Delia Lucrecia Barrera Herrera

Expediente 374/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
374/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Delia Lucrecia Barrera Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el cinco de julio de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó al tercero interesado Víctor Carlos Gil Viveros, representante legal de la sucesión de la víctima quien en vida respondía al nombre de María del Pilar Viveros Rosendo o Enriqueta María del Pilar Viveros Rosendo -víctima u ofendida del delito-, por lista con previo citatorio, el trece de julio de dos mil veintidós, la cual, surtió efectos al siguiente día hábil, es decir, el catorce de julio siguiente y, por ende, el aludido plazo transcurrió del quince de julio al cuatro de agosto de la presente anualidad, previo descuento de los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio, todos del actual, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la quejosa Delia Lucrecia Barrera Herrera, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como al tercero interesado Víctor Carlos Gil Viveros, representante legal de la sucesión de la víctima quien en vida respondía al nombre de María del Pilar Viveros Rosendo o Enriqueta María del Pilar Viveros Rosendo; y, por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE 05 DE julio DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil veintidós. Intégrese a sus autos el escrito presentado -de manera electrónica- por Marco Antonio Zeferino Gómez, autorizado de la parte quejosa en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual en cumplimiento a la vista que se le otorgó en auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, realiza diversas manifestaciones, mismas que se analizarán en los siguientes párrafos. En ese orden, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector; al respecto, se advierte que únicamente la parte quejosa desahogó dicha vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El doce de mayo de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a la quejosa Delia Lucrecia Barrera Herrera, respecto de la resolución dictada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del toca de apelación 13/2021, mediante la cual, la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla ordenó la restauración del primer grado hasta antes del dictado del fallo emitido dentro del expediente de juicio oral 18/2020/JO/PUEBLA, el cual se declaró inexistente sin dejar insubsistente la práctica de las probanzas y demás actos jurisdiccionales; por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos octavo y noveno de la propia sentencia de amparo. Mediante acuerdo emitido el dos de junio del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Seguida la secuela del procedimiento de ejecución de sentencia, por auto de veintiuno de junio de la presente anualidad se tuvo a la Sala Penal responsable remitiendo copia certificada de la resolución emitida el dieciséis de junio del mismo año, dentro del toca de apelación de origen. En consecuencia, con el contenido del oficio 1491 y su respectivo anexo -registro 11043 de 2022-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la resolución dictada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del toca de apelación 13/2021, en donde los Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla ordenaron la restauración del primer grado hasta antes del dictado del fallo emitido dentro del expediente de juicio oral 18/2020/JO/PUEBLA, el cual se declaró inexistente sin dejar insubsistente la práctica de las probanzas y demás actos jurisdiccionales; ello, con el propósito de que se cumpliera con la exigencia de corroborar la calidad de licenciados en derecho de los litigantes privados que estuvieron obrando en el juicio oral y, sólo así, se pronunciara la sentencia atinente. Lo anterior, ante la violación al principio de continuidad que rige al nuevo sistema penal acusatorio, consagrado en el artículo 20, primero párrafo, Constitucional, así como al derecho humano a una impartición de justicia pronta y expedita, reconocido en el artículo 17 Constitucional, pues -se dijo- la medida adoptada por la Sala Penal responsable -la reposición parcial del juicio oral de origen- no resultaba la más pragmática para la prosecución del procedimiento y conllevaba un costo muy alto para el propio sistema y hasta en perjuicio de las partes. Dichas conclusiones, se basaron -esencialmente- en las siguientes consideraciones: ( Que el procedimiento penal acusatorio se encontraba dividido en etapas, cada una de las cuales tenía una función específica. Estas etapas iban sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significaba que sólo superándose una se podía comenzar con la siguiente, sin que existiera posibilidad de renovarlas o reabrirlas. ( Que ello, se apoyaba en el principio de continuidad, previsto en el primer párrafo del artículo 20 Constitucional, mismo que ordenaba que el procedimiento se desarrollara en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se seguían unos a otros en el tiempo. En este orden de ideas, del señalado principio se desprendía la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpliera su función a cabalidad y, una vez agotadas, se avanzara a la siguiente, sin que fuera posible regresar a la anterior. Por esta razón, se consideraba que