Diana Catalina Vazquez Ibarra
Expediente 546/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 31/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Diana Catalina Vazquez Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado, toda vez que no se ha recibido a la fecha escrito alguno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, el cual no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Así mismo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, transfiérase el juicio a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 17, 26 y 29 del aludido Acuerdo General. Por otra parte, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el cuaderno único del incidente de suspensión. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 546/2023, promovido por ********************por su propio derecho y en representación de su menor hija D.S.P.V.; y, De igual forma, en auto de trece de abril del año en curso, la Juez responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por este juzgado en el juicio 1430/2022, promovido por Luis Fernando Pelagio Ramírez, en contra del proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós -el cual fue sustituido por el de siete de diciembre de la misma anualidad-, determinó fijar una pensión provisional en favor de ********************a cargo de su progenitor Luis Fernando Pelagio Ramírez, bajo las consideraciones torales siguientes: Que la menor se encuentra bajo la custodia y materialmente al lado de su madre a partir del trece de enero de dos mil veintitrés. Que tiene justificada la presunción de necesitar alimentos a cargo de su progenitor. Que atendiendo al principio de proporcionalidad que debe imperar en el pago de alimentos, esto es la capacidad del obligado y las necesidades de la menor; asimismo a que la madre se desempeña como docente y que cumple con la obligación alimentaria al tenerla incorporada en su domicilio bajo sus atenciones y cuidados inmediatos, determinó que al padre no custodio le correspondía otorgar una pensión alimenticia. Ello, aun y cuando se encontrase desempleado pues al constar que tiene licenciatura en derecho, además de estar en aptitud de desempeñarse en el campo laboral y que se conoce que tiene dos propiedades. Motivo por el que fijó una pensión alimenticia provisional equivalente a treinta días de salario mínimo vigente de manera mensual (seis mil doscientos veintitrés pesos con veinte centavos, M.N.) la cual debería computarse a partir del trece de enero del presente año (data en que se restituyó a la menor con su madre), en razón que antes de esa fecha el padre al tenerla incorporada a su domicilio era quien cubría los gastos alimentarios; que el rubro de vivienda se encontraba cubierto por el progenitor, toda vez que la niña vivía al lado de su madre en el domicilio propiedad de su padre. De igual forma, tomando en consideración que el deudor alimentario adeudaba desde el mes de febrero a abril del año en curso la pensión alimenticia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 849 del Código Familiar del Estado, decretó dicho aseguramiento por el equivalente a seis meses de pensión. La anterior resolución constituye la materia del juicio de amparo de que se trata. Ahora, la parte quejosa en el primer y segundo concepto de violación aduce esencialmente que, la resolución reclamada vulnera su esfera de derechos, toda vez que para fijar los alimentos provisionales en favor de la menor ********************la autoridad responsable en forma errónea determinó, que no existían adeudos alimentarios porque el progenitor era quien los solventaba. Consideración que la quejosa estima incorrecta porque: Dese el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, dejó de hacerse cargo de sus responsabilidades alimentarias, así como de los gastos corrientes del hogar (luz, agua, vestido, calzado, gastos de cuidados maternales etcétera) y que es la quejosa quien los paga. Que el Luis Fernando Pelagio Ramírez, nunca se ha encargado de los gastos de su hija, incluso tanto la quejosa como la menor -antes de junio de dos mil veintidós- vivían en la casa de sus padres. Que con motivo de las conductas irresponsables del deudor no le renovaron su contrato laboral en la dependencia de gobierno en la que trabajaba, lo que demostró con la prueba testimonial desahogada en autos. Que el deudor alimentario con engaños la hizo que le entregara la copropiedad de un bien inmueble. Que de la diligencia de reincorporación al domicilio conyugal de la quejosa y la niña, derivó que el deudor alimentista ni su hija vivían en el mismo, en razón de que se encontraba deshabitado, polvoso y sucio con señales de abandono; lo que evidenciaba que no la cuidó, además de que no demostró que trabajó y realizaba gastos. Que la resolución reclamada es obscura, enredosa