Denyn Arturo Huerta de la Llave
Expediente 601/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 601/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Denyn Arturo Huerta de la Llave
- Juez de Control de la Región Judicial Centro En la Ciudad de Puebla (José Álvaro Sarmiento Márquez)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio III-3217/2021 remitido vía electrónica de la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual informa a este juzgado de Distrito que, por auto de veintisiete de agosto del año en curso, el magistrado presidente de dicho órgano jurisdiccional admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Denyn Arturo Huerta de la Llave, contra la sentencia de veintiocho de julio del actual, emitida en el juicio de control constitucional del que deriva este cuaderno de antecedentes; el cual radicó bajo el número de expediente R-183/2021; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal guardan los autos, de los que se obtiene que se encuentra totalmente integrado el expediente para remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, para substanciar el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; en consecuencia, remítase el mismo, junto con el original y copia del escrito de expresión de agravios. Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, por lista a las partes...; y, cúmplase...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos escrito signado por Denyn Arturo Huerta de la Llave, con anexos (traslados), mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, que negó el amparo y protección de la Justicia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; distribúyanse copias del escrito a las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, el original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, con el juicio de amparo en que se provee; para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese por lista a la parte quejosa, por ser quien interpone el recurso de revisión, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, mediante oficio a la autoridad responsable, a las autoridades tercero interesadas: agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General Susana Altagracia Osorio Acosta y Silvia Pedroza Rodríguez quien se desempeña con el cargo de encargada del despacho del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
S E N T E N C I A: V I S T O S; los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 601/2021 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Denyn Arturo Huerta de la Llave; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Denyn Arturo Huerta de la Llave, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Juez de Control, Abogado JOSÉ ÁLVARO SARMIENTO MARQUEZ, re la Región Judicial Centro en la Ciudad de Puebla, con domicilio conocido en esta ciudad de Puebla. IV.- ACTO RECLAMADO.- El acuerdo de 4 de JUNIO de 2021, dictado dentro del expediente de Control Judicial Previo 78/2021, por el Juez de Control, Abogado JOSÉ ÁLVARO SARMIENTO MARQUEZ, de la Región Judicial Centro en la ciudad de Puebla, por el cual Confirma el No Ejercicio de la Acción Penal, decretada dentro de la Carpeta de Investigación 556/2019/FECC-UI-A, respecto del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción III, fracción IV, 421 fracción II, VII, VIII, 423 del Código Penal del Estado, tramitada la licenciada SUSANA A. OSORIO ACOSTA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALIA GENERAL." (foja 2). El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes; y señaló como derecho fundamental violado el contenido los artículos 1º, 14 y 16, 19 párrafo primero, 21 y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3). Segundo. Trámite del juicio. Mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 63 a 68), se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 601/2021, se admitió a trámite sin incidente de suspensión; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público Federal adscrita (foja 73). Tercero. Terceros interesados. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 5, fracción III, incisos e) y d), de la Ley de amparo, se tuvo como terceras interesadas a: I. Susana A. Osorio Acosta, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General; y II. Silvia Pedroza Rodríguez, quien se desempeña con el cargo de encargada del despacho del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por lo que en términos de lo dispuesto en el numeral 26, fracción II, inciso b), de la citada Ley, se ordenó por medio de oficio notificar, emplazar y correr traslado con la demanda de amparo; lo que aconteció el treinta de junio de dos mil veintiuno (fojas 74 y 75); quienes no comparecieron al presente sumario constitucional. Tercero. Cita para audiencia. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 65), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas -pruebas y alegatos- se desarrollaron al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que, en el caso, Denyn Arturo Huerta de la Llave, esencialmente reclama del 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (José Álvaro Sarmiento Marquez), en el expediente de control judicial previo 78/2021/PUEBLA, lo siguiente: La determinación de cuatro de junio de dos mil veintiuno, que confirma el no ejercicio de la acción penal decretada en la carpeta judicial 556/2019-FECC-UIHCAM/FEAI/SERPUB, el diecinueve de febrero del año en curso, por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado. Tercero. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (José Álvaro Sarmiento Marquez), en su informe aceptó la existencia del acto que le atribuyó el quejoso (fojas 76 y 77). Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con la reproducción de la audiencia correspondiente a su dictado, contenida en el DVD (disco versátil digital) que el juez responsable remitió en apoyo a su informe justificado, de cuyo contenido se advierte que el cuatro de junio del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de control judicial previo, en la cual, confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la representación social. Probanza a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Se invoca en apoyo, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, la cual establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto reclamado se trata de una determinación emitida dentro de un proceso judicial, por tanto, la demanda de amparo debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, dado que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción al mismo. La resolución reclamada se notificó personalmente durante el desahogo de la audiencia de control judicial previo; esto es, el viernes cuatro de junio de dos mil veintiuno; esa notificación surtió efectos el lunes siete siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de modo que, el plazo para la promoción del juicio de amparo en su contra transcurrió del martes ocho al lunes veintiocho de junio de dos mil veintiuno, sin contar los días sábado y domingo, por haber sido inhábiles de conformidad con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el diverso 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó el viernes veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, es evidente que su promoción fue oportuna. Cobra aplicación, la jurisprudencia III.2o.P.137 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, cuyo rubro establece: "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, LAS DETERMINACIONES QUE SE TOMEN EN LAS AUDIENCIAS ORALES SE TIENEN POR NOTIFICADAS EN ESE ACTO Y SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE." Quinto. Procedencia del amparo indirecto. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examina si opera alguna causal de improcedencia por mediar el orden público en dicha cuestión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, pues su análisis es previo y preferente, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. En ese orden de ideas, este Juzgador de control constitucional de oficio no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia contenidas en los artículos 107 y 61 de la Ley de Amparo, o que las partes hubieren hecho valer, por tanto procede analizar el estudio de la cuestión planteada, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por el quejoso. Sexto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de donde deriva el acto reclamado, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, el acto aquí combatido será analizado con las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas; así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues el quejoso tiene el carácter de víctima, en el procedimiento penal origen del acto reclamado. En efecto, al analizar el acto reclamado se suplirá la queja de resultar deficiente, lo cual no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 154/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE DERECHOS HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. En la tesis aislada 2a. LXXXII/2012 (10a.) (*), esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que si bien la reforma indicada implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la reforma citada, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Bajo esa directriz, se advierte que los artículos 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, consagran la igualdad, en su acepción universal, que debe existir entre todas las personas, sin distinción alguna. Por su parte, la propia Sala en la diversa tesis aislada 2a. XCII/2013 (10a.) (**), interpretó el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que prevé un principio de reserva legal del orden interno del Estado parte, con arreglo al cual se instrumentará el derecho al recurso, reconociendo, en este aspecto, la prevalencia del orden interno. Ahora bien, el principio de suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo se erige como una institución de capital importancia dentro de nuestro sistema jurídico, con características particulares, con el fin de impedir la denegación de justicia por razones de carácter meramente técnico-jurídicas; por ello, dicha institución debe analizarse desde la perspectiva constitucional y legal nacional, y es en función de ese examen interno como debe contrastarse si efectivamente tal principio satisface el mandato universal de igualdad, o si existe una justificación razonable en la distinción de trato que respecto de ciertas personas o grupos establece el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el precepto 79 en la ley de la materia en vigor a partir del día siguiente." Séptimo. Estudio del asunto. Cuestión previa. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Antecedentes. En principio, es pertinente conocer los antecedentes del acto reclamado que obran en la carpeta judicial administrativa CJF/78/2021/PUEBLA, y disco versátil digital registrado bajo el número 4182-2021, archivo A_141994, del índice de la responsable, ya valorados en términos de ley, en lo que interesa, se advierte lo siguiente: 1. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, el juez responsable registró y radicó la petición del quejoso Denyn Arturo Huerta de la Llave, en la cual impugnó la determinación de no ejercicio de la acción penal de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno y solicitó se señalara hora y día para que se llevara a cabo la audiencia de control previo respectiva; sin embargo, al desconocer el nombre correcto y completo del representante social, así como la forma de notificación, se le requirió para que proporcionara dicha información, apercibido que de incumplir se archivaría dicha carpeta administrativa. Asimismo, se tuvo al oferente nombrando como sus asesores jurídicos a Miguel Ángel Badillo Mendoza y Dantón Huerta Morales, a quienes requirió para que dentro del término de tres días comparecieran ante esa autoridad para aceptar el cargo conferido (fojas 84 y 85). 