Delfino Corona Amaro

Expediente 1027/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1027/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/01/2022

Partes del expediente

  • Delfino Corona Amaro

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinte de enero de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Delfino Corona Amaro; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Se ordena devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa no se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, corre a cargo de las partes el que, a través del Portal de Servicios en Línea, agenden una cita previa, con el fin de que puedan comparecer a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, para que le sean entregadas las constancias referidas. Por lo que deberá informar previa y oportunamente a este juzgado, sobre el día y hora que el sistema del Portal de Servicios en Línea les hubiera generado, a fin de que el personal que se encuentra laborando presencialmente en el juzgado -cuyo número es limitado- tenga la oportunidad de preparar la documentación respectiva y la atención presencial sea rápida y expedita. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1307, (dentro de un horario de doce treinta a dieciocho horas, de lunes a viernes), una vez que cuenten con la cita señalada en el párrafo que antecede. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Quejoso desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Delfino Corona Amaro, atento a su contenido, se le tiene desahogando en su totalidad la prevención formulada en proveído de diecisiete de noviembre del año que transcurre, en consecuencia provéase lo que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo promovida por el quejoso en comento. Acto reclamado. Ahora bien, el quejoso, promueve demanda de amparo contra los actos que hace consistir en: Todas y cada una de las actuaciones y citaciones que se han llevado a cabo dentro del juicio ejecutivo mercantil radicado bajo el expediente 710/2018 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, en el cual se pretende adjudicar el bien inmueble denominado "La renda, ubicado en Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala", propiedad que fuera de sus extintos padres y que forma parte del acervo hereditario del juicio sucesorio intestamentario 180/2020 del índice mismo órgano jurisdiccional en cita. Se desecha demanda de amparo. Precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. ...." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Así, en relación con el acto reclamado de referencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.).". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". De la transcrita fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto reclamado de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Es decir, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del o de los peticionarios del amparo. Lo que interpretado en proposición contraria, significa que el amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos del accionante constitucional. Por tanto, no basta que la parte quejosa afirme que el acto reclamado perjudica sus intereses, sino que es preciso, además, que en el juicio constitucional se encuentre demostrado que el acto imputado incida de manera real y objetiva en sus intereses y se demuestre fehacientemente tal situación. Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.T J/38K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 31, Tomo 52, Abril de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con la voz y el rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas.". En ese sentido, se afirma que en el presente asunto el acto reclamado no causa afectación en la esfera del quejoso, en razón de que reclama todas y cada una de las actuaciones y citaciones que se han llevado a cabo dentro del juicio ejecutivo mercantil radicado bajo el expediente 710/2018 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, en el cual se pretende adjudicar el bien inmueble denominado "La renda, ubicado en Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala", propiedad que aduce fuera de sus extintos padres y que forma parte del acervo hereditario del juicio sucesorio intestamentario 180/2020 del índice mismo órgano jurisdiccional en cita. Lo anterior es así, pues para que la parte quejosa pueda ser oída debe demostrar su interés jurídico, por lo tanto, es necesario que justifique con pruebas idóneas que dicho acto reclamado a la responsable afectan su esfera jurídica, pues de esa manera justificará su interés jurídico para ser oída en defensa de sus derechos (como pretende), ya que de no acreditarlo no tendría por qué ser escuchada en el juicio generador de los actos que reclama. Al respecto, el quejoso en el presente juicio de amparo no acreditó ser propietario o titular de derechos sobre el bien inmueble denominado "La renda, ubicado en Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala; menos aún demostró la calidad de albacea de la sucesión o heredero del acervo hereditario que refiere, pues aún cuando manifiesta que dicho inmueble perteneció a sus extintos padres con quienes tiene una relación de parentesco, no exhibe nombramiento