y poco entendible, además no tomó en cuenta los datos expuestos en el expediente 520/2022, ni la resolución emitida en diverso juicio de amparo, de las que se evidenciaba que persistía en sus decisiones que podrían causar daño a la menor y que es la quejosa quien ahora tiene que pagarle a aquél el tiempo que estuvo con la niña, no obstante que nunca la cuidó ni gastó, dejándole todas las deudas. Conceptos de violación que se estiman infundados, toda vez que por un lado, la resolución que fija el monto de la pensión provisional, no define el momento a partir del cual deban ser cuantificados las no cubiertas, sino que se trata de una medida cautelar de naturaleza temporal, cuyo fin es asegurar la subsistencia de quien los demanda mientras se dicta en definitiva; y por otro, porque en el lapso de tiempo en que la menor se encontró incorporada con su padre, se presume fue quien le proporcionó los medios necesarios para satisfacer sus necesidades alimentarias. Para determinar lo anterior resulta conveniente traer a glosa los preceptos 443, 446, 452, 457, 462, 464, 468, 469 y 470 del Código Familiar del Estado de Michoacán, los que señalan en su orden lo siguiente: "Artículo 443. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, considerada deudor alimentario, lo siguiente: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; II. Respecto de los hijos además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y, III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. "Artículo 446. Los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos. Sin que tal obligación comprenda la de proveer de capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. "Artículo 452. Los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción, los adultos mayores y las mujeres embarazadas, gozan de la presunción de necesitar alimentos. Artículo 457. Tienen acción para pedir la fijación y el aseguramiento de los alimentos: I. El acreedor alimentista; II. El que ejerza la patria potestad siempre y cuando tenga la guarda y custodia del menor de edad; III. El tutor; IV. Los hermanos; V. La persona que tenga bajo su custodia al acreedor alimentista; y, VI. El ministerio público, en tratándose de personas con discapacidad que carezcan de representante. "Artículo 462. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, solo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del presente ordenamiento." "Artículo 464. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además, tomará las siguientes medidas: Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; [.] IV. Ordenará solicitar informes y demás trámites administrativos que considere necesarios para conocer los ingresos del obligado". "Artículo 468. Una vez recibidos los informes y demás datos requeridos, el juez de instrucción remitirá los autos al juez oral quien citará a la audiencia de juicio a celebrarse dentro de los cinco días siguientes a su recepción." "Artículo 469. En ella, se procederá al desahogo de las pruebas ya admitidas y que lo requieran, pudiéndose admitir y desahogar aquellas que se ofrezcan en ese momento; una vez llevadas a cabo, se emitirá la resolución correspondiente en la misma audiencia. "Artículo 470. La sentencia que decrete los alimentos: I. Fijará la pensión correspondiente, la cual tendrá el carácter de definitiva y sustituirá la provisional; debiendo condenar además a abonarse por adelantado; y, II. Apercibirá al deudor alimentario que en caso de incumplir con el pago, se dará vista al agente del ministerio público, para que proceda en términos de la legislación penal. De una interpretación sistemática de lo anterior se obtiene que: Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, denominada deudor alimentista, comida, vestido, habitación, atención médica, hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; gastos para educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales -entre otros-; Los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos; En el tema de los alimentos, los menores de edad, gozan de la presunción de necesitar alimentos; Tienen acción para la fijación y aseguramiento de alimentos, entre otros, el que ejerza la patria potestad siempre y cuando tenga la guarda y custodia del menor de edad; Asimismo, para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pida, y que se justifique, aproximadamente, cuando menos, el caudal del que deba darlos; En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una Unidad de Medida y Actualización diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento se deduzca una capacidad económica diferente; Que la autoridad solicitará informes y demás trámites que estime pertinentes para conocer los ingresos del obligado; Una vez recibidos los informes y demás datos requeridos, se citará a la