Diana Concepción Cortes Espinoza
Expediente 1089/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1089/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2022
Partes del expediente
- Diana Concepción Cortes Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 1089/2022-V, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción el original del incidente de suspensión, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso c), pues se negó la medida cautelar solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el original del incidente de suspensión, deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del treinta de mayo de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el cuatro de noviembre de este año, en el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a). Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito firmado por la quejosa Diana Concepción Cortes Espinoza, mediante el cual cumple la prevención que este tribunal le hizo en auto de catorce de octubre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite su demanda de derechos fundamentales contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Ramo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. De conformidad con lo establecido por el numeral 128 de la Ley de Amparo, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión que se solicita. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Para lo cual, se deja a su disposición el correo electrónico rigonzalez@cjf.gob.mx, únicamente para lo que a este expediente concierne. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a la autoridad responsable, para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $2,886.06 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con seis centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con veinticinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Por otra parte, la parte quejosa señala como tercero interesado a Juan Daniel Montero Vergara, con domicilio en Palma Roca, número 195, entre Islas Bermudas e Islas Vírgenes, fraccionamiento Palmares, de esta ciudad; por lo que, con fundamento en el numeral 5º, fracción III, inciso b), de la legislación de la materia, se le reconoce con tal carácter a la nombrada. En consecuencia de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado para que se constituya en dicho lugar y con copia simple de la demanda y del presente auto, emplace a esta contienda constitucional a dicha persona; lo anterior, para que de estimarlo conveniente, se apersone al presente juicio de amparo a defender sus derechos. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y al tercero interesado. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Incidental
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Como está ordenado en el cuaderno principal en acuerdo de esta fecha, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copias simples del escrito de demanda tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1089/2022-V, promovido por Diana Concepción Cortes Espinoza, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad. Conforme a los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley Amparo, con copia simple del escrito de demanda, pídase a la responsable su informe previo que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que reciba el oficio que derive de este proveído, en el que se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen; además, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe previo en el plazo requerido, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, de la ley de la materia. Con fundamento en el numeral 138, fracción II, de la referida legislación, se cita a las partes a la audiencia incidental, la cual tendrá verificativo a las nueve horas con quince minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Por otra parte, la parte quejosa señala como tercero interesado a Juan Daniel Montero Vergara, con domicilio en Palma Roca, número 195, entre Islas Bermudas e Islas Vírgenes, fraccionamiento Palmares, de esta ciudad; por lo que, con fundamento en el numeral 5º, fracción III, inciso b), de la legislación de la materia, se le reconoce con tal carácter al nombrado. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado para que se constituya en dicho lugar y le notifique personalmente el presente proveído. Ahora bien, cabe señalar que de la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la anterior Ley de Amparo, se aprecia que para que el Juez de Distrito, pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión provisional del acto reclamado, es requisito que el agraviado lo haya solicitado expresamente. En el caso, la quejosa Diana Concepción Cortes Espinoza, en el escrito de demanda y en el aclaratorio de la misma, precisó que el acto reclamado en el juicio de garantías que nos ocupa, lo constituyen los autos de diecinueve de agosto y de seis de septiembre, así como la resolución de cinco de octubre, todos del año actual, dictados dentro del expediente 225/2021, formado con motivo del juicio ordinario civil sobre guarda y custodia definitiva. Ahora bien, en resolución de veintisiete de junio de la presente anualidad, el juez responsable determinó las reglas de convivencia entre el menor de iniciales E.D.M.C y sus padres Diana Concepción Cortes Espinoza y Juan Daniel Montero Vergara, ordenando a la aquí quejosa que reintegrara al nombrado menor en esta localidad, dado que se encontraban viviendo en Tierra Blanca, Veracruz. Luego, en auto de seis de septiembre del año en curso, a razón de que la agraviada no cumplió con lo ordenado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, modificó la custodia que le había sido otorgada a la agraviada, ordenando la entrega voluntaria de su menor hijo de iniciales E.D.M.C., al ahora tercero interesado Juan Daniel Montero Vergara, en esta localidad. Posteriormente, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en atención a lo solicitado por el nombrado tercero interesado y debido a que la ahora agraviada no cumplió con el auto de seis de ese mismo mes y año, ordenó girar exhorto a su homólogo en Tierra Blanca, Veracruz, a fin de llevar a cabo la ejecución forzosa de la entrega del menor de iniciales E.D.M.C., a su padre Juan Daniel Montero Vergara, en aquella localidad. Determinación anterior, que fue confirmada el cinco de octubre de dos mil veintidós, al resolver el recurso de revocación intentando en contra del referido auto. A manera de introducción, debe recordarse que el objeto de la suspensión de los actos reclamados en una providencia cautelar en el juicio de amparo, es preservar la materia del propio juicio a efecto de evitar que se consume de manera irreparable la violación de derechos alegada. Como puede verse, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para que este Juzgado Federal, suspenda los efectos de la orden emitida por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que la aquí quejosa Diana Concepción Cortes Espinoza, haga entrega de su menor hijo de iniciales E.D.M.C., al padre de éste de nombre Juan Daniel Montero Vergara. En ese contexto, con fundamento en los artículos 128, fracción II, 129, fracción VIII y 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, tomando en consideración el interés superior del menor, que debe sopesarse con independencia de la posible