Diana Concepción Cortes Espinoza

Expediente 1001/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1001/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Diana Concepción Cortes Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta y del estado procesal que guarda los autos del presente juicio de garantías, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de dos de septiembre del año actual, que desechó de plano la demanda de garantías promovida por Diana Concepción Cortés Espinoza; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Diana Concepción Cortés Espinoza, por medio del cual comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad que ahí menciona; regístrese en el libro respectivo con el número 1001/2022-VII. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de manera destacada lo siguiente: En la especie, analizada la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado por la agraviada al Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, se hace consistir esencialmente en el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil sobre guarda y custodia número 225/2022, promovido por la aquí quejosa en contra de Juan Daniel Montero Vergara, cuyo auto se requirió a la promovente para que diera cumplimiento a la medida cautelar de fecha veintisiete de junio de dos mil veintidós, donde se le previno para que reintegrara al menor a esta ciudad. Ahora, examinada la demanda de garantías que nos ocupa se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". La causa de improcedencia se actualiza cuando se reclaman resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aún cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Ahora bien, en el presente caso debe decirse que el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil sobre guarda y custodia número 225/2022, promovido por la aquí quejosa en contra de Juan Daniel Montero Vergara, en el que se requirió a la promovente para que diera cumplimiento a la medida cautelar de fecha veintisiete de junio de dos mil veintidós, donde se le previno para que reintegrara al menor a esta ciudad, no constituye un acto definitivo para los efectos del amparo, en atención a que previamente a su interposición, la promovente, como parte actora en el juicio natural del que derivan los actos que reclama, previo a promover esta demanda de garantías debió haber agotado el recurso de revocación que establece el artículo 914, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, mediante el cual pudo ser revocado el acto impugnado, pues el indicado numeral literalmente dispone lo siguiente: "ARTICULO 914. Los actos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recurso en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo". Respecto del recurso de revocación, los numerales 914, 915, 916, 917 y 918 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, destacan los siguientes aspectos: Procede contra los autos que no son apelables y los decretos, ya sea en primera instancia, bien en la alzada cuando aquéllas son dictadas en el toca respectivo. Conocerá de ellos el funcionario que los dictó o que se sustituya en el conocimiento del negocio. Dicho medio de impugnación se puede interponer en el acto de la notificación o a más tardar al día siguiente de haber quedado notificado el recurrente, conteniendo en ambos casos la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes. En dicho medio ordinario de defensa, no se concederá dilación probatoria alguna para substanciar la revocación, tomándose en cuenta los documentos al pedirla. En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decide tan luego como sea promovida. A excepción del anterior caso, se dará vista a las otras partes por el término de tres días, para que en igual lapso se resuelva sin más trámite. La resolución que se dicte no admite recurso. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, que se reclama, se clasifica en la categoría de los autos con base en el orden legal y en su sentido gramatical, que son recurribles, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 105 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, dispone que las resoluciones judiciales se clasifican en: I. Decretos, que son simples determinaciones de trámite. II. Autos, si de ellos pueden derivarse cargas o efectos sobre derechos procesales, así como si resuelve un incidente, alguna cuestión previa o punto procesal que implique contradicción entre las partes. III. Sentencias, si deciden el fondo del negocio, e igualmente las dictadas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia o salas de éste resolviendo la cuestión principal planteada ante él o ellos, aun cuando la misma, en primera instancia, haya tenido el carácter de auto. Por cuanto se refiere al sentido gramatical, el Diccionario de la Lengua Española define el término "auto" de la siguiente manera: "Auto (de acto.) m. Der. Forma de resolución judicial, fundada, que decide cuestiones secundarias, previas o incidentales, para las que no se requiere sentencia" Por tanto, es inconcuso que tomando en consideración los elementos anteriores, resulta jurídicamente válido afirmar que la determinación pronunciada por el Juez responsable el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, constituye un auto del que derivan cargas o efectos en los derechos de la aquí quejosa, y, consecuentemente, de acuerdo con el artículo 914 del Código adjetivo civil del Estado de Tamaulipas, puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin exclusión alguna. De manera que, el auto recurrido no se trata de una sentencia o un incidente los cuales son combatibles a través del recurso de apelación, para que se surtiera la hipótesis de