2. En proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo a Denyn Arturo Huerta de la Llave, dando cumplimiento a lo ordenado en el punto anterior, pues señaló a la agente del Ministerio Público Susana Altagracia Osorio Acosta, a quien se le ordenó dar vista por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que ser omisa sería requerida por conducto de su superior jerárquico (fojas 91 y 92). 3. Por auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado Susana A. Osorio Acosta, informando que el dos de marzo del año en curso, notificó a Denyn Arturo Huerta de la Llave, en su calidad de denunciante y al abogado Dalton Huerta Morales como su asesor jurídico, la determinación tomada dentro de la carpeta de investigación 559/2019/FECC/UIHCAM/FEAI/SERVPUB, respecto al no ejercicio de la acción penal de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Con motivo de lo anterior, el juez de control responsable señaló las nueve horas del cuatro de junio de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia de control judicial previo solicitado por la víctima de referencia, en virtud de que la representación social determinó el no ejercicio de la acción penal en dicha carpeta de investigación (fojas 94 y 95). 4. Así, el cuatro de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de control judicial previo, la cual fue presidia por José Álvaro Sarmiento Márquez, juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, la cual se desarrolló de la manera siguiente: Individualización de las partes Una vez que se declaró abierta dicha audiencia, el juez responsable individualizó a las partes, estando presentes en dicha audiencia: - Susana A. Osorio Acosta, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación en Asuntos Internos, de la Fiscalía del Estado de Puebla; - Miguel Ángel Badillo Mendoza en su calidad de asesor jurídico de la víctima; quien en esa audiencia aceptó y protesto cargo. - El agraviado Denyn Arturo Huerta de la Llave (foja 103, y DVD audiencia de 4 de junio de 2021, disco 4182-2021, archivo A_141994, minuto 1:03 a 2:33). Acto continuo, el juez responsable informó a las partes que esa audiencia era con motivo de la solicitud de control previo presentada por el agraviado Denyn Arturo Huerta de la Llave (foja 103, y DVD audiencia de 4 de junio de 2021, disco 4182-2021, archivo A_141994, minuto 02:34 a 02:50). Exposición del asesor jurídico de la víctima Posteriormente, una vez que se concedió el uso de la voz al asesor jurídico de la víctima, expuso: Que en atención a la determinación de veintidós de febrero de dos mil veintiuno (sic), dentro de la carpeta de investigación 556/2019, proveniente de la Especializada de Servidores Públicos, la agente del Ministerio Pública, Susana A. Osorio Acosta, de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, llevó a cabo nuevamente una determinación de no ejercicio de la acción penal. En dicha determinación la Ministerio Público citó lo dispuesto en el artículo 419 del Código Penal del Estado de Puebla, asimismo, establece cuales son los elementos constitutivos de abuso de autoridad, esto es: a). Que el sujeto activo sea servidor público b). Que el sujeto activo indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación a otorgarles c). Impida la presentación o el curso de una solicitud d). Que el sujeto activo ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado. La agente del Ministerio Público determinó que no se encuentran dados los elementos que establece el artículo 421, en lo referente al delito cometido en la Administración de Justicia y otros ramos del poder público, ello en su fracciones II, VII y VIII. También se citó los elementos correspondientes de esta hipótesis: "I. El sujeto activo encargado de administrar justicia bajo cualquier pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la Ley, se niegue a despachar un negocio pendiente de él. II. El sujeto activo ejecuta actos o incurrir en omisiones que produzcan un perjuicio o concedan una ventaja indebida en contra o a favor, respectivamente, de alguno de los interesados en un negocio; El sujeto activo retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia los negocios de que conozca y, en general, la administración de justicia. Que dentro de la determinación la agente del Ministerio Público señaló los oficios que integraba la carpeta de investigación, y precisó alguno de ellos, esto es: - Oficio FGOICIB4158, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual se acompañaron diversas constancias; - Oficio 2177, de veintisiete de junio de dos mil diecinueve; - Oficio de catorce de agosto de dos mil diecinueve, recibido en el órgano de Control Interno y Visitaduría; - Oficio de catorce de agosto de dos mil diecinueve, en lo referente al 8752. Que esa representación hizo una serie de citas de oficios que se estuvieron integrando dentro la carpeta de investigación, para tener por desacreditados los elementos, y citó: "Que lo anterior se puede advertir que le se ha dado curso a la denuncia de hechos 2003/2019/DB, presentada por Denyn Arturo Huerta de la Llave, brindando el acceso a la administración de justicia al que tiene derecho, resultando que no se denota que de las actuaciones que obran, haya sufrido el delito de abuso de autoridad, ya que el servidor público que se denuncia no ha retardado indebidamente o impidiendo el curso de lo solicitado por el denunciante, más aún se acredita con los autos que integran el expediente citado que se ha despachado el negocio del que conoce la Maestra Silvia Pedroza Rodríguez, en su calidad de directora de Visitaduría, encargada del Despacho del Órgano Interno de Control y Visitaduría, y quienes han conocido del mismo; por lo que no reúne las hipótesis necesarias para que se advierta que han ejecutado actos arbitrarios y atentatorios a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República del Estado, y que se afecten a Denyn Arturo Huerta de la Llave. Máxime que la Ley General de Responsabilidades Administrativas que regulan su actuar prevé la temporalidad que tiene para pronunciarse ante la prescripción de la responsabilidad administrativa." Que la representante social de igual forma invocó el artículo 74 que establecía la prescripción. Para fundar la motivación hizo referencia a una tesis aislada, de la octava época, registro 908348 (sic), tomo II, penal, apéndice 2000, página 293, en el cual señala que el tipo de abuso de autoridad o incumplimiento a un deber para su configuración debe de acreditarse la existencia de la intención esto es, la existencia de un dolo específico, por lo que en este caso no es posible acreditar dicho elemento mismo que es necesario para que se configure el delito de abuso de autoridad. Que la representación social citó a la textualidad de dicha tesis aislada en lo referente al de abuso de autoridad que su configuración requiere de la comprobación plena de un dolo específico en la actuación del servidor público que en razón de sus funciones y excediéndose en su ejercicio realice dolosamente un hecho arbitrario o indebido, sin que en tal evento, tenga la presunción juris tantum de dolo, prevista en el artículo 7 del citado ordenamiento. Que correspondía al agente del Ministerio Público demostrar la intención del agente, de excederse en sus funciones para realizar un hecho indebido o arbitrario, y al juzgador analizar si se actualiza o no. En la misma determinación la fiscal hizo un segundo señalamiento, el argumento para el no ejercicio cita que el delito de autoridad que se investiga no se encuentra acreditado dentro de las actuaciones, ya que el servidor público que investigó la denuncia de hechos 2003/2019, su actuar no acredita que alguno de ellos indebidamente haya retardado o negado el servicio que tiene obligación a otorgar, o bien, haya impedido el curso de alguna de la solicitudes o ejecutado cualquier otro acto arbitrario atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política General de la República en favor de Denyn Arturo Huerta de la Llave. De igual forma, la fiscal expuso que no pasaba desapercibido que los tiempos procesales en los que se resolvió el juicio de amparo 1358/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que promovió el denunciante, se vio afectado por la suspensión de los términos procesales de los propios tribunales por la pandemia conocida como Covid-19, por lo anterior, no resultaban constitutivos de delito de actuar los servidores públicos que se investigaron; por lo que no constituye la figura atípica en estudio. Que la representación para no tener acreditada la hipótesis 421, en lo referente a los delitos contra la administración de justicia, hizo un señalamiento en el sentido que no se acreditaba en actuaciones que la servidora pública que se investigaba, ni cualquier otro servidor público que hubiera conocido la denuncia de hechos 2003/2019/DBD, se había negado el despacho pendiente ante él, esto es, en el trámite correspondiente, que el expediente ya había sido remitido a la Unidad de Substanciación de la Dirección Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, para que se iniciara el procedimiento administrativo respectivo, de lo anterior, tampoco se advertía que se hubieran ejecutado actos u omisiones que estuvieran produciendo perjuicio a Denyn Arturo Huerta de la Llave, ya que se no se había retardado maliciosamente o por negligencia dicho expediente, estando debidamente justificado el actuar de los servidores públicos que intervinieron en la integración del expediente de responsabilidad. Que resultaba inverosímil que el denunciante hubiera resentido el delito cometido en la administración de justicia y otros ramos, que citó la tesis I.9º P254 bajo el rubro: "VÍCTIMA U OFENDIDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. NO TIENE ESE CARÁCTER QUIEN DENUNCIA HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUTIVOS DE DELITO, SI NO DEMUESTRA QUE COMO CONSECUENCIA DE ÉSTOS SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, PÉRDIDA FINANCIERA O MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.", en síntesis a lo que alude dicha tesis, para el no ejercicio de la acción penal se refiere de que cuando una persona en su calidad de denunciante en una carpeta de investigación del cual se considera un hecho delictivo, pero éste no demuestra un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia del mismo como consecuencia del mismo, no le recae el carácter de víctima u ofendido, debe acreditar uno de esos supuestos con motivo de la comisión de un delito. Esto es lo que citaba la representación en la fundamentación y motivación para el no ejercicio de la acción penal por estas dos hipótesis. Que para mejor compresión de lo actuado dentro de la carpeta de investigación, así dentro del correspondiente expediente administrativo 2003/2019/DBD, el asesor jurídico hacía una línea del tiempo de lo que se encontraba en actuaciones y señaló: - Escrito de queja administrativa, de catorce de junio de dos mil diecinueve, ante el Órgano Interno de Control de Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, la que se radicó bajo 2003/2019/DBD, presentado por la víctima denunciante Denyn Arturo Huerta de la Llave, en contra del Gilberto Ramón Navarro Jiménez, en su carácter de director General de la Dirección Jurídica Consultiva y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado, en dicho escrito se motivó por haber determinado la baja como servidor público del ahora denunciante y víctima dentro de la carpeta de investigación. - Oficio FG/01CYB/1747/2019/DB, de catorce de junio de dos mil diecinueve, suscrito