respectivo como heredero, interventor o albacea de la sucesión sobre dicho inmueble, no es constitutivo de un derecho que sea tutelable ante el órgano jurisdiccional, porque ello implicaría que se reconociera interés jurídico a quien no es la persona que cuenta con un derecho legítimo sobre los bienes inmuebles, y que se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo. En efecto, debe indicarse que el quejoso exhibió como constancias las siguientes documentales: Copia certificada de escritura de compraventa del predio denominado "La Renda"; a favor de Antonio Corona Romero (padre del quejoso); Certificado de inscripción de seis de julio de dos mil veintiuno; Copia certificada de acta de nacimiento folio A29851955 a nombre de Delfino corona Amaro; Copia certificada de acta de defunción con folio A29852106 a nombre de Ana María Amaro Xicohténcatl; Copia certificada de acta de defunción con folio A29852107 a nombre de Antonio Corona Romero; Copia simple de sello registral de ocho de diciembre de dos mil diecisiete; y Certificado de inscripción de doce de noviembre de dos mil veintiuno. Por tanto, el simple parentesco que aduce con los extintos dueños del inmueble que reclama, no incorpora algún derecho para acudir al juicio de amparo, porque no cuenta con la titularidad o legitimidad que pudiera ser garantizada por la ley, pues no es jurídico aceptar que las personas que señalan tener interés sobre un bien inmueble sin acreditar la causa que dio origen a la titularidad de ese derecho de propiedad o posesión, tengan también un derecho tutelado, por lo cual los actos que se ejecutan en contra de los poseedores simples, únicamente les causan perjuicios materiales. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a/J.73/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 221, Tomo I, Diciembre de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuya literalidad es la siguiente "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme al artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones que correspondan a la defensa de la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: I) que no se haya nombrado interventor o albacea de la sucesión, o II) que al haber sido nombrados, sean requeridos para que deduzcan esos actos, y se rehúsen a hacerlo. Así, por regla general el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus y; en su defecto, los herederos reconocidos dentro de los juicios sucesorios, cuando el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos previamente para que actúen conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios y se rehúsen a hacerlo, por tanto, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el previo requerimiento mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Apoya a lo anterior, la tesis VII.2º.C.84 C emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 2865, Tomo III, Febrero de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO EN ESTRICTO SENTIDO. REQUISITOS PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO AL PROMOVER EL AMPARO PARA PROTEGER EL EMBARGO DECRETADO EN UN DIVERSO JUICIO. Cuando se promueve el juicio de amparo con el carácter de tercero extraño a juicio en estricto sentido, se tiene como finalidad interferir en un juicio preexistente, del cual no se es parte, para hacer valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado con el acto de autoridad. Así, para acreditar el interés jurídico, por una parte, debe probarse el justo título que ampare el derecho respectivo y, por otra, que esté afectado con el acto de autoridad. Bajo ese contexto, para acreditar el interés jurídico cuando se promueve el juicio de amparo como tercero extraño a juicio en estricto sentido con la finalidad de proteger un embargo decretado en un diverso juicio, por una parte, se tiene que probar la existencia de éste y, por otra, que el tercero se encuentre afectado en el juicio del que es extraño. Ahora bien, el hecho de que en tal juicio se ordene al encargado del Registro Público de la Propiedad, como medida preventiva, la inmovilización del bien inmueble embargado, no conlleva la afectación del embargo, pues dicha orden no produce su cancelación, sino sólo la anotación marginal de inmovilización. Máxime que ésta es de carácter provisional y no definitivo, por lo cual, no puede dejar sin efectos el embargo. No es obstáculo a lo planteado, que se alegue que por tal inmovilización evidentemente no se podrá continuar la prosecución del juicio donde se originó el embargo porque, para que esa situación pueda ser analizada en el juicio de amparo, necesariamente se requiere que se haya intentado la prosecución de dicho juicio y el Juez natural haya negado la solicitud en virtud de la inmovilización." En consecuencia, al no acreditar la propiedad o posesión sobre el bien inmueble que reclama, ni acreditar su carácter de heredero, interventor o albacea sobre la sucesión intestamentaria 180/2020, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, trae como consecuencia que el acto que impugnan no constituya un agravio personal y directo sobre la esfera jurídica del quejoso, a efecto de hacer procedente el juicio de amparo biinstancial. En esas condicione, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Delfino