Diana Cecilia Peralta Alvarez

Expediente 835/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
835/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
16/08/2018

Partes del expediente

  • Diana Cecilia Peralta Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, por lo que no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el expediente principal de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se le haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que la responsable puedan recurrir la determinación de que se trata. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    se notifica por lista al quejoso: Torreón, Coahuila, veinte de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, específicamente el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al que acompañó copia certificada del emplazamiento de la demandada Servicios Administrativos Impresos Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que comparezca a deducir sus derechos en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones señalada para las trece horas del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dentro de los autos del juicio de origen 915/2017-SAV. Documentales, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: De las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado en proveído de dieciséis de julio en curso, se aprecia copia certificada de la diligencia llevada a cabo a las trece horas del ocho de junio de dos mil dieciocho, a fin de desahogar la audiencia trifásica en los autos del juicio laboral 915/2017-SAV, sin embargo, ante la incomparecencia de la parte demandada Servicios Administrativos Impresos Sociedad Anónima de Capital Variable, al no haber sido emplazada a juicio; se señaló nueva fecha para su verificativo, la cual se fijó a las trece horas del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho; sin embargo, el once de julio del año en curso, el actuario de la adscripción le dejó citatorio a la demandada Servicios Administrativos Impresos Sociedad Anónima de Capital Variable a fin de llamarla a juicio y notificarle la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y el doce de julio siguiente, se realizó su emplazamiento al tenor de la constancia que remitió la autoridad responsable; por tanto, se advierte que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado en el asunto en que se actúa. En consecuencia, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Lo anterior, porque en el expediente laboral de origen se llevó a cabo el emplazamiento a juicio de la demandada Servicios Administrativos Impresos Sociedad Anónima de Capital Variable, y se le hizo de su conocimiento la hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; por tanto, inconcuso es que han cesado los efectos del acto reclamado en este asunto <omisión de notificar a la demandada la instauración del juicio de origen>, toda vez que con ello, se subsana la omisión que impugnó la parte quejosa en este asunto, es decir, se le resarció en el goce de sus derechos que consideró vulnerados, situación jurídica que impide se decida en este juicio de amparo sobre la constitucionalidad del acto. Entonces, los efectos de carácter omisivo del acto reclamado han cesado, lo que significa que la autoridad a quien se le atribuyó el mismo, dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, lo que significa la desaparición total de las consecuencias del acto reclamado, restituyéndola en el pleno goce de sus derechos que consideró violados como si se hubiere otorgado la protección constitucional, actualizándose de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, que impone a sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la quejosa en el goce de la garantía violada; de ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquélla, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, o como en el caso, se resarció la omisión, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo; esto es, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. ...

  3. Principal

    Se notifica por lista al tercero interesado Servicios Administrativos Impresos S.A. DE C.V. y se le emplaza a juicio Torreón, Coahuila, veinte de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, específicamente el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al que acompañó copia certificada del emplazamiento de la demandada Servicios Administrativos Impresos Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que comparezca a deducir sus derechos en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones señalada para las trece horas del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dentro de los autos del juicio de origen 915/2017-SAV. Documentales, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: De las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado en proveído de dieciséis de julio en curso, se aprecia copia certificada de la diligencia llevada a cabo a las trece horas del ocho de junio de dos mil dieciocho, a fin de desahogar la audiencia trifásica en los autos del juicio laboral 915/2017-SAV, sin embargo, ante la incomparecencia de la parte demandada Servicios Administrativos Impresos Sociedad Anónima de Capital Variable, al no haber sido emplazada a juicio; se señaló nueva fecha para su verificativo, la cual se fijó a las trece horas del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho; sin embargo, el once de julio del año en curso, el actuario de la adscripción le dejó citatorio a la demandada Servicios Administrativos Impresos Sociedad Anónima de Capital Variable a fin de llamarla a juicio y notificarle la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y el doce de julio siguiente, se realizó su emplazamiento al tenor de la constancia que remitió la autoridad responsable; por tanto, se advierte que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado en el asunto en que se actúa. En consecuencia, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Lo anterior, porque en el expediente laboral de origen se llevó a cabo el emplazamiento a juicio de la demandada Servicios Administrativos Impresos Sociedad Anónima de Capital Variable, y se le hizo de su conocimiento la hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; por tanto, inconcuso es que han cesado los efectos del acto reclamado en este asunto , toda vez que con ello, se subsana la omisión que impugnó la parte quejosa en este asunto, es decir, se le resarció en el goce de sus derechos que consideró vulnerados, situación jurídica que impide se decida en este juicio de amparo sobre la constitucionalidad del acto. Entonces, los efectos de carácter omisivo del acto reclamado han cesado, lo que significa que la autoridad a quien se le atribuyó el mismo, dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, lo que significa la desaparición total de las consecuencias del acto reclamado, restituyéndola en el pleno goce de sus derechos que consideró violados como si se hubiere otorgado la protección constitucional, actualizándose de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, que impone a sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la quejosa en el goce de la garantía violada; de ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquélla, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, o como en el caso, se resarció la omisión, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo; esto es, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 38, tomo IX, junio de 1999, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal virtud, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio, de acuerdo a lo establecido en el ordinar 63, fracción V, de la ley en la materia, por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como, la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las once horas con cuarenta minutos del veinte de julio de dos mil dieciocho. Determinación que se hace extensiva contra los actos de ejecución atribuidos a los actuarios adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios, sino que se hacen depender del reclamado a la ordenadora. Finalmente, toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias de esta región, se encuentran gozando de su primer periodo vacacional correspondiente al año en curso; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de algún comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido.

  4. Principal

    Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado que rinden los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y secretario de su adscripción; y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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