procedencia del juicio de garantías, previamente era menester agotar el recurso de revocación en comento, pues se trata de medio ordinario de impugnación establecido en la legislación procesal civil en comento. Así las cosas, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, por sus características y cualidades no puede ser utilizado por los gobernados de manera caprichosa o aleatoria con el fin de combatir los actos emanados de diversas autoridades; pues, si el ordenamiento legal que regula y donde se hace emanar el acto reclamado, contempla recursos o medios de defensa por los cuales éstos, pueden ser modificados, revocados o nulificados, es obligación del agraviado agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de garantías, más aun cuando la parte quejosa resulta ser parte dentro del procedimiento natural, calidad que se actualiza en el asunto que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.8°.C.15K, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página quinientos trece, Tomo XV-II, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA." De igual forma resulta aplicable a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el semanario judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo a2, Sexta Parte, visible a página 37, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por consiguiente, en el caso, este Juzgado estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada tomando en consideración que el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil sobre guarda y custodia 225/2022, promovido por la aquí quejosa en contra de Juan Daniel Montero Vergara, por el que se requirió a la promovente para que diera cumplimiento a la medida cautelar de fecha veintisiete de junio de dos mil veintidós, donde se le previno para que reintegrara al menor a esta ciudad, no constituye acto definitivo para los efectos del amparo, toda vez que previamente a su interposición, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, la promovente, en su carácter de parte procesal dentro del juicio natural del que deriva el acto combatido, debió haber agotado el recurso de revocación, para obtener, en su caso, la reparación de las violaciones que alega en esta vía, medio de defensa previsto en el artículo 914 del Código Adjetivo Civil del Estado, por lo que al no haberlo hecho la acción constitucional que endereza en el presente juicio de garantías, resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tal virtud, si la promovente estimó ilegal el proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, ésta se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías mediante el recurso de revocación, a través del cual pudo obtener su invalidación, ya que no se le pude equiparar a un tercero extraño al procedimiento de origen al ser parte actora y por ende, con tal carácter se integró a la litis. Sólo resta decir que el acto que reclama la promovente, no se ubica dentro del capítulo de excepciones que prevé la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: No son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. No se trata de persona extraña al procedimiento. No deriva de un procedimiento de restitución internacional de menores. Además que la ley que rige el acto que reclama, establece el medio de defensa y recurso ordinario para combatirlo, teniendo así, la posibilidad de obtener la reparación de las violaciones que aduce a través del recurso de revocación el cual debió agotar previamente a solicitar la protección constitucional, atento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y al no haberlo hecho así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Asimismo, no se soslayan los motivos de inconformidad que expone la parte quejosa, pues en relación a ello, debe precisarse que la hipótesis de excepción al principio de definitividad que al efecto se contiene en el diverso 171, segundo párrafo, de la ley de la materia, relativa a cuando se trate de actos que versen sobre acciones del estado civil, que afecten al orden y estabilidad de la familia, o derechos de menores, entre otros; únicamente es aplicable contra actos materia del juicio de amparo directo. Ello en razón de que sólo en ese supuesto el promovente queda relevado de preparar el juicio de amparo, dado que tal excepción no puede hacerse extensiva a los casos en los que por la vía del amparo indirecto, se impugnen actuaciones de tribunales civiles ejecutados dentro de juicio que sean de imposible reparación; máxime cuando del contenido e interpretación del consabido artículo 171, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y del diverso 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución Federal, se concluye que fue voluntad del Poder Constituyente y del legislador ordinario, que tal supuesto fuere procedente únicamente en vía de amparo directo. Consideraciones que además, quedaron plasmadas en la jurisprudencia emanada de la contradicción de tesis 80/99-PS, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cuyo rubro es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES." Criterio que se robustece, en la parte que interesa, con la jurisprudencia de la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, página 729, Registro 2001155, donde se precisa que no obstante que el acto reclamado genere algún perjuicio que sea de imposible reparación, resulta indiscutible que debe observarse el principio de definitividad que rige en materia de amparo; criterio cuyo rubro establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." Aunado a lo anteriormente considerado, no se soslaya el criterio emanado de la contradicción de tesis 265/2013, resuelta por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". También, por