Diana Catalina Vazquez Ibarra
Expediente 1128/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1128/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Diana Catalina Vazquez Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1128/2023. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, de que se encuentra debidamente integrado y de que guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta al juez con las documentales exhibidas por las autoridades responsables. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario da nueva cuenta con los formulados por representante legal del menor y hace constar que las demás partes no los hicieron valer. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al representante legal del menor formulando sus alegatos y a las demás partes se les declara precluido el derecho para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a Alejandro León Cortés, en cuanto representante especial de la menor quejosa de iniciales D.S.P.V, ofreciendo las pruebas documentales que refiere en su escrito de cuenta; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Por otro lado, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del representante especial de la menor quejosa, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por otro lado, del estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de los informes justificados rendidos por la juez y actuaria adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, mismos que se tuvieron por recibidos en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso. Por tanto, para dar lugar a lo anterior y no violar las normas esenciales que rigen el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe justificado rendido por la juez y actuaria adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Ora Familiar, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales públicas que anexó a su informe la juez responsable, misma que se ordena relacionar nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Con dichas constancias fórmense dos tomos de pruebas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con veinte minutos del ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1128/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con las promociones registradas con los números 15752, 15751 y 15867 y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los informes previos rendidos por la Juez y Actuaria adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. Hágase nueva relación de dichos informes en la etapa procesal correspondiente. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la quejosa Diana Catalina Vázquez Ibarra. Hágase nueva relación de dichos alegatos en la etapa procesal correspondiente. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que las partes no ofertaron medios de convicción. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Asimismo, dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara precluído el derecho de las partes para hacerlo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez, quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables: Juez y Actuaria adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: La resolución de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio especial oral familiar 708/2022 del índice del Juzgado Cuarto Oral Familiar de este Distrito Judicial, en apego a la ejecutoria de amparo relativa al juicio 372/2023 de la estadística de este órgano jurisdiccional, en el que esencialmente la juez responsable se pronunció respecto a la convivencia entre la menor quejosa y su progenitor no custodio. Segunda. Al momento de rendir su informe previo las autoridades responsables manifestaron que son ciertos los actos que se les reclaman. Asimismo, la juez responsable hace del conocimiento que decretó convivencia provisional de la menor quejosa con su progenitor no custodio, el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que se le contestó a la quejosa respecto de su oposición a que se lleve a cabo la convivencia entre la menor de edad y su progenitor no custodio, que dicha juez familiar no había sido informada que en la carpeta de investigación 1003202305902, se hubiera determinado que dicho progenitor no pudiera convivir con la menor quejosa, pues aun se encontraba pendiente de integración. Por lo cual, en auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, determinó fijar de manera supervisada en el Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, en un horario de dieciséis a dieciocho horas. Luego, el artículo 128, Fracción II, penúltimo párrafo refiere: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: (.) "II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. (.)" Ahora, la parte quejosa solicita la medida cautelar para el efecto de que la menor quejosa no conviva en absoluto con su progenitor no custodio. Por tanto, se niega la suspensión definitiva solicitada, en virtud de que el artículo 128, fracción II, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, expresamente lo prohíbe cuando se trata de medidas como la decretada por la autoridad responsable. En ese sentido, de conceder la medida cautelar para el efecto que pretende la parte quejosa (se impida la convivencia de su menor hija con el padre no custodio), se contravendrían disposiciones de orden público al ser el desarrollo de los menores una cuestión de interés social, cuya salvaguarda es prioritaria y se establece por encima del derecho de los adultos; circunstancias que debe tomar en consideración la autoridad responsable a efecto de determinar sobre la guarda y custodia de los infantes. Además de que no se encuentra demostrado de manera alguna que la menor corra algún riesgo al convivir con su progenitor, pues incluso las convivencias se llevarán de manera supervisada. Por tanto, la determinación asumida por la responsable, obedece preponderantemente al interés superior del menor, de conformidad con el artículo 4° Constitucional, y a la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos (entre los que se encuentran la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral). Orienta lo anterior, la jurisprudencia I.5o.C. J/14, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 162563, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO. El sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés superior del menor implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos." Sin que pasen por alto los alegatos formulados por la parte quejosa en su escrito presentado en esta propia fecha, dirigidos a robustecer cuestiones que ya fueron planteadas en su demanda; sin embargo, este juzgador considera que no se pone en riesgo el bienestar de la menor en razón de los términos en que fueron decretadas las convivencias de la menor quejosa y su progenitor. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a Diana Catalina Vázquez Ibarra, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales D.F.P.V, la suspensión definitiva, en términos de la segunda consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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