Diana Catalina Sangurima San Martin
Expediente 1877/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1877/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Titular de la Estación Migratoria de la Ciudad de Torreón, Coahuila
- Diana Catalina Sangurima San Martin
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; doce de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con fundamento en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por el tribunal superior, sus efectos serán que las responsables: 1. Dejen insubsistente el cobro del derecho de alumbrado público contenido en el aviso recibo relativo al servicio número ********************, por el periodo facturado del treinta de noviembre de dos mil veintiuno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 2. La Tesorería Municipal de Gómez Palacio, Durango, devuelva a la parte quejosa, la cantidad que pagó por concepto de derecho de alumbrado público, contenido en avisos-recibo con números de servicio ******************** por el periodo facturado del treinta de noviembre de dos mil veintiuno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, expedido por la Comisión Federal de Electricidad.". Ejecutoria. El tres de agosto de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio y se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: Dejó insubsistente el cobro del derecho de alumbrado público contenido en el aviso recibo relativo al servicio número ********************, y puso a disposición de la parte quejosa las cantidades erogadas por ello, mediante la expedición de cheque a su favor. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de veinticinco de noviembre del dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Oficio. Se ordena agregar el oficio de la autoridad responsable y en cuanto a su contenido deberá estarse a lo aquí acordado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; dos de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado actual de los presentes autos, aparece que no obra la constancia de notificación practicada a la autoridad responsable Congreso y Secretaría de Finanzas ambos del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, respecto del proveído de veintiocho de julio de dos mil veintidós. Requerimiento a correos. En virtud de lo anterior, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro de cinco días siguientes a la notificación de este auto, informe a este juzgado de distrito el destino dado al oficio 38475/2022 y 38478/2022, dirigidos al Congreso y Secretaría de Finanzas ambos del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, o en su caso, remita copias certificadas de entrega del citado registro. Apercibimiento Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cincuenta, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas del treinta de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jerson Roberto Jara Flores, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata. Se abre el periodo probatorio. El secretario da cuenta al Juez con las pruebas existentes en este juicio, esto es, las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos de su intención en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular al no expresar alegatos de su intención. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativoVISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido el día hábil siguiente a este Juzgado Federal, ********************solicitó el amparo protección de la justicia federal en contra las autoridades Congreso del Estado de Durango, y otras, de las cuales reclamó los actos que al efecto precisó. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron son los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintidós, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1160/2022-VlI-A, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Se invoca, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, enero de 2003, página 324, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Durango. 1. La aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango, específicamente de los artículos 13 al 18, y 52, fracción I. Del Recaudador de Rentas y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de Ciudad Lerdo, Durango, así como del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Durango, 2. El cobro contenido en el recibo de pago con número de transacción ******************** de seis de julio de dos mil veintidós. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsable Recaudador de Rentas de Ciudad Lerdo, Durango, al rendir su informe justificado por sí y en representación del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Durango, así como el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Lerdo, Durango, convinieron en la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aplicación de las normas impugnadas. En el caso, aunque exista reconocimiento expreso de los actos en cuestión, tal afirmación se desvirtúa con la propia naturaleza de dichos actos, ya que estos estriban sobre la aplicación de los numerales impugnados, lo que, desde luego, no derivó de las facultades de dichas autoridades sino de la voluntad de la parte quejosa al momento de pagar los derechos por inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad. Se dice esto, pues la erogación realizada por la parte quejosa fue espontánea, sin que ello implicara la participación de las mencionadas autoridades responsables, en uso de sus facultades de verificación, inspección y requerimiento en materia de contribuciones o de la exigibilidad de un crédito fiscal en forma coactiva, de ahí que, el pago por concepto de derechos de registró se realizó en acatamiento a las obligaciones fiscales del contribuyente derivada de la propia ley, y no de algún requerimiento emitido por las citadas autoridades, es decir, simplemente la parte quejosa se autoaplicó los dispositivos cuestionados, pues su reclamo es de naturaleza heteroaplicativa. Circunstancia que se corrobora con la copia certificada de los recibos de pago con número de transacción ******************** de seis de julio de dos mil veintidós, cuyos documentos gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Bajo esa óptica, al resultar inexistentes los actos atribuidos a las autoridades responsables Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Durango, así como del Recaudador de Rentas y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de Ciudad Lerdo, Durango, sin que deba desestimarse ese hecho para acreditar la aplicación de las leyes impugnadas, debe decretarse el sobreseimiento del juicio respecto de ellas, de conformidad con lo previsto en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Deben tenerse por ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Durango, con sede en la ciudad capital del mismo nombre. Es así, porque la primera autoridad en su informe justificado convino en la