Denise Rocio Hernandez Valencia
Expediente 772/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Denise Rocio Hernandez Valencia
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Notifíquese por lista a la parte quejosa, -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 20 DE octubre DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Ponderaciones previas y radicación. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid-19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Ahora, de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el dieciséis de octubre de dos mil veinte -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que la misma cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 772/2020 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Desechamiento de la demanda. En la especie, el suscrito juzgador federal advierte que respecto de la demanda de amparo de Denise Roció Hernández Valencia y signada electrónicamente por su autorizado Jorge Luis Vázquez Velazco, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se explica. Los citados preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (.) " De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo: a) Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; b) Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, c) Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Cobra aplicación la siguiente tesis: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Por otro lado, es importante agregar que el artículo 3 de la ley de la materia dispone que el juicio de amparo puede ser promovido mediante la modalidad de juicio en línea, haciendo uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, que al presentar una demanda en esta vía, deberá ingresarse el documento que contenga la demanda respectiva, acompañado, entre otras cosas, de la firma electrónica, que es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. Por su parte, el artículo 2 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo -publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte- establece que la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que: ( La promovente Denise Roció Hernández Valencia, reclaman de 1. Montserrat Garza Contreras, Administradora Regional de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio, con sede en el Centro de Justicia Penal del Estado de Puebla, y otras autoridades, los siguientes actos: ". La orden de aprehensión, detención, retención, presentación, citación, búsqueda y citación a audiencia inicial y su ejecución; por parte de las autoridades señaladas como responsables." ( Que la demanda que nos ocupa se encuentra firmada electrónicamente por Jorge Luis Vázquez Velazco, persona que fue designada por la quejosa como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y no por ella. ( Que no hay referencia de que la quejosa se encuentre imposibilitada para promover directamente el amparo, pues no se desprende que se encuentre incomunicada o tenga impedimento material o legal alguno para firmar la demanda de amparo que se analiza. En tal sentido, tomando en consideración que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; es inconcuso que si la demanda en análisis carece de la firma electrónica de la quejosa Denise Roció Hernández Valencia y, en su lugar, contiene la de una de diversa persona a la parte afectada por los actos reclamados, no se satisface el requisito de instancia de parte agraviada, pues la identidad de la persona que ingresó el documento en la plataforma digital no corresponde a la ahora quejosa. Luego, la deficiencia apuntada no puede subsanarse mediante una prevención, por no constituir irregularidad de las previstas por el numeral 114 de la Ley de Amparo, en cuanto a omisión de algún requisito de los señalados en su numeral 108. En efecto, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir a los quejosos para que comparezcan a ratificar su escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte; máxime que no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el artículo 15, párrafo primero parte final, de la Ley de Amparo, permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro; sin embargo, no se desprende alguna imposibilidad para que los agraviados directos puedan promover el amparo. En diverso sentido, el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que el quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para imponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero ni mucho menos promover la demanda o ampliarla, pues dicho numeral efectivamente les confiere autorización para que realicen cualquier acto que sea necesario para la defensa del quejoso, pero tal actuación debe ser congruente con el principio de instancia de parte agraviada. En esa tesitura, la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, por lo que debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal y, no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de derechos fundamentales. En consecuencia, la persona directamente agraviada por mandato de la ley es quien debe solicitar el amparo; de ahí que el autorizado que firmó electrónicamente la demanda de cuenta no está en posibilidad de efectuar ese acto procesal, sino solamente aquellos subsiguientes a la promoción de la demanda que no incidan con cuestiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Norma el criterio del suscrito, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 32/2018 (10a.), cuyos rubro y texto, dicen: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Aurora de Jesús García Flores y Jorge Luis Vázquez Velazco, atento a que no proporciono datos suficientes que acrediten que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Acceso al expediente electrónico. Por otra parte, toda vez que la quejosa Denise Roció Hernández Valencia en su escrito de demanda solicita que se autorice el acceso al expediente electrónico a su autorizado procesal Jorge Luis Vázquez Velazco, a través del usuario "Jorge26", se provee: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, vigente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación -doce de junio de dos mil veinte-, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que Jorge Luis Vázquez Velazco, es titular del usuario "Jorge26", el cual se encuentra vigente, se concede al antes mencionado, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, Hugo Mercado Bautista, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. Exhortación a la parte quejosa para continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en línea. Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a la parte quejosa para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Transparencia y Acceso a la Información Pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Digitalización. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Medios Electrónicos. Ahora, atendiendo a que la parte promovente solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición únicamente hasta este momento, esto es, al dictado de la presente resolución, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Analista Jurídico SISE..."