por la licenciada Dayanira Elizabeth Monterrosas, en su carácter de visitadora adscrita al Dirección de Visitaduría, el cual fue dirigido a Gilberto Ramón Navarro Jiménez, en su carácter de director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado, en el que se solicitó remitiera la documentación respecto de la baja de la institución de Denyn Arturo Huerta de la Llave. - Oficio 2177/2019/DGJCYAL, de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, suscrito por Gilberto Ramón Navarro Jiménez, por el cual remite copias del expedientillo iniciado a Denyn Arturo Huerta de la Llave, registrado bajo el 19/2018. - Oficio FG/0IPYB/3220/2019/DBD, de dos de octubre de dos mil diecinueve, suscrito por la licenciada Dayanira Elizabeth Monterrosas Rico, solicita al licenciado Cristóbal Barrieta Reséndiz, en su carácter de Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado, la documentación en contra de quien se inició la denuncia administrativa Gilberto Ramón Navarro Jiménez, consistente en copia cotejada de su nombramiento como director General Consultivo y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado. - Oficio OM/DA/CSSP/9669/2019, de siete de octubre del mismo año, recepcionado el ocho siguiente, por el Órgano Interno de Control, por el cual se da contestación, y se remite el nombramiento de Gilberto Ramón Navarro Jiménez, de uno de agosto de dos mil diecinueve, consistente en copia cotejada de dicho documento como director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado. El asesor de la víctima hizo la precisión que con motivo de la denuncia administrativa ya se tenían integrados dos situaciones, el expedientillo que motivó la destitución, separación del cargo del licenciado Denyn Huerta de la Llave, y el nombramiento correspondiente sobre la persona que tenía la calidad de funcionario. Con el nombramiento para determinar la calidad del sujeto activo, desde este momento, ya tenían las constancias suficientes y bastantes para tener por acreditado y poder en un momento determinado seguir el procedimiento administrativo. También hizo mención que en este inter entre la fecha de presentación de la denuncia de la queja administrativa al oficio emitido el siete de octubre, pasaron tres meses dieciocho días, para que se reactivara dicho procedimiento para la integración del expediente 203/2019, dentro de ese lapso de tiempo se promovió un juicio de amparo porque no se había dado seguimiento, bajo el 1358/2019, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Puebla, que promovió el denunciante. - Denuncia penal de doce de octubre de dos mil diecinueve (en la cual se determina el no ejercicio de la acción penal), en dicha carpeta se señala como probable imputada a la licenciada Silvia Pedroza Rodríguez, en su carácter de encargada de Despacho del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, y se señaló en la citada denuncia por "retardo o niega a los particulares el servicio que tiene la obligación de otorgar o impide la presentación o en caso, de una solicitud", al efecto del mismo escrito de denuncia se citaron los artículos 419 fracciones III y IV y 421, II, VII y VIII, del Código Penal del Estado de Puebla, la cual se radicó como carpeta de investigación 556/2019/FECC/UI-A. - Oficio 1457/2019/FECC, de seis de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por Altagracia Osorio Acosta, en su carácter de Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción A, mediante el cual giró instrucciones a fin de que se informara la causa por la cual no se había emitido resolución respecto del expediente 203/2019; dicho oficio fue girado a la licenciada Silvia Pedroza Rodríguez en su carácter de directora de Visitaduría y encargada del despacho del Órgano Interno de Control y Visitaduría. - Oficio número FGOIPYBV/4481/2019/DB, de doce de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por la licenciada Deyanara Elizabeth Monterosas Rico, mediante el cual informa a Susana Altagracia Osorio Acosta, agente del Ministerio Público Investigadora, de no obstante de no existir la suspensión del procedimiento ordenado por el juez de Distrito dentro del juicio de amparo 1358/2019, se ordenó dejar sub júdice el procedimiento administrativo 203/2019, y se realizara el pronunciamiento en el momento procesal oportuno. También hizo precisión que la citada licenciada Deyanara Elizabeth Monterosas Rico, en el citado número de oficio de doce de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual estableció que: El dieciocho de septiembre de la presente anualidad mediante oficio 36340/2019, se notificó a esa autoridad acuerdo dictado en el juicio de amparo 1358/2019, en el que se admitió el recurso de queja interpuesto por el peticionario de garantías al no haberse admitido la ampliación de demanda contra diversas autoridades, al ser un acto intraprocesal y que al resolverse pudiera cambiar el sentido del juicio de amparo en comento, esa autoridad (Deyanara Elizabeth Monterosas Rico), a pesar de que el juez de Distrito no ordenó la suspensión del procedimiento había dejado sub júdice el procedimiento respectivo para momento procesal oportuno. La citada agente del Ministerio Público no tenía las facultades o atribuciones para dejar sub júdice un procedimiento administrativo, pues son de orden público, independientemente que el juicio de amparo en su momento lo promovió la víctima, tampoco no solicitó la suspensión del acto reclamado por lo cual es, si se estaría actualizando el motivo de este actuar lo concerniente a lo que establecía la hipótesis del artículo 419, fracción IV, donde se establece "Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política". A mayor abundamiento Denyn Huerta de la Llave, sí tenía el carácter de víctima dentro de la carpeta de investigación porque estaba haciendo alusión a un derecho fundamental consagrado en el artículo 17, párrafo II, de la Constitución Federal, a un debido acceso a la justicia, también se encuentra consagrado en el artículo 8 numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que, dicha autoridad no tenía facultades o dejar sub júdice, que es un comparativo a dejar en suspenso sin tramitación alguna no dando el debido curso correspondiente a un procedimiento administrativo que es de orden público, ni el juez Federal la oportunidad de un mandato de suspender el procedimiento. - Oficio 4763/2020/FECC, de siete de octubre de dos veinte, por el cual la licenciada Susana Altagracia Osorio Acosta, en su carácter de ministerio Público, solicitó copias del expediente administrativo 203/2019, a la licenciada Silvia Pedroza Rodríguez, en su carácter de directora de Visitaduría y encargada del despacho del Órgano Interno de Control y Visitaduría, mismo que fue recepcionado el diecinueve de octubre de dos mil veinte. De igual forma, el asesor de la víctima hizo otro señalamiento entre el tiempo que medió de la actuación de la cual se dejó sub júdice en el procedimiento administrativo 203/2019, de doce de diciembre de dos mil diecinueve, hasta la fecha de expedición del oficio siete de octubre de dos mil veinte, haciendo una sumatoria de la línea de tiempo de nueve meses, veinticinco días, en la que se dejó de actuar dentro de ese expediente administrativo, dentro de su razonamiento al respecto dentro de la determinación que se combate y como argumentación la Ministerio Público hace mención a que se llevaron a cabo por motivo de Covid, se suspendió y se citó no se pasaba desapercibido que los tiempos procesales en los que se resolvió el juicio de amparo 1358/2019, del Juzgado Segundo de Distrito de Materia de Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que promovió el denunciante se vio afectado por la suspensión de los términos procesales de los propios tribunales por la pandemia, por lo anterior, no resultaba constitutivo de delito, esa suspensión como ella misma lo manifestaba en términos procesales, pues nada tenía que ver con la persecución e integración del procedimiento administrativo, únicamente se vio esa interrupción a que no corrieran los términos, pero la investigación a cargo de la Fiscalía, esa nunca se detuvo, no hubo en ningún momento afectación por esa publicación, donde se interrumpieron los términos procesales, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, de la Constitución General de la República, al Ministerio Público lo mandata la investigación de los delitos y a las policías las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél, por lo que, como se había citado, no era dable que la representación social expusiera como una mera situación de argumentación que dicho tiempo en que se encontró sin actuar, con motivo de la suspensión de los términos procesales y que hubiera sido motivo suficiente para que no se hubiera actuado en dicho procedimiento administrativo. - Oficio FG/OIC/41106/2020, veintisiete de noviembre de dos mil veinte, suscrito por la licenciada Úrsula Gabriela Zárate Gaspar, Ministerio Público adscrita al Órgano Interno de Control dio contestación al oficio de siete de octubre (por el cual se solicitaron copias del expediente administrativo 203/2019), y manifestó: Que con fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dentro del juicio de amparo 1358/2019, fue recibida la notificación oficial por parte del juez Federal de que había causado estado el sobreseimiento dentro del citado juicio de amparo, y cita textualmente "el juez Federal no había ordenado la suspensión de la investigación, al encontrarse dentro del término que la ley establece para que resuelva este expediente, por lo que este expediente será determinado conforme a derecho" adjuntando los anexos copia de la demanda, auto donde causa estado del juicio de amparo. - Oficio FEAI/SERPU/00142/2021, ocho de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la licenciada Altagracia Osorio Acosta, en su carácter de Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado, solicitó a la licenciada Almanaí (sic) Garita Román, en su carácter de directora de Responsabilidades y encargada del despacho del Órgano Interno de Control, el estado que guardaba la denuncia de hechos 203/2019, mismo que recepcionado el diez de febrero de dos mil veintiuno, por el órgano interno de Control. - Oficio FG/OIC/DR/523/2021, once de febrero de dos mil veintiuno, se dio contestación a lo solicitado, en el sentido que el veintiocho de enero del mismo año, se rindió informe de presunta responsabilidad mediante las siglas EPRA/01/2021/LOFG, remitido a la Unidad de Substanciación de la Dirección de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado. De igual forma, puntualizó que transcurrieron desde el momento en que el órgano interno de control tuvo conocimiento del sobreseimiento del juicio de amparo y que ya había causado estado a la expedición de ese oficio de ocho de febrero de dos mil veintiuno, donde dieron contestación a lo requerido, que pasaron dos meses con diez días, para que se volviera actuar dentro del expediente de responsabilidad 203/2019. También consideró que se encontraban acreditados los elementos mínimos, bastantes, que conforme a la ley se dispone para que se tengan por justificados, primero, lo concerniente al artículo 419, a la hipótesis de abuso de autoridad, en el que señala comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos de las fracciones III y IV. Que existían los elementos suficientes y bastantes porque se habían acreditado en la línea del tiempo los tres momentos en lo que se han especificado en tiempo en meses y en días, en que se ha dejado de actuar en el expediente 203/2019, y que lo más grave, en lo que se establece en los nueve meses, veinticinco días que mediaron, entre la emisión del oficio de doce de diciembre de dos mil diciembre al oficio de siete de octubre de dos mil