Diana Kukene Salgado Rivera
Expediente 483/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 483/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Diana Kukene Salgado Rivera
- ANA PATRICIA CASTAÑEDA HERNÁNDEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Autoridad acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio que remite la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, mediante el cual envía el diverso comunicado de nueve de octubre de dos mil veinte, donde el órgano jurisdiccional de su adscripción aceptó la competencia declinada por este Juzgado de Distrito. a) Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina que el expediente en que se actúa es destruible, en razón de que el cinco de octubre del año en curso, este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo generadora del presente asunto, la cual fue admitida por el órgano jurisdiccional de mérito. b) Asimismo, se conformidad con los capítulos tercero, cuarto y quinto, del citado acuerdo, relativo a la clasificación del archivo judicial, criterios generales para la valoración de expedientes y expedientes de relevancia documental, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental ni de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
León, Guanajuato, cinco de octubre de dos mil veinte. I. Se cumple prevención y solicita se le realicen las notificaciones personales de manera electrónica. Agréguese a los autos el escrito presentado por las quejosas Ana Patricia Castañeda Hernández y Diana Kukene Salgado Rivera, mediante el cual atienden el requerimiento que le fue formulado por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, y solicita se hagan las notificaciones correspondientes por el mismo medio; consecuentemente, se provee: II. Precisión de los actos reclamados. En primer término, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama esencialmente por parte de las quejosas, lo siguiente: 1) Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital. La discusión, aprobación, promulgación y orden de publicación de los artículos 144 del Código Civil y 72 del Reglamento del Registro Civil, ambos del Estado de Guanajuato, con motivo de su primer acto de aplicación. 2) Del Oficial del Registro Civil de Guanajuato capital. La resolución contenida en el oficio GTO-01/099/20, de diez de septiembre del presente año, en el que negó la solicitud de matrimonio civil presentada por las quejosas, como primer acto de aplicación de las porciones normativas reclamadas. III. Incompetencia. Puntualizado lo anterior, resulta necesario analizar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. Así, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, se declara incompetente para conocer del presente asunto por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Además, indica que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. De igual forma, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierten tres reglas para determinar la competencia de los juzgados de distrito para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Si el acto reclamado tiene ejecución material, el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido será competente. c) Cuando el acto no requiere ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Acotadas dichas reglas de competencia, en el caso que nos ocupa, las impetrantes del amparo se duele principalmente de la negativa por parte del Oficial del Registro Civil de Guanajuato capital, a la solicitud de matrimonio civil presentada por las quejosas, ello como primer acto de aplicación. Por lo tanto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 antes mencionado, se advierte que la ejecución de los actos reclamados tienen lugar fuera del territorio en el cual ejerce su jurisdicción este Juzgado de Distrito. Se considera lo anterior, dado que el acto reclamado es un impedimento con efectos positivos que se están generando en el lugar (Guanajuato, Guanajuato) donde surgió el impedimento. El oficio impugnado tiene efectos positivos, toda vez que se produjo un cambio en la realidad, modificando un estado de cosas existentes, ya que establecen una prohibición (impedimento) de que la autoridad responsable una a los quejosos en matrimonio en ese lugar, cuando está autorizado por la norma constitucional y los tratados internacionales. Además, de que dicho acto reclamado al contener un impedimento para contraer nupcias, básicamente, tiene como consecuencia que no se produzca el vínculo matrimonial solicitado, lo cual evidencia que no es un acto meramente declarativo. Tan es así, que de llegarse a conceder el amparo, sería para efecto de que se efectuara el matrimonio, empero en este caso, no en esta ciudad, sino en Guanajuato capital, lugar donde este órgano jurisdiccional no tiene competencia. Además, de que es un hecho notorio para este Tribunal que los Juzgados de Distrito de esta ciudad, en casos análogos cuando se solicita la suspensión del acto reclamado, no se niega por ser un acto declarativo, sino que se concede para el efecto de que el Oficial del Registro Civil responsable, autorice la solicitud de matrimonio civil presentada por los peticionarios del amparo, circunstancia que se insiste no acontecería en esta ciudad, sino en Guanajuato capital. En consecuencia, la competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, se surte a favor de un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se pretenden ejecutar los actos reclamados, debido a que en el particular resulta evidente que dicho acto no tiene ejecución material en los municipios en los que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, sino que sus efectos perjudiciales tienen y tendrán verificativo precisamente en el domicilio del Oficial del Registro Civil que denegó su petición de matrimonio. En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que éste órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la cuestión planteada, y estima competente al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el domicilio del Oficial del Registro Civil que negó su petición de matrimonio, y que por consecuencia, será el lugar en donde tenga efectos positivos el acto negativo del que se duelen las quejosas. Se invoca por aplicable el criterio sustentado por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en a página 88, del Semanario Judicial de la Federación Tomo 217-228, Séptima Época del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, a fin de que analice la competencia que se declina y, en su caso, sea esta autoridad quien determine la procedencia de la demanda de amparo. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicítese a la juez declinada el acuse de recibo correspondiente. IV. Se autoriza realizar notificaciones vía electrónica. Por otra parte, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio únicamente al usuario que nombró en primer término en el escrito de demanda, esto es, (Elolicea), lo anterior a efecto de dar certeza jurídica a las mismas, y estar en condiciones de computar los plazos legales dentro del presente juicio. V. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado Carlos Armando Salcedo Cordero, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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