audiencia de juicio en la que se desahogarán las pruebas ya admitidas y aquellas que se ofrezcan en ese momento; una vez llevadas a cabo, se emitirá la resolución correspondiente en la misma audiencia; La sentencia que decrete los alimentos fijará la pensión correspondiente, la cual tendrá el carácter de definitiva y sustituirá la provisional; Lo que pone de manifiesto, que la pensión alimenticia se otorga en dos etapas procedimentales distintas: a). Una provisional, la cual tiene el propósito de asegurar la subsistencia de quienes demandan alimentos mientras se resuelve en definitiva el juicio respectivo. b). Otra definitiva, la cual se otorga al dictarse la sentencia en el juicio de alimentos, con apoyo en los elementos de prueba que aporten las partes en el juicio, y que regirá a partir de ese momento y hasta que la obligación alimentaria se extinga. Esto es, la orden de ministrar alimentos puede ser provisional o definitiva, ambas se resuelven en etapas del procedimiento distintos y tienen una naturaleza jurídica: la primera es de naturaleza cautelar; mientras que la segunda constituye la acción principal ejercitada y se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes. Así, en el dictado de la resolución que fija el monto de pensión provisional, no se define el momento a partir del cual deban ser cuantificadas las no cubiertos, sino a partir de la fecha en que se haya presentado la demanda, en tanto que es cuando, mediante el reclamo respectivo, se hace patente la necesidad alimentaria que la actora estima no ha sido satisfecha. Lo que obedece a que la pensión provisional es una medida cautelar -en atención a su naturaleza urgente e inaplazable- de naturaleza temporal, cuyo fin es el asegurar la subsistencia de quien los demanda hasta que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada; provocando así que dicha obligación alimentaria nazca en el momento de su petición ante el Juez de Primera Instancia. En apoyo a lo anterior, es de citar en lo que interesa, la jurisprudencia 1a./J. 58/2009, definida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 29, de rubro y texto: "ALIMENTOS. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ SU MONTO PROVISIONALMENTE, SI ANTES DE RESOLVERSE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE DICTA LA SENTENCIA DEL JUICIO NATURAL EN QUE SE FIJA LA PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA (LEGISLACIONES PROCESALES CIVILES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y GUERRERO). Conforme a dichas legislaciones, ante la solicitud alimentaria del acreedor el Juez puede emitir por lo menos dos determinaciones que habrán de regir hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, fije el monto definitivo de la pensión respectiva: una indiscutible, que es la que establece que el deudor debe cubrir alimentos provisionales, y otra cuestionable, relativa al monto de la pensión provisional, el cual debe respetar los principios de equidad, justicia y proporcionalidad; de manera que tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir dicho monto en el juicio de amparo indirecto por tratarse de un acto que afecta derechos sustantivos -previo agotamiento del recurso de apelación, en el caso del Estado de Guerrero-; el acreedor, por considerar que ésta resulta insuficiente para asegurar su subsistencia durante la tramitación del juicio de alimentos, y el deudor, por estimar que representa más de lo que puede dar o de lo que aquél requiere para su manutención durante ese tiempo; lo cual genera una afectación que no puede resarcirse con el mero dictado de la sentencia que fija el monto de la pensión definitiva, ya que ésta no incide en la etapa provisional de alimentos, en tanto que su objeto consiste únicamente en determinar el monto alimentario que habrá de regir desde la sentencia y hasta que la obligación alimentaria se extinga por alguna causa legal, además de que no tiene efectos restitutorios o indemnizatorios. En ese sentido, se concluye que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, por cambio de situación jurídica, respecto del amparo indirecto promovido contra la resolución dictada en un juicio de alimentos que determina su monto provisionalmente, si antes de resolverse el juicio de garantías se dicta la sentencia del juicio natural en que se fija la pensión alimenticia definitiva, pues si bien es cierto que esta sentencia hace cesar la pensión provisional y genera una situación jurídica que se traduce en el reconocimiento pleno del derecho del acreedor alimentario y en la determinación de una pensión sustentada en las pruebas ofrecidas por las partes, también lo es que no repercute en la situación jurídica creada con motivo de la pensión provisional que, como medida cautelar, es de naturaleza transitoria o temporal y, por