Diana Eugenia Solórzano Vega
Expediente 468/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Diana Eugenia Solórzano Vega
Actuaciones
- Principal
Quejosa solicita devolución de documentos. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, a través del cual la quejosa Diana Eugenia Solórzano Vega, solicita la devolución de los documentos que exhibió con su demanda de amparo. En atención a lo anterior, deberá de estarse a lo acordado en proveído de siete de julio del año en curso, en el que se autorizó la devolución de documentos.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE REZA: León, Guanajuato, siete de julio de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de veintitrés de junio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, respecto al periodo de su vigencia, indíquesele a la aludida parte que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado José de Jesús Rodríguez Montiel, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE REZA: I. Quejosa desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito presentado por Diana Eugenia Solórzano Vega, mediante el cual atiende el requerimiento que le fue formulado por auto de once de junio del año en curso; consecuentemente, se provee: II. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito de demanda y de lo manifestado en el ocurso aclaratorio; se precisa que la peticionaria reclama: El cobro excesivo respecto a los parámetros económicos individualizados conforme a las posibilidades económicas escasas de la quejosa, respecto al pago del impuesto predial correspondiente al año dos mil veintiuno, toda vez que anualmente y en años anteriores (con excepción del dos mil veinte), ha pagado la cantidad de $--------------------, respecto del predio ubicado en Ex Hacienda de Ibarrilla sin número, de esta ciudad, con cuenta predial ---------------------; así como la no aplicación de un beneficio para tal efecto, no obstante a que en el año dos mil veinte se le aplicó una tasa general del 0.281 por ciento. III. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso concreto, se hace patente la actualización de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;..." La disposición normativa transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances a los que prevé esa ley y sin exigir mayores requisitos que los que en ella se consignan para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto es, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, se deben satisfacer estos requisitos: 1. El acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; 2. El acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; 3. A través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; 4. La norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; 5. La norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido; y, 6. No exista excepción al principio de definitividad. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En la especie, los requisitos antes apuntados se actualizan respecto al acto reclamado en análisis, por lo siguiente. El supuesto previsto en el punto uno se encuentra satisfecho, porque de las manifestaciones hechas por la quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, así como de lo referido en el escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado es imputado al Tesorero Municipal de esta ciudad, a quien se le atribuye el cobro excesivo respecto al pago del impuesto predial correspondiente al año dos mil veintiuno, toda vez que anualmente y en años anteriores (con excepción del dos mil veinte), ha pagado la cantidad de $58,658.69 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 69/100 moneda nacional), respecto del predio ubicado en Ex Hacienda de Ibarrilla sin número, de esta ciudad, con cuenta predial 04R000006004; así como la no aplicación de un beneficio para tal efecto, no obstante a que en el año dos mil veinte se le aplicó una tasa general del 0.281 por ciento. Es decir, la emisión del acto reclamado en estudio, se atribuye a una autoridad administrativa distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues se imputa a una autoridad de la administración pública municipal. Por lo que respecta a los requisitos marcados en los puntos dos y tres, también se encuentran cubiertos; para ello es necesario citar que los artículos 1, 226 y 227 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, disponen: "Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular: I. Los actos y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado de Guanajuato y de sus municipios; y II. La justicia administrativa en el Estado de Guanajuato, la cual se impartirá a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de los Juzgados Administrativos Municipales." "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido." De los numerales antes transcritos se advierte, que contra los actos y resoluciones administrativas -como en el caso en estudio-, procede el recurso de inconformidad (ante el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que desea combatirse) o el procedimiento administrativo (también conocido como juicio de nulidad), ante autoridad jurisdiccional; el recurso de inconformidad tiene por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido, en el caso, la determinación en la que el Tesorero Municipal de esta ciudad, le comunicó que procedió la aplicación de la tasa general de 0.281 por ciento, al inmueble del que es copropietaria, pero únicamente surtiría sus efectos para el ejercicios fiscal de dos mil veinte, lo que la quejosa estima que se traduce en el cobro excesivo respecto al pago del impuesto predial correspondiente al año