Diana Cortez Baeza

Expediente 1125/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1125/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
04/02/2022

Partes del expediente

  • Diana Cortez Baeza
  • Fiscal Regional de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del expediente de amparo del que deriva este cuaderno e informa que se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo bajo el número ******************** de su índice. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Finalmente, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que se reservó proveer respecto del informe justificado que rindió la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, hasta en tanto el juzgado homólogo aceptara el returno planteado por este órgano jurisdiccional, lo que al efecto ya aconteció. Por tanto, envíese el informe justificado rendido por la autoridad responsable señalada con antelación, mismo que quedó registrado bajo el número de promoción 17301, así como un tomo de pruebas que se formó con motivo de dicho informe. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita le sea remitido el incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa, previo a aceptar si se avoca del conocimiento del mismo, como lo establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, sumario que le fue enviado por conocimiento previo mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, como lo solicita el homólogo en cita, remítase de inmediato los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de veintidós de dicidembre de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1125/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos de los artículos 140 y 141 de la Ley de Amparo. Dentro del periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón a su naturaleza las probanzas descritas. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: 1. Juez del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 2. Fiscal Regional de Morelia, Michoacán; 3. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Litigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán; 4. Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán; y, 5. Coordinador General de la Policía de Investigación. Todas las autoridades con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: -El acuerdo de primero de diciembre del presente año, dictado dentro de la carpeta de investigación 1003201849625, que dio origen a la causa penal 216/2019, referente a la negativa de cancelación de la orden de aprehensión, así como la orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDA. Las autoridades responsables señaladas con antelación con los números 1, 4 y 5 al momento de rendir sus informes previos manifestaron que son ciertos los actos reclamados. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados consistentes en el acuerdo de uno de diciembre de la presente anualidad, que contiene la negativa de la responsable a solicitar la cancelación de la orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa. Si bien es cierto los actos reclamados constituyen una conducta negativa de las cuales era común negar la medida cautelar en virtud de diversos criterios emitidos por el máximo tribunal de nuestro país. Como ejemplo de ello tenemos la tesis número 77, publicada en la página 126, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Sin embargo, en la actualidad la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, contiene el artículo 147, que refiere en su segundo párrafo que la suspensión del acto podrá concederse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, y podrá ordenar que las cosas guarden el estado que guarden, y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso, en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Lo cual fue materia de análisis por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número 1a./J. 70/2019 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, número de registro digital: 2021263, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Jurisprudencia de la cual se advierte de su simple interpretación textual, que para poder otorgar la concesión de la medida cautelar es necesario tener por acreditada la apariencia del buen derecho, como primer requisito. Por ello, atendiendo al contenido de la demanda y de las constancias que aporta la parte quejosa se puede concluir que en este momento procesal no se puede tener por acreditada la apariencia del buen derecho, pues no se cuenta con los elementos necesarios para ello pues los argumentos que como conceptos de violación plantea el quejoso derivan de cuestiones fácticas que este resolutor estará en condiciones de verificar si ocurren o no, cuando se cuente con los informes justificados y sus pruebas, esto es, en audiencia constitucional, incluso en la actualidad ni siquiera el acto reclamado está preciso, pues puede ser uno u otro. Sin que se estime con lo anterior que se va en contra de la jurisprudencia de rubro "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA", pues lo que este juzgador sostiene es que de momento no se cuentan con los elementos suficientes para tener por acreditada la apariencia del buen derecho y por ende la posible inconstitucionalidad del acto reclamado. Ahora, respecto de la orden de aprehensión procede realizar el siguiente análisis: De acuerdo con el informe previo rendido por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación, con residencia en esta ciudad, se desprende que la parte quejosa promovió anteriormente diverso juicio de amparo, a quien por razón de turno tocó conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, registrado bajo el número 745/2019-V. Ahora bien, constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el juzgado homólogo la parte quejosa promovió juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión que en la presente medida cautelar se analiza; asimismo, de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E., se advierte la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de referencia, en el que se le negó la protección de la Justicia Federal; por tanto, se niega la suspensión definitiva solicitada, toda vez que el acto reclamado del que se duele la promovente del amparo, lo constituye la orden de aprehensión dictada en su contra por el delito de robo calificado grave y que ya fue examinada en el diverso 745/2019-V del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Tercera. Las autoridades responsables señaladas con los número 2 y 3 al momento de rendir sus informes previos manifestaron que no son ciertos los actos reclamados; sin embargo, la presente determinación se hace extensiva a dichas autoridades, toda vez que la autoridad ordenadora aceptó la existencia de los actos aquí reclamados. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por lo expuesto en la presente interlocutoria, se niega a Diana Cortés Baeza, la suspensión definitiva, en atención a lo expuesto en las consideraciones segunda y tercera de la presente interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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