Diana Alarcón Pérez
Expediente 991/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Diana Alarcón Pérez
- Ayuntamiento Constitucional de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México
Actuaciones
- Principal
IV... Naucalpan de Juárez, Estado de México; nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. En términos del capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral de referencia. Toda vez que existe un documento exhibido por la parte quejosa, de conformidad con el capítulo octavo, artículo 21, antepenúltimo párrafo del citado acuerdo, dígase que dentro de un plazo de noventa días deberá acudir a este juzgado a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, será destruido junto con el expediente en que se actúa. En el entendido que, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción I, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra a su disposición el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, para que agende la pertinente a efecto de que pueda acudir a este órgano a recoger los documentos que se dejan a su disposición en el párrafo que antecede.
- Principal
IV... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Diana ..., por propio derecho; contra actos del Presidente de la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otras autoridades; regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 991/2022-IV. DESECHAMIENTO En principio, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora, en el presente asunto la parte quejosa señala como acto reclamado, esencialmente; La omisión de aplicar las medidas necesarias para cumplir el laudo dictado en el juicio laboral SAE1594/2013. En ese orden, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: De la lectura de dichos numerales, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos jurídicamente inexistentes a la fecha de presentación de demanda o bien aquellos futuros de realización incierta. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, estableció que, tratándose de demandas de amparo en las que se reclamara la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo intentado era improcedente en términos de los numerales 73, fracción XVIII, en relación con el 74, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo anterior -61, fracción XXIII, y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente-; en virtud que el procedimiento de ejecución forzosa establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, requería no solamente la solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, al advertirse la necesaria participación de la parte vencedora en las diversas actuaciones para lograr el cumplimiento del laudo condenatorio. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión concreta verificada en la etapa de ejecución del laudo, tanto el análisis de la procedencia del juicio de amparo, como la eventual concesión de la protección Constitucional, debían ceñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos futuros de incierta realización, pues al requerir impulso del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. En la especie, como se precisó, la parte quejosa reclama la omisión de tomar las medidas necesarias para cumplir el laudo dictado en el juicio laboral SAE 1594/2013. Al respecto, se precisa que en el procedimiento de ejecución de los laudos regulado por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, corresponde a las autoridades jurisdiccionales respectivas dictar las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, para ello, requieren necesariamente del impulso procesal de la parte que lo obtuvo; por tanto, la hipótesis contenida en la jurisprudencia citada es aplicable al juicio laboral burocrático del que derivan las omisiones reclamadas, por lo que es indispensable la intervención del ejecutante para el inicio y prosecución de dicha etapa. En ese escenario, se arriba a la conclusión que el reclamo de la parte quejosa se encuentra dentro de la etapa de ejecución del juicio laboral de origen, y constituye un reclamo genérico que conduce a desechar la demanda. Es así, dado que se está en presencia de un acto futuro y de realización incierta al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues como se estableció, la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, etapa en la que si bien cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, la ejecución de laudo, en atención al artículo 252, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, pues no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. En consecuencia, dado que en el caso se reclama que el Tribunal no ha tomado las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo, pues indica que no ha impuesto las multas conforme al numeral 253, de la citada legislación, haciendo énfasis concretamente a las multas con la que se apercibió, así como que la Actuaria adscrita a la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, no llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, sin motivo alguno que justificara su actuar; sin embargo, aun con esas precisiones que indica de manera específica, las omisiones son genéricas ya que de los antecedentes no se advierte que haya impulso por parte de la ejecutante, tales como solicitar a la responsable la imposición de dicha multa o alguna otra gestión -turnar los autos- para dar impulso a la ejecución del laudo Bajo ese sentido, si bien, en la última parte del artículo 250, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se establece la obligación del Presidente del Tribunal o de la Sala dictar las medidas necesarias para que la ejecución de laudo sea pronta y expedita, no puede soslayarse que en el diverso 252, se indica que a petición de la parte interesada la autoridad dictara auto de requerimiento y embargo estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizara las diligencias necesarias para su ejecución; empero, se requiere la petición de la ejecutante. Por lo anterior, resulta incuestionable que el juicio de amparo deviene improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto reclamado. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO QUEJOSO Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica en el correo con usuario "ABIGAILRAMIREZ", el cual se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en el entendido que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, de conformidad con el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica de las actuaciones del presente juicio de amparo, con el referido usuario. Sin que pase inadvertido que también señale como domicilio para oír y recibir notificaciones uno ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México; sin embargo, la Ley de Amparo no prevé la posibilidad de que se tengan dos domicilios para el mismo efecto; de ahí que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), se prefiera el uso de medios electrónicos. De conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene señalando los números telefónicos y correo electrónico que indica, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS Se autoriza a las personas que indica en términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, pues al tratarse de un asunto en materia laboral promovido por la parte trabajadora, conforme a la primera parte del segundo párrafo, del citado numeral, aplicado a contrario sensu, no se requiere la acreditación para ejercer la profesión de licenciado en derecho. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales.
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