dos mil veintiuno, toda vez que anualmente y en años anteriores (con excepción del dos mil veinte), ha pagado la cantidad de $58,658.69 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 69/100 moneda nacional), respecto del predio ubicado en Ex Hacienda de Ibarrilla sin número, de esta ciudad, con cuenta predial 04R000006004; así como la no aplicación de un beneficio para tal efecto. Los requisitos señalados en los puntos cuatro y cinco, también se encuentran satisfechos, pues para ello basta citar los artículos 234, 268, 269 y 270 de la codificación antes referida que señala: "Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa." "Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto no haya causado ejecutoria la sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción. Artículo 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo. Artículo 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía." Numerales que no exigen mayores requisitos que los previstos en el artículo 128, de la Ley de Amparo, de conformidad con la jurisprudencia 19, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, que señala: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Finalmente, por lo que hace al punto seis, también se encuentra satisfecho, pues no se advierte la actualización de alguna excepción al principio de definitividad. Toda vez que no se trata de un juicio de amparo contra leyes, o se promueve con motivo del primer acto de aplicación; No se alega la ausencia de fundamentación; y, No se reclaman en este juicio exclusivamente violaciones directas a la Carta Magna, pues también reclama básicamente el cobro excesivo del impuesto predial respecto del bien inmueble ubicado en Ex Hacienda de Ibarrilla sin número, de esta ciudad, con cuenta predial 04R000006004, para el año dos mil veintiuno y la no aplicación de un beneficio para tal efecto. En consecuencia, si la quejosa no hizo valer el recurso de inconformidad (ante el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que desea combatirse) o el procedimiento administrativo (también conocido como juicio de nulidad), ante autoridad jurisdiccional, previamente a promover el juicio de amparo respecto del acto de autoridad en cuestión, la instancia constitucional resulta improcedente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, que señala: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". De igual manera, sirve de fundamento la jurisprudencia 16, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, de contenido: "ACTO DE AUTORIDAD DEFICIENTEMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. AMPARO CONTRA EL. DEBE OBSERVARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Es improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo cuando el quejoso previamente a la interposición del juicio de garantías no agote los recursos ordinarios que establezcan las leyes contra los actos que combata en el amparo, siempre que se suspendan los efectos de dichos actos con la interposición del recurso; aun cuando el acto de autoridad haya sido deficientemente fundado y motivado, pues sólo cuando dicho acto carezca absolutamente de esos requisitos el gobernado no tendrá obligación de hacer valer previamente a la presentación del juicio constitucional los medios de defensa ordinarios por desconocer en qué ordenamientos legales se apoya el acto y por consiguiente en dónde se encuentran los medios de reparación contra los actos de autoridad que le afecten.". Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la quejosa haya presentado el recurso de revisión previsto en el artículo 68 de la Ley de Ingresos del Municipio de León para el Año Fiscal 2020, toda vez que no es suficiente para estimarse que agotó la definitividad, ya que ese medio de impugnación lo hizo valer contra el pago del impuesto predial del inmueble del que es copropietaria para el año dos mil veinte y no así contra la del año dos mil veintiuno. Lo anterior es así, ya que la tasa aplicable a cada ejercicio fiscal puede variar o no con motivo de la emisión de la ley de ingresos del ejercicio fiscal correspondiente, pues tiene una vigencia anual y, por tanto, una naturaleza de acto legislativo nuevo cada año, de ahí que al haber combatido la tasa del año dos mil veinte y que la autoridad le haya informado que prosperó su petición de aplicarle una diversa a la que le venía correspondiendo a años anteriores a aquél, ello no implica que los efectos de dicha autorización de aplicación de tasa mínima puedan hacerse extensivos al ejercicio fiscal en curso (el que pretende combatir en el presente juicio de amparo), tan es así que el Tesorero Municipal de esta ciudad, le aclaró que iba a tener una tasa del 0.281 por ciento únicamente aplicable para el año dos mil veinte. En todo caso, deberá de peticionar de nueva cuenta ante el Tesorero Municipal de esta ciudad, la solicitud de aplicación de la tasa que se le aplicó en el año dos mil veinte, ahora para el año dos mil veintiuno, y en caso de no ser favorable a sus intereses, promover el recurso de revisión, tal y como lo hizo, después de eso y en caso de que no sea favorable a sus intereses, agotar alguno de los medios de impugnación señalados con antelación, en sus respectivas instancias, y de no ser aún favorable a sus intereses, previo agotamiento de los medios ordinarios, promover juicio de amparo. En razón de lo antes expuesto deviene innegable que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada legislación, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda que se analiza.