Diana Celia Carpio Rios
Expediente 981/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 05/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Diana Celia Carpio Rios
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. SE RECIBEN AUTOS. Ténganse por recibidos los autos del cuaderno de amparo número 1906/2019 del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, formado con motivo de la demanda promovida por J. Jesús Díaz Méndez, en cuanto apoderado de Diana Celia Carpio Ríos, contra actos de la Segunda Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al estimar que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el citado juzgado federal considera que los actos reclamados, tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción, ya que como lo cita en su oficio de cuenta, la quejosa reclama fundamentalmente la multa que le fue impuesta mediante acuerdo de diez de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio contencioso administrativo 621/17-07-02-7 del índice de la Segunda Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, así como la ejecución de dicha sanción. En ese contexto, de manera respetuosa, el suscrito no comparte el criterio del juzgado declinante y considera que, por el momento, no existen elementos para aceptar la competencia planteada, por las siguientes consideraciones legales: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, atendiendo a si el acto reclamado no requiere de ejecución material, o en el supuesto de que sí lo requiera, se atenderá al lugar en donde debe tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La segunda teoría, descansa en si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Por último, la tercera regla contempla que es competente el juez de Distrito, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Bajo ese contexto, respetuosamente se estima que, contrario a lo que sostiene el juzgado declinante, en el presente caso, por el momento, no se actualiza la primera hipótesis prevista por el artículo 37 de la Ley de Amparo, por las siguientes razones. Lo anterior es así, ya que el quejoso en su escrito de demanda precisa como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO QUE SE RECLAMA: El acto que se reclama de la autoridad responsable es el consistente en el proveído de data diez de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio administrativo de número 621/17-07-02-7, promovido por la empresa denominada SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., en contra de las personas morales SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN Y/O DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD EN MICHOACÁN.". Del análisis integral del libelo constitucional y las documentales adjuntas, se colige que la peticionaria de amparo reclama de la Segunda Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, el acuerdo de diez de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio contencioso administrativo número 621/17-07-02-7, a través del cual se le hace efectivo un apercibimiento de multa y se requiere a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán, a fin de que proceda a ordenar o efectuar el cobro. Ahora, si bien el auto reclamado conlleva la inminente ejecución de una sanción impuesta dentro del juicio de origen, lo cual acontecerá dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción, lo cierto es que del escrito de demanda no se desprende que el quejoso señale como acto reclamado la ejecución de dicho proveído, aunado a que tampoco no señala como autoridad responsable a la administración a la cual se le encomienda ejecutar la multa que le fue impuesta; elementos anteriores que son imprescindibles para determinar la legal competencia a favor de este órgano jurisdiccional. Esto es, con independencia de que se reclame un acuerdo en el que se ordena hacer efectivo el cobro de una multa dentro de este distrito judicial, del análisis integral de la demanda no se advierte que el quejoso expresara su deseo de señalar como acto reclamado la ejecución de dicho proveído, ni menos señalar a alguna autoridad ejecutora como lo pudiera ser la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán. Resulta ilustrativa la tesis aislada que a continuación se inserta: Época: Décima Época Registro: 2018287 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.6o.P.18 K (10a.) Página: 2189 "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DECLINARLA SIN FIJAR PREVIAMENTE LOS ACTOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA UNA VEZ EFECTUADO SU ANÁLISIS INTEGRAL. El Juez de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda de amparo, no debe declinar la competencia a un diverso Juez Federal, sin fijar previamente los actos reclamados en aquélla, una vez efectuado su análisis integral, pues en los supuestos en que se advierta alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deba corregirse, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, deberá prevenir al quejoso para que la aclare y precise los actos reclamados, para poder, si es el caso, declinar su competencia. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Conflicto competencial 7/2018. Suscitado entre los Juzgados Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena Leguízamo Ferrer. Secretaria: Gabriela Rodríguez Chacón. Esta tesis se publicó el viernes 09 de noviembre de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". Además, en lo conducente se cita el contenido de la jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal, que dice: "Época: Décima Época Registro: 2004166 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.) Página: 383 "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Contradicción de tesis 571/2012. Entre las sustentadas por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 10 de abril de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos respecto al fondo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Horacio Nicolás Ruiz Palma. Tesis de jurisprudencia 52/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de mayo de dos mil trece. Por ello, en los términos en que se plantea la demanda, no puede considerarse que, por el momento, el acto reclamado sea ejecutable dentro de la circunscripción territorial de este Distrito Judicial, en términos de lo que establece el citado artículo 37 de la Ley de Amparo. Incluso, el suscrito considera que eventualmente el acto reclamado podría haber tenido una ejecución dentro de la jurisdicción del juzgado declinante, cuenta habida de que en el acuerdo de diez de julio del actual, la autoridad responsable ordenó girar oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán, lo cual, como se expresa, podría implicar que el acto inicia a materializarse en el lugar en que resida la responsable, para en último término seguir ejecutándose dentro de este Distrito Judicial en donde radica la autoridad fiscal mencionada; por lo que, de ser el caso, estaríamos en presencia de la tercera hipótesis del artículo 37 citado, esto es, el conocimiento del asunto quedaría sujeto a prevención. A mayor abundamiento, cabe precisar que el auto reclamado fue notificado electrónicamente, en términos del artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 65. Las notificaciones a los particulares y a las autoridades en el juicio deberán realizarse por medio del Boletín Jurisdiccional, enviándose previamente un aviso electrónico a su dirección de correo electrónico o dirección de correo electrónico institucional según sea el caso, de que se realizará la notificación, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto. El aviso de notificación deberá ser enviado cuando menos con tres días de anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o sentencia de que se trate en el Boletín Jurisdiccional. Las notificaciones electrónicas a las partes se entenderán realizadas con la sola publicación en el Boletín Jurisdiccional, y con independencia del envío, cuando así proceda, de los avisos electrónicos. " De lo anterior se obtiene que las notificaciones electrónicas se entenderán realizadas con la sola publicación en el Boletín Jurisdiccional del Tribunal que las emita, con independencia de su envío. Así, tomando en cuenta que el auto recurrido fue notificado a la parte quejosa a través de correo electrónico el pasado dos de agosto del actual, debe considerarse que el acto procesal descrito se materializó fuera de la circunscripción territorial de este órgano federal, precisamente porque los efectos de la notificación electrónica quedan sujetos al boletín jurisdiccional del Tribunal que lo emite y, por ende, a la residencia en que se encuentre este último. Por tanto, este juzgador estima que no se actualiza hipótesis contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, porque, se reitera, en los términos en que se precisan los actos reclamados, no se advierte una ejecución material, o bien, que las consecuencias de los que señala como tal requieran una materialización en la esfera jurídica del promovente, sin que además se precise alguna autoridad a la que le asista el carácter de ejecutora y el acto que se le atribuye, que a su vez pudiera determinar la competencia a favor de este órgano federal. Así, ante la falta de elementos suficientes que en este momento determinen la legal competencia a favor de este órgano federal, el suscrito considera que no es factible aceptar la competencia declinada. En virtud a lo considerado, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por el momento, no acepta la competencia que se le plantea, para conocer de la demanda promovida por J. Jesús Díaz Méndez, en cuanto apoderado de Diana Celia Carpio Ríos, contra actos de la Segunda Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco. En mérito de lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena devolver al Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, el juicio de amparo 1906/2019 de su índice, a efecto de que de estimarlo conveniente acuerde lo que en derecho corresponda, con la atenta súplica de acusar el recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.-
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