veinte. Expuso la definición de "retardo" a lo que aludía la fracción III, cuando se asienta que indebidamente se retarde, la definición jurídica de retardar o retardarse un hecho, circunstancia de retardar en el tiempo, el significado de retardo como una "prorroga, tardanza, dilación atrasamiento, atraso o retardo o retardación" de esa acción y el efecto de retardar o retardarse, hacer que algo ocurra o acontece para más tarde o que pueda actuar con morosidad, lentitud o tardanza; por lo que se consideraba que se encontraba acreditada dicha tardanza en la integración de ese expediente de responsabilidad. Por lo que hacía a la segunda hipótesis establecida en la fracción IV, del artículo 419, "cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario", lo dejaban puntualizado que es un acto arbitrario, es de la voluntad propia al derecho ajeno, de la autoridad cuando se excede de sus atribuciones o invade las ajenas, dichas definiciones se encontraban en el diccionario jurídico mexicano haciendo la cita al respecto, con los cuales sostenía que dicho acto arbitrario se traducía en el oficio de doce de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por la licenciada Deyanara Elizabeth Monterosas Rico, en su carácter de visitadora adscrita a la Dirección de Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, mutuo propio y sin la debida fundamentación y a pesar de que como ella lo establecía en el citado oficio, el juez de Distrito no ordenó la suspensión del procedimiento, ella deja sub júdice el mismo; por los cuales se consideraba que sí se encuentran acreditados dichos extremos. Que encontraban acreditados los extremos que establece el artículo 421, en lo referente a cometidos por la Administración de Justicia y otros ramos del Poder Público, en lo referente a lo que manifiesta la "Fracción VII. Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia los negocios de que conozca y, en general, la administración de justicia. Asimismo, puntualizó que existía una ampliación de denuncia, suscrita por Denyn Huerta de la Llave, recepcionada el doce de febrero de dos mil veinte, en el cual se solicita a la agente del Ministerio Público Susana Altagracia Osorio Acosta, que se tenga también lo establecido en el artículo 417, fracción I, del código sustantivo local. Que esa ampliación de denuncia se instauró en contra de Silvia Pedroza Rodríguez; al respecto, la agente del Ministerio Público en la resolución que se combate no se pronunció, por lo que se debía entender que dicha investigación se encontraba debidamente integrada porque existían los nombramientos que en su momento ella expidió para que en su caso, se procediera a la judicialización respectiva, haciendo la petición de que le es dable a la representación social de la Federación, en un momento determinado y si así lo consideraba procedente, el desglose correspondiente de las hipótesis mencionadas respecto a la ampliación de denuncia en términos del artículo 417, fracción I, y que no se pronunció en su determinación la agente del Ministerio Público (DVD audiencia 4 de junio de 2021, disco 4182-2021, archivo A_141994, minuto 02:52 a 49:01). Agente del Ministerio Público Por su parte, una vez que el juez de Control concedió el uso de la voz a la agente del Ministerio Público, expuso: En efecto, la de la voz conoció de la carpeta de investigación 556/2019/FECC/UI-A/FEAI/SERBPV, por el delito de abuso de autoridad en incumplimiento a un deber legal así como el delito de cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder, en agravio de Denyn Arturo Huerta de la Llave, en contra de Silvia Pedroza Rodríguez encargada del despacho del Órgano Interno de Control y Visitaduría, y en contra de quien resulte responsable. Precisó que la fecha de la determinación de no ejercicio de la acción penal, esto es, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, y se notificó a Denyn Arturo Huerta de la Llave, el dos de marzo de dos mil veintiuno, la cual se encontraba autorizada tal como lo refiere el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y apegada al artículo 16 constitucional, ya que estaba debidamente fundada y motivada como lo manifestó el asesor jurídico. Que esa determinación tuvo la causal de sobreseimiento, prevista en el artículo 325, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. También se hizo cargo de las manifestaciones del asesor jurídico en los términos siguientes: Hizo del conocimiento que la carpeta se inició el doce de octubre de dos mil diecinueve, esto, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y el diecinueve diciembre de dos mil veinte, se remitió a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos por razón de materia, toda vez que esa Fiscalía conoce de los delitos cometidos por Servidores Públicos en Funciones de la misma Fiscalía General del Estado. Que esa denuncia fue presentada por Denyn Huerta de la Llave, toda vez que interpuso una queja ante el órgano interno, radicada bajo el 203/2019, el catorce de julio de dos mil diecinueve, y denuncia a la licenciada Silvia Pedroza Rodríguez como encargada del Órgano Interno de Visitaduría, toda vez que no se había en ese momento, pasado el procedimiento de la investigación al procedimiento a etapa de responsabilidades. Que anteriormente, el veintinueve de marzo de dos mil veinte, se determinó esta misma carpeta y se llevó a cabo el control previo hasta el seis de octubre de dos mil veinte, que entonces conoció la jueza Guadalupe Méndez Pérez, en esa audiencia de control si bien es cierto ya se manifestaron algunos puntos que ya hizo mención el asesor jurídico, se determinaron dos puntos: Primero, que se hiciera cargo respecto a ¿que había pasado del juicio de amparo?, porque a la juez en ese momento le explicó que habían pasado tres meses y efectivamente no se encuadraba el tipo penal toda vez que efectivamente como lo manifestó el asesor jurídico si habían actuaciones, no hubo retardo, dilaciones y que las mismas se habían detenido efectivamente porque había el oficio al que ellos hacían referencia número FGOIPYBV/4481/2019/DB, donde la misma visitadora decía que se encontraba sub júdice y que por eso se había detenido el expediente administrativo. En aquella ocasión ese fue el argumento de la jueza como determinar una carpeta si se encontraba sujeta a un juicio de amparo, y en ese momento pues se abrió la investigación. En la parte relativa que aduce el asesor, en donde interroga ¿cómo es posible que la agente del Ministerio Público dejó sub júdice de facto el expediente? y que no tenía la facultad para hacerlo y que ¿ella tenía que continuar? Cuando el juez de control aquí en una sala de audiencia le dijo que no podía continuar si no se resolvía el juicio, por lo que siento siendo garantistas, la visitadora que actuó en la queja, efectivamente desde ese momento si tenía facultad para velar sobre los derechos de Denyn Huerta de la Llave, porque en este punto el asesor jurídico manifestó: el órgano interno que conoce de la queja es algo administrativo y por ende, no puede dejar de investigar aunque existe una pandemia pero, después lo dijo y reconoció que es administrativo, y después dijo que se le está violando el artículo 21, porque el Ministerio Público sí es encargada, entonces interrogó: ¿le vamos a dar la calidad de un ente de administrativo o la calidad de Ministerio Público? Ahora bien, en ese inter, efectivamente quien conocía de la queja es la licenciada Deyanara Elizabeth Monterosas Rico, quien desde el primer momento le hizo saber al licenciado Denyn, que se encontraba sub júdice, él, como es de control, en aquel momento, el doce de diciembre de dos mil diecinueve, también pudo promover un control judicial previo, para supervisar esa actuación y un año ya casi dos de distancia, manifiesta que no, cuando él conocía del litigio lo sabía y que existen esos controles previos para impugnar cualquier oficio y cualquier determinación que lleve a cabo el Ministerio Público. Que la determinación se encontraba fundada y motivada, se hizo cargo de explicarles el artículo 419 y el 421 del código sustantivo local, y los motivos del porqué no se cometió el delito. Respecto al juicio que Denyn Huerta de la Llave, promovió 13058/2019 (sic), en cuanto inició la queja, estos tres meses que también nos denunciaba el abogado promovió el juicio de amparo, en el cual dijo que "era porque no se radicó, que no se dio el inicio a la queja", y él, al promover el juicio de amparo, entraron a la pandemia y también retardó el juicio de amparo, pero ello, por la misma situación que denuncia que no se había radicado la queja que el manifestó; el juicio de amparo también se sobreseyó y le dijeron que no iba a entrar a audiencia constitucional, pero por los tiempos procesales que sí tenían que tomar en cuenta, porque promovió juicio de amparo, hasta el trece de noviembre de dos mil veinte, entonces, es cuando se sobreseyó fuera de audiencia, y si bien es cierto que son nueve meses, con veinticinco días, a los que hicieron alusión es el mismo tiempo que se llevó el tribunal al resolver, que eso no fue a costa de la licenciada Deyanara, porque ella sí, estaba cuidando los derechos humanos que tenía el denunciante porque podía cambiar el sentido de la queja que presentó, y si a ella le decían que no determinara hasta que no conociera el amparo, y efectivamente, ella también hacía lo mismo, hasta que no se conociera el resultado del amparo. Que con independencia de ello, de la lectura del artículo que citaba la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el actuar del órgano interno, es con base a esta ley, ellos, ejecutan el actuar, de lo que se denuncia con base a esta ley para saber si hay alguna responsabilidad o no administrativa respecto de las autoridades, es por ello, que se invocó el artículo 74 que la letra dice: "Artículo 74. Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de las Secretarías o de los Órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado. Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, el plazo de prescripción será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo anterior (.)" Ello quería decir que efectivamente ellos no tienen un plazo para la investigación, mientras no se sobreseyera la queja, pues cuando se la dan a conocer y tienen ese término de tres años, si no es una queja no grave y siete años si es una queja grave; por ello, entró al estudio y lo manifestó así. Respecto a lo que manifiestan de la línea del tiempo, como se escuchó si se dieron actuaciones, fue un punto toral donde se detuvo, después de que se resolvió el amparo que Denyn en su carácter de víctima denunciante promovió, el cual, se le negó (sic) porque si estaba actuando el órgano interno y tampoco entraron a audiencia, se sobreseyó y entonces se le notificó al órgano interno. El órgano interno una vez que causa estado continúa dentro de sus facultades y en apego a este artículo el conocimiento de la queja, es así como ya hicieron mención, en cuestión de las fechas en octubre tuvieron la audiencia de control judicial previo, enseguida, que ella determinó que se abriera otra vez la carpeta de investigación; así, en octubre de dos mil veinte, se llevó el control previo donde le dijeron que corroborara que pasó con el amparo; en noviembre de dos mil veinte, se negó al amparo al licenciado Denyn; en diciembre, la cambiaron de Fiscalía, pues anteriormente se encontraba en Combate a la Corrupción y se va a Asuntos Internos, y después le remitieron la carpeta, entonces continúo con la investigación, y es así que después de imponerse de la carga de trabajo que tuvo, mandó oficio al Órgano Interno para que continuar con su investigación y le remitieran las constancias que faltaban respecto a la queja que se pronunció Denyn y es cuando le