Delfino Chamorro Macías

Expediente 1617/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1617/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Delfino Chamorro Macías

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado auto de desechamiento Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Delfino Chamorro Macias, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales M.CH.M., M.CH.M. y D.M.CH.M,, hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 20, fracción II, del General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 20 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 20, párrafo tercero del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Vieyra*

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés: El nueve de noviembre de dos mil veintitrés, Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, da cuenta al Juez con la demanda de amparo registrada en el libro de correspondencia con el folio 16122, con cinco anexos y siete copias de la misma; asimismo, CERTIFICO: Que Guillermo Angulo Sánchez, no cuenta con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Conste. Apizaco, Tlaxcala, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Privacidad En primer lugar, se puntualiza que en virtud de que en el presente asunto se ventilan intereses de menores de edad, únicamente se insertarán sus iniciales al momento de hacer referencia a ellos, conforme con lo dispuesto en el Capítulo III denominado "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", punto 6 relativo a la "Privacidad", y punto 7, relativo a "Medidas para proteger la intimidad y bienestar de niñas y niños y adolescentes" primer párrafo, incisos a), c), y d), todos del Protocolo de Actuación Para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de marzo de dos mil catorce, por lo que este órgano jurisdiccional ordena que se omita la publicación de sus datos personales en las determinaciones que se emitan en este expediente. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve Delfino Chamorro Macias, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales M.CH.M., M.CH.M. y D.M.CH.M, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1617/2023-III. Se desecha demanda Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Asimismo, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Sentado lo anterior, cabe señalar que el promovente reclama de la Comisión Federal de Electricidad, de la Superintendencia General de la Comisión Federal de Electricidad de la zona Tlaxcala, del Superintendente General de la Comisión Federal de Electricidad zona Tlaxcala y de la Comisión Federal de Electricidad de Apizaco, Tlaxcala: SIN TEXTO Siendo así, al respecto se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la citada promovente, en virtud de que a dichos entes públicos no les resulta el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo. En este contexto, debe decirse que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)" De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de un órgano del Estado que no tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo. El artículo 5º de la ley de la materia, prevé que es autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones. Asimismo, se amplió el concepto de autoridad, pues equipara a los particulares como autoridades cuando éstos realizan actos en los que ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y que afecten derechos cuando su actuar esté determinado en una norma general. Lo anterior significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos provenientes de autoridad o particular con este carácter que vulnere la esfera jurídica del gobernado. En ese tenor, para considerar que un ente tiene el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe reunir los siguientes requisitos: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente (autoridad o particular que tenga esta calidad) de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De esta manera lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En efecto, el concepto actual de autoridad se refiere a todo órgano de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, con facultades que implican poder de decisión y ejecución; esto es, que realiza actos de naturaleza jurídica que afectan la esfera de los particulares y la de imponer a éstos sus determinaciones unilateralmente, modificando o alterando situaciones jurídicas concretas. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o entes morales, dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual debe ser de naturaleza privada. Cabe precisar que para que se estime que un acto u omisión es desplegado por una "autoridad", requiere de los siguientes atributos: Unilateral, esto es, no requiere la aprobación del gobernado; Imperativo, en razón de que se impone al particular contra su voluntad; y, Coercitivo, porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley. De ahí que si la actividad desplegada por el ente no reúne tales características, no puede válidamente considerarse que se esté en presencia de un acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar: Sin embargo, a raíz de que los actos que se reclaman derivan del contrato de servicios celebrado entre las autoridades responsables y el Usuario titular de nombre Delfino Chamorro Macias, no pueden ser analizados a través de esta vía constitucional. Ahora, a fin de contextualizar el presente asunto, es necesario traer a colación la reforma constitucional de dos mil trece, cuyo decreto publicado el veinte de diciembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, sentó un parteaguas al discernir la naturaleza de los actos emitidos o imputables a la Comisión Federal de Electricidad, para concluir que a partir de esa reforma, sean los tribunales en materia civil o mercantil quienes se encarguen de conocer y resolver los conflictos inherentes a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Asimismo, respecto al tema en controversia, existen diversos