las partes en el procedimiento se encontraban obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. ( Que, ese sentido, este órgano de control constitucional consideró que la resolución reclamada violaba el citado principio de continuidad y el derecho a una pronta y expedita impartición de justicia, consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues si bien en la audiencia de juicio oral del procedimiento penal acusatorio de origen, el defensor del imputado e, incluso, el asesor jurídico de la víctima, desde la óptica de igualdad procesal, debían acreditar su calidad de licenciados en derecho y el juez de enjuiciamiento debía verificar dicha situación, lo cierto es que la medida adoptada por la Sala Penal responsable -la reposición parcial del juicio oral de origen- no resultaba la más pragmática para la prosecución del procedimiento y conllevaba un costo muy alto para el propio sistema y hasta en perjuicio de las partes. ( Que, en efecto, tal como se señaló en la contradicción de tesis 1/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal de alzada estaba obligado a reparar las violaciones relacionadas con la omisión de verificar las credenciales del defensor. Para ese efecto, se indicó que el momento para examinar o verificar, y en su caso reparar la violación, podría ser durante el trámite de la apelación, es decir, sería a discreción de la autoridad responsable elegir el momento, pero este tendría que ser hasta antes del dictado de la sentencia. ( Que, asimismo, en ese precedente se dijo que el ejercicio de verificación no necesariamente debía realizarse en audiencia regulada en el segundo párrafo del artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales -numeral que deja al arbitrio de los juzgadores la celebración de dicha audiencia-, pues restringir la verificación a una audiencia en aras de respetar el principio de contradicción, eso no significaba que sea la única opción, ya que en muchos de los casos bastaría que la sala responsable consultara alguno de los medios o registros idóneos para corroborar las credenciales de los defensores. ( Que, además, la Corte, en atención al aludido principio de continuidad, indicó que en una interacción entre el sistema penal acusatorio y el juicio de amparo, el momento idóneo para enmendar la irregularidad era en el acto donde se podían corregir la totalidad de los vicios generados a partir de la omisión, pero en el caso concreto, señaló que retrotraer el procedimiento hasta antes del inicio de la audiencia de juicio oral se podía traducir a una interrupción con un costo muy alto al propio sistema y hasta en propio perjuicio del imputado. De ahí que, si la Sala responsable realizaba ese ejercicio de verificación y lograba subsanar la irregularidad de manera pragmática, se respetaría el principio de continuidad y la máxima constitucional de justicia pronta y expedita. ( Que, por tanto, la Sala Penal responsable debió actuar bajo las directrices fijadas por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País en la indicada contradicción de tesis; es decir, previo a resolver el recurso de apelación, constatar en el auto inicial, o bien, en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estimara conveniente, si los defensores particulares y los asesores jurídicos victimales eran o no licenciados en derecho al momento de la audiencia de juicio oral. Así, en caso de que la verificación hubiere tenido un resultado negativo, debió resolver sobre ese error in procedendo, esto es, reponer el procedimiento de conformidad con el artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta la audiencia de juicio oral y, de ese modo, dejarlo asentado en la sentencia de segunda instancia. ( Que, establecido el incorrecto actuar de la responsable al momento de verificar la violación al debido proceso por la omisión del tribunal de enjuiciamiento de verificar la calidad de licenciados en derecho tanto de los defensores particulares como de los asesores jurídicos, este órgano jurisdiccional retomó e hizo suyas las consideraciones y conclusiones que fueron plasmadas en la diversa contradicción de tesis 187/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ello, con el fin de definir los efectos del amparo que se otorgó en la sentencia. ( Al respecto, se aclaró que en dicho precedente se analizaron casos emanados de la audiencia inicial en el procedimiento penal acusatorio y del recurso de apelación que se interpuso en contra de las resoluciones dictadas en esa audiencia; sin embargo, dada la similitud de naturaleza, normativa aplicable y género de actuaciones que se realizan tanto en la audiencia inicial como en la audiencia de juicio oral, así como de la importancia que puede tener la simple tarea de verificar las credenciales de los defensores y asesores jurídicos, se estimó que las consideraciones sustentadas en la referida contradicción de tesis, debían ser aplicadas en la primera audiencia de juicio oral, o posteriores si durante su desarrollo se cambiaba de defensores y/o de asesores jurídicos. ( En ese tenor, este juzgador consideró que el amparo que se concedería a la quejosa no tendría por efecto que la responsable, además de dejar insubsistente la resolución reclamada, verificara la calidad de licenciados en derecho de los defensores particulares y asesores jurídicos que actuaron en las audiencia del juicio oral de