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 468/2021-III, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, QUE REZA: Registro en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 468/2021-III. II. Prevención. Vista la demanda de amparo presentada contra actos del Tesorero Municipal de esta ciudad, a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracción IV, en íntima vinculación, a su vez, con el artículo 108, fracciones I y IV, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito, con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes y sin presentar una nueva demanda, cumpla con lo siguiente: Aclare si está instando el presente juicio de amparo por propio derecho o en representación de diversas personas, en el entendido que de señalar este último supuesto, deberá acreditar su personalidad con documental idónea. Lo anterior, es así, ya que del proemio de la demanda de amparo, se advierte que la promovente es --------------------; sin embargo de la copia certificada de la sentencia de adjudicación dictada por el Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, -----------------, se advierte que se adjudicó el --------------- por ciento del inmueble que tiene relación con el acto reclamado que pudiera combatir en la presente instancia constitucional y que el restante porcentaje (30.51 por ciento), fue adjudicado por diversas personas, por lo que, atendiendo a que no es la propietaria en su totalidad del inmueble identificado con la cuenta predial -----------------, deberá manifestar si promueve por diversas personas, en el entendido que de ser así, deberá acreditar tal representación con documental idónea. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primero y Tercer Circuitos, respectivamente, y Segundo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 48, del Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO". 2) Señale con claridad cuál es el acto que en concreto reclama en esta vía constitucional. Ello debido a que en el apartado relativo al acto reclamado la promovente aduce acudir ante esta instancia constitucional a combatir "(.) Las normas que se reclaman son las que se trasgreden por la autoridad señalada como responsable, en relación al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto en relación a la resolución que emite la autoridad señalada como responsable respecto de la contestación de mi oficio de fecha VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL VEITE (sic) (2020) por parte del TESORERO MUNICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GUANAJUATO."; sin embargo, con posterioridad refiere que reclama el cobro excesivo del pago del impuesto predial y que para el presente año se le debe de aplicar la tasa del 0.281 por ciento; razón que no permite determinar con claridad cuál concretamente reclama, ya que el acto reclamado podría tratarse de la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, emitida en el expediente -----------------, con motivo de la presentación de su escrito el veintisiete de julio de dos mil veinte, o el cobro excesivo del pago del impuesto predial respecto del bien inmueble identificado con la cuenta --------------- (que de ser así, deberá especificar el ejercicio fiscal de que se trate) o si, por el contrario, una inconstitucionalidad de alguna norma que contenga el cobro del impuesto predial que pretende combatir en el presente juicio de garantías, para lo cual y en caso de ser así, deberá señalar de que Ley se trata y el precepto que en específico combate. Por ende, a efecto de fijar adecuadamente la litis constitucional y evitar confusiones que pudieran dilatar el trámite del juicio en que se actúa, la promovente deberá precisar de manera puntual cuál es el acto reclamado. Para lo anterior, es aplicable la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del Tomo III, de Marzo de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS." En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por la parte quejosa, pues su autorizada carece de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Apercibida que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." III. Domicilio y autorizada. En virtud de que la parte peticionaria del amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, sin embargo, ningún precepto de la Ley de Amparo, ni de la que es supletoria contemplan como domicilio esa hipótesis, se tiene que incumplió con lo ordenado por el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la legislación en cita, esta y las subsecuentes notificaciones hágansele por medio de lista hasta en tanto subsane dicha omisión. Se tiene como su autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a ------------------------, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. IV. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. V. Exhortación y requerimiento a las partes. A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante el Acuerdo General 1/2021, con relación al periodo de vigencia, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto como servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales. VI. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de las partes que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante el Acuerdo General 1/2021, con relación al periodo de vigencia, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, indíquese a las partes que si están en algún supuesto legal por el cual requieran comparecer, deberán gestionar su cita. VII. Instrucción para notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario Judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el nueve de junio de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento.
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