criterios aislados y de jurisprudencia, sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), determinó que los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, incluido su corte, no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por ser actos derivados de una cuestión contractual. En apoyo a lo expuesto se trae a colación la parte de la ejecutoria de la cual se generó la jurisprudencia en comento, que en lo que interesa, dice: "De acuerdo con lo trasunto, es dable entender que una empresa productiva del Estado es una nueva figura, cuyo régimen jurídico especial prevé, por un lado, la regulación gubernamental que facilite la oferta y la demanda, que asegure el suministro y su justiprecio procurando los activos necesarios para la operación eficiente y transparente de la industria eléctrica; y, por otra parte, un marco jurídico flexible que obedezca al principio de máxima autorregulación, el cual permita la libre competencia en los mercados de generación y suministro, en vías de un Estado competitivo. (.) En segundo término, y donde se introduce el verdadero cambio de paradigma, el derecho civil y mercantil serán supletorios. Es decir, no se acudirá más a la legislación administrativa para colmar las lagunas sobre el funcionamiento de las empresas, como ahora ocurre. No será aplicable la Ley Federal de las Entidades Paraestatales ni su reglamento. No será supletoria la legislación sobre contrataciones públicas. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se regirán, como cualquier empresa privada, por lo señalado en sus 'estatutos sociales' (en este caso sus respectivas leyes) y por las demás disposiciones del derecho mercantil y civil. Lo anterior significa que, a partir de su transformación, nuestras empresas estatales deberán operar bajo principios de derecho privado y no público; situación que, de igual forma, deberán tomar en cuenta los órganos fiscalizadores competentes y los distintos órganos jurisdiccionales, al ejercer sus respectivas atribuciones. (.) De lo anterior, destaca que la función de la Comisión Federal de Electricidad consiste en dar un servicio público y universal, que puede ser prestado por sus empresas subsidiarias o filiales de naturaleza privada en un mercado que la legislación de la materia reconoce como de libre competencia. Para entender su régimen especial, se observa lo que la doctrina ha definido como servicio público con un régimen exorbitante de derecho privado y sus características principales. (.) En otro aspecto se tiene que la legislación de la materia inserta a la empresa productiva del Estado en un mercado que reconoce como de libre competencia. Lo cual implica una situación donde cualquier persona o empresa es libre de participar en una determinada actividad económica ya sea como vendedor o como comprador. Las condiciones necesarias para que pueda existir la libre competencia en un mercado incluyen: contar con un marco legal adecuado y transparente que permita que los agentes económicos ejerzan sus libertades respetando los derechos de los demás. (.) Dentro de ese régimen especial se establece que la Comisión Federal de Electricidad actuará a través de empresas productivas subsidiarias para realizar las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, las demás actividades podrá realizarlas directamente o bien, a través de empresas filiales, estas últimas, en las que participa de manera minoritaria, directa o indirectamente, o bien, mediante cualquier figura de asociación o alianza que no sea contraria a la ley. Sus empresas productivas subsidiarias operan conforme al régimen especial previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en materia de presupuesto; deuda, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, así como responsabilidades administrativas, remuneraciones, bienes y dividendo estatal. Se sujetan a lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (9) y por la Ley de la Industria Eléctrica. El primero de los artículos citados en el párrafo precedente, señala que la Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en su ley y reglamento, así como en las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. (.) La Ley de la Industria Eléctrica tiene por objeto regular las actividades de la industria eléctrica, entre otras las que tiene a su cargo CFE, con la finalidad de promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes. (.) El suministro básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional. Para prestar dicho servicio se requiere permiso de la CRE en esa modalidad. Para obtener la prestación del servicio de suministro básico el usuario final debe celebrar un contrato de suministro con un suministrador, el cual deberá cumplir con las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico y haber sido registrado ante la Procuraduría General del Consumidor. (.) Por el contrario, el objetivo de las reformas en materia energética se constriñe a establecer que CFE debe operar como una empresa privada que, entre otros, presta el servicio público y universal de suministro básico de energía eléctrica bajo un régimen especial. (.) A su vez, la legislación de la materia inserta a la empresa productiva del Estado en un mercado que reconoce como de libre competencia. Para lo cual generó un marco legal adecuado y transparente que permite que los agentes económicos ejerzan sus libertades respetando los derechos de los demás. (.) Especial importancia reviste para el caso que nos ocupa, la determinación de que los órganos jurisdiccionales, al ejercer sus atribuciones respecto de tales empresas productivas del Estado deben tomar en cuenta que operan bajo principios de derecho privado y no público; de manera particular se destaca que conforme al artículo 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, en lo no previsto en ella, debe ser considerado como mercantil, que se rige por el Código de Comercio y supletoriamente por la Legislación Civil, como es el caso de los contratos de suministro básico. Lo anterior, se