certeza de los actos reclamados (discusión y aprobación de los preceptos cuestionados), lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, la segunda autoridad rindió su informe en sentido negativo, sin embargo, tal manifestación se endereza con respecto a que no vulneró disposición constitucional alguna en el procedimiento legislativo para la emisión del decreto que contiene la ley cuestionada, asimismo, señala que su participación se ajustó a los preceptos de la Constitución Federal y Estatal. De lo expuesto por la autoridad, deriva que implícitamente reconoció su participación en los actos reclamados. Por identidad de razones, se cita la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Tomo XIV, correspondiente al mes de Julio de 1994, página 391, Materia Común, con registro 211004 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Ahora, en relación a la existencia de los dispositivos que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En ese sentido, el suscrito no advierte se actualice alguna causal de improcedencia de oficio, ni alegada por las partes, por lo que es procedente examinar la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia mil trescientos cuarenta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa en relación a los actos reclamados al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Durango, con sede en la ciudad capital del mismo nombre, en virtud de las consideraciones que enseguida se exponen. Esencialmente, la parte quejosa aduce que el artículo 52, fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, violan en su perjuicio los derechos de proporcionalidad y equidad consagrados en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que establecen el cobro de derechos que no atienden al costo del servicio prestado. Es decir, sostiene que la determinación de los derechos causados por la inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como sus accesorios, se sujetan a elementos extraños al costo que para el Estado representa la prestación de ese servicio, de tal manera que, por un mismo servicio se pagan diferentes tarifas, lo que no atiende a la capacidad contributiva del sujeto obligado ni da el mismo tratamiento a todos los que solicitan el servicio referido. Pues bien, los conceptos de violación son fundados en la medida de que, los preceptos impugnados son violatorios de las garantías contenidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, el cual establece lo siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". El precepto constitucional antes transcrito, consagra, entre otros, el principio de proporcionalidad tributaria. En relación con lo anterior, es aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del tomo I, materia administrativa del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto dice lo siguiente: "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia número P./J. 109/99, consultable en la página 22, del tomo X, de noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto." Expuesto lo anterior, es oportuno destacar que cuando se trata de derechos fiscales, las garantías de proporcionalidad y equidad previstas en el ya comentado artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, operan con un sistema distinto al de los impuestos. En efecto, la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos son consideradas por las contraprestaciones que se paguen a la Hacienda Pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo, prestados por los poderes del mismo en sus funciones de derecho público y en su caso, por organismos descentralizados o desconcentrados, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, mientras que por impuestos, se entienden las contribuciones establecidas en la Ley a cargo de las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas. Las anteriores consideraciones se corroboran con el análisis de los artículos 12 y 13, del Código Fiscal del Estado de Durango, que disponen: "Artículo 12. Los ingresos del Estado se clasifican en ordinarios y extraordinarios, los que se definen de la siguiente manera: I. Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen regularmente para cubrir el gasto público. II. Los ingresos extraordinarios son aquellos cuya percepción se decreta excepcionalmente para proveer el pago de los gastos o inversiones eventuales o extraordinarios del Estado, incluyendo los que provengan de empréstitos contratados por el Gobierno del Estado, destinados a la realización de obras públicas". "Artículo 13. Los ingresos ordinarios se dividen en contribuciones, productos y aprovechamientos. Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y aportaciones especiales, las que se definen de la siguiente manera: I. Son impuestos las contribuciones establecidas en ley con carácter general y obligatorio, a cargo de las personas físicas y morales que se ubiquen en las situaciones jurídicas o de hecho previstas por la ley. II. Son derechos las contribuciones establecidas en ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta éste en sus funciones de derecho público. III. Son aportaciones especiales las contribuciones legalmente obligatorias que se establezcan a cargo de las personas que se beneficien específicamente con alguna obra pública o de quienes, por el ejercicio de determinada actividad particular, provocan un gasto público. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el artículo 24 de este Ordenamiento, son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones, no se entenderán incluidos los accesorios". De la trascripción en cita se corrobora que, los impuestos y los derechos no comparten la misma naturaleza, pues aun cuando la finalidad de ambos se destinan para contribuir al gasto público, los impuestos deben fijarse proporcionalmente de acuerdo con el capital del causante del impuesto (capacidad contributiva) y en cambio, los derechos se deben fijar de acuerdo con el costo que para el Estado represente, el servicio administrativo que presta a los particulares, de modo que, las cuotas impuestas para los derechos, en todo caso deben ser fijas e iguales para todos aquellos que reciban el mismo servicio. Criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia publicada en la página 661, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, cuyo texto establece: "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS (ES) REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS". La cual establece: "La satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las leyes tratan de llevar a cabo en materia de derechos a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, traduce un sistema de relación de proporcionalidad y equidad que únicamente es aplicable a los impuestos, pero en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídica fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "Las contraprestaciones que se paguen a la