Diana Acevedo Rebollar

Expediente 305/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
305/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Diana Acevedo Rebollar

Actuaciones

  1. Principal

    II... Téngase recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el juicio de amparo 987/2022 de su índice, al estimar que este órgano jurisdiccional tuvo conocimiento previo de los hechos relacionados con lo reclamado en la demanda. Fórmese el cuadernillo correspondiente. Ahora, a fin de establecer la competencia planteada por la autoridad declinante, es preciso señalar que en el presente juicio Diana ...., por propio derecho reclamó del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Tlalnepantla, Estado de México, la sentencia interlocutoria de veintiuno de febrero del año en curso, dictada en el expediente 711/2021 del juicio ordinario civil, rescisión de contrato, donde el juez responsable resolvió declarar improcedente el recurso de revocación que hizo valer en contra del auto de dos de febrero del presente año y se confirmó dicho proveído, ordenándose continuar con el procedimiento. Por otra parte, en el expediente que remite el citado Juzgado de Distrito la citada quejosa reclama la sentencia emitida por la Sala Unitaria Civil de tres de agosto de dos mil veintidós, en el toca número 447/2021 del juicio ordinario civil, rescisión de contrato, donde el juez responsable resolvió confirmar el auto de dos de febrero del presente año y se confirmó dicho proveído, ordenándose continuar con el procedimiento En esa virtud, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 45 fracción II y 46 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los actos reclamados en los dos asuntos se encuentran relacionados con el mismo juicio de origen, por lo que se surte el conocimiento previo que se plantea. Por tanto, en aras de una pronta y eficaz administración de justicia, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, se estima que en este caso particular es procedente conocer del juicio de amparo 987/2022 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, el cual se ordena remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Naucalpan de Juárez, para efectos de estadística y control de nuevo ingreso, a fin de que se turne a este órgano jurisdiccional como nueva demanda y se asigne el número correspondiente. De igual forma para que lleve a cabo la compensación correspondiente de tal manera que se logre una distribución equilibrada de las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 46 del Acuerdo General invocado. Hágase del conocimiento la presente determinación al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    II... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a los quejosos y archívese el presente asunto. ... este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.

  3. Principal

    II... Vista la demanda promovida por Diana.,..

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista de estrados a la quejosa Diana Acevedo Rebollar, el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictado en el al juicio de amparo 305/2022-II, que dice:. ".Vista la demanda promovida por Diana Acevedo Rebollar, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Tlalnepantla, Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 305/2022-II. Antes de pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, el suscrito estima que en el presente asunto se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, bajo las siguientes consideraciones: En principio, es menester señalar que los preceptos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y no en los casos en que se refieran a adjetivos o procesales, que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable; pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III, del artículo 107 Constitucional.1 Es así en virtud de que los preceptos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III, del artículo 107 Constitucional.2 Ahora, el acto que se reclama es la sentencia interlocutoria de veintiuno de febrero del año en curso, dictada en el expediente 711/2021 del juicio ordinario civil recisión de contrato, donde el juez responsable resolvió declarar improcedente el recurso de revocación que hizo valer en contra del auto de dos de febrero del presente año y se conformó dicho proveído, ordenándose continuar con el procedimiento. Cabe precisar que en el citado proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, no se admitió el contrato de arrendamiento exhibido por la ahora quejosa por no encuadrar en los supuestos del artículo 2.104 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. De lo anterior se advierte que dicho acto no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en la esfera jurídica de la quejosa, esto es, no afecta directa e inmediatamente sus derechos fundamentales y, por ende, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues éste tiene efectos de carácter procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia VI. 2o. J/258, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 65, mayo de 1993, página 53, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo.". En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que dicho acto reclamado no reviste el carácter de imposible reparación, para considerar procedente el juicio de constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, pues dicha actuación tiene el carácter de procesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud de que la sentencia interlocutoria de veintiuno de febrero del año en curso, dictada en el expediente 711/2021 del juicio ordinario civil recisión de contrato, donde el juez responsable resolvió declarar improcedente el recurso de revocación que hizo valer, ordenando continuar con el procedimiento, es un acto que no afecta materialmente alguno de os derechos sustantivos del gobernado como la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana, pues será en todo caso la valoración que la autoridad responsable realice al momento en que dicte sentencia definitiva, la que podría causar un perjuicio a la solicitante de amparo. De ahí que en el caso a estudio, el acto reclamado no deje sin defensa a la parte quejosa, ni afecte sus derechos sustantivos, por lo que, de considerarlo violatorio deberá reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, si es adversa a sus intereses, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considere violatoria de sus derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que el artículo 172, fracción VII, de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, pues se evita la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último a contrario sensu, y la diversa invocada, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO QUEJOSA Por otra parte, con fundamento en el artículo 26 fracción I inciso j) y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario judicial de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio indicado en el escrito de demanda, siendo el ubicado en calle Felipe de Berriozábal, número 35-1, interior 305, colonia Tlalnepantla Centro, en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a fin de notificarle el contenido del presente proveído a la parte quejosa y a su vez la requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano federal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el fedatario judicial adscrito practique cualquier diligencia ordenada en este sumario. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID 19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS De igual forma se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a los profesionistas que mencionan, siempre que tengan debidamente registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", en caso contrario únicamente en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral y del diverso 24, párrafo segundo, de la propia normatividad. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Notifíquese personalmente..." Lo anterior en atención al citatorio de veintitrés de marzo del año en curso.

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