afirma pues el marco normativo pone de relieve que no tiene el alcance de regir la organización interna de la empresa prestadora del servicio, ni su relación contractual con los usuarios; sino que está instituido para regular el mercado en beneficio de los usuarios, de suerte que la mera referencia al tema de los contratos no puede entenderse en el sentido de que dicha ley establezca la relación entre la empresa suministradora y los particulares. En el contexto apuntado, en tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Cabe precisar que la posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros, sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo". Lo anterior es más evidente, si se toma en consideración los modelos de contrato de suministro de energía eléctrica, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de noviembre de dos mil trece, que son: Contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión con prepago. Contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión con facturación en punto de venta. Contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión. De cuyo contenido se advierte de manera similar, en la cláusula relativa a la suspensión de suministro, lo siguiente: "(.) Suspensión del Suministro Las partes aceptan que "LA COMISIÓN" suspenderá el suministro de energía eléctrica, sin que se requiera para el efecto intervención de la autoridad judicial o administrativa, cuando: (.) - Se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control y medición de "LA COMISIÓN". En este supuesto, el verificador asentará en la constancia de verificación las consideraciones por las que se procede a la suspensión del suministro de energía eléctrica. La suspensión se realizará de manera inmediata y sin aviso previo, lo cual se asentará en la constancia de verificación." Asimismo, existe una clausula relativa a los ajustes de facturación. Máxime que el propio quejoso refiere en el antecedente marcado con el número 1 de la demanda, haber celebrado contrato de servicio, por tanto, los actos que aquí se reclaman no generan que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad. En efecto, debe entenderse que, conforme a su actual regulación, las relaciones jurídicas que existen entre la empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad, en calidad de suministrador de energía eléctrica y los ciudadanos como usuarios, deben reputarse como actos mercantiles y, por ende, propios de las relaciones de coordinación, en términos del artículo 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, consecuentemente, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía mercantil. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 53, abril de 2018, tomo I, Décima Época, página 532, que a la letra dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". Sin que en el caso se advierta que se trate de la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico o bien, que dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable como pueden ser: enfermos dependientes de instrumentos y maquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables, personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad), entre otros. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa manifestó que el contrato de servicio que celebró proporciona energía eléctrica a un negocio de abarrotes, de ahí que no se trate de ninguno de los supuestos indicados en el párrafo que antecede. Aunado a ello, si bien refiere que celebró diverso contrato para proporcionar el servicio en una casa habitación, ello no implica de facto que se ponga en peligro la vida de cualquiera de los habitantes de dicho domicilio, pues no precisó que alguno de ellos fuera enfermo dependiente de instrumentos y maquinas que lo mantiene con vida; de igual modo, no pasa inadvertido que refieran que con dicho corte de energía eléctrica se perjudica a dos menores de edad de iniciales M.CH.M., M.CH.M. y D.M.CH.M; sin embargo, no se advierte que dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de los menores antes señalados o que se encuentren en una situación vulnerable como pueden ser: enfermos dependientes de instrumentos y maquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables, personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad), entre otros. De ahí que como se analizó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), determinó que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo contra actos previstos en el contrato de suministro de energía, como en el caso; por lo cual es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Misma consideración tomó el Primero Tribunal Colegiado en el recurso de queja 104/2019 derivada del juicio de amparo 339/2019 del índice de este juzgado. Finalmente, no se desatiende el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), consultable en la página 929 del Tomo 2, julio de 2012, Libro X, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos". Sin embargo, dicho criterio se refiere al supuesto en que el acto reclamado consistente en el acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, hipótesis que en el caso no se actualiza, toda vez que, se insiste, el acto reclamado en el asunto en estudio a la Comisión Federal de Electricidad, se circunscribe al corte de suministro de energía eléctrica; por tanto, aun cuando se tuviera como autoridad responsable a la aquí recurrente hasta la resolución del juicio de amparo, resulta inconcuso que el juez federal llegaría a la misma conclusión en la sentencia que al efecto emitiera en la audiencia constitucional. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones Ahora bien, como lo solicita se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que, de resultar inexacto, las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizado Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Guillermo Angulo Sánchez por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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