Delfino Arenas Cervantes

Expediente 1191/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1191/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
03/11/2016

Partes del expediente

  • Delfino Arenas Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los presentes autos y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de octubre de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia.Por otro lado, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigesimoprimero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se trata de un asunto donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 1191/2016-II, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes.Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente.Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.Finalmente, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto en el que se desechó la demanda de amparo dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles del mismo y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Delfino Arenas Cervantes, Rosario Cortes Fentanes y Alejandra Felipa Cervantes Quiriz, por propio derecho, contra los actos de la Comisión Federal de Electricidad, y otras autoridades, consistentes en la orden de corte al servicio de consumo de energía eléctrica que se les proporciona; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1191/2016-II. Una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: ... De lo anterior se obtiene, que el juicio de amparo se funda en diversos principios que lo distinguen de los restantes medios de defensa comunes, previstos en el artículo 107, de la Constitución Federal, entre los que se encuentra el de definitividad, cuyo objeto es restringir la procedencia de la acción con el propósito de que, previo a ésta, se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes, para impedir que su promoción tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquellos procedimientos ordinarios hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible, lo cual fortalece el ejercicio de las facultades que corresponden a las demás autoridades para resolver sobre las situaciones que se les presenten y genera certidumbre en el ordenamiento jurídico. Bajo esa premisa, la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción XX, dispone que tratándose de actos distintos de los emitidos por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo será improcedente mientras puedan ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que de acuerdo con las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los que prevé la propia ley y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. Cabe destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos para conceder la suspensión del acto, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley del juicio de amparo para ello, el principio de definitividad cobra vigencia y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, deberá agotarse el medio ordinario de impugnación de que se trate, a menos que se actualice diversa excepción. Luego, el principio de definitividad que rige al juicio constitucional en materia administrativa exige el agotamiento de cualquier instancia que pueda producir la insubsistencia del acto que causa afectación al inconforme, puesto que constituye un medio extraordinario de defensa, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ahora, conviene destacar que la Comisión Federal de Electricidad es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, que tiene como objeto fundamental lo dispuesto en los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que enseguida se transcriben: ... Como puede apreciarse, en la legislación reproducida se regula el procedimiento la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. Ahora bien, los quejosos reclaman la orden de corte del servicio de consumo de energía eléctrica con los números de servicio a DELFINO ARENAS CERVANTES con numero de servicio 228930900088, cuenta 19DV02F050404340, numero de medidor 8J935F, en el domicilio Calle Máximo Rojas número ocho, San Buenaventura Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala; a ROSARIO CORTES FENTANES, con numero de servicio 228930900096, cuenta 19DV02F050404345, numero de medidor U335P7, en el domicilio Calle Máximo Rojas número ocho B, San Buenaventura Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala; y ALEJANDRA FELIPA CERVANTES QUIRIZ, con numero de servicio 228671111274, cuenta 19DV02F050404335, numero de medidor 8P7SD8, en el domicilio Calle Máximo Rojas sin número, San Buenaventura Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala. Además, a su demanda de amparo, acompañan los avisos de recibo correspondiente a los mencionados servicios de energía eléctrica, que brinda Comisión Federal de Electricidad, de los cuales se aprecia en cada caso la leyenda "corte a partir del veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis". En ese contexto, al quedar precisado que reclaman la orden de corte a los servicios de consumo de energía eléctrica contratados con la Comisión Federal de Electricidad, contenidos en los avisos de recibo correspondientes, resulta importante tener en consideración lo previsto en los numerales 2 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mismo que en su parte conducente, establece: ... En este contexto, si se tiene que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye la orden de corte de los servicios de consumo de energía eléctrica, resulta inconcuso que los quejosos debieron promover el juicio contencioso administrativo, previamente a la interposición del presente medio extraordinario de defensa. En efecto, como se observa, los justiciables deben agotar el principio de definitividad que rige esta materia, pues en contra del acto que por esta vía combaten procede el Juicio Contencioso Administrativo Federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para clarificar este último aserto, se tiene presente que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 128, 129, 132 y 135, establece los requisitos para conceder la suspensión definitiva, como sigue: ... Según se observa, en la parte que nos interesa, el artículo 128, de la Ley de Amparo establece los requisitos o condiciones bajo los cuales procede el otorgamiento de la suspensión, consistentes, a saber: I. Que la solicite el quejoso; II. Que su otorgamiento no produzca perjuicio al interés social, ni la contravención a disposiciones de orden público, el que se ocasionará, entre otros supuestos, cuando de concederse la suspensión, ocurran algunas de las hipótesis previstas en las fracciones I al XIII, del artículo 129, antes inserto; Por su parte, el artículo 132 de la ley de la materia dispone que, en los casos en que la suspensión resulte procedente pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a un tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante, y que cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. Por último, el numeral 135 de la legislación en comento establece que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, ésta se concederá discrecionalmente; el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. En contraste, el artículo 28 de la citada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo a la suspensión de los actos administrativos, establece: ... De lo anteriormente transcrito, en lo que aquí interesa, se advierte que el artículo en mención prevé: I. Que la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Que tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. III. Que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. IV. Que en los demás casos, la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. Por otro lado, si bien en la Ley de Amparo se prevé que el plazo para conceder la suspensión no debe exceder de veinticuatro horas, mientras que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que el Magistrado Instructor debe pronunciarse a más tardar al día hábil siguiente, no menos verdad es que, como lo sostuvo la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, la única diferencia es que en un caso se expresó en horas y en otro en un día, pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo. De lo expuesto, resulta que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. ... Así es, pues de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la Ley de Amparo, inclusive, este juzgador colige que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Tampoco el acto reclamado importa una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; ni menos peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y, no se impugnaron las normas generales con motivo del primer acto de aplicación. De ahí que, el juicio contencioso administrativo constituya la vía idónea para reclamar la orden de corte a los servicios de consumo de energía eléctrica contratados con la Comisión Federal de Electricidad, contenidos en los avisos de recibo correspondientes ... En tal virtud, se actualiza de manera patente, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos, el que señalan para tales efectos, teniéndose como autorizados para oír y recibir notificaciones, a las personas que indica, por no contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano