Delia Alvarado Paniagua
Expediente 697/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Delia Alvarado Paniagua
- Lucio Rico Ramirez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Como de autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja en contra del proveído que DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. En ese sentido y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; lo anterior, por haberse desechado la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovido por ********************, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-697/2018. Ahora, del índice de este órgano jurisdiccional se advierte que se encuentra registrado el juicio número ********************, promovido por ********************, contra actos del ********************, en el que hizo consistir como acto reclamado: "IV.- ACTOS O ACTOS RECLAMADOS: Señalamos como acto reclamado el ilegal orden de embargo ordenado en contra de los bienes propiedad de los quejosos, por partes de las autoridades que hemos señalado como responsables en párrafos precedentes, derivado de un expediente ejecutivo mercantil del juzgado segundo de primera instancia en materia civil de Zamora, Michoacán, número 463/2007, y como consecuencia directa del mismo, en caso de recaer el embargo en bienes de los quejosos, no se facturen, ni se haga la entrega material de éstos a terceros, ni mucho menos se otorgue la escrituración a favor de beneficios." Mi mismo que se relaciona con el presente asunto por tratarse de los mismos quejosos, autoridades responsables y actos reclamados; en consecuencia, se ordena tenerlo a la vista por tratarse de un hecho notorio. Apoya lo anterior, la tesis con registro 2017123 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ocho de junio 2018, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Décima Época, del rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Ahora bien, el artículo 61 fracción X de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos". De acuerdo con dicho dispositivo jurídico, la acción constitucional es improcedente cuando se reclamen leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo, siempre que haya sido promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades, al margen de las violaciones planteadas. Por tanto, si el presente juicio lo promueve ********************, contra actos del ********************; por los actos que hace consistir en: "IV.- ACTOS O ACTOS RECLAMADOS: Señalamos como acto reclamado el ilegal orden de embargo ordenado y practicado en contra de los bienes propiedad de los quejosos, por partes de las autoridades que hemos señalado como responsables en párrafos precedentes, derivado del expediente ejecutivo mercantil del juzgado segundo de primera instancia en materia civil de Zamora, Michoacán, número 463/2007 ." Y como de los autos que se tienen a la vista se advierte que los actos aquí reclamados, son los mismos que son materia de análisis en el juicio de amparo número ********************, ya que ambos juicios los promueve los mismos quejosos, contra las mismas autoridades responsables y acto reclamado, el cual si bien fue desechada la demanda interpuesta, en proveído del pasado veintiuno de agosto, lo cierto es se encuentra en trámite el mismo, ya que a la fecha tal determinación esta Sub Judice al estar pendiente de quedar firme dicho auto. Por tanto, opera la hipótesis legal establecida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica la Tesis número 83, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero, Materia Común, Novena Época, visible en la página 260 del texto: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." También por identidad jurídica la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero 1996, Materia Común, Novena Época, visible en la página 312 del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías. Sin que pase inadvertido para quien ahora resuelve que los ahora quejosos en su actual demanda de amparo, hayan agregado como autoridad responsable al Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dado que de un análisis de las constancias que obran en el expediente que resultó hecho notorio, se desprende que quien emitió los oficios que son el acto reclamado lo es el Secretario de Desarrollo Rural, con residencia en esta ciudad, quien también fue señalado como responsable tanto en este asunto como en el diverso juicio de amparo 294/2018 del índice de este tribunal, por lo que tal circunstancia no es úbice para variar el sentido del presente auto. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Finalmente, se tiene al quejoso por señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que señala, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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