Diana Concepción Cortes Espinoza
Expediente 963/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/09/2022
Partes del expediente
- Diana Concepción Cortes Espinoza
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que Diana Concepción Cortes Espinoza, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el dieciocho de agosto del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Diana Concepción Cortes Espinoza, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro respectivo con el número 963/2022-V. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías, pues se advierte una causa manifiesta e indudable de la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación a lo expresado la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, tesis I.6o.C. J/19, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." A continuación, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que, en el capítulo de acto reclamado, se advierte que reclama al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad, lo siguiente: ".sentencia Interlocutoria de fecha veintisiete de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente número 225/2022, misma que me fuera notificada. Así también, en el mismo capítulo señala que en fecha treinta de junio de dos mil veintidós, le fue notificada la sentencia que ahora combate. De igual forma, en el capítulo de antecedentes y bajo protesta de decir verdad expresó en lo que aquí interesa: ".de ahí que la sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente número 225/2022, viola en mi perjuicio la seguridad jurídica al no estar fundamentada y motivada adecuadamente." Por tanto, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se obtiene que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Mientras que las excepciones que contempla la legislación aplicable son las leyes que se combatan a partir del inicio de su vigencia (autoaplicativas) o el procedimiento de extradición (en cuyo caso, el plazo es de treinta días); la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (se cuenta con un término de ocho años); en el caso en que los actos tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (en el que el plazo es de siete años); o en el supuesto de que los actos importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales (en los que el amparo puede promoverse en cualquier tiempo). Pues bien, en el presente asunto se tiene que no se actualiza alguna de las excepciones precisadas en el párrafo anterior, por lo que se está en el supuesto genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, habida cuenta que la quejosa reclama la resolución interlocutoria emitida el veintisiete de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente 225/2022, relativo al juicio ordinario civil sobre guarda y custodia del menor de inicial E.D.M.C.. Luego, si la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el treinta de junio de dos mil veintidós y presentó su demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta localidad, el dieciséis del presente mes y año, esto es, después de que ya había transcurrido en exceso el término de quince días que prevé el numeral 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para reclamar ese tipo de acto, dado que no se encuentra en ninguna de las hipótesis que se establecen como salvedades a la regla general, se tiene que sí transcurrió en exceso el plazo que tenía la quejosa para promover su demanda de garantías, por lo que resulta evidente que tal presentación es extemporánea, y por consecuencia se entiende que en términos de los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, consintió tácitamente el acto que reclama. Por lo tanto, como ya se dijo, es manifiesto e indudable que resulta improcedente el juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17 y 18 de la actual Ley de Amparo, en virtud de que ha quedado demostrado que la quejosa consintió tácitamente el acto que reclama, al no haber promovido su demanda de amparo dentro del término de quince días posteriores al en que se hizo sabedora del mismo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XI y XIV del artículo 61 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. No pasa desapercibido que la quejosa, en el capítulo de autoridades responsables, señaló "la sentencia emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 266/2019 de 3 de mayo y su aclaración de nueve de mayo de dos mil veintidós"; sin embargo, no se hace mayor consideración al respecto, puesto que en el capítulo de actos reclamados la agraviada precisó como tal la resolución interlocutoria emitida el veintisiete de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente 225/2022, relativo al juicio ordinario civil sobre guarda y custodia del menor de inicial E.D.M.C., la cual señaló le fue notificada el treinta siguiente, incluso los conceptos de violación realizados se encuentran encaminados a este último, por lo que es evidente que las manifestaciones referentes con el asunto 266/2019, no guardan relación con la presentación de la demanda de garantías. En otro orden de ideas, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el ocurso que se provee. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
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