DIANA GONZÁLEZ RAMÍREZ y Otros.

Expediente 779/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
779/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • DIANA GONZÁLEZ RAMÍREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el asunto que nos ocupa, se surte la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En consecuencia, como la Ley de Amparo vigente, para la procedencia del amparo indirecto, considera que los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, entonces no queda comprendida en esa connotación, la decisión asumida en audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, celebrada en el juicio número F-5036/2022, en la que el juez responsable no acordó de conformidad la petición formulada por el perito de la quejosa en el sentido de ampliar la prueba pericial contable admitida en autos a fin de que le sea autorizada la intervención o acceso a la caja de la persona moral denominada "Nefrología y Diálisis de León", sociedad civil, con la finalidad de verificar el flujo de efectivo que ingresa a la misma; lo anterior es así, pues dicha determinación únicamente produce efectos procesales en el juicio de origen que se traducen en la negativa del juez responsable de modificar los puntos sobre los cuales versará la prueba pericial en materia contable ofrecida por la parte actora y que fueron fijados en el acuerdo de admisión de data veinte de abril del año en curso; los cuales pueden ser reparados si se obtiene una resolución favorable. En consecuencia, ese tipo de actuaciones no son susceptibles de ser sujetas a análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino que deben hacerse valer hasta el amparo directo, para el caso de que sea adversa la sentencia definitiva, y en el supuesto de que sea favorable a la ahora quejosa, lo puede plantear en el amparo adhesivo, conforme al numeral 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 182 de la Ley de Amparo. En concordancia con lo apuntado, resulta válido concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son capaces de afectar directamente alguno de los aludidos derechos fundamentales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; y que por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En efecto, la naturaleza del acto reclamado, que como se ha destacado, lo constituye la decisión asumida en audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, celebrada en el juicio número F-5036/2022, en la que el juez responsable no acordó de conformidad la petición formulada por el perito de la quejosa en el sentido de ampliar la prueba pericial contable admitida en autos a fin de que le sea autorizada la intervención o acceso a la caja de la persona moral denominada "Nefrología y Diálisis de León", sociedad civil, con la finalidad de verificar el flujo de efectivo que ingresa a la misma, no vulnera derechos sustantivos; razón por la cual, resultan intrascendentes los motivos de ilegalidad que señala la recurrente, al ser un acto que solo genera efectos intraprocesales. Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclama una resolución de las características citadas, es improcedente. Es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XX, octubre de 2004, página 9, cuyo texto y rubro es como sigue: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". En ese sentido, resulta evidente que el acto reclamado no participa del carácter de imposible reparación, dado que la decisión asumida en audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, celebrada en el juicio número F-5036/2022, en la que el juez responsable no acordó de conformidad la petición formulada por el perito de la quejosa en el sentido de ampliar la prueba pericial contable admitida en autos a fin de que le sea autorizada la intervención o acceso a la caja de la persona moral denominada "Nefrología y Diálisis de León", sociedad civil, con la finalidad de verificar el flujo de efectivo que ingresa a la misma; la cual constituye el acto reclamado en este juicio, no conlleva la afectación a un derecho sustantivo de la promovente, es decir, se refiere a un acto de naturaleza procesal que solo afecta, en su caso, derechos adjetivos al estar vinculada únicamente con el desahogo de una prueba que ofreció dentro del juicio de origen; supuesto en el cual no resulta procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional. Sin que pasen inadvertidas para la suscrita las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que el acto reclamado impide que los menores de edad disfruten de una pensión provisional de alimentos acorde a sus necesidades, ya que la que reciben resulta insuficiente para ello; sin embargo, ella misma refiere que les fue fijada una pensión provisional equivalente al treinta por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe el progenitor de aquéllos en cada una de sus fuentes laborales y, si bien, la prueba pericial contable de mérito se ofreció para demostrar el monto de los ingresos que aquél obtiene como socio de la persona moral denominada "Nefrología y Diálisis de León", sociedad civil, la valoración de tal medio de convicción se hará hasta que se dicte la sentencia definitiva, de ahí que la afectación que los posibles vicios en su desahogo produzcan, se materializarán hasta que se emita tal fallo; pudiendo la impetrante reclamarlos como violación procesal, en caso de que le resulte desfavorable el monto de la pensión que en su caso se fije como alimentos definitivos. Aunado a que de estimar que la pensión de alimentos provisionales que recibe resulta insuficiente, está en aptitud de promover lo que en derecho proceda a fin de lograr su incremento dentro del juicio de origen. Apoya lo antes expuesto, por identidad de razón, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./J. 24/2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 297, Novena Época, de texto y rubro: "PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR EL QUEJOSO EN LA CONTABILIDAD DE SU CONTRAPARTE EN EL JUICIO NATURAL. CONTRA SU DESECHAMIENTO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Por otra parte, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, con el rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que los actos dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o producen a las partes una afectación en grado predominante o superior. En congruencia con lo anterior, se concluye que el amparo indirecto es improcedente contra el desechamiento de la prueba pericial contable ofrecida por el quejoso sobre la contabilidad de su contraparte en el juicio natural, por tratarse de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ya que sólo ocasiona que no se acumulen al acervo probatorio de ese juicio los resultados que pudiera arrojar el desahogo de la prueba respectiva, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de la materia, haciendo valer el desechamiento como violación procesal, en su caso.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo y con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. VI. Domicilio, acceso electrónico y autorizados. Como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (ABOCARRSO) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que ameriten notificación personal en el presente juicio. Se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Pablo Carrera Castañeda, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Público de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a Carla Teresa Juárez Alférez, por no contar con dicho registro. VII. Se ordena protección de identidad de los menores de edad. Con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos en que afecten a niñas, niños y adolescentes" (puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de actuaciones generales); así como en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16, párrafo I); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11.2); Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (párrafos 8, inciso a), 26, 27 y 28); Manual sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (Capítulo VII, p. 59 - 63); Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores también conocidas como Reglas de Beijing (Regla 8), este órgano jurisdiccional ordena proteger la privacidad de toda participación infantil a través del resguardo de su identidad, sin importar la calidad con la que comparezca al presente juicio constitucional, esto es, si como quejoso o tercero interesado; para efecto de lo cual se ordena: Sustituir el nombre de los niños, niñas o adolescentes que participen en el presente procedimiento constitucional con sus iniciales, en listas de acuerdos, diligencias, comunicaciones oficiales, autos, interlocutorias y en sentencias definitivas, debiendo glosarse al expediente en sobre cerrado, hoja que contenga el nombre completo del infante. Las constancias que las autoridades responsables remitan como apoyo a su informe justificado que contengan datos de identificación de menores de edad o cualquier otro dato sensible como imágenes del infante, deberá resguardarse en secreto en la secretaría del juzgado, haciendo los desgloses correspondientes; autorizándose únicamente la consulta de dicho material por parte de los autorizados en este juicio y directos quejosos o terceros interesados, sin posibilidad de reproducirlo ya sea a través de fotocopias o por medios electrónicos. VIII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Se exhorta a la parte quejosa. Se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. X. Acuerdos generales. En otro orden de ideas y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Se ordena generación de versión pública de resolución. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general.

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