dijeron que ya había causado estado y que ya estaba para conforme a derecho proceder, esto es, ya se dio lo que efectivamente Denyn estaba denunciando, pasar a la etapa de responsabilidades administrativas. Que mediante oficio FGE/OIC/DR/523/2021, de once de febrero de dos mil veintiuno, informan al agente del Ministerio Público adscrito al Órgano Interno, que ya se había pasado el expediente a la Unidad de Substanciación de la Dirección del Órgano Interno, esto es, ya que pasó a la etapa a la que Denyn denunció que no se había pasado. Como lo manifesté ellos estaban en tiempo porque el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, marca tres años para responsabilidades no graves y, siete años para responsabilidades graves, y en la determinación se explicó cada uno de los oficios que el órgano gira y por qué no estaban en la hipótesis de abuso de autoridad y tampoco se daba un cometido, que ellos están actuando conforme a derecho y también lo puse en la determinación. Que respecto a la ampliación que manifestaron que no se hizo cargo, en la misma determinación el asesor jurídico se podía ir al punto 5, donde decía que el doce de febrero de dos mil veinte, se recibió escrito presentado por Denyn Huerta de la Llave, por el cual presentaba ampliación de denuncia, en contra de la servidora pública Silvia Pedroza Rodríguez como encargada del despacho del Órgano Interno, por lo anterior se giró oficio 9782020FEC a la agente del Ministerio Público David Ferret Ávila González en donde se solicitó se tuviera a bien informar si dentro de la carpeta de investigación asignada conocía si Denyn Arturo Huerta de la Llave, denunció a la servidora Silvia Pedroza Rodríguez en su calidad de encargada del despacho del Órgano Interno de Control y Visitaduría, de la Fiscalía General del Estado, recibiendo como respuesta el oficio UIH/A/MI988/2020 de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, que contaba con la investigación de 557/2019/FEC/UIA, que quería decir eso? Que la carpeta es la 556/2019 y la que le sigue es la 557/2019 y si el denunciaba por un lado la queja, y por otra, denuncia a la licenciada Silvia Pedroza Rodríguez, en su calidad de encargada del despacho. Que en su determinación se señaló que por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se presentó denuncia formal por Denyn Arturo Huerta de la Llave, en contra de Silvia Pedroza Rodríguez, por desempeñarse como encargada del despacho del Órgano Interno de Control y Visitaduría, de la Fiscalía General del Estado, hechos que ya se hicieron del conocimiento en la carpeta de investigación 557/2019/FEC/UI-A investigación que llevaba a cabo en ese entonces el Ministerio Público David Ferret Ávila González adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción A, tal como se acreditó con el oficio UIA/A/MI/988/2020, de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, por lo que al hacer sus manifestaciones hechos, que se hicieron del conocimiento en contra de la servidor público Silvia Pedroza Rodríguez, por lo que esa Ministerio Público no entró al fondo del estudio respecto de las manifestaciones vertidas en la ampliación de denuncia que ya se investigaban los hechos en la carpeta 557/2019/FEC/UI/A. Que su determinación se encontraba fundada y motivada, que no había delito de abuso de autoridad, que especificó cada uno de los tipos penales, porque el Órgano Interno efectivamente, si hizo su labor, y justificó por qué no se continuó con la queja respecto cuando se solucionó el amparo y dentro de su determinación hizo manifestación exacta en forma y fondo, de la Ley que da sustento a las facultades del órgano interno para poder resolver la queja que Denyn Arturo Huerta de la Llave, promovió (DVD audiencia 4 de junio de 2021, disco 4182-2021, archivo A_141994, minuto 49:03 a 1:12:43). Asesor jurídico de la víctima Nuevamente en uso de la voz, el asesor jurídico de la víctima, manifestó: El nueve de abril de dos mil veinte, se llevó a cabo otra audiencia de control judicial, la misma que tuvo conocimiento diverso juez, pero fue hasta el nueve de abril de dos mil veinte. El oficio que se hace referencia es de doce de diciembre de dos mil diecinueve, donde se deja su júdice, en ese oficio la agente del Ministerio Público Deyanara Elizabeth Monterosas Rico, en su carácter de visitadora adscrita a la Dirección de Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, como está en trámite el juicio de amparo 1258/2019, promovido por el denunciante, deja sub júdice, hay un desface de tiempo. La jueza de control en la audiencia lo estableció el seis de octubre de dos mil veinte. Es incorrecta la interpretación del artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es para que se lleve a cabo la imposición de sanciones no es para que el órgano de control deje de actuar. En cuanto que no se pronunció a la ampliación del denunciante a la hipótesis del 417, que ya se está conociendo en diversa carpeta, pero diferentes hechos, se hace del conocimiento que ambas carpetas son hechos distintos que no razonó la agente del Ministerio Público, y no se pronunció (DVD audiencia 4 de junio de 2021, disco 4182-2021, archivo A_141994, minuto 1:12:47 a 1:20:19). Ministerio Público Acto continuo el juez concedió nuevamente el uso de la voz a la representante social quien expuso: Que el doce de octubre de dos mil diecinueve, se inició carpeta de investigación, que el doce de agosto del mismo año, promueve amparo, que el catorce de noviembre siguiente, se ordenó el archivo juicio de amparo a que hacen referencia. El nueve de abril de dos mil veinte, el denunciante quiso ampliar, sin embargo, son hechos que fueron del conocimiento en otra carpeta; y que el seis de octubre del mismo año, se llevó a cabo la audiencia de control. Nuevamente, contesta a mayor abundamiento la interpretación del artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (DVD audiencia 4 de junio de 2021, disco 4182-2021, archivo A_141994, minuto 1:20:20 a 1:28:21). Juez resuelve Posteriormente, una vez que el juez de Control responsable cerró el debate respectivo, y resolvió en los términos siguientes: "Procedo a resolver en torno a esta inconformidad interpuesta por el asesor jurídico en representación de la víctima Arturo Huerta de la Llave, de inicio señalar que la presente audiencia tiene por objeto tal y como lo establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un recurso ordinario contemplado en la legislación, a efecto de atender omisiones, retardos, cuestiones que tengan por objeto, dilatar, entorpecer, obstaculizar una investigación, o cualquier acto del ministerio público en perjuicio de alguna otra persona. He escuchado en esta audiencia por parte del asesor jurídico, lo ocurrido incluso como antecedentes de este caso, debiendo señalar que la materia de esta impugnación es la determinación del ministerio público de no ejercicio de la acción penal dictada en la carpeta de investigación 556/2019, esta de la Agencia Especializada en Combate a la Corrupción, determinación emitida el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, esto es, con base en esta determinación debemos apartarnos o declarar ajeno lo que nos ocupa en este caso que el expediente administrativo del cual ya se hizo cargo el asesor jurídico en su intervención, al tenor de ello de inicio con base en los argumentos expuestos por el asesor jurídico advierto que la determinación y también en contestación del Ministerio Público la determinación impugnada se encuentra fundada y motivada, de acuerdo a lo que se dijo ministerio público expuso fundamentos y motivos por los cuales estimó que no debía continuar esta investigación, decretando incluso el no ejercicio de la acción penal. Abogado por favor, mantenga el orden, decoro, respeto si no voy a ordenar el abandono de la sala, por favor. Atento a ello Ministerio Público como se dijo, se escuchó por parte de, incluso por parte del Asesor Jurídico, los argumentos que expuso en dicha determinación a efecto de establecer el no ejercicio de la acción penal, esto es una causal de sobreseimiento, de acuerdo a ello, desde mi perspectiva, reiterando, debo dejar ajeno lo ocurrido en el expediente administrativo, reiterando que en materia penal lo que nos ocupa es el interés jurídico de las personas que resienten algún afectación en su esfera jurídica, mas no un interés legítimo, al respecto, se dice una carpeta de investigación iniciada por dos aparentes actos delictivos, abuso de autoridad, comprendido en el artículo 421, fracción II, del Código Penal estatal, en la determinación que expuso ministerio público en dicha carpeta de investigación, para el no ejercicio de la acción penal, concluyó que incluso con la línea del tiempo que escuchamos en esta audiencia por parte del asesor jurídico, se advierte, o en la conclusión del asesor jurídico es que existió retardo en la investigación en esa carpeta de investigación, que tal como lo prevé el artículo 419, en sus fracciones III y IV, del código penal estatal, según su óptica se llevó a cabo un retardo o se negó la protección o servicio que un servidor público se encuentra obligado a proporcionar, además, de algún otro dato arbitrario o tentativo a los derechos fundamentales de los gobernados, para tal efecto el Ministerio Público, expuso en su determinación, las razones por las cuales desde su óptica no se justifica dichos hechos aparentemente delictivos, de inicio señalar que esos tiempos de los cuales se hizo cargo el asesor jurídico a los cuales se dijo no se actuó dentro del expediente administrativo, desde mi perspectiva se encuentran debidamente sustentados y justificados. Incluso en la intervención del asesor jurídico omitía lo aludido en cuanto a un control judicial previo, donde ya lo determinó una jueza de control diversa, en el entendido de que incluso es por lógica jurídica todos los presentes somos abogados, entendemos cuando se lleva un juicio de amparo y cuando se encuentra, el juicio de amparo puede variar el curso de la investigación aun cuando no lo determine el juez Federal, es inherente es imperativo decretar la suspensión de esa causa, de esa investigación, por parte del asesor jurídico que la situación de la pandemia en especial de caso que nos ocupa no fue suficiente para impedir continuar con la investigación, esto no es así, tan es así que, en los propios acuerdos emitidos tanto por fiscalía como por el Poder Judicial del Estado incluso por el Poder Judicial de la Federación, la investigación se impedía, se interrumpía siempre y cuando no afectara esferas jurídicas específicas como en el caso que advierto ocurre esto es el expediente administrativo no advierto que haya impactado esta situación de espera, o que se haya dejado sub júdice dicha determinación del investigador con base en la tramitación de un juicio de amparo. También no comparto el argumento del asesor jurídico en el sentido de que ninguna autoridad puede ordenar o suspender una investigación cuando es de orden público, la ley no lo contempla de esa manera específica y además es evidente la necesidad de suspender determinados actos que llevan a cabo los servidores públicos con motivo de una situación especial como lo es una pandemia, de ahí reiterando, y el acto de acuerdo al interés jurídico que aduce tener el agraviado en la presente investigación, desde que se dice afectado en su esfera de derechos fundamentales es con base en la interrupción que se llevó a cabo de la investigación por parte de Ministerio Público más allá de que se justifica que efectivamente y eso pensando que esa información que aludió asesor jurídico se encuentre debidamente asentada en la carpeta de investigación, el motivo de inconformidad del asesor jurídico en la presente audiencia con motivo de la determinación ministerial, es, el