Diamantina Rosales Gloria y Otros.

Expediente 816/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
816/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Juan José Enciso Valdés
  • Diamantina Rosales Gloria y Otros.
  • Juan José Enciso Valdés y Otros.
  • Diamantina Rosales Gloria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual remite los autos originales del presente juicio de amparo y el testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión civil 119/2020, de su índice. 2. Acuerdo. De la ejecutoria de mérito se advierte que en lo que es materia de revisión la superioridad resolvió: PRIMERO. Se confirma la sentencia pronunciada el veintisiete de enero de dos mil veinte, por el juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, residente en Piedras Negras, en el juicio de amparo 816/2019. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan José Enciso Valdés y Diamantina Rosales Gloria en contra de las Juezas Primera y Segunda, ambas de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en Piedras Negras, Coahuila, respecto del acto reclamado consistente en el auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, pronunciado en el juicio ejecutivo mercantil 458/2015, en el que se decretó la caducidad del incidente de liquidación de sentencia y resuelve que queda a cargo del actor el pago de las constancias originadas en dicho expediente, así como la ejecución y cumplimiento de dicha determinación. 3. Acuse. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y acúsese el recibo correspondiente. 4. Instrucción. Se instruye a la Secretaría encargada de trámite, para que agregue al presente juicio de amparo, las actuaciones que integran el legajo de antecedentes respectivo, a partir del oficio 2280/2020, por el cual se remitió el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para la substanciación del recurso interpuesto, a efecto de facilitar el manejo del expediente y no duplicar las actuaciones. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 5.1 Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 5.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control. 5.4 Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto. 6. Devolución de constancias. Hágase devolución a las Juezas Primera y Segunda, ambas de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, de los anexos que remitieron en su oportunidad como complementos de sus informes justificados, por no ser necesaria su permanencia en este juicio.

  2. Incidental

    1. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 2. Valoración. Toda vez que se concedió la medida cautelar en el original del presente incidente de suspensión, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, previa depuración, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    1. Estado de autos. Visto la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido los plazos que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra de los autos de tres y seis de diciembre del año en curso, en los que se desechó la ampliación de la demanda de garantías, así como para que exhibiera la totalidad de las copias necesarias para tener por interpuesto el recurso de queja contra el auto de seis de los actuales. 2. Declara firme. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declaran firmes los mencionados proveídos, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno.

  4. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos Juan ***, por el cual desahogan el requerimiento de doce de diciembre del año en curso, y al respecto amplia la demanda de amparo respecto a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, en esta ciudad. 2.1. Ampliación por autoridad responsable. En atención a su contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108, fracciones IV y VI, 111 y 112 de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada la demanda de garantías que dio origen a este juicio, respecto a la autoridad responsable mencionada. 2.2. Jurisprudencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 15/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que los peticionarios de amparo manifiesten la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibida que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 4. Fecha y hora de audiencia constitucional. Comuníquese a la autoridad responsable, que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario José Manuel Monsiváis Meza, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.zuPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. 1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos Juan José Enciso Valdés y Diamantina Rosales Gloria, por el cual desahogan el requerimiento de doce de diciembre del año en curso, y al respecto amplia la demanda de amparo respecto a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, en esta ciudad. 2.1. Ampliación por autoridad responsable. En atención a su contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108, fracciones IV y VI, 111 y 112 de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada la demanda de garantías que dio origen a este juicio, respecto a la autoridad responsable mencionada. 2.2. Jurisprudencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 15/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que los peticionarios de amparo manifiesten la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibida que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 4. Fecha y hora de audiencia constitucional. Comuníquese a la autoridad responsable, que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576].

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