Dennis Peralta Vilchis
Expediente 842/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Dennis Peralta Vilchis
Actuaciones
- Principal
V I S T O S; para resolver el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número III 1272/2023-1, promovido por -, por propio derecho; y,. La suspensión que se otorga surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si en el término de cinco días, que otorga el artículo 136 de la Ley de Amparo, a partir de la notificación de este auto, el quejoso no exhibe una garantía de $2,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en cualquiera de las formas establecida por la ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etc.), la que se fija de manera discrecional, atendiendo a la posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia; ello hasta en tanto, las responsables reciban notificación sobre el auto en que cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos incidentales. .Por lo expuesto y fundado, S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA a -, la suspensión definitiva, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas. SEGUNDO. Se CONCEDE a -, la suspensión definitiva, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas en el considerando tercero de esta resolución, por las razones expuestas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de junio de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 del cuerpo normativo en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa en legal y debida forma con la licenciada Rosa María Cortés Guzmán, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-842/2023-1. Ahora bien, previo a proveer lo conducente sobre la admisión de la demanda con que se da cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a analizarla. En principio, conviene tener presente que los aludidos artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, literalmente dispone. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Por lo que de conformidad con lo dispuesto por los preceptos invocados, la demanda de amparo debe desecharse de plano, cuando se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En torno con lo expresado, cobra aplicación por el criterio que lo conforma, la jurisprudencia I.6o. C. J/19, que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se puede leer en la página setecientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". En primer término, resulta necesario precisar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad que señala como responsable, lo siguiente: ".Auto de fecha ejecutoria de fecha 07 siete de junio del año 2023 dos mil veintitrés, mediante el cual desecha el recurso de inconformidad en contra del acuerdo de fecha 02 dos de mayo del año 2023 dos mil veintitrés, dictado por el Departamento de Sustanciación de Procedimientos de la Dirección de Sustanciación de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo." Al narrar los antecedentes de tal acto, bajo protesta de decir verdad, el impetrante manifiesta que con fecha veintidós de mayo del año en curso, le fue notificado acuerdo administrativo de data dos de mayo anterior, relativo a la admisión del informe de presuntas responsabilidades, emitido por la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, dentro del expediente: -, que -refiere- lo responsabiliza por la comisión de presuntas faltas administrativas, en virtud de hechos presumiblemente irregulares de carácter administrativo, que se le atribuyen en relación al cargo que desempeñó como Director Administrativo del entonces Poliforum Centro de Innovación Social de Morelia, Michoacán, y que presuntamente incurrió en la falta administrativa calificada como no grave, al infringir lo dispuesto en el artículo 49 fracciones I y V de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, que contra dicha determinación, interpuso recurso de inconformidad, del cual correspondió conocer a la Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, quien mediante resolución de siete de junio del año que trascurre, declaró improcedente dicho medio de impugnación; siendo esta última resolución, el acto en reclamo. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, que literalmente establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis sistemático de los artículos transcritos es dable concluir que, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubieren quedado sin defensa los quejosos, o bien, trascendieran al resultado del fallo, con excepción de aquellos actos que sean de imposible reparación. Ciertamente, aquí conviene indicar que de la lectura del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, se desprende una hipótesis abierta de improcedencia, que remite a aquellos casos en que ésta derive de alguna otra disposición de la misma de la Constitución Federal, de los Tratados Internacionales, o de la Ley de Amparo, ya sea porque se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia expresamente previstas, o bien, porque no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para hacer procedente el juicio de garantías. Al respecto es aplicable el criterio contenido en la Tesis aislada número 2a. LXXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 373, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." En lo tocante al segundo precepto legal citado, donde se establece que el juicio de garantías es procedente contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, indicándose como hipótesis de procedencia que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo podrá promoverse únicamente contra la resolución definitiva que en el mismo se dicte, o bien, contra actos dentro del juicio que afecten derechos sustantivos. Destacándose así, que la Ley de Amparo prevé que en tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual deben reclamarse tanto violaciones de fondo, como del procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expedites de las diligencias procedimentales. Por tanto, al establecer el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emane de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procederá contra la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiéndose aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, también en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. Ahora bien, de la manifestación realizada en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, se desprende que los actos reclamados derivan de un procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en forma de juicio en contra del impetrante de garantías, que en su momento culminará con la resolución definitiva que resuelva el mismo y será sólo contra ésta que puedan válidamente intentar el quejoso, el medio de defensa legalmente previsto y en su caso y momento, el juicio de amparo en la vía directa. Las consideraciones antes vertidas encuentran apoyo, por analogía, en el criterio contenido en la Tesis de Jurisprudencia 22/2003, visible en la página 196, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuya transcripción es la siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expedites de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." En atención a lo anteriormente vertido, se puede concluir que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo hasta que se dicte la resolución con la que culmine dicho procedimiento y como excepción, procede el amparo, aun cuando no se haya dictado la resolución que ponga fin al procedimiento, cuando los actos que se reclamen tengan una ejecución de imposible reparación. En este punto, se debe entender como actos cuya ejecución es de imposible reparación, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate. A propósito de lo que es la "afectación directa e inmediata de derechos sustantivos" es aplicable la Tesis de Jurisprudencia 244, consultable en la página 164 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En la Jurisprudencias anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal (como en el asunto que nos ocupa), cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra su fin último en la obtención de una sentencia o resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Sobre esta base y tomando en consideración el acto reclamado que por esta vía reclama la parte quejosa, analizado en el presente asunto, se tiene que nos encontramos en presencia de actos meramente procesales que no producen la afectación de algún derecho sustantivo consagrado en los derechos fundamentales cuya ejecución sea de imposible reparación. Ello es así, en la medida que el acto que se reclama por el impetrante, emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, esto es, la resolución de siete de junio del presente año, mediante el cual el Magistrado de la Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, desechó el recurso de inconformidad interpuesto en contra del acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Departamento de Sustanciación de Procedimientos de la Dirección de Sustanciación de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo, relativo a la admisión del informe de presuntas responsabilidades, dentro del expediente: -. Máxime, que de conformidad con los artículos 94 y 100 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, el informe de presunta responsabilidad se emite en la fase de la investigación, previa al inicio del procedimiento de responsabilidades; y, en términos de los diversos numerales 112 y 113 de la misma Ley fija la materia de ese procedimiento. En razón de todo lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se procede a desechar de plano la presente demanda de garantías. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". De igual forma, como de la constancia secretarial que antecede, se evidencia que el promovente proporcionó el usuario -, para la consulta del expediente electrónico y recibir las notificaciones relativas; en consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico (SISE), dar de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al referido usuario para tal efecto. Asimismo, se tiene al promovente proporcionando únicamente como dato de contacto la cuenta de correo electrónico precisada en la constancia secretarial que antecede, no así para recibir notificaciones, a través de la cual en caso de requerirse, este órgano jurisdiccional entablará comunicaciones no procesal, de cuyo contenido se ordena su registro, y de ser necesario, su incorporación al expediente previa certificación correspondiente. Finalmente, se tiene al promovente como domicilio señalado para oír y recibir notificaciones personales, el indicado en la demanda relativa a través del usuario referido, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registradas su cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que indica, toda vez que no cuenta con registro de su cedula profesional en dicho sistema. Notifíquese personalmente.
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