David Velazquez Luna
Expediente 602/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/07/2021
Partes del expediente
- David Velazquez Luna
Actuaciones
- Principal
... De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Registro de Expedientes (S.I.S.E), y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, en un plazo de seis meses (artículo 21, inciso b), del citado acuerdo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes. A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a su destrucción. ...
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de julio de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del ordinal 2°, agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, por los motivos ahí expuestos. Dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable por similitud jurídica la jurisprudencia 573, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 405, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, con número de registro 392690, que establece: ... Atento a lo anterior, con apoyo en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, practíquese a la parte quejosa, por medio de lista, la notificación del auto de mérito y las subsecuentes aun las de carácter personal. .. Notifíquese. Toluca, Estado de México; treinta de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por David Velázquez Luna, contra actos del Comisión Estatal de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; fórmese el expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 602/2021-III. REQUERIMIENTO JUICIO EN LÍNEA. Ahora bien, en términos artículo 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, exhórtese a la partes para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberán proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se les proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberán manifestar si es su deseo ser notificadas vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional; ello con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación, así como de los justiciables. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio, pues las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referidas en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, de una lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente acude a esta instancia a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por el acto consistente en: ? Oficio sin fecha, emitido por la Comisión Estatal de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, mediante el cual se dio a conocer al quejoso la no aceptación respecto a su postulación para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios. ? Lo resulto en el oficio 019/CES/SAEMM/2021, por el pleno de la Comisión Estatal de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en su Quinta Sesión Ordinaria en fecha de nueve de junio de dos mil veintiuno. En el particular este Juzgador considera se actualiza la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] Guillermo González Torres 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dd.6c 30/01/23 13:47:31 4 XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.". [Lo destacado es propio] En ese contexto, la causa de improcedencia prevista en el artículo y fracción transcritos, alude a que el juicio biinstancial se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Guillermo González Torres 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dd.6c 30/01/23 13:47:31 5 Es decir, el amparo en materia administrativa únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página ciento cincuenta y seis, del tomo XII, julio de dos mil, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ....Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que, de la improcedencia en análisis, ha realizado el Máximo Tribunal de Justicia del País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocarla, siempre que, como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Cobra aplicación a ese respecto, la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, del tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, materia común, administrativa, novena época, cuyo rubro y texto es el siguiente: ... En ese sentido, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable que los medios de impugnación a los que alude la causa de improcedencia en comento, tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de amparo establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Del dispositivo aludido se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Para poder establecer que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de mérito es menester referir al texto de los dispositivos legales de carácter procesal que rigen a la ley del acto reclamado, respecto de los recursos ordinarios y los tipos de resoluciones judiciales que se puede emitir, en cuanto al tipo de acto que se reclama en esta instancia constitucional, esto es, al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En efecto, los diversos 111, 186, 187, fracción II y 229, fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevén: "Artículo 111.- Los particulares podrán participar en el procedimiento administrativo con el carácter de peticionario, afectado o tercero interesado. Es peticionario quien hace a la autoridad administrativa una solicitud. Afectado es la persona susceptible de ser perjudicada por un acto administrativo o fiscal en sus derechos e intereses legítimos. El tercero interesado es aquél que tiene una pretensión contraria o coincidente con la del peticionario. Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: II. Los actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; ." En tal sentido, en los dispositivos legales transcritos se observa que el Juicio Contencioso Administrativo, procede contra los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal que afecten los derechos de particulares de imposible reparación. Bajo esas premisas, si en el caso a estudio la quejosa reclama: ? Oficio sin fecha, emitido por la Comisión Estatal de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, mediante el cual se dio a conocer al quejoso la no aceptación respecto a su postulación para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios. ? Lo resulto en el oficio 019/CES/SAEMM/2021, por el pleno de la Comisión Estatal de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en su Quinta Sesión Ordinaria en fecha de nueve de junio de dos mil veintiuno. Es inconcuso que, en contra del precitado acto administrativo, la parte quejosa está en aptitud de promover el recurso de inconformidad ante la propia autoridad o el Juicio Contencioso Administrativo, antes de acudir a esta instancia constitucional, lo que conlleva a determinar la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve. Se afirma lo anterior, en atención a que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé en sus artículos 186, 187 y 229, como ya se dijo, el recurso de inconformidad o el Juicio Contencioso Administrativo, los cuales proceden en el caso que nos ocupa de manera indistinta a elección del afectado con el acto de autoridad. Por consiguiente, se actualiza la hipótesis estatuida en la citada fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, al haberse colmado las exigencias siguientes: a) La determinación reclamada es un acto administrativo proveniente de la Comisión Estatal de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. b) El acto reclamado es impugnable mediante el recurso de inconformidad o el Juicio Contencioso Administrativo, establecido el código adjetivo administrativo de la entidad. c) Por medio de dicho recurso, el acto reclamado puede ser confirmado, modificado o revocado. Consecuentemente, ante tal afectación, esto es, el acto que en esta vía combate la parte quejosa, proceden como medios de defensa el recurso de inconformidad ante la propia autoridad administrativa o el juicio contencioso administrativo, previstos en los artículos 186, 187 y 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por otra parte, la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, también precisa que los juicos o medios de defensa legal que establezcan las leyes respectivas, deben suspender los efectos