Hacienda Pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativos prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que lo soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta al costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos, y que las cotas de referencia sean fijas o iguales para todos los que reciban servicios análogos." Igualmente se cita el contenido de la jurisprudencia P./J. 41/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, tomo IV, julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA. Las características de los derechos tributarios que actualmente prevalecen en la jurisprudencia de este alto tribunal encuentran sus orígenes, según revela un análisis histórico de los precedentes sentados sobre la materia, en la distinción establecida entre derechos e impuestos conforme al artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos treinta y ocho, y su similar del Código del año de mil novecientos sesenta y siete, a partir de la cual se consideró que la causa generadora de los derechos no residía en la obligación general de contribuir al gasto público, sino en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras o servicios ("COOPERACIÓN, NATURALEZA DE LA.", jurisprudencia 33 del Apéndice de 1975, 1a. Parte; A.R. 7228/57 Eduardo Arochi Serrano; A.R. 5318/64 Catalina Ensástegui Vda. de la O.; A.R. 4183/59 María Teresa Chávez Campomanes y coags.). Este criterio, sentado originalmente a propósito de los derechos de cooperación (que entonces se entendían como una subespecie incluida en el rubro general de derechos), se desarrollaría más adelante con motivo del análisis de otros ejemplos de derechos, en el sentido de que le eran inaplicables los principios de proporcionalidad y equidad en su concepción clásica elaborada para analizar a los impuestos, y que los mismos implicaban en materia de derechos que existiera una razonable relación entre su cuantía y el costo general y/o específico del servicio prestado ("DERECHOS POR EXPEDICIÓN, TRASPASO, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS MERCANTILES, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 14, FRACCIONES I, INCISO C), II, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL AÑO DE 1962, QUE FIJA EL MONTO DE ESOS DERECHOS CON BASE EN EL CAPITAL EN GIRO DE LOS CAUSANTES, Y NO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS PARTICULARES", Vol. CXIV, 6a. Época, Primera Parte; "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS", Vol. 169 a 174, 7a. Época, Primera Parte; "AGUA POTABLE, SERVICIO MARÍTIMO DE. EL ARTICULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADO POR DECRETO DE 26 DE DICIEMBRE DE 1967, QUE AUMENTO LA CUOTA DEL DERECHO DE 2 A 4 PESOS EL METRO CÚBICO DE AGUA POTABLE EN EL SERVICIO MARÍTIMO, ES PROPORCIONAL Y EQUITATIVO; Y POR LO TANTO NO ES EXORBITANTE O RUINOSO EL DERECHO QUE SE PAGA POR DICHO SERVICIO", Informe de 1971, Primera Parte, pág. 71). El criterio sentado en estos términos, según el cual los principios constitucionales tributarios debían interpretarse de acuerdo con la naturaleza del hecho generador de los derechos, no se modificó a pesar de que el artículo 2o., fracción III del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos ochenta y uno abandonó la noción de contraprestación para definir a los derechos como "las contribuciones establecidas por la prestación de un servicio prestado por el Estado en su carácter de persona de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público" (A.R. 7233/85 Mexicana del Cobre, S.A. y A.R. 202/91 Comercial Mabe, S.A.). De acuerdo con las ideas anteriores avaladas por un gran sector de la doctrina clásica tanto nacional como internacional, puede afirmarse que los derechos por servicios son una especie del género contribuciones que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la Administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la Administración y el usuario, que justifica el pago del tributo." Con base en las consideraciones expuestas, el principio de proporcionalidad que rige a los derechos fiscales, se funda generalmente en que el monto de las cuotas o tarifas de éstos, guarden una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el Estado, sin atender o incorporar a esa relación ningún otro elemento, de tal manera que la cantidad fijada sea exactamente la misma para todos los contribuyentes que reciban el mismo servicio. En otras palabras, existirá violación a la garantía de proporcionalidad y equidad de que se habla, cuando la cuota correspondiente no atienda exclusivamente a la relación entre el costo del servicio y la cuota misma, sino a un elemento extraño al servicio, de tal manera que los contribuyentes enteren mayor o menor cantidad de numerario en dependencia directa, primordialmente de ese elemento extraño incorporado a esa relación de correspondencia íntima entre el costo del servicio y la cuota misma, originando que por un mismo servicio se cobren cantidades distintas. Además, debe tomarse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y de que la correspondencia entre este costo y el monto de la cuota no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se otorgan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. Las anteriores consideraciones, se encuentran inmersas en la jurisprudencia número P./J. 3/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 54, tomo VII, enero de 1998, Novena Época, que reza: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares". En ese sentido, para verificar que la parte quejosa se ubicó en los supuestos de la norma, es necesario remitirse a su contenido, pues bien, el artículo 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, establece lo siguiente: "Artículo 52. Los servicios que se presten por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, causarán derechos conforme a un porcentaje de la base que corresponda o UMA diaria o fracción de la misma de acuerdo a lo siguiente: I. La inscripción o registro de títulos, ya sea de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier otra naturaleza por virtud de los cuales se adquiera, trasmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles: 200 Tratándose de la primera enajenación de vivienda, no causarán los derechos por el registro, cuando las mismas se encuentren edificadas en una superficie no mayor de 180 M² de terreno, con una superficie construida máxima de 80 M² cuyo valor no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por veinte el valor anual de la UMA vigente. Tratándose de la primera enajenación de vivienda, que se encuentre edificada en una superficie no mayor de 180 M2, con una superficie construida máxima de 130 M2, cuyo valor no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por treinta y dos el valor anual de la UMA vigente, tendrán derecho a una reducción del 50% en el monto del derecho que se cause. No causarán los derechos por el registro de la primera enajenación de terrenos cuyo valor no exceda de multiplicar tres veces el valor anual de la UMA vigente, y que tenga una superficie no mayor de 180 m2. 