resultado, la conclusión de la determinación del no ejercicio de la acción penal, mas no el propio retardo de la investigación, en ese sentido, por lo que hace a los argumentos expuestos por la fiscalía al emitir el no ejercicio de la acción penal, considero únicamente de escuchar la línea del tiempo que expuso el asesor jurídico, no se surte uno de los elementos esenciales en este supuesto, lo cual es evidente desde mi perspectiva la acreditación de todo lo especifico en esta situación, no cabe duda que de manera objetiva se cuenta con información a través de esos diversos oficios que ya se hicieron cargo las partes, de que existió interrupción de algunos momentos de esta investigación, pero desde mi punto de vista reiterando estos datos objetivos, no justifican la parte subjetiva que se requiere en este caso, esto es la intencionalidad de a quien señalan como sujeto activo del hecho, de retardar o negar la protección o brindar un servicio del cual se encuentra obligado además incluso la denominación del diverso ilícito del 421, fracción II, del código penal estatal, al establecer algún otro acto arbitrario, esta arbitrariedad de manera necesaria obliga a una intencionalidad del sujeto activo de violentar derechos fundamentales, en el caso que nos ocupa, según se vertió incluso por ambas partes que el curso del expediente administrativo ha continuado, ha seguido por su fases legales e incluso ha avanzado a diversas etapas tal como lo expuso el Ministerio Público en esa virtud no advierto transgresión a la esfera jurídica del agraviado con base en esta determinación del Ministerio Público, reiterando que mi obligación en esta audiencia no es adéntrate a como se ha verificado el expediente administrativo sino lo ocurrido en la carpeta de investigación 556/2019, entonces tomando en consideración los argumentos que a manera de agravio se expuso en esta audiencia, el asesor jurídico respecto a esa determinación ministerial, no se dijo nada en torno a lo que establece el ministerio público en su determinación como elemento sustancial esto es, la ausencia de dolo lo especifico de la conducta atribuida al sujeto probablemente activo de lo que se hizo cargo el asesor jurídico fue establecer la línea del tiempo aludiendo que existió retardo de qué manera con esos argumentos puedo establecer yo que si existe dolo especifico, de ninguna manera, aludió que de contar con documentaciones concretamente oficios de los cuales se hizo cargo el asesor jurídico para establecer, reitero si existió interrupción de la investigación, todo esto no determina por sí mismo la acreditación del elemento subjetivo, esto es el dolo especifico del sujeto activo de retardar esa investigación de manera arbitraria tal como lo establecen los artículos 419, fracción III, IV, y 421 fracción II, del código penal estatal, siendo este uno de los elementos esenciales que tomo en consideración el ministerio público para su determinación ministerial en consecuencia al encontrase esta autoridad impedida para suplir los agravios en este caso a manera de agravios expuesto en vía argumentos por parte del asesor jurídico, en consecuencia por lo que hace a la determinación del Ministerio Público respecto a esos hechos habrá de quedar firme. Lo que advierto es en lo relativo a esa ampliación de denuncia que realizó el denunciante valga la redundancia, de lo cual se dijo el Ministerio Público tiene analizada o ventilada a través de una diversa carpeta de investigación 557 y esta ampliación de denuncia se verificó dentro de la misma carpeta 556, en consecuencia debo entender que dentro de esta misma carpeta se debe emitir un pronunciamiento en torno a dicha ampliación de denuncia, reiterando que si se encuentra dentro de la misma carpeta de investigación, entonces Ministerio Público debe o hacerse cargo de pronunciarse de respecto de continuar con esa investigación o bien remitirla a la diversa 557 en el entendido de que el propio artículo 355, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la determinación del no ejercicio de la acción penal, concluye la investigación, incluso como una extensión de la acción penal, imposibilidad de continuar respecto a esta propia investigación pero, si ya cedi con la presente audiencia el agraviado al momento de fundar una ampliación de denuncia aludió a diversos hechos esto, se debe establecer dentro de esta misma carpeta que es lo que ocurre con estos hechos, esto es ya sea, una determinación administrativa acumular esas carpeta de investigación o bien, reanudar la misma o en caso contrario, decretar el no ejercicio o alguna situación en específico respecto de esos diversos hechos aludidos en la presente denuncia, en el entendido entonces que por lo que hace a lo que nos ocupa en este caso, respecto a la determinación impugnada, los argumentos expuestos por el Ministerio Público en vía fundamentación y motivación de la misma, contra puestos con los agravios o argumentos expuestos en esta audiencia por parte del asesor jurídico, no se advierte que estos últimos deban trascender a efecto de revocar modificar esa determinación ministerial, debiendo confirmarla en todos sus términos a no combatirse de manera adecuada a través del presente ejercicio, de lo cual quedan enterados los presentes dado su comparecencia preguntando ¿alguna otra manifestación? (DVD audiencia 4 de junio de 2021, disco 4182-2021, archivo A_141994, minuto 1:28:28 a 1:40:12). Determinación que constituye el acto reclamado. Ahora, del contexto integral de la demanda, el quejoso en el apartado de conceptos de violación realiza transcripciones de diversas partes de la audiencia de cuatro de junio de dos mil veintiuno, en las cuales expone diversas observaciones como lo son: - Que en ningún momento el asesor jurídico aceptó que dicha determinación se haya encontrado debidamente fundada y motivada, sino únicamente hizo mención y dio lectura a lo citado dentro de la determinación que se combate; - El Ministerio Público olvida que lo único resuelto por el juez oral del conocimiento fue revocar la determinación por existir pruebas pendientes y actuaciones que investigar; - La fiscal confunde las actuaciones que realiza durante su investigación, con las actuaciones que está obligada a realizar la investigada Silvia Pedroza Rodríguez, dentro del expediente de queja; - Si se consulta la página oficial de la Dirección de Estadística Judicial en el rubro de síntesis de acuerdos asociados al asunto, se podrá observar que la autoridad federal en ningún momento detuvo dicho juicio de amparo ya que tanto la fecha de autos como de publicación fueron de manera continua, en ningún momento se adujo retardo alguno debido a la pandemia; - Nunca precisó la fecha en que fue presentado el amparo y el acto reclamado en base al cual se presentó dejando en la obscuridad jurídica al juez de control y de manera inmediata se refiere al sobreseimiento sin que abundara el motivo por el cual se sobreseyó, no sustenta su argumentación; - La agente del Ministerio Público confunde lo que debe hacer y llevar a cabo como agente encargada de la investigación de los delitos, y la actuación que tiene que llevar a cabo la funcionaria denunciada dentro del expediente administrativo de queja el tribunal de amparo dentro del juicio constitucional respectivo; - La fiscal omite citar un párrafo del artículo 74, de la Ley General de Responsabilidades el cual transcribe en los términos siguientes: "En ningún caso en los procedimientos de responsabilidad podrá dejarse de actuarse por más de seis meses sin causa justificada", y que no lo mencionó tanto en su determinación como en su argumentación; - La agente del Ministerio Público reconoce que no obstante haber conocido en principio del asunto, para después continuar con su tramitación, lo que implica que siempre estuvo trabajando para la Fiscalía hasta la emisión de la determinación que se combate; - La representante social realiza argumentaciones fuera de contexto de lo plasmado en la determinación, en razón a que pretende justificar el tiempo de su investigación al mencionar sus cambios de adscripción, cuando el motivo de la audiencia no es justificar su tiempo sino es argumentar, respecto su actuar; - Los oficios citados por la fiscal únicamente guardaban estrecha relación con el procedimiento administrativo que se había incoado en contra del infractor, tanto el nombramiento como el expedientillo 19/2018, referente a la baja de la que fue sujeto el quejoso, y fue omisa dicha Visitaduría para turnar dicho asunto; - La agente del Ministerio Público confunde el tiempo transcurrido para resolver el juicio de amparo y la obligación que tiene la denunciada para tramitar y resolver en definitiva el procedimiento administrativo, y el tiempo que tiene para emitir su determinación; - La fiscal reconoce haber emitido investigar por cuanto hace a la ampliación, pero pretende justificarse que no es materia de esta carpeta por ser la misma persona. Dichos argumentos que son ineficaces. Lo anterior es así, porque son aspectos que se debieron plantear ante el juez de Control responsable, pues como se expuso anteriormente, en la audiencia "de control judicial", el órgano jurisdiccional, como garante del proceso y de los derechos fundamentales de las partes, estará en aptitud de revisar la legalidad de la actuación ministerial. Dicha audiencia se llevará a cabo bajo los principios de publicidad, continuidad, inmediación, oralidad y contradicción, el juzgador permitirá que en la audiencia el impugnante exponga oralmente sus agravios, que el Ministerio Público defienda la postura asumida en la determinación impugnada, y que los intervinientes argumenten y contrargumenten lo que estimen necesario. Así, la carga de generar la información necesaria para que el juez resuelva corresponde a las partes, lo que esencialmente se logra a través del principio de contradicción, que exige que todo dato de prueba, información, petición o pretensión formulada por una, se ponga en conocimiento de su contraria, para que ésta pueda expresar su conformidad u oposición de inmediato, manifestando sus propias razones y exponiendo los datos probatorios que sirvan para sustentar su dicho, realzando y sosteniendo el choque adversarial -control horizontal-, con la misma oportunidad de persuadir al juzgador. El principio de contradicción indudablemente permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, pues los actos de cada parte están sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener sus respectivas pretensiones. Además, este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 75, de la Ley de Amparo, no puede sustituirse al juez de control responsable y analizar en esta sentencia los registros y actuaciones practicados por el órgano técnico, que atento al principio de contradicción que rige al sistema de justicia penal acusatorio y oral, la responsable no tuvo en cuenta al emitir el acto ahora reclamado. De igual forma, el quejoso en sus conceptos de violación aduce: - La resolución reclamada vulnera lo establecido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues toda resolución debe encontrarse fundada y motivada, donde se cumplan con las formalidades del procedimiento. - Dicha determinación carece de la fundamentación y motivación porque toda resolución debe contener una relación breve y sintética de los planteamientos formulados por las partes y será motivo de estudio, la motivación y fundamentos legales y los puntos resolutivos. - El juez de Control y la agente del Ministerio Público no realizan una análisis objetivo e imparcial tanto de los datos de prueba como de descargo, pues se constriñen a señalar que no existe conducta delictiva, apoyándose en elementos inaplicables y carentes de sustento jurídico, como lo fuera la existencia de la pandemia, la