tanto, subsiste exclusivamente hasta que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, y regula las necesidades alimentarias surgidas durante la tramitación del juicio de alimentos donde pueden afectarse derechos de los acreedores o deudores alimentarios, los cuales no disminuyen, incrementan o resarcen con el dictado de la sentencia, pues ésta no tiene por objeto modificar, confirmar o revocar la pensión provisional, ni corregir la insuficiencia o excesividad del monto provisional de alimentos y las consecuencias que tuvo en el patrimonio del acreedor o del deudor alimentario; de ahí que es posible analizar el acto reclamado sin afectar la situación creada por el nuevo que no se reclamó en el amparo solicitado." Bajo la óptica jurídica anterior se obtiene, que no asiste razón a la quejosa al señalar que la Juez responsable debió fijar la pensión provisional alimenticia, a partir de julio de dos mil veintiuno. Se dice de este modo, toda vez que basta imponerse de las constancias de autos de donde deriva el acto reclamado, para poder advertir que la demanda de alimentos que dio origen al juicio 520/2022, promovida por la aquí peticionaria de amparo, se presentó en la oficialía de partes turno del Distrito Judicial de esta ciudad, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, misma que fue admitida el ocho de agosto siguiente. En consecuencia, si en julio de dos mil veintiuno aun no nacía su petición ante el juez de instancia; y que la pensión alimenticia es una medida cautelar temporal, cuyo objeto es el de garantizar la supervivencia del acreedor en el lapso de tiempo en que se resuelva sobre el fondo del asunto y no la de cuantificar los alimentos no cubiertos; es indudable que la Juez responsable no se encontraba en condiciones de establecerla desde la data que pretende. Ahora, no obstante que la demanda se presentó el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, tampoco es dable fijar los alimentos a partir de esa fecha, sino desde el trece de enero de dos mil veintitrés; pues aun y cuando su naturaleza de urgente nace desde el momento de su petición ante el juez de instancia, lo cierto es que se demostró que la menor acreedora se encontraba incorporada en el domicilio de su padre del ocho de julio de dos mil veintidós al trece de enero de dos mil veintitrés, se explica. La obligación alimentaria es económica, pues consiste en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la finalidad a que se atiende es personal, pues aunque es patrimonial el objeto de la prestación, la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad; esto es, tiene un contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en diversos ámbitos de la vida. Así el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos del acreedor alimentista. Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. LXXXV/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 1379, de rubro y texto: "ALIMENTOS. EL DERECHO A PERCIBIRLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TIENE UN CONTENIDO ECONÓMICO. El derecho a percibir alimentos alcanza un conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo es la estricta supervivencia, sino que también busca una mejor reinserción en la sociedad. De ahí que los elementos de la obligación alimentaria deriven del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el hecho de que determine que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, implica delinear los elementos esenciales del derecho de alimentos que, además, tiene como objetivo central el desarrollo integral de los menores. Sin menoscabo de lo anterior, el contenido último de la obligación alimentaria es económico, pues consiste en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la finalidad a que se atiende es personal, pues aunque es patrimonial el objeto de la prestación, la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad; esto es, tiene un contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera. Así, el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos del acreedor alimentista." En concordancia con lo expuesto, si de las constancias que obran en autos deriva, que en el escrito inicial demanda que dio origen al juicio 520/2022 Dina Catalina Vázquez Ibarra señaló que la infanta no se encontraba materialmente bajo su guarda y custodia pues al respecto refirió que el ocho de julio de dos mil veintidós, el accionado se la llevó y más tarde le llamó diciéndole que no se la regresaría; motivo por el cual la actora solicitó que la menor quedara bajo su custodia y que se le hiciera entrega de la misma por parte de su progenitor. Que atento a lo anterior, el juzgador determinó de forma provisional la custodia de la niña a favor de su madre y autorizó su restitución de forma voluntaria, lo que se materializó