26 Tendrán derecho a una reducción del 50% en el monto del derecho que se cauce por el registro de la primera enajenación de los terrenos, cuyo valor no exceda de multiplicar cinco veces el valor anual de la UMA vigente y que tenga una superficie no mayor a 180 m2. Tratándose de la primera enajenación de vivienda, no causarán los derechos por el registro, cuando las mismas se encuentren edificadas en una superficie no mayor de 180 M² de terreno, con una superficie construida máxima de 80 M² cuyo valor no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por veinte el valor anual de la UMA vigente. Por lo que respecta a los subsidios mencionados en la presente fracción, sólo serán otorgados para aquellos contribuyentes que adquieran inmuebles con finalidad de construcción y ocupación habitacional propia. Por tanto, quedan excluidas las personas físicas o morales cuya actividad habitual sea la compra venta de terrenos con fines de lucro. II. La inscripción de gravámenes sobre inmuebles por contratos; por resoluciones judiciales; por disposición testamentaria; por títulos que limiten el dominio del vendedor; por embargos; deudas hipotecarias; servidumbres y fianzas; por títulos en virtud de los cuales se adquieran, trasmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles distintos de dominio; sobre el monto de la obligación garantizada o sobre el monto de la operación, según corresponda. 1.0% III. La cancelación de la inscripción a que se refiere la fracción anterior, sobre el monto de la obligación garantizada o sobre el monto de la operación, según corresponda. 0.15% IV. La inscripción de contratos de créditos hipotecarios, prendarios, refaccionarios y de habilitación o avío, celebrados por instituciones de crédito, de seguros o fianzas y organizaciones auxiliares o por sociedades financieras de objeto limitado, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y Sociedades Nacionales de Crédito. Así como la inscripción de créditos con garantía hipotecaria otorgados por los gobiernos Federal, Estatal y Municipales, dependencias gubernamentales, órganos desconcentrados, organismos descentralizados y en general por instituciones públicas pertenecientes a cualquiera de los tres niveles de gobierno 100 La cancelación de inscripción a que se refiere la presente fracción, sobre el monto de la operación: 0.15%. V. El registro de la reestructuración de créditos, cuando ésta no implique financiamiento adicional o constitución de gravamen, sobre el monto de la operación. En los casos a que se refiere esta fracción, las cancelaciones no causarán derecho alguno. 0.25% VI. El registro de la cédula hipotecaria, sobre su valor. 1% VII. La inscripción de la constitución del patrimonio familiar. Exento VIII. La cancelación del registro del patrimonio familiar. Exento IX. La inscripción de las informaciones adperpetuam, sobre el valor catastral del inmueble. 1.35% X. La cancelación del registro de la información ad-perpetuam, sobre el valor catastral del inmueble. 3 XI. El depósito de testamentos ológrafos o cualquier otro documento. 5 XII. Si el depósito de testamento ológrafo se hace fuera de la oficina del registro 10 XIII. La inscripción de cualquier clase de testamento. 5 XIV. La inscripción de resoluciones dictadas en juicios sucesorios. 5 XV. La cancelación de la inscripción a que se refiere la fracción anterior. 3 XVI. La inscripción de la autorización de fraccionamientos de terrenos, por cada lote. 1 XVII. La inscripción de la escritura por la cual se constituya el régimen de condominios de un inmueble, por cada departamento, despacho o local. 1 XVIII. La inscripción de contratos mercantiles o civiles no incluidos en otras fracciones de este artículo. 5 XIX. La inscripción de contratos relativos a bienes muebles en los que se estipule una condición resolutoria o la transmisión con reserva de dominio, sobre el monto de la operación. 0.70% XX. La inscripción de contratos de corresponsalía de instituciones de crédito. 5 XXI. La cancelación de la inscripción a que se refiere la fracción anterior. 3 XXII. La inscripción de gravámenes sobre bienes muebles, sobre el monto de la operación garantizada. 0.70% XXIII. La inscripción de los convenios modificatorios que no afecten capital, o contratos mercantiles que den lugar a inscripción complementaria para su perfeccionamiento. 5 XXIV. La inscripción de escrituras constitutivas de personas morales y de aumentos de capital o patrimonio, sobre el capital, patrimonio o aumento establecido. 0.60% En los casos que no se establezca capital o patrimonio. 10 XXV. La inscripción de cualquier modificación a la escritura constitutiva de personas morales que no implique aumento de capital o patrimonio. 5 Se deroga. XXVI. La inscripción de actas de emisión de bonos u obligaciones de personas morales, o cualquier otro instrumento bursátil, sobre el valor de la emisión. 1.5% XXVII. La inscripción de actas de asambleas de socios, accionistas de consejo de administración o de cualquier otro tipo no estipuladas en otras fracciones de este artículo, referidas a personas morales. 5 XXVIII. La cancelación de la inscripción del registro de escrituras constitutivas de personas morales. 3 XXIX. Si como consecuencia de la liquidación de la persona moral se adjudican bienes inmuebles, sobre el valor de adjudicación. 1.35% XXX. La inscripción de poderes y sustitución de los mismos, por cada uno. 2 XXXI. La inscripción de revocación de poderes, por cada uno. 1 XXXII. La ratificación de documentos públicos o privados o de firmas ante el registro. 2 XXXIII. La búsqueda de constancias o datos para la expedición de certificados o informes, por cada período de 5 años o fracción. 1 XXXIV. La expedición de certificados o certificaciones relativas a las constancias del registro, independientemente de la búsqueda, por cada hoja. 1 XXXV. La expedición de copia simple, por cada hoja. 0.20 XXXVI. Los informes que se rindan por escrito, a solicitud de las autoridades incluyendo la búsqueda. 2 XXXVII. La inscripción de las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones. 1 XXXVIII. El examen de todo documento, sea público o privado, que se presente al registro para su inscripción, cuando se rehuse ésta por no ser inscribible o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial. 1 XXXIX. La inscripción de resoluciones judiciales en que se declare una quiebra o suspensión de pagos o se admita una liquidación judicial. 5 XL. Cada búsqueda de datos o constancias para informes y certificados. 1 XLI. Cada anotación marginal. 1 XLII. La expedición de cada certificado de libertad o existencia de gravámenes, incluyendo la búsqueda. 3 XLIII. La expedición de cada certificado de no propiedad o de existencia de propiedad, incluyendo la búsqueda. 