origen en la determinación que por su naturaleza y efecto estimara conveniente -como lo debió hacer previo a emitir el acto reclamado-. En su lugar, en aras de proteger la eficacia y continuidad del juicio de amparo y del proceso penal, este juzgado realizó con libertad de jurisdicción el ejercicio de verificación, tomando en consideración que de los registros escritos del juicio oral 18/2020/JO/PUEBLA y del toca de apelación 13/2021, con los cuales se dio vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, existía información objetiva que permitió constar de manera fehaciente si quienes asistieron a la ahora quejosa -en su carácter de acusada de origen- y a la parte ofendida, eran o no licenciados en derecho al inicio del juicio oral. ( En ese sentido, se corroboró la calidad de licenciados en derecho de los defensores particulares que asistieron a la quejosa Delia Lucrecia Barrera Herrera y de los asesores jurídicos que asistieron a la parte ofendida a lo largo del desarrollo del juicio oral, lo cual se justificó con la reproducción de las siguientes tablas: "(.) 1. Defensores particulares. Defensor particular. Verificación. Observaciones. Marco Antonio Zeferino Gómez. ( A foja 51 del anexo I del presente juicio se puede apreciar su cédula profesional de licenciado en derecho, con número 10533571. ( Que dicha situación se puede corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se advierte que la cédula profesional indicada fue expedida en el año 2017, es decir, previo al inicio del juicio oral, el cual inició en el año 2020 -ver página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx-, tal como se desprende a continuación: El referido defensor fue revocado de su cargo en audiencia de 9 de noviembre de 2020 -ver disco 3-. Gerardo Mendoza Cisneros. ( A foja 52 del anexo I del presente juicio se puede apreciar su cédula profesional de licenciado en derecho, con número 9831617. ( Que dicha situación se puede corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se advierte que la cédula profesional indicada fue expedida en el año 2016, es decir, previo al inicio del juicio oral, el cual inició en el año 2020 -ver página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx-, tal como se desprende a continuación: El referido defensor fue revocado de su cargo en audiencia de 9 de noviembre de 2020 -ver disco 3-. José Carlos Andrés Lerín Díaz. ( A foja 146 del anexo I del presente juicio se puede apreciar su cédula profesional de licenciado en derecho, con número 5774716. ( Que dicha situación se puede corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se advierte que la cédula profesional indicada fue expedida en el año 2008, es decir, previo al inicio del juicio oral, el cual inició en el año 2020 -ver página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx-, tal como se desprende a continuación: El referido defensor fue revocado de su cargo en audiencia de 2 de diciembre de 2020 -ver disco 8-. Guillermina Hernández Rodríguez. ( A foja 188 del anexo I del presente juicio se puede apreciar su cédula profesional de licenciada en derecho, con número 3546135. ( Que dicha situación se puede corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se advierte que la cédula profesional indicada fue expedida en el año 2002, es decir, previo al inicio del juicio oral, el cual inició en el año 2020 -ver página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx-, tal como se desprende a continuación: Sin revocación. Mario Alberto Orea Morales. ( A foja 223 del anexo I del presente juicio se puede apreciar su cédula profesional de licenciado en derecho, con número 12199079. ( Que dicha situación se puede corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se advierte que la cédula profesional indicada fue expedida el 4 de febrero de 2021, es decir, previo a su primera intervención en juicio oral, lo que sucedió en audiencia de 30 de marzo de 2021 -ver página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx-, tal como se desprende a continuación: Sin revocación. Tabla 2. 2. Asesores jurídicos. Asesor jurídico. Verificación. Observaciones. Álvaro Chantes Rueda. ( A foja 340 del anexo I del presente juicio se puede apreciar su cédula profesional de licenciado en derecho, con número 3163015. ( Que dicha situación se puede corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se advierte que la cédula profesional indicada fue expedida en el año 2000, es decir, previo al inicio del juicio oral, el cual inició en el año 2020 -ver página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx-, tal como se desprende a continuación: Sin revocación. Miguel Ángel Hidalgo Toxqui. ( A foja 342 del anexo I del presente juicio se puede apreciar su cédula profesional de licenciado en derecho, con número 2877744. ( Que dicha situación se puede corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se advierte que la cédula profesional indicada fue expedida en el año 1999, es decir, previo al inicio del juicio oral, el cual inició en el año 2020 -ver página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx-, tal como se desprende a continuación: Sin revocación. Tabla 3. (.)" En consecuencia, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla realizara lo siguiente: 1. Dejar sin efectos la resolución reclamada. 