circuito, por medio del cual comunica a esta potestad Federal, que por auto dictado por la presidencia de ese órgano colegiado, el veintiséis de septiembre pasado, se admitió a trámite el conflicto competencial entre este órgano jurisdiccional y el homologo federal Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y lo registró bajo el conflicto competencial 86/2023 del índice del citado Tribunal Colegiado; de lo que este órgano de Control Constitucional queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente determinación se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. HOMOLOGO PLANTEA CONFLICTO COMPETENCIAL Agréguese a los autos el oficio signado -vía electrónica- por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco, por medio del cual informa a este órgano jurisdiccional que plantea conflicto competencial y remite los autos del juicio de amparo 926/2023 de nuestro índice al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en turno a efecto de que determine a que órgano jurisdiccional le corresponde substanciar el juicio de amparo promovido por ********************. De lo que toma conocimiento este juzgador, para los efectos legales a que haya lugar. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. El presente registro se ordena agregar al expediente físico, en términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    PONDERACIONES PREVIAS. Que la demanda con la que se dará cuenta, fue presentada el dos de agosto de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco; misma que fue enviada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco; recibida el seis de septiembre de dos mil veintitrés, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, y remitida el mismo día en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; y, turnada físicamente a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 926/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMPETENCIA PLANTEADA. Agréguese a los presentes autos el oficio 27949/2023, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto 1070/2023 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***. Ahora, de la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo 1070/2023, del índice de la autoridad oficiante, se advierte que determinó carecer de competencia legal para resolver el citado juicio de amparo por las razones que del oficio de cuenta se desprenden, sin embargo el suscrito respetuosamente, no acepta la competencia planteada por los motivos siguientes: En el caso, *** solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "A) AUTORIDAD ORDENADORA:- C. Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México.- ?C. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla.-??C. Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Veracruz. B).- AUTORIDADES EJECUTORAS:-??C. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.-C. Fiscal de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Ciudad de México.- C. Fiscal General de Justicia de Puebla.- C. Agente Investigador de Puebla, adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Puebla.- C. Fiscal General de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- C. Director General de la Policía Ministerial de Veracruz de Ignacio de La Llave. IV.- ACTOS RECLAMADOS: A) .- De la Autoridad Ordenadora, C. JUEZ DE LA UNIDAD ESPECIAL NÚMERO 12 DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se reclama el libramiento de la orden de aprehensión ordenada en mi contra. B).- De la Autoridad Ejecutora, C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se reclama la ejecución de la orden de aprehensión ordenada en mi contra. C).- De la Autoridad Ejecutora, C. FISCAL DE LA UNIDAD DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se reclama la ejecución de la orden de aprehensión ordenada en mi contra. D).- De la Autoridad Ordenadora, C. JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO DE PUEBLA CON SEDE EN PUEBLA, se reclama el libramiento de la orden de aprehensión ordenada en mi contra. E).- De la Autoridad Ejecutora, C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, se reclama la ejecución de la orden de aprehensión ordenada en mi contra. F).- De la Autoridad Ejecutora, C. AGENTE INVESTIGADOR DE PUEBLA, adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Puebla, se reclama la ejecución de la orden de aprehensión ordenada en mi contra. G).- De la Autoridad Ordenadora, C. JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. H).- De la Autoridad Ejecutora, C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, se reclama la ejecución de la orden de aprehensión ordenada en mi contra. I).- De la Autoridad Ejecutora, C. