Diana Alarcón Pérez

Expediente 1283/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1283/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Diana Alarcón Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    VIII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Con relación al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase a su destrucción; ello de conformidad con los lineamientos del acuerdo en cuestión. Toda vez que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el capítulo octavo, artículo 21, antepenúltimo párrafo del citado acuerdo, dígase que dentro de un plazo de noventa días deberá acudir a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    VIII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Diana ..., por propio derecho, contra actos de la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otras autoridades; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1283/2022-VIII. DESECHAMIENTO Previo a realizar algún pronunciamiento al respecto, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 217, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo... En el particular, la quejosa señala como acto reclamado la omisión de la sala señalada como responsable de imponer las medidas de apremio con las que conminó al Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en el expediente SAE 1594/2013, para que dé cumplimiento al acuerdo de doce de octubre de dos mil veintidós y remita el cheque ordenado a favor de la quejosa. A su vez, reclama de dicha institución bancaria la omisión de dar cumplimiento al citado acuerdo; esto es, poner a disposición de la referida sala la cantidad requerida en dicho proveído (doce de octubre de dos mil veintidós), a favor de la actora, aquí quejosa. Por su parte, dicha parte procesal manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el cinco de octubre de dos mil veintidós se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo; asimismo, que el doce de octubre siguiente, se ordenó girar oficio a la institución bancaria para que pusiera disposición de la quejosa el título de crédito correspondiente. En ese tenor, si bien la peticionaria de amparo aduce como derecho violado, el protegido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que éste regula el derecho de acceso a la justicia, la cual debe ser de manera pronta, completa e imparcial; no obstante éste debe encontrarse armonizado con las disposiciones del ordenamiento secundario aplicable al caso, el cual establece el plazo máximo para proveer lo relativo a la omisión reclamada. Ahora, la normatividad que rige el juicio de origen; a saber la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece, en su artículo 256, que el plazo que tiene la institución responsable de administrar los recursos para el cumplimiento del laudo, es de veinte días hábiles. En ese sentido, si tomamos en cuenta el diverso 211, que establece como deben computarse los términos y la forma en que surten efecto las notificaciones, aun desconociendo la fecha en que se notificó dicho requerimiento, a la fecha de presentación del ocurso de garantías, es evidente que no ha transcurrido el plazo establecido en el primer artículo citado, pues en el supuesto de que la diligencia para requerir al banco responsable se hubiera realizado el doce de octubre pasado, dicho plazo fenecería el nueve de noviembre del año en curso. No obstante, aun sin tomar en cuenta el plazo establecido en párrafos que anteceden, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 294/2018, determinó que el Juicio Constitucional procede en contra de las dilaciones de la Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier diligencia, si transcurren más de 45 días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron hacerlo. Entonces, si los plazos contemplados en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, fenecen el nueve de noviembre de este año, los 45 días naturales que estableció la Suprema Corte, deben computarse a partir del diez del citado mes y año. Luego, si la demanda que se provee, fue presentada el tres de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es incuestionable que al día de hoy, no han transcurrido ninguno de los plazos a los que se hace referencia, de modo que no puede considerarse que las omisiones que combate son de aquellas que dilatan el procedimiento en forma excesiva y por ende reclamables en amparo indirecto. Ello, pues ni aun en el supuesto de que las autoridades a quienes se les imputan las omisiones reclamadas estuvieran obligadas a actuar de forma inmediata -partiendo de la fecha en que se les realizó el requerimiento-, lo cierto es que del doce de octubre al tres de noviembre, ambos de dos mil veintidós, solo han mediado dieciséis días. De ahí que, este atraso de ninguna forma se puede considerar como de aquellos que hacen procedente el amparo indirecto, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no existe dilación dentro de los parámetros del procedimiento. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XXIII, con relación al artículo 217, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO QUEJOSO Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica en el correo con usuario "ABIGAILRAMIREZ", el cual se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en el entendido que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, de conformidad con el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica de las actuaciones del presente juicio de amparo, con el referido usuario. Por otra parte, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene señalando el número telefónico y correo electrónico que indica, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Sin que pase inadvertido que también señale un domicilio físico para oír y recibir notificaciones; sin embargo, la Ley de Amparo no prevé la posibilidad de que se tengan dos domicilios para el mismo efecto; de ahí que conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se preferirá el uso de medios electrónicos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.

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