Demetrio Yeray Ruiz Campos

Expediente 349/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
349/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Demetrio Yeray Ruiz Campos
  • Jose Jair Ruiz Campos
  • Marisa Araceli Campos Navarro
  • Jeremy Jaime Ruiz Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Juez Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan; por medio del cual acusa recibo del diverso oficio número 5818 del índice de este Juzgado, toda vez que se le remitieron las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil 1383/2018 que anexó a su informe justificado.

  2. Principal

    . CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" En términos de los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Juez Especializado adscrito al Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco con sede en Zapopan, Jalisco por rendido su INFORME JUSTIFICADO que le fue solicitado y por remitidas las constancias que lo sustentan, consistente en copias fotostáticas certificadas de los autos originales del juicio ejecutivo mercantil 1383/2018 de su índice, del cual emana el acto reclamado, documental que adquiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; asimismo, se ordena formar un tomo de pruebas para mejor manejo del expediente. Ahora del análisis de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado por la quejosa -, por sí y en favor de sus menores hijos -, así como - todos de apellidos -, es: ".IV. ACTO RECLAMADO: De la AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA reclamo cualquier acuerdo judicial, mandamiento o diligencia judicial que se origina en el expediente número 1383/2018, del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido en el Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, tendiente a cumplimentarse y ejecutarse en la casa habitación en la que actualmente rento y vivimos la suscrita -y mis menores hijos -, es decir, en el inmueble ubicado en la calle -; de la misma forma reclamo cualquier acuerdo judicial, mandato o diligencia judicial que se origine en el citado expediente destinado a cumplimentarse y ejecutarse en nuestras pertenencias y bienes muebles que se encuentran en el interior de nuestro domicilio. De las AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS reclamo cualquier probable cumplimentación o ejecución de acuerdo judicial, mandamiento o diligencia judicial ordenada en el expediente 1383/2018, del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido en el Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, a realizarse en la casa habitación que actualmente rento y habitamos la suscrita -de apellidos -, es decir, en el inmueble ubicado en la -, del mismo modo reclamo cualquier acuerdo judicial, mandamiento o diligencia judicial que se origine en el citado expediente destinado a cumplimentarse y ejecutarse en nuestras pertenencias y bienes muebles que se encuentran en el interior de nuestro domicilio." Acto respecto de los cuales, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto, que ya no incide en la vida jurídica de la peticionaria, es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la aquí quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de garantías, se desprende que la quejosa reclamó en esta vía cualquier diligencia o mandamiento judicial a ejecutarse en la casa habitación que renta y actualmente habita con sus menores hijos, ubicada en -, así como en sus pertenencias y bienes muebles que se encuentran en el interior del citado domicilio; y, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable ordenadora Juez Especializado adscrito al Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco con sede en Zapopan, Jalisco, como complemento a su informe justificado, se desprende que en data ocho de abril pasado, emitió un proveído en el juicio mercantil ejecutivo 1383/2018 de su índice, de donde emana el acto reclamado, en el que declaró nula el acta de requerimiento y emplazamiento de los demandados -levantada por la Actuaria del Juzgado Segundo de lo Civil de Morelia, Michoacán. con motivo del exhorto 827/2018, que libró en el juicio de origen, al considerar que no se encuentra ajustada a derecho, -acto que constituyó el reclamo en el presente juicio-, como se aprecia del contenido de la demanda de garantías, entre ellas, el contrato de arrendamiento, sobre el bien inmueble que renta y habita en compañía de sus menores hijos, acto del cual se duele dicha quejosa, resulta incuestionable que han cesado los efectos de éste. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional señalada a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notable circunstancia, con relación al sobreseimiento decretado, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia constitucional. Por esa razón, respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, procede citar la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." ";. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

  3. Incidental

    VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 349/2019; ...CINCO DIAS...GARANTIA POR LA CANTIDAD DE $4,000.00..SE RESUELVE: PRIMERO. SE NIEGA A...LA SUSPENSION DEFINTIIVA... SEGUNDO. SE CONCEDE A...LA SUSPENSION DEFINITIVA...

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, quince de abril de dos mil diecinueve. Agréguese como constancia al expediente el oficio de cuenta, signado por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, toda vez que el once de abril en curso, se proveyó lo conducente. Notifíquese.

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