2. En su lugar, dictar otra en la que, previo a analizar el fallo recurrido, las audiencias del juicio oral, los agravios y alegatos de las partes, hiciera constar que no se cumplió con la obligación que tenía el juzgador de enjuiciamiento de primera instancia de verificar las credenciales de los defensores particulares y asesores jurídicos que participaron en las audiencia del juicio oral; no obstante, a continuación debía reproducir la verificación de las cédulas profesionales de licenciados en derecho que este órgano jurisdiccional efectuó en el considerando octavo del fallo, con el fin de subsanar la omisión del cumplimiento a la citada regla; luego, únicamente por ese tópico -derecho a ser asesorado por un profesionista con la calidad de licenciado en derecho en el procedimiento penal-, precisar que no se trastocó el derecho de defensa y asesoría jurídica adecuada de la acusada y de la parte ofendida. 3. Hecho lo anterior, resolver el recurso de apelación como en derecho corresponda. Finalmente, se aclaró que las consideraciones expuestas por este órgano de control constitucional no vinculaban a la autoridad responsable a resolver en sentido específico, en atención a que esos argumentos estaban dirigidos exclusivamente a poner de manifiesto la violación al principio de continuidad del sistema penal acusatorio y al derecho a una pronta y expedita impartición de justicia, por lo que estaría en plena libertad de jurisdicción de resolver conforme en derecho estimara correcto. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable, mediante determinación emitida el dieciséis de junio de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación 13/2021 de su índice, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución combatida en el presente juicio de amparo; 2. En su lugar, dictó otra en la que, previo a analizar el fallo recurrido, las audiencias del juicio oral, los agravios y alegatos de las partes, hizo constar que no se cumplió con la obligación que tenía el juzgador de enjuiciamiento de primera instancia de verificar las credenciales de los defensores particulares y asesores jurídicos que participaron en las audiencia del juicio oral; no obstante, a continuación reprodujo la verificación de las cédulas profesionales de licenciados en derecho que este órgano jurisdiccional efectuó en el considerando octavo del fallo protector, con el fin de subsanar la omisión del cumplimiento a la citada regla; y, 3. Hecho lo anterior, resolvió el recurso de apelación como estimó ajustado a derecho con la libertad de jurisdicción concedida. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la Sala Penal responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la resolución reclamada de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación de origen; ii) luego, dictó otra en la que, previo a analizar el fallo recurrido, las audiencias del juicio oral, los agravios y alegatos de las partes, hizo constar que no se cumplió con la obligación que tenía el juzgador de enjuiciamiento de primera instancia de verificar las credenciales de los defensores particulares y asesores jurídicos que participaron en las audiencia del juicio oral; no obstante, a continuación reprodujo la verificación de las cédulas profesionales de licenciados en derecho que este órgano jurisdiccional efectuó en el considerando octavo del fallo protector, con el fin de subsanar la omisión del cumplimiento a la citada regla; y, iii) por último, resolvió el recurso de apelación como estimó ajustado a derecho con la libertad de jurisdicción concedida. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. 4. Desahogo vista cumplimiento. Finalmente, visto el escrito -signado electrónicamente- por el autorizado de la parte quejosa, en el que esencialmente señala: -Que existe defecto en el cumplimiento porque de la lectura integral de la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada por la responsable, se advierte el uso excesivo de lenguaje rebuscado. -Que la autoridad responsable prejuzga, sesga y limita el sentido en que deberá conducirse el tribunal de enjuiciamiento al ordenarle que deberá continuar con las etapas procesales siguientes, es decir, con la audiencia de individualización de sanciones. -Que la autoridad responsable se constriñe a sí misma al estudio únicamente del agravio que consideró parcialmente fundado y limitándose a que dentro de la prohibición de examinar cualquier otro posicionamiento no planteado ni combatido, y que es la propia autoridad responsable la que transgrede tal prohibición y límite para abordar el desempeño de los abogados defensores particulares que intervinieron a lo largo del procedimiento. Al respecto, no ha lugar a tomar en consideración lo alegado por el promovente, en el sentido de que no se tenga por cumplido el fallo protector de derechos fundamentales, dados los argumentos que expone; ya que en el fallo protector de derechos constitucionales se otorgó con la libertad de jurisdicción, por lo cual, esos razonamientos en todo caso, deberá hacerlos valer en un nuevo juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa Delia Lucrecia Barrera Herrera en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo y por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como al tercero interesado Víctor Carlos Gil Viveros, representante legal de la sucesión de la víctima quien en vida respondía al nombre de María del Pilar Viveros Rosendo