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, se reclama la ejecución de la orden de aprehensión ordenada en mi contra. En ese sentido, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda planteada basando sus argumentos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, sustentando que la autoridad competente para conocer de la demanda planteada es aquélla con residencia en el lugar en el que puede efectuarse la ejecución material de la orden de aprehensión reclamada. Al respecto, el juzgado homólogo aduce que de la demanda se desprende que dicho acto privativo de libertad personal se intenta ejecutar en el Estado de Puebla, Veracruz y Ciudad de México, por lo que corresponde conocer de la demanda al Juzgado más cercano a la jurisdicción del circuito al que pertenece, siendo este circuito. Así, cierto es que el artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el caso, resulta aplicable la regla establecida en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esto es, cuando se trate de actos con ejecución material, pero esta pueda tener lugar en más de un distrito judicial será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda, con independencia de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro diferente, pues en su caso, una vez celebrada la audiencia constitucional y advierta que los actos no tienen ejecución en ese Circuito, se encuentra en aptitud de remitir el asunto ante el juez legalmente competente. En efecto, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco señala que el suscrito juez es competente porque el acto reclamado"intenta ejecutarse en el Estado de Puebla, Veracruz y Ciudad de México", y que no tendrá ejecución en el Estado de Tlaxcala. Sin embargo, tal y como lo señaló el homologo oficiante, en el acuerdo preventivo de tres de agosto de dos mil veintitrés, de la propia demanda, en específico el punto uno, del capítulo de antecedentes, se advierte que tres personas del sexo masculino que se identificaron como policías ministeriales, se constituyeron en su domicilio del quejoso con el fin de ejecutar una orden de aprehensión, inmueble que se encuentra ubicado en calle José María González Arratia 406 Norte, colonia San Clara, Toluca, Estado de México; por tanto, existe la presunción de que la orden de aprehensión reclamada se puede ejecutar en el domicilio de la parte promovente, y de considerarlo así, este Juzgador tampoco resulta legalmente competente para conocer del asunto; de ahí que no se acepte la competencia planteada. Además, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que el promovente no señaló domicilio alguno donde trataron de ejecutarle el acto privativo de libertad personal en el Estado de Puebla, pues el simple tránsito tampoco da competencia a este juzgado. Por lo que, al no existir la certeza de que la ejecución se lleve a cabo en el Estado de Puebla, y tomando en cuenta que de la lectura de la demanda de amparo la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio -ubicado en calle José María González Arratia número 406, norte, Colonia Santa Clara, Toluca, Estado de México, se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, ello, como se dijo anteriormente, no se actualiza la competencia de este juzgado para conocer de esos actos, pues en su caso, ello, debe dilucidarse en la audiencia constitucional que celebre el homólogo declinante. Lo anterior se sustenta en las consideraciones siguientes:"(.) 109. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. (.)" Consideraciones que dieron lugar a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013, de rubro y texto, siguientes:COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En otro aspecto, se destaca que este Juzgador, tampoco comparte las razones sustentadas por el homólogo federal en el sentido que se declina competencia al juez de Distrito más cercano a la jurisdicción del circuito al que pertenezca el órgano jurisdiccional donde se presentó la demanda de amparo, es decir, Puebla. Y para tal efecto cita el criterio aislado de rubro:"COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN EN EL QUE SON SEÑALADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES LA MAYOR PARTE DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DEL PAÍS. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE EN FAVOR DEL JUZGADO QUE NO FUE SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE MÁS CERCANO A LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA AQUEL ANTE QUIEN SE PRESENTÓ LA DEMANDA [APLICACIÓN EXTENSIVA DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 44/2021 (11a.)].". Ello, como se dijo, porque el hecho de que este Circuito, sea el más cercano al lugar en donde se presentó la demanda, no surte la competencia de este juzgado, pues se reitera, no hay certeza que el acto de ejecución se llevará a cabo en el Estado de Puebla. Bajo esas consideraciones, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el suscrito muy respetuosamente, no comparte las razones que esgrimió el homólogo oficiante para declinar competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por ***, por ende, no acepta la competencia planteada. Consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir el juicio de amparo 926/2023, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco; para que, determine lo procedente. Solicítese atentamente a la citada autoridad acuse el recibo de estilo correspondiente e informe lo determinado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se dio cuenta, se agregara al expediente físico, en términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, así como la presente resolución pues es indispensable para el impulso del presente sumario constitucional, ya que genera su egreso. Sin que haya lugar a notificar este acuerdo, toda vez que al no haberse aceptado la competencia por las razones antes expuestas, es inconcuso que el Juzgado oficiante al radicar nuevamente el asunto, practicará la notificación que corresponda a las partes. Notifíquese por oficio al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco.

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