3 XLIV. En los casos de servicios no previstos expresamente en este artículo, sobre el valor o monto que corresponda. 1.35% O cuando no exista valor o monto. 5 Se entenderá como monto de la operación, a que se refieren distintas fracciones del presente artículo, la cantidad más alta que resulte de entre: el valor de la operación, el valor catastral vigente al momento de solicitar la inscripción, del avalúo bancario o el practicado por la Secretaría de Finanzas y de Administración, salvo que la propia fracción lo determine." De la transcripción que antecede, se desprenden diversos supuestos normativos que prevén cuotas sobre cada uno de los actos registrables e inscritos por parte de la autoridad registral, precisamente existe la relación tributaria cuyo solicitante es el sujeto pasivo, ya que la persona física o moral que acude ante el Registro Público de la Propiedad, con el fin de inscribir algún documento público o privado, será quien se encuentre en supuestos de la norma, tal como se prevé en la fracción I del artículo 52 de la Ley Hacienda del Estado de Durango, reclamadas por la parte quejosa. Del análisis de la fracción I, se desprende que, deberán cubrir como pago de este derecho registral, la cantidad equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, en las otras hipótesis se toma en cuenta el valor o monto de la operación aplicando un porcentaje, lo cual torna inconstitucional ese derecho, pues la inequidad y desproporcionalidad tributaria que adolece, derivan precisamente de los otros supuestos, como se verá. Por lo que hace a las fracciones II y III, se advierte un cobro equivalente al 1.0, por el registro de los documentos ahí referidos; en lo concerniente a la fracción IV, se establece el cobro de cien unidades de medida y actualización, por el registro de contratos de créditos hipotecarios y otros que se describen en dicha porción, destacando que también establece una tarifa por la cancelación de ese tipo de inscripciones, a razón de 0.15% sobre el monto de la operación respectiva. En otro entorno, la fracción VI, establece el cobro de un 1% sobre el valor de una cédula hipotecaria; en la fracción IX, relativa a la inscripción de las informaciones ad-perpetuam, se establece el cobro del 1.35%, sobre el valor catastral del inmueble; en la fracción X, para inscribir la cancelación del registro de la información ad-perpetuam, contempla el cobro de tres unidades de medida y actualización sobre el valor catastral del inmueble; mientras que en las fracciones XVI, XVII, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XL y XLI, se establece el cobro de una unidad de medida y actualización, por los registros de los documentos que en dichas fracciones se indican; de dos unidades de medida y actualización por la inscripción de documentos a que se refieren las fracciones XXX, XXXII y XXXVI; de tres unidades de medida y actualización por la inscripción de documentos precisados en las fracciones XV, XXI, XXVIII, XLII y XLIII; de cinco unidades de medida y actualización por la inscripción de los documentos que se precisan en las fracciones XI, XIII, XIV, XVIII, XX, XXIII, XXV, XXVII y XXXIX; de diez unidades de medida y actualización por el depósito de testamento ológrafo que se haga fuera de la oficina del registro; mientras que, en otra parte del precepto legal en análisis, se establece el cobro del 0.60% por la inscripción de documentos a que se refiere la fracción XXIV; el 0.70% en tratándose de la inscripción de los documentos que se establecen en las fracciones XIX y XXII; 1.35%; por la inscripción de documentos de los referidos en las fracciones XXIX y XLIV, se cobrará sobre el sobre el valor o monto que corresponda, o cuando no exista valor o monto, será cinco unidades de medida y actualización; asimismo, se establece el 1.5% por la inscripción de documentos descritos en la fracción XXVI. Sentado lo anterior, es inconcuso que el legislador local, estableció diferentes tarifas según el tipo de documento a registrar, las que varían entre 1, 2, 3, 5, 100 y 200 unidades de medida y actualización (cuando no se toma en cuenta el monto de la operación de los actos registrables), mientras en otros casos, a pesar de que se trata del mismo servicio, esto es, la inscripción de documentos, optó por elegir un pago porcentual tomando en cuenta el valor o monto de la operación a registrar, porcentajes que también varían, al ser del 0.60%, 0.70%, 1.0% y 1.35%; asimismo, se prevé una diversa tarifa en tratándose de la cancelación de inscripciones de hipotecas y créditos, a razón del 0.15% sobre el monto de la operación. Ahora bien, de las constancias que obran en el presente sumario constitucional, se advierte el recibo de pago expedido a nombre de la parte quejosa, con número de transacción ******************** de seis de julio de dos mil veintidós, en el que aparece la autoliquidación de los derechos de registro por inscripción de un contrato de compraventa de inmueble. Así, conviene enfatizar que los citados derechos se causaron virtud a la fracción I del precitado ordenamiento fiscal, en las cuales el Estado cobra por el servicio de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, lo equivalente a doscientas unidades de medida y actualización respecto al contrato de compraventa de inmueble. De ahí que, se estima que la quejosa demostró la autoliquidación de los derechos cuestionados por el registro de inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, pues los pagos que enteró encajan en las hipótesis que prevé la fracción en comento, cuya materialización consta en el citado recibo de pago con número de transacción ******************** de seis de julio de dos mil veintidós. En ese contexto, se colige que los mecanismos establecidos en el artículo 52, fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, para calcular los derechos por la inscripción de contraventa de inmueble, son simples, en la medida en que se conserva un mismo sujeto pasivo, base, objeto y tasa, por lo que para su cálculo únicamente se establece una sola forma, es decir, obtener el equivalente a doscientas unidades de medida y actualización respecto al contrato de compraventa de inmueble, de ahí la inexistencia de variables en su determinación, en cuanto a cada uno de los actos jurídicos inscribibles. Entonces al tratarse de un mecanismo simple, no es necesario que la parte quejosa demuestre cómo se realizó el cálculo del cobro del impuesto (lo que sí acontece en mecanismos complejos en los que se requiere de una prueba pericial a fin de acreditar la forma de esa cuantificación), sino que basta el solo hecho de que se asiente el concepto por el que tuvo lugar esa tributación, para establecer la existencia del acto de aplicación de la Ley, como acontece en la especie. Con base en las anteriores consideraciones, se robustece la conclusión a la que se arribó, en el sentido