o Enriqueta María del Pilar Viveros Rosendo; y, por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil veintidós. Intégrese a sus autos el escrito presentado -de manera electrónica- por Marco Antonio Zeferino Gómez, autorizado de la parte quejosa en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual en cumplimiento a la vista que se le otorgó en auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, realiza diversas manifestaciones, mismas que se analizarán en los siguientes párrafos. En ese orden, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector; al respecto, se advierte que únicamente la parte quejosa desahogó dicha vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El doce de mayo de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a la quejosa Delia Lucrecia Barrera Herrera, respecto de la resolución dictada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del toca de apelación 13/2021, mediante la cual, la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla ordenó la restauración del primer grado hasta antes del dictado del fallo emitido dentro del expediente de juicio oral 18/2020/JO/PUEBLA, el cual se declaró inexistente sin dejar insubsistente la práctica de las probanzas y demás actos jurisdiccionales; por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos octavo y noveno de la propia sentencia de amparo. Mediante acuerdo emitido el dos de junio del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Seguida la secuela del procedimiento de ejecución de sentencia, por auto de veintiuno de junio de la presente anualidad se tuvo a la Sala Penal responsable remitiendo copia certificada de la resolución emitida el dieciséis de junio del mismo año, dentro del toca de apelación de origen. En consecuencia, con el contenido del oficio 1491 y su respectivo anexo -registro 11043 de 2022-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la resolución dictada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del toca de apelación 13/2021, en donde los Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla ordenaron la restauración del primer grado hasta antes del dictado del fallo emitido dentro del expediente de juicio oral 18/2020/JO/PUEBLA, el cual se declaró inexistente sin dejar insubsistente la práctica de las probanzas y demás actos jurisdiccionales; ello, con el propósito de que se cumpliera con la exigencia de corroborar la calidad de licenciados en derecho de los litigantes privados que estuvieron obrando en el juicio oral y, sólo así, se pronunciara la sentencia atinente. Lo anterior, ante la violación al principio de continuidad que rige al nuevo sistema penal acusatorio, consagrado en el artículo 20, primero párrafo, Constitucional, así como al derecho humano a una impartición de justicia pronta y expedita, reconocido en el artículo 17 Constitucional, pues -se dijo- la medida adoptada por la Sala Penal responsable -la reposición parcial del juicio oral de origen- no resultaba la más pragmática para la prosecución del procedimiento y conllevaba un costo muy alto para el propio sistema y hasta en perjuicio de las partes. Dichas conclusiones, se basaron -esencialmente- en las siguientes consideraciones: ( Que el procedimiento penal acusatorio se encontraba dividido en etapas, cada una de las cuales tenía una función específica. Estas etapas iban sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significaba que sólo superándose una se podía comenzar con la siguiente, sin que existiera posibilidad de renovarlas o reabrirlas. ( Que ello, se apoyaba en el principio de continuidad, previsto en el primer párrafo del artículo 20 Constitucional, mismo que ordenaba que el procedimiento se desarrollara en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se seguían unos a otros en el tiempo. En este orden de ideas, del señalado principio se desprendía la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpliera su función a cabalidad y, una vez agotadas, se avanzara a la siguiente, sin que fuera posible regresar a la anterior. Por esta razón, se consideraba que las partes en el procedimiento se encontraban obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. ( Que, ese sentido, este órgano de control constitucional consideró que la resolución reclamada violaba el citado principio de continuidad y el derecho a una pronta y expedita impartición de justicia, consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues si bien en la audiencia de juicio oral del procedimiento penal acusatorio de origen, el defensor del imputado e, incluso, el asesor jurídico de la víctima, desde la óptica de igualdad procesal, debían acreditar su calidad de licenciados en derecho y el juez de enjuiciamiento debía verificar dicha situación, lo cierto es que la medida adoptada por la Sala Penal responsable -la reposición parcial del juicio oral de origen- no resultaba la más pragmática para la prosecución del procedimiento y conllevaba un costo muy alto para el propio sistema y hasta en perjuicio de las partes. ( Que, en efecto, tal como se señaló en la contradicción de tesis 1/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal de alzada estaba obligado a reparar las violaciones relacionadas con la omisión de verificar las credenciales del defensor. Para ese efecto, se indicó que el momento para examinar o verificar, y en su caso reparar la violación, podría