que debido a su presencia fueran suspendidas las actividades laborales y de investigación lo que impidiera que la fiscal no pudiera actuar dentro de la carpeta de investigación como del procedimiento de responsabilidad administrativa. - En la resolución reclamada no se analizan los razonamientos, datos y elementos de pruebas expuestos en la línea de tiempo con la cual se acreditaran los elementos del delito de retardo en la administración de justicia y abuso de autoridad. Dichos motivos de inconformidad son ineficaces. Para sustentar al aserto anterior, es necesario realizar las consideraciones siguientes: Los artículos 109, fracción XXI, 131, fracción XIII, 255 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: (.) XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados por este Código; (.) "Artículo 255. No ejercicio de la acción Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código. La determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del artículo 327 del presente Código, inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los numerales citados se advierte la facultad que tiene el Ministerio Público para no ejercer acción penal en relación con algún hecho puesto en su conocimiento, determinación que puede ser recurrida por la víctima o el ofendido a través del medio de impugnación doctrinariamente denominado "de control judicial", en donde el órgano jurisdiccional, garante del proceso y de los derechos fundamentales de las partes, estará en aptitud de revisar la legalidad de la actuación ministerial. El procedimiento respectivo comprende una audiencia a la que se convocará a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, así como al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. La controversia y el debate se generará esencialmente entre los primeros y el fiscal, pues en este supuesto tienen intereses jurídicos opuestos. Al tratarse de una audiencia preliminar a la etapa de juicio, en su tramitación deben regir las formalidades esenciales del procedimiento y los principios aplicables a las audiencias en general, pues subsisten las razones que los fundamentan. De tal modo, bajo los principios de publicidad, continuidad, inmediación, oralidad y contradicción, el juzgador permitirá que en la audiencia el impugnante exponga oralmente sus agravios, que el Ministerio Público defienda la postura asumida en la determinación impugnada, y que los intervinientes argumenten y contrargumenten lo que estimen necesario. Es así, pues la carga de generar la información necesaria para que el juez resuelva corresponde a las partes, lo que esencialmente se logra a través del principio de contradicción, que exige que todo dato de prueba, información, petición o pretensión formulada por una, se ponga en conocimiento de su contraria, para que ésta pueda expresar su conformidad u oposición de inmediato, manifestando sus propias razones y exponiendo los datos probatorios que sirvan para sustentar su dicho, realzando y sosteniendo el choque adversarial -control horizontal-, con la misma oportunidad de persuadir al juzgador. El principio de contradicción indudablemente permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, pues los actos de cada parte están sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener sus respectivas pretensiones. Es por ello que, por regla general, el juez de Control no está facultado para consultar la carpeta de investigación, por lo que su resolución deberá sustentarse exclusivamente con los argumentos y elementos aportados por las partes en la audiencia, aunque excepcionalmente podrá consultar el contenido o existencia de un registro concreto; afirmación que se corrobora con lo dispuesto en el numeral que contempla el procedimiento que nos ocupa, donde señala que "en caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de Control declarará sin materia la impugnación", de lo que se colige que, sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación, el juzgador carecerá de materia sobre la cual pronunciarse. En ese orden, la víctima u ofendido o su asesor jurídico no están conminados a presentar los agravios por escrito, pues deben hacerlo oralmente en la audiencia a fin de preservar los principios de contradicción, inmediación, oralidad y publicidad. No obstante, el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla una excepción a esa regla, que se traduce en que no se requerirá expresión de agravios, cuando se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales, lo que jurisprudencialmente se ha denominado "suplencia de la queja acotada al recurso". En esa medida, al margen de que existan o no agravios al respecto, el juzgador debe emprender un estudio para determinar si se actualizaron violaciones a derechos fundamentales que deban repararse; análisis que debe circunscribir al alcance que le dota el contexto normativo en que se encuentra -actos violatorios de derechos fundamentales-; pero cuando no se esté en ese supuesto, deberá limitar el estudio a los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos humanos. No se pasa por alto que el citado artículo 461 está comprendido en el capítulo de "disposiciones comunes" de los recursos de apelación y revocación, sin embargo, se estima aplicable al caso que nos ocupa, ya que el juez de Control, en su calidad de garante de la tutela judicial efectiva y conforme con lo dispuesto en los artículos 16, párrafo décimo cuarto, 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, y 2, 3 y 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe velar por la regularidad del proceso, la seguridad jurídica, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. Además, aunque el dispositivo de mérito esté dirigido al imputado, atento a los postulados que garantizan los derechos humanos de las víctimas y los ofendidos del delito, en un plano de igualdad procesal, dicho supuesto debe aplicarse a estos últimos, máxime que el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que se garantizará a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen. Ahora bien, contrario a lo que aduce el quejoso, este Juzgador advierte que la resolución se encuentra fundada y motivada, porque el juez de Control resolvió atendiendo a lo planteado por las partes, bajo los principios de publicidad, continuidad, inmediación, oralidad y contradicción, pues en la audiencia el impugnante, asesor de la víctima, expuso oralmente sus agravios, asimismo, la representante social dio contestación a lo planteado por el impugnante - argumentaron y contrargumentaron lo que estimaron conveniente- y resolvió conforme a las consideraciones expuestas; con lo cual también se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento. Asimismo, como lo estableció el juez de Control, de acuerdo a lo expuesto por las partes -asesor jurídico y representación social-, de la línea del tiempo que expuso el asesor jurídico, no se surten los elementos esenciales en para tener por acreditados los delitos denunciados. Ello, fundamentalmente porque efectivamente no justifican la parte subjetiva que se requiere, esto es la intencionalidad del sujeto activo del hecho, de retardar o negar la protección o brindar un servicio del cual se encuentra obligado además incluso la denominación del diverso ilícito del 421, fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla, al establecer algún otro acto arbitrario lo que necesariamente obliga a una intencionalidad del sujeto activo de violentar derechos fundamentales. Además, el curso del expediente administrativo continuó su procedimiento, con lo cual efectivamente, con esa determinación de no ejercicio de la acción penal, no existe transgresión a la esfera jurídica del agraviado, pues es cierto, el estudio de dicha resolución versa en el acreditamiento de los ilícitos denunciados y no así en la forma en que se desarrolló la investigación. De igual forma, se comparte la decisión del juez responsable, en el sentido que no se hizo planteamiento alguno en cuanto al elemento sustancial, esto es, la existencia del dolo especifico de la sujeto activo de retardar esa investigación de manera arbitraria como lo prevén los artículos 419, fracciones III y IV, y 421 fracción II, del Código Penal del Estado, en lo especifico de la conducta atribuida a la sujeta probablemente activa, pues el asesor de la víctima únicamente planteó que existió retardo en la investigación; con ello, tal como lo determinó el juez de Control, hace que la determinación del Ministerio Público respecto a esos hechos quede firme y por ende, se conforme en los términos plasmados por la representante social. En otro aspecto, este juzgador no desatiende el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2011 que establece: "ACCIÓN PENAL. EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO, NI DEMUESTRA QUE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, UNA PÉRDIDA FINANCIERA O EL MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, NO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DICTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad con la jurisprudencia 58/2006 emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen legitimación activa para interponer amparo por el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta, todas aquellas personas que hayan sufrido un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delitos. Por tanto, en el supuesto de que una persona que, como denunciante, sólo dio noticia de la comisión de un delito a la autoridad correspondiente, pero no concurren en él las calidades de víctima u ofendido del hecho considerado delictivo y no demuestra que sufrió un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, no cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que confirma el no ejercicio de la acción penal dictado por el Ministerio Público." En el caso, se estima que no resulta aplicable, porque, si bien, para que proceda el juicio biinstancial es necesario que el promovente acredite ser titular de un derecho subjetivo que se vea afectado de manera personal y directa con motivo del acto de autoridad, y de conformidad con el artículo 5º, fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, el carácter de quejoso lo ostentará quien además de aducir ser el titular de un derecho, acredite el interés jurídico o legítimo que le asiste, respecto del acto reclamado que afecta de manera real y actual su esfera jurídica. Sin embargo, como en la especie, fue el quejoso quien denunció los hechos delictivos y compareció ante la autoridad investigadora de los delitos a ofrecer las pruebas pertinentes, tendentes a acreditar la comprobación del cuerpo del delito; pero sobre todo porque promovió el control judicial previo contra la determinación de no ejercicio de la acción penal en contra de la ahora tercera interesada, por lo que es inconcuso que tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto para combatir dicha resolución. Máxime si en dicho control judicial previo e incluso en uno previo de la misma naturaleza, ya se le reconoció el derecho a impugnar la resolución de donde deriva el acto reclamado, sin que ello fuera motivo de controversia alguna, por lo que sería ilógico que en sede constitucional se le desconozca esa prerrogativa. Además, el concepto de víctima debe maximizarse para la promoción del juicio constitucional, máxime que como denunciante, tiene la titularidad del derecho a que se resuelva legal e íntegramente el medio de impugnación interpuesto. Incluso, el artículo 6, fracción XIX, de la Ley General de Víctimas, como señala el recurrente, define a la víctima como la persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito; aunado a que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, no se advierte se acotara el derecho de promover el amparo, a