de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder dicha suspensión. De conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, la ley que regula el acto de afectación contempla la suspensión, sin mayores requisitos que los que exige la legislación de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 2936, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 24, noviembre de dos mil quince, tomo III, Décima Época, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL: De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional". Cobra sustento a lo anterior, la determinación emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo I, con el rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." De igual forma, la determinación emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2013, el quince de mayo de dos mil trece, cuyos rubro y texto son: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Y la Jurisprudencia II.1o.A. J/25 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la página 1766, del tomo II, del Libro VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, registro 160114, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO O RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA II.1o.A. J/24). Este tribunal en la jurisprudencia II.1o.A. J/24, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, página 1289, de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD O JUICIO DE NULIDAD PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. ES INNECESARIO AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.", sostuvo que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establecía mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos, pues aquél condicionaba su procedencia a que se otorgara la garantía para que surtiera efectos, sin señalar término para ello, a diferencia del de cinco días previsto en el artículo 139 de la Ley de Amparo, por lo que se consideró que se actualizaba una excepción al principio de definitividad conforme a la parte final del primer párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir tal criterio, a fin de establecer que el requisito que ahí se menciona no es una exigencia que deba observarse para el otorgamiento de la suspensión, esto es, no se trata de un requisito de procedibilidad sino de efectividad de la suspensión; ello, porque si bien es cierto que el mencionado código no fija término para que el actor exhiba la garantía, también lo es que tal omisión no implica que el órgano jurisdiccional deba negar la medida cautelar, y dicha circunstancia, en todo caso, beneficiaría al actor, pues al no establecer un término perentorio para cumplir con tal obligación lo deja en libertad de hacerlo en cualquier momento hasta antes de que se resuelva el juicio en definitiva, por tanto, el juicio contencioso o los recursos previstos en ese ordenamiento deben agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, al no establecer mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad." Por consiguiente, si respecto de dichos actos de afectación procede el recurso de inconformidad ante la propia autoridad municipal o el Juicio Contencioso Administrativo, previstos en los artículos 186, 187 y 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, mediante los cuales, puede ser revocado o modificado el acto de afectación, y que además dicha legislación contempla la suspensión del acto reclamado sin mayores requisitos que los de la Ley de Amparo contempla, es indudable que el juicio de garantías deviene improcedente al no haberse agotado previamente los medios de impugnación señalados. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo 175-180 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuya literalidad es como sigue: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Finalmente, apoya lo considerado, la tesis número VI.1o.A.40 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 3125, Tomo XXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya literalidad es la siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA EXCEPCIÓN DE AGOTAR ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS RECURSOS ORDINARIOS SE ENCUENTREN PREVISTOS EN UN REGLAMENTO, COMPRENDE A LOS MEDIOS DE DEFENSA CONTENIDOS EN REGLAMENTOS HETERÓNOMOS Y NO ASÍ EN REGLAMENTOS AUTÓNOMOS. Si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LVI/2000 de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que previamente a la promoción del juicio de amparo, no es obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa contra el acto reclamado cuando éstos se encuentren previstos en un reglamento y no así en la ley de la que deriva aquél, se estima que la precitada excepción debe ser referida respecto de los reglamentos heterónomos emitidos en uso de la facultad reglamentaria que se sujeta a los principios generales de reserva de la ley y de subordinación jerárquica, pero no así a los reglamentos autónomos que, de conformidad con los marcos constitucionales federal y local, son emitidos por los Municipios en los ámbitos de su competencia sin que reglamenten una ley determinada. Lo anterior, porque la citada excepción al principio de definitividad debe entenderse como referida a aquellos reglamentos que, emitidos en ejercicio de la facultad reglamentaria, prevén un recurso que no está previsto en la ley de que derivan, esto es, que violan los principios a que se sujeta el ejercicio de dicha facultad -reserva de ley y subordinación jerárquica- y, por ende, sería jurídicamente inadmisible que se exigiera al gobernado, antes de acudir al amparo, agotar un recurso previsto en una disposición reglamentaria que excede el contenido de la disposición legal en la que el reglamento encuentra su origen, justificación y medida; empero, en tratándose de los reglamentos autónomos cuyo fundamento se encuentra en los artículos 21, primer párrafo y 115 de la Constitución General de la República, dado que su existencia y contenido no se supeditan a la expedición previa de una norma formal y materialmente emitida por el Poder Legislativo, sino que subsisten por sí mismos en sus ámbitos territoriales y materiales de validez, sin que deban sujetarse a los anteriores principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, es inconcuso que en el caso de este tipo de reglamentos sí deben agotarse los recursos ordinarios previstos en ellos en forma previa a la promoción del juicio de garantías, lo que resulta congruente con la especial naturaleza de la acción de amparo como un medio extraordinario de defensa y de control de la constitucionalidad, y puesto que de no considerar que deban agotarse los recursos ordinarios previstos en los reglamentos autónomos en forma previa a la promoción del juicio de amparo, ello tendría como consecuencia que las actuaciones reglamentadas por los entes municipales en los ámbitos de su competencia constitucional -seguridad pública, tránsito, mercados, rastros, panteones, etcétera- no estarían sujetos al principio de definitividad, sino que podrían combatirse en forma inmediata mediante el juicio de garantías, lo que atentaría contra la especial jurisdicción que caracteriza a dicho medio de control de la constitucionalidad". Atento a sus exposiciones, es menester precisar que el recurso administrativo de inconformidad previsto en el artículo 186 del Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México, es procedente contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, por lo que los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; por lo que en ese sentido este Órgano de Control Constitucional considera que la quejosa en el presente asunto no agotó el principio de definitividad dado lo expuesto y fundado en la presente determinación. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por tanto, procede desechar la demanda promovida por David Velázquez Luna, contra actos del Comisión Estatal de Selección del Sistema Guillermo González Torres Anticorrupción del Estado de México y Municipios. DOMICILIO.
- Principal
...Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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- Dayana Andrea Diaz Ramos571/2022
- Degny Larissa Flores Gomez1790/2018
- Deisy Mota Medina1363/2016
- Deivy Perez Vences492/2023