Deyanira Tamayo Abrego

Expediente 581/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
581/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2017

Partes del expediente

  • Deyanira Tamayo Abrego

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio 42762/2017, remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en la ciudad de Saltillo, con el cual remite copia certificada del auto de diez de julio de dos mil diecisiete, del que se advierte que admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Deyanira Tamayo Abrego. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y archívese el presente juicio, como asunto concluido. Finalmente, como lo establece la fracción I del punto vigésimo en el capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, se procederá a su desintegración material una vez que transcurra el término de seis meses, dado que en este expediente auxiliar no se encuentran documentos originales que devolver a las partes y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese el oficio 31811/2017, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en la ciudad de Saltillo, con el cual acusa recibo del diverso 10392/2017-ZU (anexos y nueve copias de la misma), índice de este Juzgado, mediante el cual este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada de la demanda de amparo promovida por Deyanira Tamayo Abrego; de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    I. Recepción de incompetencia. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 29328/2017, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remite el juicio de amparo 860/2017, promovido por ***, contra actos de la autoridad responsable denominada Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, y otras autoridades. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para resolver la demanda de amparo de que se trata por razón de territorio, según las razones expuestas en el proveído de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, y determinó que este Juzgado Federal debe conocer de la tramitación de dicha solicitud de amparo. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 581/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. No se acepta competencia. Al respecto, los artículos 37 y 48 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen los lineamientos a seguir tratándose de cuestiones de competencia, mismos que a la letra dicen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." De la anterior trascripción, se colige que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, en lo que aquí interesa, lo que distingue la primera regla de competencia, de la segunda, es que en la primera se surte a favor del Juez de Distrito con residencia en el lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, mientras que la operancia de la segunda contempla la opción de que el promovente, a prevención, determine la competencia entre un Juez de Distrito en el que dentro de su jurisdicción haya comenzado a ejecutarse el acto reclamado, y el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se siga ejecutando el mismo. Además, la tercera regla establece como requisito principal, que el accionante del amparo se duela de una resolución cuyo acto reclamado no requiera ejecución material, caso en el cual lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde resida la autoridad responsable que dictó el acto impugnado. Situación tal que, en la especie no acontece. Ahora bien, en el caso, la promovente de amparo señala como actos reclamados, los siguientes: Ahora bien, de lo manifestado en el escrito de demanda, se desprende que los actos materia de la litis ocurrieron en la ciudad de Saltillo, toda vez que la promovente bajo protesta de decir verdad, señaló sustancialmente que aproximadamente a las trece horas del dieciséis de junio del presente año, acudió con la Directora de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, quien le informó de manera verbal que fue dada de baja de su cargo como Policía Investigadora adscrita a la Mesa I del Primer Grupo de Delitos Varios en la ciudad de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo de un recorte de personal por instrucciones del Procurador General de Justicia del Estado, agregando que tenía que entregar las armas de cargo y chaleco, y que desde ese momento no se le volvería a permitir entrar, ya que estaba fuera de la Procuraduría. Ahora bien, el argumento toral de la autoridad declinante en el proveído de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, para estimar que este Juzgado es el competente para conocer la demanda, es que si la parte promovente reclama la baja y sus consecuencias como elemento de la Policía Investigadora del Estado de Coahuila de Zaragoza, donde se desempeñaba como Policía Investigadora adscrita a la Mesa I del Primer Grupo de Delitos Varios en la ciudad de Acuña, Coahuila de Zaragoza, y estaba habilitada como Jefe de Grupo, así como la inscripción de su baja en el Registro Estatal y Nacional de Servidores Públicos, de manera indudable el acto reclamado tendrá ejecución en el referido municipio. En ese contexto, debe decirse que este órgano jurisdiccional discrepa del criterio sustentado por el Juzgado oficiante, en el sentido de que éste Juzgado, sea el competente para conocer de la demanda, ello, en virtud de que los actos reclamados no tienen ejecución material en el municipio sobre el cual este Tribunal Federal ejerce jurisdicción. Se llega a dicha conclusión dado que el acto reclamado se ejecutó en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. En efecto, el acto encaminado a la baja como Policía Investigadora del Estado de Coahuila de Zaragoza, se consumó en la citada ciudad, en el momento en que la aquí quejosa de manera verbal fue informada por la autoridad responsable que por instrucciones del Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, estaba fuera de la citada Institución como consecuencia de un recorte de personal. Lo que se corrobora con la documental que anexó a su demanda de amparo, fechada el dieciséis de junio del año en curso, relativa a la constancia de entrega del armamento consistente en un arma corta tipo pistola marca Glock, modelo 17, calibre 9 mm, matrícula KGG383 con un cargador abastecido con capacidad de 17 cartuchos; un arma larga, tipo fusil, marca Beretta, modelo ARX160, calibre 5.56 x 45 mm, matrícula SF11175, sin cargadores; una credencial de porte de arma con número de folio 00567, y un gafete de identificación de empleado 026159, por parte de la quejosa en las instalaciones de la Dirección General de la Policía del Estado, ubicadas en la calle Humberto Castilla Salas, número seiscientos, del centro Metropolitano, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la tesis XXVI.1 K (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento siete, tomo II, diciembre de dos mil trece, de la Décima Época, con registro electrónico 2005068, que establece: *** A mayor abundamiento, debe decirse que los actos procesales encaminados a integrar un procedimiento administrativo tienen ejecución material a cargo del órgano que lo tramita; y, por tanto, los juicios de amparo en contra de tales actos deben ser del conocimiento del juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse, esto es, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, lugar en donde residen las autoridades responsables denominadas Procurador General de Justicia del Estado; Directora de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Finanzas del Estado; Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila; Directora General del Sistema de Información, dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Coahuila. Ello se justifica, en virtud de que ninguna de las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia en el lugar en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Es aplicable, por su identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 2a./J.37/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 179090, tomo XXI, marzo de dos mil cinco, materia común, página doscientos veintinueve, que dice: *** Sirve de apoyo la tesis I.16o.A.9 K (10a.), sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil doscientos veintitrés, tomo II, diciembre de dos mil quince, de la Décima Época, con registro electrónico 2010698, que estipula: *** Por las razones expuestas, no se acepta la competencia declinada y se ordena devolver el escrito de demanda y sus anexos al Juzgado de mérito, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo, así como la decisión adoptada al respecto. IV. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso.

  4. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

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