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(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA DEFENSORA PÚBLICO FEDERAL LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: quince de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sobre lo cual únicamente se pronunció la defensora pública federal adscrita al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, representante especial de las menores A.B.R y D.G.B.R., con el escrito de cuenta, el cual se ordena agregar a los autos para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de tomarlo en consideración más adelante e este acuerdo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio, es necesario indicar que el diecisiete de febrero de dos mil veinte, tuvo verificativo para la celebración de la audiencia constitucional, en la cual también se dictó sentencia y se concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: (.) OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo a José García Salazar, para el efecto de que el juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el proceso penal 434/2015, por el juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en contra de José García Salazar, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, cometido en agravio de A.B.R y D.G.B.R., previsto y sancionado por el artículo 284 bis, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla." 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra determinación debidamente fundada y motivada, en la que resuelva la situación jurídica del inculpado respecto de tal injusto (violencia familiar), la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Fundará y motivará debidamente, cada uno de los elementos constitutivos del delito en el caso específico, debiendo desde luego, detallar la conducta que en concreto desplegó el activo. b) Fundará y motivará, con cuales elementos probatorios de los que obran en el proceso penal de origen, se demuestran cada uno de los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar que se imputa al hoy quejoso, desde luego, una vez que haya motivado debidamente los elementos que lo integran. c) Fundará y motivará debidamente y de manera individualizada la conducta desplegada por el activo, en el delito atribuido, así como su grado de participación o forma de intervención y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que produjo el delito que estime actualizados, valorando de forma pormenorizada todas y cada una de las pruebas existentes tanto de cargo como descargo. d) Notificará el auto que resuelva la situación jurídica del indiciado (aquí quejoso) a éste y a su defensa en los términos y con las formalidades que para tal diligencia establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla e) Hará llegar a este Juzgado Federal las constancias conducentes al cumplimiento dado al fallo amparador." El once de marzo de dos mil veinte, la mencionada sentencia causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. El dieciocho de marzo de dos mil veinte, se suspendieron plazos términos en los asuntos tramitados ante este juzgado, plazo que fue prorrogado hasta el dos de agosto de dos mil veinte, ante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por el virus Covid-19, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitidos para regular la actividad jurisdiccional durante la aludida contingencia. En proveído de siete de agosto de dos mil veinte, se levantó la aludida suspensión de plazos y términos, y se tuvo por recibido el oficio 01135, signado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con anexo, con el que, en cumplimiento a la ejecutoria de este controvertido constitucional, remitió constancias de las que se advierte que dejó sin efectos el auto de formal prisión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, para en su lugar dictar otro, dentro del proceso 434/2015, de su índice. Sin embargo, como la autoridad responsable no remitió la constancia que acreditara la notificación del citado auto de bien preso a la defensa del directo quejoso y a este último, se le requirió en tal sentido. De tal suerte que, en acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 1990, signado por el juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, y anexo, con el que, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído siete de agosto de dos mil veinte, envió nuevamente copia certificada de la resolución dictada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, dentro del proceso 434/2015, acompañada de las constancias de notificación al quejoso, su defensa, al representante social adscrito a dicho juzgado y a las terceras interesadas, de tal determinación. Y, en dicho auto se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, en relación con el cumplimiento dado al fallo concesorio de amparo. Así, en acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se determinó que la sentencia amparadora no se encontraba cumplida, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que dejara sin efectos la resolución reclamada, así como la diversa de diecinueve de marzo de dos mil veinte, dictada en el proceso penal 434/2015, de su índice, con la que pretendió cumplir con la ejecutoria de amparo; y, diera cabal cumplimiento a todos los efectos de la sentencia protectora. En acatamiento a lo anterior, el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 01642, signado por la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual, envió copia certificada de la resolución dictada el once de septiembre de dos mil veinte, dentro del proceso penal 434/2015, de su índice, en la que resolvió la situación jurídica del quejoso y dejó sin efectos los autos de bien preso emitidos el siete de noviembre de dos mil diecinueve y el diecinueve de marzo de dos mil veinte. Y, en auto de veintiocho de septiembre, se recibió el diverso oficio 1815, con el que la responsable remitió copia certificada de las constancias de notificación a las partes de la aludida resolución dictada el once de septiembre de dos mil veinte, dentro del proceso penal 434/2015; razón por la cual, en dicho acuerdo se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, en