Diana Julieth Sarria Rodriguez
Expediente 531/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Diana Julieth Sarria Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Iván Tlatelpa Cortez, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa Diana Julieth Sarria Rodríguez, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito presentado el cuatro de julio del actual (fojas 55 a 59); por lo que al respecto, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 119 y 120).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la razón asentada por el actuario judicial de la adscripción de la que se advierte que no logró notificar personalmente a la quejosa, los autos de veintiuno y veinticuatro de agosto del año en curso, por los motivos que a continuación se exponen: El fedatario judicial, refiere que el veintisiete de agosto del actual a las once horas con quince minutos, se constituyó en la calle dieciocho oriente, número doscientos cinco, interior diez (edificio "San José"), colonia Centro, ciudad de Puebla, (domicilio señalado por la parte quejosa para recibir notificaciones), y observó que la dirección proporcionada por la quejosa es incompleta, pues al ubicarse en el edificio correspondiente, este se subdivide en distintos módulos y despachos de los cuales la promovente omitió señalar el despacho correspondiente; no obstante, es informado por el personal de administración del inmueble, que los nombres de los autorizados de la quejosa no se encuentran en la base de datos de los arrendadores de los despachos o interiores. En consecuencia, al tratarse de un obstáculo de forma permanente, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, notifíquese a la parte quejosa, los autos de veintiuno y veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, el presente proveído y los subsecuentes, incluso los de carácter personal por medio de lista de acuerdos. El proveído de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el tres de agosto de dos mil dieciocho, mismo que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medias decretadas en el incidente de suspensión. No pasa inadvertido para la suscrita Secretaria en Funciones de Jueza de Distrito que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad 5. Consulado de Colombia en México, de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dicha autoridad, ya que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes aquéllas resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo; aunado a que en auto admisorio de cinco de junio del año en curso (fojas 12 a 16), se ordenó dar vista a dicha autoridad únicamente para hacerle del conocimiento la tramitación del presente controvertido constitucional, en virtud que la aquí quejosa manifestó ser de nacionalidad Colombiana, por lo que no le asiste el carácter de autoridad responsable. Orienta lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, la parte quejosa o alguno de sus autorizados deberán acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que adjuntó a su escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el cuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 55 a 59); apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado." El proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no logró notificar personalmente a la quejosa Diana Julieth Sarria Rodríguez, el auto dictado el veintiuno de agosto pasado (fojas 119 y 120), por los motivos que a continuación se exponen: El fedatario Judicial de la adscripción, aduce que al constituirse en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración, Delegación Puebla, Constantino Ávila Ramos, funcionario adscrito a la Coordinación de Unidades en Áreas de Servicios Migratorios de dicha dependencia, le manifestó que la peticionaria de amparo egresó de la citada institución el nueve de agosto de dos mil dieciocho, por lo que fue imposible notificarle el referido acuerdo. Ahora bien, toda vez que de la demanda que dio origen al presente sumario constitucional se advierte que dicha quejosa señaló domicilio para recibir notificaciones, sito en: calle dieciocho oriente, número doscientos cinco, interior diez, Edificio San José, colonia Centro de la ciudad de Puebla; en consecuencia, se comisiona al actuario que corresponda para que notifique a la parte quejosa el auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, y el presente proveído en el referido domicilio, así como las subsecuentes notificaciones personales que le correspondan. "
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no logró notificar personalmente a la quejosa Diana Julieth Sarria Rodríguez, el auto dictado el veintiuno de agosto pasado (fojas 119 y 120), por los motivos que a continuación se exponen: El fedatario Judicial de la adscripción, aduce que al constituirse en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración, Delegación Puebla, Constantino Ávila Ramos, funcionario adscrito a la Coordinación de Unidades en Áreas de Servicios Migratorios de dicha dependencia, le manifestó que la peticionaria de amparo egresó de la citada institución el nueve de agosto de dos mil dieciocho, por lo que fue imposible notificarle el referido acuerdo. Ahora bien, toda vez que de la demanda que dio origen al presente sumario constitucional se advierte que dicha quejosa señaló domicilio para recibir notificaciones, sito en: calle dieciocho oriente, número doscientos cinco, interior diez, Edificio San José, colonia Centro de la ciudad de Puebla; en consecuencia, se comisiona al actuario que corresponda para que notifique a la parte quejosa el auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, y el presente proveído en el referido domicilio, así como las subsecuentes notificaciones personales que le correspondan.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el tres de agosto de dos mil dieciocho, mismo que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medias decretadas en el incidente de suspensión. No pasa inadvertido para la suscrita Secretaria en Funciones de Jueza de Distrito que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad 5. Consulado de Colombia en México, de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dicha autoridad, ya que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes aquéllas resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo; aunado a que en auto admisorio de cinco de junio del año en curso (fojas 12 a 16), se ordenó dar vista a dicha autoridad únicamente para hacerle del conocimiento la tramitación del presente controvertido constitucional, en virtud que la aquí quejosa manifestó ser de nacionalidad Colombiana, por lo que no le asiste el carácter de autoridad responsable. Orienta lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, la parte quejosa o alguno de sus autorizados deberán acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que adjuntó a su escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el cuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 55 a 59); apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado.
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