el trece de enero de la anualidad que transcurre. Lo que hace evidente que, del ocho de julio de dos mil veintidós al trece de enero de dos mil veintitrés, al encontrarse la menor incorporada con su padre, fue éste quien le proporcionó los medios necesarios para satisfacer sus necesidades alimentarias. De ahí que el Juzgador de origen estuvo en lo correcto en decretar la pensión provisional de alimentos a partir de que le fue entregada a su madre -trece de enero de dos mil veintitrés-. Sin que se advierta que la orden de entrega de la menor a su madre hubiese sido incumplida, en cuyo caso el pago de alimentos tendría que cubrirse, atento a la persistencia de detenerla en su poder, no genera derechos, como es el postergar el cumplimiento del pago. No resulta óbice en estimar lo anterior, las diversas manifestaciones de la impetrante del amparo en el sentido de que no está demostrado, que en ese lapso de tiempo el deudor hubiese erogado gastos, que no contaba con un trabajo y que incluso no habitó con la niña el domicilio conyugal; pues lo cierto es, que al encontrarse integrada la infante con él, se presume que al no haber prueba en contrario, suministró todos los satisfactores que ordinariamente se proporcionan en el seno de la familia. En otro orden, también deviene infundado el concepto de violación en donde esgrime, que la quejosa tiene que cubrir al deudor los gastos erogados en el tiempo que tuvo a la menor; pues basta imponerse del contenido de la resolución reclamada para evidenciar que no se señaló determinación alguna en ese sentido. De igual manera, cabe apuntar que el hecho de que el deudor alimentario le hubiese quitado con engaños la copropiedad de un inmueble; ello es una cuestión ajena a la fijación de la pensión provisional de alimentos, la que se insiste, es una medida cautelar transitoria que regula las necesidades alimentarias generadas durante la tramitación del juicio; bajo ese contexto, la fijación de dicha medida, no debe comprender el análisis de otros aspectos como el hecho citado con antelación. Finalmente, quien resuelve estima que la providencia precautoria de aseguramiento de alimentos determinado por la a quo se estima correcta, en tanto que se decretó en términos de lo previsto en el artículo 849 del Código Familiar del Estado, a saber por el equivalente a seis meses. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplir en favor de ********************en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se concluye que la quejosa no demostró que el acto reclamado infrinja en su perjuicio, los derechos fundamentales consignados en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos reclamados al Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial dado que no se impugnan por vicios propios. Sirve de apoyo la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************por su propio derecho y en representación de su menor hija ********************en contra del acto reclamado a la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad y Actuaria adscrita al mismo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 30 de junio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 546/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez, con una promoción registrada con el número 10508 y con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito firmado electrónicamente por Santiago Orozco Valencia, representante especial de la menor D.S.P.V. y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tienen hechas sus diversas manifestaciones en vía de alegatos y con éstos, hágase relación en el momento procesal oportuno dentro del desarrollo de la presente audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 123 del ordenamiento legal en cita, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por la parte quejosa, con las documentales ofertadas por la parte tercera interesada y con la exhibida por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en funciones de Juez de Instrucción. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con las manifestaciones del representante especial de la menor D.S.P.V., así como del tercero interesado. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tiene por formulados los alegatos realizados por las partes de referencia y se tiene por precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Denise Vigil Baldovinos500/2019
- Derian Arron Padilla García459/2020
- Despacho Y Consultorio Juridico, S. C.524/2020
- Deyanira de los Angeles Sánchez Solchaga669/2021
- Dharma Vargas Santoyo1091/2022
- Diana Bautista Ortiz1037/2021
- Diana Catalina Vazquez Ibarra1128/2023
- Diana Celia Carpio Rios221/2021
- Diana Cortez Baeza1125/2021
- Diana de la Cruz Tenorio13/2023
- Diana Estefania Peñaloza Gutierrez330/2019
- Diana Ibarra Rojas660/2023