relación con el cumplimiento dado al fallo concesorio de amparo. Documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, quien resuelve se avoca a su estudio, de acuerdo a lo ahí precisado. Al respecto, de las constancias reseñadas se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizó lo siguiente: El once de septiembre de dos mil veinte, dejó insubsistente el auto de formal prisión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, así como el diverso de diecinueve de marzo de dos mil veinte, emitidos en el proceso penal 434/2015, de su índice, incoado contra José García Salazar, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, cometido en agravio de A.B.R y D.G.B.R., previsto y sancionado por el artículo 284 bis, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla; Dictó otra determinación en la que resolvió la situación jurídica del inculpado respecto de tal injusto (violencia familiar), en el mismo sentido, es decir, declarando formalmente preso al citado quejoso. Notificó dicho auto de bien preso al quejoso y a su defensa, e hizo llegar a este juzgado federal las constancias conducentes al cumplimiento dado al fallo amparador. Además, es menester señalar que en el auto de formal prisión que se analiza, la responsable, una vez que estableció su competencia, analizó el contenido del artículo que establece la conducta ilícita imputada al hoy quejoso (artículo 246 bis del Código Penal para el Estado de Puebla), y precisó los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, como sigue: "a).- Una conducta de agresión física, ejecutada de manera reiterada. b).- En contra de un miembro de la familia, por otro integrante de la misma en su calidad de (padrastro), que habite en la misma casa de la víctima. c).- Que se afecte la integridad física y psicológica, independientemente de que se pueda producir afectación orgánica." A continuación, estableció porqué, la conducta probablemente ejecutada por el activo, se persigue de oficio y no cabe perdón de la parte ofendida en términos del artículo 284 Quater del ordenamiento sustantivo de referencia, indicando al efecto que ello obedece a que se vieron involucradas menores de catorce años. Posteriormente indicó, por separado con qué medios de prueba -a su juicio- se actualizan cada uno de los elementos del cuerpo del delito, precisando, en cada caso, el valor probatorio que a su parecer le merecen tales convictivas, los fundamentos legales en los que se apoyó y los razonamientos que le llevaron a tal conclusión; concluyendo: "En esas condiciones se concluye que se demostró el cuerpo del delito de violencia familiar, que prevé y sanciona el artículo 84 Bis del Código Sustantivo Penal, cometido en perjuicio de A.B.R y D.G.B.R., así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar, toda vez que se acreditó que en forma reiterada, el sujeto activo, en el domicilio que habitaba con las víctimas, ubicado en privada siete B sur, numero 1211 mil doscientos once, de la colonia Guadalupe Hidalgo de esta ciudad Capital, agredió físicamente a las pasivos de forma reiterada, demostrándose que en el mes de noviembre del año 2014 dos mil catorce, con fecha 23 veintitrés, aproximadamente a las cinco de la tarde, el sujeto activo con un palo de madera golpeó a las menores agraviadas, en sus piernas del lado izquierdo, que el día 24 aproximadamente a las tres de la tarde, nuevamente las golpeó en las piernas del lado izquierdo y que el día 25 veinticinco, aproximadamente a las seis horas con diez minutos de la tarde, a la menor A.B.R., la golpeó con un palo en las pompis y a la menor D.G.B.R., la golpeó con un palito en su pierna derecha; de ahí que el sujeto activo golpeó a las menores en diversas ocasiones y en distintas partes de su cuerpo, ocasionándoles lesiones en piernas y glúteos, así como la afectaron (sic) en su integridad psicológica, quedando acreditado que el sujeto activo es el padrastro de las menores, pues al ser pareja de su progenitora éste habitaba en Ia misma casa al momento de ocurrir los hechos materia de Ia causa, -como refirieron las pasivos- y que el indiciado de que (sic) reiteradamente las agredió físicamente, afectando su integridad física y psicológica, entonces se probó la materialidad del delito." Es decir, estableció la conducta desplegada por el activo en el delito atribuido y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que probablemente produjo la conducta ilícita que estimó actualizada. Y respecto de la probable responsabilidad del inculpado (aquí quejoso), la responsable señaló cuales eran los fundamentos y razones que la llevaron a concluir que fue José García Salazar, quien llevó a cabo la conducta reprochada, y respecto de su forma de intervención, estableció que se trataba del autor material directo de la conducta, la cual estimó de realización dolosa, en términos de lo dispuesto por los artículo 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, además de indicar que no existía alguna causa de exclusión del delito o justificación a favor del imputado. En consecuencia, de la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, quien esto provee estima que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Y, por ende con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente en relación con el contenido del escrito de cuenta signado por la defensora pública federal adscrita al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, representante especial de las menores A.B.R y D.G.B.R., no ha lugar a mayor proveer, pues las manifestaciones de la profesionista atañen a su consideración de que el fallo protector se encuentra cumplido, esto es, precisamente a la conclusión a la que arribó el suscrito en esta determinación. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa por conducto de su defensor; personalmente al defensor público federal representante especial de las menores identificadas como D.G.B.R., y A.B.R.; por lista a la parte tercera interesada; por oficio a las autoridades responsables y a la diversa tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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