las consideraciones que la informa la tesis aislada número XXI.2o.C.T.7 C, visible en la página 1499 del Tomo II, del mes de Febrero de 2013, Décima Época, Materia Común, que dice: "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. DEBE AGOTARSE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, TRATÁNDOSE DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DICTADOS EN CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN O ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, y de acuerdo con la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado, el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y que, además, sean eficaces para repararlo en un plazo razonable. Luego, si los artículos 381 y 382 en relación con los diversos 140 y 143, fracción II, todos del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, establecen que el recurso de reconsideración procede contra los decretos y los autos que no fueren apelables, y mediante el mismo el Juez común puede analizar si en la resolución impugnada se violó algún derecho y, en su caso, modificarla, revocarla o anularla dentro del plazo de tres días, es inconcuso que tratándose de actos de imposible reparación dictados en controversias que afecten al estado civil, al orden o estabilidad de la familia o a menores o incapaces, debe agotarse dicho medio ordinario de defensa, previo a la promoción del juicio de garantías, pues los únicos casos de excepción son los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Además, la referida Primera Sala ha establecido que es inaplicable al amparo indirecto la excepción al principio de definitividad que opera en materia de amparo directo en las controversias citadas." En ese mismo orden de ideas, se invoca la tesis aislada 1a. LVIII/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página quinientos ochenta y dos, Libro Cuarenta y tres, Tomo I, junio de dos mil diecisiete, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. Es propósito de la Convención de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, garantizar que el menor trasladado o retenido de manera ilícita en cualquiera de los Estados contratantes, sea restituido de manera inmediata al país en donde residía, en tanto que existe la presunción de que el interés del menor se ve mayormente protegido y beneficiado mediante el restablecimiento inmediato de la situación previa al acto de sustracción o retención, por ser él quien resiente en mayor medida los perjuicios de la sustracción o la retención ilegal, por tanto el tiempo para resolver la petición de resticución por la sustracción o retención ilegal de un menor es fundamental para cumplir con el propósito o finalidad de la Convención, y si bien no se establece un procedimiento especial para el trámite de la petición, en su artículo 2, se ordena que el procedimiento que en su caso se siga, sea urgente. En razón de lo anterior se justifica que en contra de la sentencia o resolución dictada en los procedimientos seguidos en las diversas entidades federativas, se pueda acudir de manera inmediata al juicio de amparo, sin necesidad de agotar el recurso ordinario que la ley respectiva aplicada al procedimiento señale, pues es evidente que el trámite de ese recurso puede representar un retraso en la resolución final del asunto; lo que no contribuye al fin que persigue la Convención. Atendiendo a ello, donde el compromiso internacional radica en tramitar de manera urgente la petición de restitución, a fin de resolver lo más pronto posible la misma, se justifica que de manera inmediata se acuda al amparo sin necesidad de agotar el recurso ordinario correspondiente, por lo anterior, y en términos de lo previsto en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo cuando el acto reclamado deriva de un asunto de restitución internacional." Lo anterior, tomando en cuenta que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, son presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en que un menor de edad se encuentre involucrado. En efecto, en el criterio en comento, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que cuando la contienda del juicio de amparo verse sobre actos de ejecución irreparable, deben observarse las reglas de procedencia establecidas en la propia ley de amparo, por lo que el principio de definitividad al constituir un presupuesto distinto y autónomo al de la irreparabilidad del acto, debe colmarse para atender la procedencia del juicio constitucional, aún cuando se vea afectada la esfera jurídica de un menor de edad, pues esto no genera una excepción a la regla de la definitividad, ya que esta se refiere al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Ya para concluir, cabe abundar que la condición de menor de edad, cuyo interés superior protegen las leyes mexicanas, no puede utilizarse como fundamento para ignorar el cumplimiento de requisitos de procedencia del juicio de amparo, pues la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que la regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto; pero no para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio constitucional. Lo anterior cobra relevancia de conformidad con la tesis 1a. CCLXXVI/2012, también sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Página 530, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, Registro 2002359, de rubro; "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo de cuenta. Con fundamento en el último párrafo del artículo 21, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Diana Concepción Cortés Espinoza. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

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