ser durante el trámite de la apelación, es decir, sería a discreción de la autoridad responsable elegir el momento, pero este tendría que ser hasta antes del dictado de la sentencia. ( Que, asimismo, en ese precedente se dijo que el ejercicio de verificación no necesariamente debía realizarse en audiencia regulada en el segundo párrafo del artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales -numeral que deja al arbitrio de los juzgadores la celebración de dicha audiencia-, pues restringir la verificación a una audiencia en aras de respetar el principio de contradicción, eso no significaba que sea la única opción, ya que en muchos de los casos bastaría que la sala responsable consultara alguno de los medios o registros idóneos para corroborar las credenciales de los defensores. ( Que, además, la Corte, en atención al aludido principio de continuidad, indicó que en una interacción entre el sistema penal acusatorio y el juicio de amparo, el momento idóneo para enmendar la irregularidad era en el acto donde se podían corregir la totalidad de los vicios generados a partir de la omisión, pero en el caso concreto, señaló que retrotraer el procedimiento hasta antes del inicio de la audiencia de juicio oral se podía traducir a una interrupción con un costo muy alto al propio sistema y hasta en propio perjuicio del imputado. De ahí que, si la Sala responsable realizaba ese ejercicio de verificación y lograba subsanar la irregularidad de manera pragmática, se respetaría el principio de continuidad y la máxima constitucional de justicia pronta y expedita. ( Que, por tanto, la Sala Penal responsable debió actuar bajo las directrices fijadas por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País en la indicada contradicción de tesis; es decir, previo a resolver el recurso de apelación, constatar en el auto inicial, o bien, en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estimara conveniente, si los defensores particulares y los asesores jurídicos victimales eran o no licenciados en derecho al momento de la audiencia de juicio oral. Así, en caso de que la verificación hubiere tenido un resultado negativo, debió resolver sobre ese error in procedendo, esto es, reponer el procedimiento de conformidad con el artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta la audiencia de juicio oral y, de ese modo, dejarlo asentado en la sentencia de segunda instancia. ( Que, establecido el incorrecto actuar de la responsable al momento de verificar la violación al debido proceso por la omisión del tribunal de enjuiciamiento de verificar la calidad de licenciados en derecho tanto de los defensores particulares como de los asesores jurídicos, este órgano jurisdiccional retomó e hizo suyas las consideraciones y conclusiones que fueron plasmadas en la diversa contradicción de tesis 187/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ello, con el fin de definir los efectos del amparo que se otorgó en la sentencia. ( Al respecto, se aclaró que en dicho precedente se analizaron casos emanados de la audiencia inicial en el procedimiento penal acusatorio y del recurso de apelación que se interpuso en contra de las resoluciones dictadas en esa audiencia; sin embargo, dada la similitud de naturaleza, normativa aplicable y género de actuaciones que se realizan tanto en la audiencia inicial como en la audiencia de juicio oral, así como de la importancia que puede tener la simple tarea de verificar las credenciales de los defensores y asesores jurídicos, se estimó que las consideraciones sustentadas en la referida contradicción de tesis, debían ser aplicadas en la primera audiencia de juicio oral, o posteriores si durante su desarrollo se cambiaba de defensores y/o de asesores jurídicos. ( En ese tenor, este juzgador consideró que el amparo que se concedería a la quejosa no tendría por efecto que la responsable, además de dejar insubsistente la resolución reclamada, verificara la calidad de licenciados en derecho de los defensores particulares y asesores jurídicos que actuaron en las audiencia del juicio oral de origen en la determinación que por su naturaleza y efecto estimara conveniente -como lo debió hacer previo a emitir el acto reclamado-. En su lugar, en aras de proteger la eficacia y continuidad del juicio de amparo y del proceso penal, este juzgado realizó con libertad de jurisdicción el ejercicio de verificación, tomando en consideración que de los registros escritos del juicio oral 18/2020/JO/PUEBLA y del toca de apelación 13/2021, con los cuales se dio vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, existía información objetiva que permitió constar de manera fehaciente si quienes asistieron a la ahora quejosa -en su carácter de acusada de origen- y a la parte ofendida, eran o no licenciados en derecho al inicio del juicio oral. ( En ese sentido, se corroboró la calidad de licenciados en derecho de los defensores particulares que asistieron a la quejosa Delia Lucrecia Barrera Herrera y de los asesores jurídicos que asistieron a la parte ofendida a lo largo del desarrollo del juicio oral, lo cual se justificó con la reproducción de las siguientes tablas: "(.) 