la calidad del promovente del juicio, esto es, querellante, denunciante, víctima u ofendido del delito. Luego, para la procedencia del juicio de amparo, se requiere que el accionante acredite ser titular de un derecho subjetivo que sea afectado de forma personal y directa con motivo del acto de autoridad; además, conforme al artículo 5, fracción I, párrafo cuarto, de la ley de la materia, relativa a que como el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, el carácter de quejoso lo ostentará quien además de aducir ser el titular de un derecho, acredite el interés jurídico o legítimo que le asiste, respecto del acto reclamado que afecta de manera real y actual a su esfera jurídica. Lo que en la especie acontece, pues si bien se ha otorgado el carácter de víctima, en relación con la afectación que se causa al bien jurídico tutelado; sin embargo, de la interpretación más amplia de dicho concepto se obtiene que el denunciante de un hecho con apariencia de delito también puede considerarse como tal calidad, con base en las circunstancias que motivan la presentación de la denuncia, si el delito provoca afectación a sus derechos fundamentales, como podría ser el caso. En efecto, si la parte quejosa fue quien en su momento denunció los hechos con apariencia de delitos materia de la carpeta de investigación de donde emana el acto reclamado (abuso de autoridad), compareció ante el Ministerio Público investigador a ofrecer los datos de prueba pertinentes para acreditar la comprobación del ilícito, debe considerársele con la calidad de víctima u ofendido, pues ésta no sólo es en función de quién sea titular del bien jurídico ni del tipo de resultado del ilícito, sino también con base en las peculiaridades del caso concreto, al no ser lo mismo denunciar un hecho posiblemente delictivo por el mero interés cívico, que hacerlo porque ese hecho, indirectamente, le prive o afecte un derecho fundamental. Pues como ya lo estableció el Máximo Tribunal del País, al realizar una interpretación extensiva de las acepciones de víctima u ofendido, comprende "a todas aquellas personas que son afectadas por la comisión de un delito, dentro de los que cabe el denunciante"; de modo que el interés jurídico le asiste "a toda persona" que con motivo del delito, resiente una "afectación en su esfera de derechos", y tal legitimación para la acción de amparo se tiene "con independencia del bien jurídico que tutelan los diversos tipos penales". En ese sentido, es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 58/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "LEGITIMACIÓN AD PROCESUM DEL DENUNCIANTE FACULTADO PARA EXIGIR LA REPARACIÓN DEL DAÑO O LA RESPONSABILIDAD CIVIL, COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES U OMISIONES QUE SANCIONA LA LEY PENAL. CUENTA CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRME EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O SU DESISTIMIENTO, EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad con la tesis del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 128/2000, de rubro: "ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTODE AQUÉLLA.", y de una interpretación extensiva a los artículos 21, cuarto párrafo constitucional, 4o., 10 fracción III y 114 fracción VII, de la Ley de Amparo, tienen legitimación activa para interponer amparo por el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta, todas aquellas personas que hayan sufrido un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delitos, entre las que se encuentra el denunciante cuando coincida en él cualquiera de las calidades antes indicadas, ya que en tal hipótesis, debe presumirse una intención legislativa en el sentido de ampliar el derecho de acudir al amparo a cualquiera que sufra un menoscabo en su esfera jurídica, aun cuando no se trate de la víctima o del ofendido." Por tanto, será víctima toda persona que haya "sufrido un daño físico, una pérdida financiera o menoscabo sustancial en sus derechos fundamentales", de manera que queden comprendidas todas las personas que resultan afectadas "directa o indirectamente" por la comisión de un delito. Ciertamente, sería un contrasentido, como ya se dijo, que al denunciante le asista el derecho de impugnar mediante el control judicial previo la propuesta de no ejercicio de la acción penal, pronunciada en la carpeta de investigación respectiva, pero carezca de interés jurídico para combatir lo resuelto en tal medio de impugnación en sede constitucional; esa actitud quebranta la prerrogativa de acceso a la justicia, ya que desconoce el derecho de impugnar resoluciones adversas a sus intereses, no obstante que se le reconoció tal prerrogativa al darle trámite y fallar dicho control generador del acto reclamado. Lo anterior, en concordancia con lo sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 11/2013, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 49/2014 (10a.), de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DECLARADAS EJECUTORIADAS, SALVO QUE LA DECLARACIÓN RELATIVA SE REALICE CON POSTERIORIDAD A LA INTERPOSICIÓN OPORTUNA DE AQUÉL O ANTES DE QUE FENEZCA EL PLAZO PARA ELLO.", en la que determinó que el derecho fundamental de acceso a la justicia conlleva el deber de garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa previstos en la Constitución y en la ley, por lo que no basta que los medios de impugnación -como en el caso del juicio de amparo- estén previstos legalmente, sino que para su admisión y tramitación se requiere eliminar cualquier cúmulo de requisitos o formalismos técnicos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo que persiguen. Máxime que el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional procede contra las omisiones del agente del Ministerio Público, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; sin que se advierta que el legislador federal haya acotado ese derecho fundamental a la calidad del promovente del juicio de prerrogativas constitucionales para impugnar tales determinaciones; a saber, querellante, denunciante, víctima u ofendido del delito. En estas condiciones, la parte relativa de la resolución dictada en el control judicial previo que constituye el acto reclamado, podría lesionar directamente el contenido en el artículo 17 constitucional, pues conforme a este precepto, cualquier parte involucrada en una indagatoria tiene el derecho fundamental a la procuración de justicia que se separa, además, en otros subderechos, entre los que se encuentra la eficiencia en su administración por sus operadores jurídicos. Lo anterior, como ya se señaló, se afecta el interés jurídico del denunciante porque lesiona su esfera jurídica individual, pues ante la falta de análisis de las conductas denunciadas en la carpeta de investigación (particularmente del abuso de autoridad) en el que el quejoso tiene intervención como parte, se lesiona directamente el contenido en el artículo 17 constitucional. Tal interés inclusive se fortalece porque la autoridad responsable le reconoció legitimación como promovente del control judicial previo; por lo consiguiente, jurídica y razonablemente resulta absurdo que al quejoso, si al ejercer el derecho de impugnación se generó la resolución reclamada, en sede constitucional se le desconozca tal prerrogativa. En apoyo a lo anterior, este órgano jurisdiccional comparte, por las razones que la sustentan, la tesis I.7o.P.44 P (10a.), del rubro y texto siguientes: "DENUNCIANTE DEL DELITO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LO RESUELTO EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE RESERVA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. Si bien para la procedencia del juicio de amparo se requiere que el accionante acredite ser titular de un derecho subjetivo que sea afectado de forma personal y directa con motivo del acto de autoridad, y conforme al artículo 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en el sentido de que como el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, el carácter de quejoso lo ostentará quien además de aducir ser el titular de un derecho, acredite el interés jurídico o legítimo que le asiste, respecto del acto reclamado que afecta de manera real y actual su esfera jurídica; sin embargo, si el quejoso fue quien denunció los hechos delictivos, incluso, compareció ante el agente del Ministerio Público investigador a ofrecer las pruebas pertinentes, tendientes a acreditar la comprobación del delito, es inconcuso que tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto contra lo resuelto en el recurso de inconformidad interpuesto contra la determinación de reserva de la averiguación previa, pues si al ejercer el derecho a impugnar se generó la resolución reclamada, sería ilógico que en sede constitucional se le desconozca esa prerrogativa, toda vez que el concepto de víctima debe maximizarse para la promoción del juicio constitucional, ya que esa definición no debe constreñirse a la función de quien sea titular del bien jurídico ni del tipo de resultado del ilícito, sino que, como denunciante, también tiene la titularidad del derecho a que se resuelva legal e íntegramente el medio de impugnación de referencia; máxime que el artículo 6, fracción XVII, de la Ley General de Víctimas define a la víctima como la persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito; aunado a que no se advierte que el legislador, en el artículo 107, fracción VII, de la ley de la materia, haya acotado el derecho de promover el amparo, a la calidad del promovente del juicio, esto es, querellante, denunciante, víctima u ofendido del delito." Por tanto, se estima que no resulta aplicable la jurisprudencia 41/2011 citada, dado que como ya se explicó, la propia autoridad responsable en la resolución que constituye el acto reclamado, reconoció al quejoso su derecho de impugnar la resolución que confirma la negativa del ejercicio de la acción penal e incluso, no solo con el carácter de denunciante, sino también de ofendido, en virtud de que se aprecia que el delito de abuso de autoridad que denunció, si bien no podría afectarle económicamente por sí mismo en principio, al referirse a hechos que podrían involucrarlo en actos que a su vez podrían ser constitutivos de actos ilegales o incluso delictivos, a la postre sí podrían afectar sus derechos fundamentales. Decisión. Las consideraciones jurídicas precisadas ponen de manifiesto que la determinación reclamada es respetuosa de los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y derecho de las víctimas, tuteladas en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Federal. Asimismo, al resultar infundados los conceptos de violación aducidos, aún suplidos en su deficiencia de acuerdo al artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Denyn Arturo Huerta de la Llave. Se invoca al caso la Jurisprudencia 2a./J. 67/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Octavo. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Denyn Arturo Huerta de la Llave, contra el acto reclamado al 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (José Álvaro Sarmiento Márquez), precisado en el considerando segundo, por los motivos expuesto en el diverso séptimo de este fallo constitucional. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese por lista a las partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, y mediante oficio a la autoridad responsable, a las terceras interesadas agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General Susana Altagracia Osorio Acosta y Silvia Pedroza Rodríguez quien se desempeña con el cargo de encargada del despacho del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla; así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
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