Deyanira Gutierrez Hernández
Expediente 814/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 07/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Deyanira Gutierrez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 103 a 107), a través del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
I. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de tres de diciembre del año en curso (foja 102), se tuvo por recibido el oficio 8040/2018, signado por el Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de río Grande, con residencia en esta ciudad, al que acompañó copia auténtica de las constancias relativas a la causa penal 930/CA/2018-PJ-COA-002*NM-518, por el delito de posesión simple de narcóticos, de entre las cuales, obra el oficio 0006572/2018, a través del cual conminó al Director del Centro Penitenciario Femenil, de esta ciudad, para que se dejara en libertad a la quejosa Deyanira Gutiérrez Hernández (fojas 99 a 101). II. Presentación de la demanda de amparo indirecto y ratificación. Ahora bien, mediante escrito presentado ante el Secretario de guardia de este juzgado, el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 1 a 9), Martha Alicia Hernández Zendejo promovió juicio de amparo indirecto en favor de ***, contra las autoridades responsables siguientes: Autoridad responsable: Encargado, Jefe y/o Comandante del Grupo Fuerza Coahuila, Grupo de Reacción. Ciudad. Encargado, Jefe y/o Comandante del Grupo Fuerza Coahuila, Grupo de Proximidad Social. Ciudad. Delegado de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Región Norte I. Ciudad. Coordinador de las Unidades de Investigación de Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Norte. Ciudad. Coordinador de las Unidades de Investigación de Atención Temprana con Detenidos de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Mesa I, de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, Delegación Norte I. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Mesa II, de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, Delegación Norte I. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Mesa III, de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, Delegación Norte I. Ciudad. Inspector de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con Detenido Mesa I de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con Detenido Mesa II de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad. Comisario de Seguridad Pública Municipal. Ciudad. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande. Ciudad. Por el acto reclamado, consistente en la privación ilegal de la libertad ejecutada en su contra. Al respecto, mediante acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso (fojas 10 a 14), se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 814/2018; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda y en su caso, la ratificación del escrito de demanda por parte del quejoso directo y se ordenó suspender de plano el acto reclamado. En esa tesitura, de la constancia de notificación de veintiséis de septiembre del año en curso (foja 21), se advierte que la quejosa directa ***, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre. Además, la Actuaria adscrita hizo constar que al interrogarla agregó que no fue objeto de tortura e incomunicación, ni de cualquier otro acto prohibido por la ley; por lo que se tiene únicamente como acto reclamado la detención de que fue objeto. III. Admisión. Mediante acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 24 a 28), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y conforme al artículo 7 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penales Crueles, Inhumanas o Degradantes, se le dio vista por los posibles actos de maltrato y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. IV. Informe. Ahora bien, en acuerdo de tres de diciembre del año en curso (foja 102), se tuvo por recibido el oficio 8040/2018, a través del cual el Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de río Grande, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de las constancias relativas a la causa penal 930/CA/2018-PJ-COA-002*NM-518, de entre las cuales obra la relativa a la libertad de la quejosa ***, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintiocho de septiembre del año en curso (foja 101). Documentales a las que se le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme a su numeral 2 , ya que fue expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con registro número 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". V. Causal de sobreseimiento. Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende, actualiza el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la privación ilegal de su libertad; sin embargo, el suscrito Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que se encuentra probado en autos que el Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de río Grande, con residencia en esta ciudad, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, otorgó la libertad a la quejosa ***, dentro de la causa penal 930/CA/2018-PJ-COA-002*NM-518, que se instruye por el delito de delito de posesión simple de narcóticos. Lo que implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. VI. Audiencia Constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para once horas con cuarenta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (foja
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos, el oficio 8040/2018, signado por el Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña; en su atención, se provee: Téngase al oficiante, desahogando el requerimiento que se le hizo por oficio 34185/2018-MM, de veintisiete de noviembre del año en curso (foja 97), y al respecto remite copia certificada de la constancia solicitada; en consecuencia, pónganse a la vista de las partes, de conformidad 8037/2018, signado por el Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Además, la documental de referencia se tiene por desahogada en atención a su propia naturaleza, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 119 de la ley en cita.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 7899/2018, signado por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, a través del cual desahoga el requerimiento que se le hizo el dieciséis de los actuales. Por tanto, informa que en relación con la situación jurídica de la quejosa Deyanira Gutiérrez Hernández, se le inició la causa penal 930/CA/2018/PJ-COA-002*NM-518, por el delio de posesión simple de narcóticos, y el siete de noviembre del año en curso, tuvo verificativo la audiencia inicial, donde fue calificada de legal su detención, y se ordenó su libertad, por lo que hace a dicho proceso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias relativas a la libertad de la quejosa ***. Apercibida dicha autoridad que de no hacerlo, dentro del término concedido, o no informar oportunamente causa legal alguna, se le impondrá una multa por el equivalente de cincuenta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.
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