de que el recibo de pago consigna expresamente el concepto por el que se realizó el pago de los derechos cuestionados, el nombre del contribuyente y la fecha de entero, por lo que es suficiente para demostrar el acto de aplicación de la Ley, pues definen de manera particular, la situación jurídica del causante frente a los supuestos previstos en la norma, al determinar el importe de los derechos que pagó la quejosa por el trámite administrativo solicitado. En apoyo a la anterior conclusión se citan por ilustrativas y analógicas, las consideraciones sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al sustentar la tesis XXIV.2o.5 A, consultable en la página 1723, tomo XX, septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LAS BOLETAS O FOLIOS DE MOVIMIENTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA EL PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DEL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTEN, CONSTITUYEN ACTOS DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (ARTÍCULO 13, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRES). Si en la boleta o folio de movimientos que la autoridad administrativa expide, para el pago de derechos por concepto de inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se determina el importe de la obligación fiscal que debe pagarse, con base en la tasa establecida en el artículo 13, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil tres, y además se precisa el nombre del contribuyente, el concepto del trámite, la fecha de presentación de la solicitud y la orden de enterar dicha cantidad en la caja recaudadora, resulta inconcuso que constituye un acto concreto de aplicación de la ley, pues define de manera particular la situación jurídica del causante frente al supuesto previsto en la norma, al determinar el importe de los derechos que deberá pagar por el trámite administrativo solicitado, independientemente de no haberse verificado el pago, puesto que desde el momento de su expedición materializa los efectos jurídicos de la norma, al determinar el importe de una obligación fiscal, sin la intervención de la voluntad del obligado". En ese orden de ideas, el artículo 52, fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, constitutivo del acto reclamado, al imponer por inscripción de documentos de créditos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el pago de derechos a razón de unidades de medida y actualización, estos resultan ser desproporcionales, por tomar como base para la cuantificación del derecho, un elemento extraño al costo del servicio prestado por la autoridad, como es, el tipo de documento a registrar, cuando en todos los actos el fin que se persigue es la publicidad de los actos jurídicos para ser oponibles a terceros. Ello, porque la función primordial de todo registro público es la calificación y revisión de diversas actividades, y actos cuyo objeto es que se inscriban. También se pone de manifiesto esa distinción tarifaria, con el análisis íntegro ya efectuado al artículo en comento, en el que se destacó que se cobran uno, dos, cinco, cien y doscientas unidades de medida y actualización y diferentes porcentajes, atendiendo, para la fijación del monto a cobrar por el servicio prestado, el tipo de documento a registrar y en cuanto al cobro porcentual, a la operación a inscribir o realizar. Lo anterior no obstante que de conformidad con el principio de proporcionalidad, en tratándose del pago por derechos, la tarifa que se debe cobrar a los usuarios por conceptos de derecho de inscripción de documentos en el Registro Público, debe establecerse en relación con el costo del servicio prestado y no a la naturaleza de los actos, porque tal elemento es extraño a la contribución, como así lo ha establecido el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 9, visible a fojas 158, Primera Parte, Pleno, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DERECHOS POR REGISTRO DE DOCUMENTOS EN LOS QUE SE CONSIGNA LA CONSTITUCIÓN O EL AUMENTO DE CAPITAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DERECHOS POR. (SIC) LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE LO ESTABLECEN SON CONTRARIAS AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL SI PARA FIJARLOS SE TOMA EN CUENTA EL CAPITAL EN GIRO DE LA PERSONA MORAL. Las leyes federales o locales que regulan los derechos por inscripción en un Registro Público, de documentos en los que se consigne la constitución o el aumento de capital de sociedades mercantiles, estableciendo que debe cuantificarse mediante un porcentaje sobre el capital tratándose de la constitución de la sociedad o del aumento de la capital (si ese es el caso), son contrarias a los principios de proporcionalidad y equidad exigidos por el artículo 31 fracción IV, de la Constitución pues para determinar el monto de los derechos se toman en cuenta el capital en giro de las sociedades y no tanto el costo del servicio que presta la administración pública, de tal suerte que los causantes pagarán una mayor o menor cantidad dependiendo siempre de su capital en giro, provocándose que por los mismos servicios se causen cantidades distintas. Es cierto que el monto de los derechos no necesariamente debe corresponder con exactitud matemática al costo del servicio prestado, pero si debe fijarse en relación con dicho costo, pues si a fin de cuantificar su monto se toman en cuenta elementos completamente extraños como lo sería el capital de cada una de las distintas sociedades, de tal manera que por un mismo servicio se paguen cuotas diversas, debe concluirse que la tarifa correspondiente es desproporcional e inequitativa." Lo expuesto es así, pues el fin que se pretende con la inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad, es precisamente dar publicidad al acto jurídico a inscribir y que el mismo surta efectos contra terceros, luego, no se entiende el por qué de la distinción tarifaria cuando el servicio prestado y la finalidad intrínseca que persigue es la misma, con entera independencia del tipo de documento a inscribir. En efecto, no se tiene certeza de los motivos por los cuáles se cobra una cantidad diferente al servicio prestado en relación con el registro de un gravamen, respecto del resto de los documentos precisados, en las demás fracciones que se establecen en el invocado numeral 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango. Adicionalmente a lo expuesto, con entera independencia del tipo de documento a inscribir, el Estado invierte los mismos recursos financieros para la capacitación, contratación y remuneración de las personas físicas que materialmente prestan ese servicio, así como en la contratación de recursos materiales para prestarlo, por lo que en este sentido, el aparato administrativo tiene el mismo costo para la inscripción de documentos, sea cual sea el contenido del mismo. En conclusión, el precepto legal cuya constitucionalidad