1. Defensores particulares. Defensor particular. Verificación. Observaciones. Marco Antonio Zeferino Gómez. ( A foja 51 del anexo I del presente juicio se puede apreciar su cédula profesional de licenciado en derecho, con número 10533571. ( Que dicha situación se puede corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se advierte que la cédula profesional indicada fue expedida en el año 2017, es decir, previo al inicio del juicio oral, el cual inició en el año 2020 -ver página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx-, tal como se desprende a continuación: El referido defensor fue revocado de su cargo en audiencia de 9 de noviembre de 2020 -ver disco 3-. Gerardo Mendoza Cisneros. ( A foja 52 del anexo I del presente juicio se puede apreciar su cédula profesional de licenciado en derecho, con número 9831617. ( Que dicha situación se puede corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se advierte que la cédula profesional indicada fue expedida en el año 2016, es decir, previo al inicio del juicio oral, el cual inició en el año 2020 -ver página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx-, tal como se desprende a continuación: El referido defensor fue revocado de su cargo en audiencia de 9 de noviembre de 2020 -ver disco 3-. José Carlos Andrés Lerín Díaz. ( A foja 146 del anexo I del presente juicio se puede apreciar su cédula profesional de licenciado en derecho, con número 5774716. ( Que dicha situación se puede corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se advierte que la cédula profesional indicada fue expedida en el año 2008, es decir, previo al inicio del juicio oral, el cual inició en el año 2020 -ver página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx-, tal como se desprende a continuación: El referido defensor fue revocado de su cargo en audiencia de 2 de diciembre de 2020 -ver disco 8-. Guillermina Hernández Rodríguez. ( A foja 188 del anexo I del presente juicio se puede apreciar su cédula profesional de licenciada en derecho, con número 3546135. ( Que dicha situación se puede corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se advierte que la cédula profesional indicada fue expedida en el año 2002, es decir, previo al inicio del juicio oral, el cual inició en el año 2020 -ver página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx-, tal como se desprende a continuación: Sin revocación. Mario Alberto Orea Morales. ( A foja 223 del anexo I del presente juicio se puede apreciar su cédula profesional de licenciado en derecho, con número 12199079. ( Que dicha situación se puede corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se advierte que la cédula profesional indicada fue expedida el 4 de febrero de 2021, es decir, previo a su primera intervención en juicio oral, lo que sucedió en audiencia de 30 de marzo de 2021 -ver página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx-, tal como se desprende a continuación: Sin revocación. Tabla 2. 2. Asesores jurídicos. Asesor jurídico. Verificación. Observaciones. Álvaro Chantes Rueda. ( A foja 340 del anexo I del presente juicio se puede apreciar su cédula profesional de licenciado en derecho, con número 3163015. ( Que dicha situación se puede corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se advierte que la cédula profesional indicada fue expedida en el año 2000, es decir, previo al inicio del juicio oral, el cual inició en el año 2020 -ver página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx-, tal como se desprende a continuación: Sin revocación. Miguel Ángel Hidalgo Toxqui. ( A foja 342 del anexo I del presente juicio se puede apreciar su cédula profesional de licenciado en derecho, con número 2877744. ( Que dicha situación se puede corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se advierte que la cédula profesional indicada fue expedida en el año 1999, es decir, previo al inicio del juicio oral, el cual inició en el año 2020 -ver página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx-, tal como se desprende a continuación: Sin revocación. Tabla 3. (.)" En consecuencia, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla realizara lo siguiente: 1. Dejar sin efectos la resolución reclamada. 2. En su lugar, dictar otra en la que, previo a analizar el fallo recurrido, las audiencias del juicio oral, los agravios y alegatos de las partes, hiciera constar que no se cumplió con la obligación que tenía el juzgador de enjuiciamiento de primera instancia de verificar las credenciales de los defensores particulares y asesores jurídicos que participaron en las audiencia del juicio oral; no obstante, a continuación debía reproducir la verificación de las cédulas profesionales de licenciados en derecho que este órgano jurisdiccional efectuó en el considerando octavo del fallo, con el fin de subsanar la omisión del cumplimiento a la citada regla; luego, únicamente por ese tópico -derecho a ser asesorado por un profesionista con la calidad de licenciado en derecho en el procedimiento penal-, precisar que no se trastocó el derecho de defensa y asesoría jurídica adecuada de la acusada y de la parte ofendida. 3. Hecho lo anterior, resolver el recurso de apelación como en derecho corresponda. Finalmente, se aclaró que las consideraciones expuestas por este órgano de control constitucional no vinculaban a la autoridad responsable a resolver en sentido específico, en atención a que esos argumentos estaban dirigidos exclusivamente a poner de manifiesto la violación al principio de continuidad del sistema penal acusatorio y al derecho a una pronta y expedita impartición de justicia, por lo que estaría en plena libertad de jurisdicción de resolver conforme en derecho estimara correcto. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable, mediante determinación emitida el dieciséis de junio de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación 13/2021 de su índice, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución combatida en el presente juicio de amparo; 2. En su lugar, dictó otra en la que, previo a analizar el fallo recurrido, las audiencias del juicio oral, los agravios y alegatos de las partes, hizo constar que no se cumplió con la obligación que tenía el juzgador de enjuiciamiento de primera instancia de verificar las credenciales de los defensores particulares y asesores jurídicos que participaron en las audiencia del juicio oral; no obstante, a continuación reprodujo la verificación de las cédulas profesionales de licenciados en derecho que este órgano jurisdiccional efectuó en el considerando octavo del fallo protector, con el fin de subsanar la omisión del cumplimiento a la citada regla; y, 3. Hecho lo anterior, resolvió el recurso de apelación como estimó ajustado a derecho con la libertad de jurisdicción concedida. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la Sala Penal responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la resolución reclamada de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación de origen; ii) luego, dictó otra en la que, previo a analizar el fallo recurrido, las audiencias del juicio oral, los agravios y alegatos de las partes, hizo constar que no se cumplió con la obligación que tenía el juzgador de enjuiciamiento de primera instancia de verificar las credenciales de los defensores particulares y asesores jurídicos que participaron en las audiencia del juicio oral; no obstante, a continuación reprodujo la verificación de las cédulas profesionales de licenciados en derecho que este órgano jurisdiccional efectuó en el considerando octavo del fallo protector, con el fin de subsanar la omisión del cumplimiento a la citada regla; y, iii) por último, resolvió el recurso de apelación como estimó ajustado a derecho con la libertad de jurisdicción concedida. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. 4. Desahogo vista cumplimiento. Finalmente, visto el escrito -signado electrónicamente- por el autorizado de la parte quejosa, en el que esencialmente señala: -Que existe defecto en el cumplimiento porque de la lectura integral de la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada por la responsable, se advierte el uso excesivo de lenguaje rebuscado. -Que la autoridad responsable prejuzga, sesga y limita el sentido en que deberá conducirse el tribunal de enjuiciamiento al ordenarle que deberá continuar con las etapas procesales siguientes, es decir, con la audiencia de individualización de sanciones. -Que la autoridad responsable se constriñe a sí misma al estudio únicamente del agravio que consideró parcialmente fundado y limitándose a que dentro de la prohibición de examinar cualquier otro posicionamiento no planteado ni combatido, y que es la propia autoridad responsable la que transgrede tal prohibición y límite para abordar el desempeño de los abogados defensores particulares que intervinieron a lo largo del procedimiento. Al respecto, no ha lugar a tomar en consideración lo alegado por el promovente, en el sentido de que no se tenga por cumplido el fallo protector de derechos fundamentales, dados los argumentos que expone; ya que en el fallo protector de derechos constitucionales se otorgó con la libertad de jurisdicción, por lo cual, esos razonamientos en todo caso, deberá hacerlos valer en un nuevo juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa Delia Lucrecia Barrera Herrera en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo y por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como al tercero interesado Víctor Carlos Gil Viveros, representante legal de la sucesión de la víctima quien en vida respondía al nombre de María del Pilar Viveros Rosendo o Enriqueta María del Pilar Viveros Rosendo; y, por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante el secretario Juan Miguel Juárez Caudillo, quien autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 1491 remitido por el Magistrado Presiente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; y, en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues para tal efecto, remite copia certificada de la resolución dictada el dieciséis de junio de la presente anualidad, dentro del toca 13/2021 de su índice. Por tanto, con el contenido del oficio de cuenta y su anexo -registro 11043 de 2022-; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese personalmente a la quejosa Delia Lucrecia Barrera Herrera en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo y por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y al tercero interesado al tercero interesado Víctor Carlos Gil Viveros, representante legal de la sucesión de la víctima quien en vida respondía al nombre de María del Pilar Viveros Rosendo o Enriqueta María del Pilar Viveros Rosendo -víctima u ofendida del delito-; y, por oficio a los fiscales terceros interesados. Se ordena correrles traslado con copia autorizada del oficio 1491 -registro 11043 de 2022-.

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