afectación a los intereses del padre quejoso, se niega la suspensión provisional del acto reclamado, pues de conceder la medida en la forma que se pretende, implicaría soslayar el cumplimiento de determinaciones judiciales -de orden público- ya fijadas con anterioridad por el juez familiar señalado como responsable; ya que el incidente de suspensión no puede ser generador de derechos con los que no contaban los quejosos antes de la promoción del amparo; además este Juzgado de Distrito no podría emitir un pronunciamiento respecto a lo solicitado por la parte quejosa, ya que de hacerlo se estaría sustituyendo las funciones propias de la autoridad responsable; aunado a que no existe evidencia fidedigna de que se vulnere el interés superior del menor al negar la medida solicitada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/12, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 368 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Materia Común, que dice: "SUSPENSION, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de existir el acto reclamado. Lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo." Aquí es importante destacar que el sustento toral de la quejosa Diana Concepción Cortes Espinoza, para solicitar la suspensión de la orden emitida por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 225/2021, para que haga entrega de su menor hijo de iniciales E.D.M.C., al padre de éste de nombre Juan Daniel Montero Vergara, descansa primordialmente, en lo argumentado en su escrito inicial de demanda, en donde afirma que, en la decisión del juez responsable no hubo agotamiento del procedimiento, así como la extralimitada función de prejuzgar la situación y no tomar en cuenta las constancias que obran en autos, violando el debido proceso, sin embargo, no manifiesta cuáles son aquellas, ni tampoco el contenido de las mismas, ni exposición de lo que refiere se acredita. Esto es, refiere que el juez responsable justificó la modificación de las reglas de guarda y custodia, y régimen de convivencia, con motivo de que se encuentra acreditado en el expediente de origen el incumplimiento de la quejosa a las reglas fijada; sin embargo, no aportó mayor información al respecto o en su caso, copia o transcripción completa de la citada determinación que combate, a fin de que este tribunal se encuentre en condiciones de realizar un análisis más exhaustivo. Una vez precisado lo anterior, es necesario mencionar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, permite a quien resuelve, realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, el que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Ello es así, ya que la suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta; sin embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: la apariencia de buen derecho, y el peligro en la demora, entendiéndose lo primero, como la existencia del derecho que apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarta una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; por lo que se refiere al peligro en la demora, este se hace consistir en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En este sentido, corresponde al resolutor de garantías, en cada caso concreto, realizar un estudio respecto de la disposición o acto que se reclame para determinar si la suspensión es procedente conforme a la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Para tal fin, no debe soslayarse la tutela de los derechos humanos y la aplicación del principio pro persona plasmados en la Carta Magna, pues la suspensión constituye uno de los mecanismos a través de los cuales puede garantizarse que el juicio de amparo sea un medio de control efectivo en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, quien esto resuelve, establece que para los efectos de la suspensión que nos ocupa, la determinación de seis de septiembre de dos mil veintidós, en la que se modificó las reglas de guarda y custodia, y régimen de convivencia dictadas el veintisiete de junio del mismo año, dentro del expediente 225/2021, radicado ante la responsable, ordenando que la aquí quejosa Diana Concepción Cortes Espinoza, hiciera entrega del menor hijo de iniciales E.D.M.C., al ahora tercero interesado Juan Daniel Montero Vergara, con la información que ha sido aportada hasta el momento por la quejosa, se encuentra ajustada a derecho. Ello es así, pues su determinación se basó en el incumplimiento por parte de la quejosa a las medidas de guarda y custodia del menor fijadas en resolución de veintisiete de junio de dos mil veintidós. De ahí que se estime correcto, se insiste, sólo para los efectos de la presente resolución, que el Juez responsable haya modificado las reglas de guarda y custodia, y régimen de convivencia que anteriormente había fijado, puesto que, dicho juzgador se encontraba obligado a velar por el interés superior del menor, que por su condición especial, no podía valerse por sí mismo o decidir correctamente sobre sus prerrogativas legales, mismos que quedaron perfectamente protegidos con las determinaciones ahí adoptadas. Así las cosas, al realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, mismo que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión; además, ponderando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, se establece que la resolución aquí combatida, sin el ánimo de prejuzgar, fue dictada en el marco de la legalidad, puesto que la medida ahí adoptada, tiene como propósito primordial privilegiar el interés superior del infante de iniciales E.D.M.C., ya que con ella se restablecerá la convivencia con uno de sus progenitores, en este caso, con el padre del mismo, lo cual se vio entorpecido por la contumacia de la madre aquí quejosa. De ahí que se insista, en el caso, no es procedente conceder la suspensión provisional solicitada por la impetrante de garantías, en relación con la determinación de seis de septiembre de dos mil veintidós, en la que se modificó las reglas de guarda y custodia, y régimen de convivencia dictadas el veintisiete de junio de esa misma anualidad, dentro del expediente 221/2022, radicado ante la responsable, ordenando que la aquí quejosa Diana Concepción Cortes Espinoza, entregue al menor de edad de iniciales E.D.M.C., a su padre Juan Daniel Montero Vergara. No obstante lo anterior, con el propósito de que este tribunal se encuentre en aptitud de resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, se precisa que el juez responsable al rendir su informe previo deberá hacer llegar las constancias necesarias relativas al acto que se combate. Asimismo, es de resaltar que la medida aquí concedida de ningún modo deberá obstaculizar el procedimiento seguido en el juicio de origen, máxime que se encuentra en entredicho la convivencia de un menor con sus padres. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio de la parte agraviada para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda. Finalmente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del segundo párrafo del numeral 2° de esta última legislación, expídase a la parte agraviada copia fotostática certificada de este proveído, previa razón de recibido que se asiente en autos para constancia. Notifíquese personalmente al tercero interesado. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
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