ahora se cuestiona, trata desigual a los iguales, esto es, trata diferente a quienes reciben un mismo servicio, al imponer el cobro del derecho, atendiendo a los elementos extraños ya destacados y no de acuerdo con el gasto que se efectúa por la prestación del servicio, de tal manera que, de acuerdo con el análisis del precepto que se tilda de inconstitucional, dos personas que reciben un mismo servicio, es decir, registrar un documento, pagarán una cuota diferente, cuando el principio constitucional de equidad tributaria, obliga a dar o proporcionar un trato idéntico a aquéllas personas que solicitan el mismo servicio público, de ahí que se concluya con la inconstitucionalidad del precepto que se analiza, al infringir el principio de proporcionalidad tributaria que tutela el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, según así fue razonado. En apoyo a la anterior, es aplicable lo sustentado en la jurisprudencia número P./J. 3/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 54, tomo VII, enero de 1998, Novena Época, que reza: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares." Igualmente se cita, el contenido de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2245, tomo XXV, enero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "INSCRIPCIONES REGISTRALES. EL ARTICULO 14, FRACCIÓN II, INCISO L), DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, QUE ESTABLECE LOS DERECHOS POR ESE CONCEPTO, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido reiteradamente que, tratándose de derechos por servicios, el criterio de proporcionalidad y equidad se refiere al costo del servicio que específicamente preste el Estado. De aquí que, aun cuando no es necesario que la cuota del derecho refleje con precisión matemática el costo de servicio, en cambio, sí es necesario buscar un factor que guarde relación con dicho costo para establecer la cuota de tributación, lo cual, incluso, puede ser excepcionalmente dispensable cuando exista una razón de orden extrafiscal. En este sentido, el artículo 14, fracción II, inciso L), de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, que regula el cobro de derechos por inscripciones registrales de créditos hipotecarios, refaccionarios, de habilitación o de avío, a razón del 3.5 al millar sobre el monto de la operación, resulta violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad tributarias, pues no obstante que se recibe el mismo servicio, paga más derechos aquel contribuyente a quien se otorga un crédito mayor, siendo que este aspecto nada tiene que ver con la prestación del servicio y de que no existe una razón de orden extrafiscal que justifique la medida." Ahora bien, no es inadvertido que la autoridad responsable Congreso del Estado de Durango, hubiese invocado la jurisprudencia clave PC.XXV. J/12 A (10a.); sin embargo, aunque es cierto que dicho criterio declara constitucional el artículo 52, fracción I, de la legislación reclamada, en el caso, tal jurisprudencia no es obligatoria para este juzgado federal, pues al ser emitida por el Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, esa cuestión implica que sea forzosa únicamente para los órganos que se ubiquen en dicho circuito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, este juzgado respetuosamente se aparta de las consideraciones expuestas en el mencionado criterio, pues, como ya se vio, el artículo en estudio establece diversas cuotas que dependen directamente del tipo operación a registrar, de manera que es inconstitucional porque considera un elemento ajeno al costo del servicio prestado. Por tanto, con base en las consideraciones expuestas, se concluye que el artículo 52, fracción I de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango, constitutivo del acto reclamado, es inconstitucional al establecer tarifas diferentes para quienes reciben un mismo servicio, pues no se advierte que se realice un procedimiento diferente o especial para la inscripción o cancelación de los diversos documentos a que se refiere dicho precepto, o bien, que el Estado realice alguna actividad que implique una tarea adicional que justifique la fijación de tarifas diferentes en un servicio exactamente igual, de lo cual deriva inconcuso que no se atendió a la correlación o razonable equilibrio, que debe existir entre la cuota y el costo que para el Estado tenga la prestación del servicio. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación argumentado, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto a la inconstitucionalidad del artículo 44 bis, del ordenamiento reclamado, pues la inconstitucionalidad de dicho precepto se hace depender de los motivos legales respecto a la inconstitucionalidad del artículo 52 de la invocada legislación, considerando de que tal precepto está estrechamente vinculado con el que se declaró inconstitucional, pues establece el Impuesto para la Modernización de los Registros Públicos, el cual tiene como base gravable la inscripción de documentos relativos a la propiedad de inmuebles, es decir, se aplicará a la base gravable de dicho concepto la tasa del 1.5% por lo que hace al Impuesto para la Modernización de los Registros Públicos. Luego, como la base sobre la cual se calculan el Impuesto para la Modernización de los Registros Públicos, lo constituye el precepto cuya inconstitucionalidad se declaró, por ende, igual pronunciamiento debe hacerse sobre la constitucionalidad del precitado numeral 44 bis, al ser contrario a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, por los motivos legales que determinaron la inconstitucionalidad del artículo 52, fracción I de la ley de hacienda en comento. Asimismo, el amparo se hace extensivo respecto del cobro de la diversa contribución accesoria denominada "fomento educativo", pues igualmente guarda una relación indisociable con la aplicación del artículo declarado inconstitucional (52, fracción I), pues esta disposición es la causa originaria de dicho accesorio. Así las cosas, procede que la responsable reintegre a la parte quejosa las cantidades correspondientes a las precitadas contribuciones accesorias, contenidas en el recibo con número de transacción ******************** de seis de julio de dos mil veintidós; ello, porque fueron determinadas como consecuencia del pago del servicio prestado por el Registro Público, esto es, fueron utilizados como consecuencia directa e inmediata de la aplicación del mencionado numeral 52, norma que, como ya se dijo, es inconstitucional por jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser violatoria del principio de proporcionalidad y equidad tributaria. Sirve de apoyo a lo anterior, por razón de su contenido jurídico, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, diciembre de 2001, página 339, que establece: "SENTENCIA DE AMPARO. SE INCURRE EN DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO SI HABIÉNDOSE OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE PRECEPTOS RELATIVOS A UN IMPUESTO, LA AUTORIDAD SE LIMITA A DEVOLVER LO PAGADO POR ÉSTE Y NO LO CUBIERTO POR TRIBUTOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE NO SE REFIRIÓ LA SENTENCIA, PERO QUE DEBÍAN CALCULARSE EN UN PORCENTAJE ADICIONAL A AQUÉL. En virtud de que el efecto de las sentencias dictadas en los amparos contra leyes es que al quejoso no le sea aplicada la norma declarada inconstitucional (durante el tiempo de su vigencia), lo conducente es que las autoridades exactoras estén obligadas a restituirle las cantidades que haya enterado, tanto por el impuesto principal como por los tributos complementarios, puesto que su aplicación se encuentra estrechamente vinculada a la norma materia del juicio de garantías, independientemente de que la protección constitucional se haya sustentado en consideraciones relativas al precepto que señalaba la tasa que debía aplicarse para pagar el tributo principal, pues si los tributos complementarios deben calcularse sobre la misma base, el amparo otorgado trasciende necesariamente a ellos." OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se otorga para que el Recaudador de Rentas de Ciudad, Durango: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa las obligaciones previstas en los artículos 13 al 17, 44 Bis y 52, fracción I de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. 2. Devuelva a la parte quejosa las cantidades que erogó, según se desprende del recibo de pago con número de transacción ******************** de seis de julio de dos mil veintidós, por el concepto de inscripción de contrato de compraventa. 3. Devuelva a la parte justiciable las cantidades totales que enteró por el Impuesto para el Fomento de la Educación, así como el Impuesto de Modernización de los Registros Públicos, al pagar las contribuciones señaladas en el numeral que antecede, contenidas en el recibo de pago con número de transacción ******************** de seis de julio de dos mil veintidós. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 13/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, de la Novena Época de rubro y contenido siguientes: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." Los efectos señalados se justifican, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Durango, no prevé de manera expresa la cantidad mínima a pagar por los conceptos de trato, de manera que, la protección constitucional implica únicamente la devolución de las cantidades pagadas por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razones, la jurisprudencia PC.VIII. J/7 A (10a.), del Pleno del Octavo Circuito, materia común, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con número de registro 2015171, que a la letra dice: "DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PÚBLICO RELATIVOS A LA PROPIEDAD Y AL COMERCIO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN II Y 82, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, VIGENTE EN 2015, DERIVADA DE DIVERSOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De la jurisprudencia P./J. 62/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 11, con el rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se advierte que si el vicio de inconstitucionalidad de la norma recae en uno de los elementos esenciales del tributo y no en alguna variable, todo el sistema impositivo queda afectado, de manera que el efecto del amparo será desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria. Ahora bien, los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en 2015, prevén, respectivamente, distintas bases para el cálculo de los derechos por concepto de inscripción o registro de documentos relativos a la propiedad o posesión de bienes inmuebles, así como de créditos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, atendiendo al valor del inmueble o monto de la operación, lo que de acuerdo con diversos criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Consecuentemente, si la inconstitucionalidad de dichos preceptos reside en sus elementos esenciales, al calcular los derechos conforme a uno ajeno, los efectos del fallo protector consisten en que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria y le sean devueltas las cantidades pagadas por concepto de derechos de registro, sin que con ello se contraríe la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, página 1244, con el rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS.", al ser inaplicable por no prever las disposiciones reclamadas una tarifa mínima. PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO." Sin que se desconozca, el criterio jurisprudencial 29/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". Lo anterior es así, pues no es aplicable en la especie dicha jurisprudencia si se considera que la fracciones del artículo 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, no contempla una cantidad mínima "general", aplicable a todos los supuestos por los que se deben liquidar derechos por inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y de Créditos; de tal manera que no existe una tasa común en la que incidan todos los solicitantes de dichos servicio. Lo que no permite que la quejosa liquide los correspondientes derechos por una cantidad mínima, pues como se dijo, ésta no se establece en el aludido dispositivo impugnado. Cabe aclarar que con independencia de que en este juicio se hubiese sobreseído respecto de la autoridad denominada Recaudador de Rentas de Ciudad Lerdo, Durango, esta determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia, entre ellas a la autoridad antes citada; y, por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento; ello en acatamiento a la jurisprudencia 236 emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 159, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Durango, con sede en esa capital, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Recaudador de Rentas, con residencia en Lerdo, Durango, por medio del cual hace del conocimiento de este juzgado que para estar en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, se requiera a la quejosa a efecto que manifieste si tiene registrada alguna cuenta bancaria, en caso de que así sea, proporcione el número de la cuenta, clabe interbancaria, sucursal, plaza y banco, así como también copia de cédula de identificación fiscal y copia del estado de cuenta bancario, a fin de hacer la transferencia electrónica. Acuerdo. En esa virtud se requiere a la parte quejosa Alejandro Macías Guerra, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente a aquel en que sea notificado del presente proveído informe a este juzgado si cuenta con la información requerida por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo se acordara lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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