Corona Amaro, contra actos del Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl y otras autoridades, en atención a las razones expuestas. Notifíquese; personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Parte quejosa desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por Delfino Corona Amaro y Olga Eugenia Victoria Velasco Tejeda (quien firma a su ruego), así como la diligencia de ratificación de firma de doce del mes y año en curso, con lo cual se da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiocho de octubre del año que transcurre. Ahora bien, el impetrante desahoga la prevención formulada en autos en los términos siguientes: Se formula nuevo requerimiento. En ese tenor, con apoyo en los artículos 108, fracción V, así como 114, fracción ll, de la Ley de Amparo, se estima necesario requerir a la parte promovente nuevas aclaraciones, ello en virtud de que existen nuevos datos en el escrito aclaratorio de cuenta, en relación a los hechos que constituyen antecedentes del acto reclamado precisado en su escrito inicial de demanda, lo cual genera incertidumbre a este órgano jurisdiccional para proveer lo que en derecho corresponda; por tanto, requiérase al promovente a fin de que bajo protesta de decir verdad precise de manera clara lo siguiente: Si promueve el presente juicio de amparo por propio derecho o en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria 183/2020, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl; y, de ser el último supuesto, deberá indicar la data en que se le otorgó dicho carácter y también deberá exhibir el documento con el que acredite dicha personalidad. En el sentido de que no promueva el juicio de amparo en su carácter de albacea, indique a quién le asiste dicho carácter y cuándo le fue reconocido como tal; y, Finalmente, en el caso de que promueva la demanda por propio derecho, deberá indicar si ya le fue reconocido el carácter de heredero en el juicio sucesorio intestamentario de referencia; de ser así, deberá precisar la data en la cual se resolvió la junta de herederos. Derivado de lo anterior, deberá formular bajo protesta de decir verdad los antecedentes que constituyen dicho acto o actos. Sin que pase inadvertido que, por regla general, la demanda de amparo se debe prevenir por una sola ocasión, en cuyo auto se señalen con precisión todas las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse; sin embargo, dicha regla general admite una excepción, esto cuando del escrito aclaratorio se desprendan nuevos requisitos a satisfacer. Al respecto, tienen aplicación las tesis aisladas siguientes: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión." (Tesis: XXVII.3 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, página 1121, registro 184437, Tomo XVII, Abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época). "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO, SALVO CASOS DE EXCEPCION. Una adecuada interpretación del artículo 146 de la Ley de Amparo, permite concluir que la facultad otorgada al juez de Distrito para prevenir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad, omisión o requisito del escrito de demanda, deberá agotarse en un solo auto y no paulatinamente en diversos proveídos, pues esta última hipótesis sólo se actualiza, cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, mismos que no pudieron tenerse presentes en dicha ocasión." (Tesis: XXVII.3 K, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, página 1121, registro 216701, Tomo XI, Abril de 1993, página 290, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época). Se hace del conocimiento de la parte promovente que tal requerimiento lo deberá desahogar realizando la manifestación bajo protesta de decir verdad, por lo que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, se le dará vista al Ministerio Público por la comisión del hecho ilícito previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se apercibe al promovente que en caso de incurrir en la conducta a que alude el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, además de lo anterior, se hará acreedor a la sanción dispuesta en dicho ordenamiento: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y" Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados en el plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la parte promovente, que deberá presentar el escrito aclaratorio, con el que dé cumplimiento a esta prevención en original y tantas copias sean necesarias, lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo, resulta aplicable, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable: [J]; 10a. Época; P./J. 8/2017 (10a.). Publicada: viernes 12 de mayo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." Lo anterior, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tales efectos ubicado en Calle profesor Ángel Villaverde sin número, cuarta sección de Santa Anita Huiloac (pasillo donde se venden tortillas frente al estacionamiento de la escuela secundaria Federal Héroes de Nacozari) Apizaco, Estado de Tlaxcala, con el apercibimiento que, de resultar inexacto, las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*

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