Diana Cecilia Peralta Alvarez
Expediente 533/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Diana Cecilia Peralta Alvarez
Actuaciones
- Principal
De la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley, en contra del auto de veintiséis de abril del presente año, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por... en su calidad de apoderado jurídico de... en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, al no existir actuación pendiente por realizar, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
Se notifica auto a promovente. Por recibida la demanda de amparo promovida por Eduardo Emanuel Pascual Campos en su calidad de apoderado jurídico de Diana Cecilia Peralta Álvarez, quien tiene debidamente acreditada la personalidad con la que se ostenta, lo que se advierte de la constancia que anexó a la demanda de amparo consistente en audiencia de conciliación, demanda y excepciones de fecha diecisiete de abril del año en curso; contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, luego de una consulta a la página del Consejo de la Judicatura Federal http://www.dgepj.cif.gob.mxl, paginas/serviciosTramites.hm y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que ante este órgano jurisdiccional se ventila el juicio de amparo 334/2018-IV, promovido por Diana Cecilia Peralta Álvarez, en el cual se reclama la omisión de la autoridad responsable de tomar las medidas necesarias a fin de continuar con el procedimiento dentro de los autos del juicio laboral 915/2017 SAV. Lo que constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletorio a la Ley de Amparo, en tanto que ello lo constituyen los diversos asuntos que se tramitan en este juzgado, así como por formar parte del conocimiento público, atendiendo a la accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento, de conformidad con la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1373, libro XXVI, tomo 2, noviembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL". Así como la tesis I.10o.C.2. K (10a.), del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, visible en la página 21, libro 18, mayo de 2015, tomo III, Décima época, materia (s): Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda". También, el criterio jurisprudencial XXII. J/12, sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, Novena época del rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Por lo anterior, se advierte que en el caso opera la causal de sobreseimiento prevista por la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuestión que por ser de orden público, su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el párrafo final del artículo invocado, como enseguida se verá. En efecto, precisa señalar que el artículo 61, en su fracción X, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios"; Se dice lo anterior en tanto que la quejosa Diana Cecilia Peralta Álvarez, tramitó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, el juicio de amparo 334/2018-IV, en el que impugnó los mismos actos y en contra de las mismas autoridades responsables que invoca en el presente juicio, el cual se encuentra en el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho, en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En esas condiciones, es inconcuso que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho quejoso presentó una demanda de amparo, de la cual como ya quedó dicho con antelación, conoció este juzgado y fue registrada con el número que se precisó en párrafos que anteceden. Del precepto ya mencionado deriva lo que doctrinalmente se conoce como litispendencia (lirispendance), tomado del latín medieval litispendentia (formado con lis, proceso, y pendere, pender), figura procesal que se refiere al estado del pleito antes de su terminación. Es decir, constituye el estado litigioso del asunto que se pone o intenta poner sub júdice. De lo anterior se desprende qué etimológicamente litispendencia significa la existencia de un pleito que todavía no se resuelve. Para la doctrina procesal la litispendencia supone que un litigio esta en acto o en vida, está pendiente, circunstancia que cesará en el momento en que pase procesalmente a cosa juzgada. En ese contexto, los principios que se aplican a la litispendencia son los de la unidad del proceso del conocimiento y el de la economía procesal, y además, la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, tomando en consideración que la institución se configura cuando una controversia anterior se encuentra pendiente de resolución en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos existe una identidad de los elementos del litigio planteado en los dos procesos. Esta identidad se refiere a los sujetos, el objeto y la pretensión. En resumen, se produce la litispendencia cuando una misma causa litigiosa se propone ante dos jueces diversos, o cuando la misma causa se presenta varias veces, ante el mismo juzgador. También se ha considerado que, la institución se produce con el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia firme. Lo anterior, cobra singular importancia la hipótesis de improcedencia de amparo, pues deviene de la necesidad de evitar la proliferación de juicios de amparo, en que la controversia gire en torno a la misma litis o causa. En efecto, como ya se dijo, la quejosa Diana Cecilia Peralta Álvarez, promovió diverso juicio de amparo en contra de las mismas autoridades responsables y contra el mismo acto reclamado, el cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional identificándolo con el número de juicio de amparo 334/2018-IV. De lo anterior, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, en atención a que existe litispendencia entre el juicio de amparo 334/2018-IV y la demanda en estudio radicada con el numero 533/2018-III, los cuales poseen identidad de los elementos del litigio, esto es, en los sujetos, el objeto y la pretensión, pues en ambos juicios se reclamó el mismo acto reclamado, la quejosa y contra las mismas autoridades responsables, y, el primero aún no se resuelve en definitiva, pues como ya se dijo con antelación, dicho juicio se encuentra en el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho, en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; de ahí que, el presente juicio de amparo resulta improcedente, al existir otro que se encuentra pendiente de resolver. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 193, tomo VI, parte SCJN, apéndice de 1995, correspondiente a la Quinta época, que dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". Así como, por analogía de razón la tesis: VI.2o.121 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." (Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Junio de 1998. Página: 655, Tesis: VI.2o.121 K, Tesis Aislada, Materia(s): Común). De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la tesis: XI.2o.8 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." (Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Junio de 1996, Página: 817, Tesis: XI.2o.8 K, Tesis Aislada, Materia(s): Común). En ese orden de ideas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, lo conducente es desechar la demanda de amparo promovida por Diana Cecilia Peralta Álvarez. Por otra parte, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Nicolás Pascual Montes, Enrique Rodríguez Caro, Benito Reyes Román, Rubén Macías Arjón, Enrique Alvarado Sariñana e Israel Heroberto Pascual Montes; asimismo, para oír y recibir notificaciones a la licenciada Laura Escobedo Escobedo toda vez que su cédula profesional no se encuentran inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se refiere en la demanda. Finalmente, en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a la promovente que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Notifíquese personalmente a la promovente del amparo. Así lo acordó y firma la licenciada Marta Elena Barrios Solís, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistida de la secretaria licenciada Maribel Villanueva Salas, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
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