David Zamora Martínez

Expediente 689/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
689/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
13/12/2018

Partes del expediente

  • David Zamora Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    I)Toluca, Estado de México; trece de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; ello es así, toda vez que se concedió la suspensión de plano y de oficio a la parte quejosa (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto de referencia). Asimismo, en el presente cuaderno no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia); y, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se le comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Toluca, Estado de México; seis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la sentencia de amparo. Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional de oficio procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por David Zamora Martínez, por propio derecho, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social en el Estado de México y otras autoridades, por el acto reclamado consistente en el traslado del ahora quejoso del Centro Preventivo y Reinserción Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, México, al diverso de Ecatepec, Estado de México y a su vez a su similar de Tenango del Valle, todos del Estado de México. Ahora, mediante sentencia emitida el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) En esas condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso David Zamora Martínez, para el efecto de que la responsable Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, realice lo siguiente: a) De manera inmediata notifique la orden de traslado al juez competente, para que este a su vez dentro del término de cuarenta y ocho horas posteriores a su notificación proceda a calificar la legalidad o no del traslado. b) De no obtenerse la autorización judicial, sea devuelto el quejoso al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México. Salvo que se demuestre que el quejoso haya sido trasladado por diversa orden a la reclamada, emitida por autoridades distintas a las aquí responsables. Sin que pueda determinarse su traslado inmediato al centro de reclusión donde se encontraba el quejoso, dado que está subyudice a la calificación que realice la autoridad judicial sobre los casos de excepción que permiten a la autoridad administrativa realizar traslados, ya que incluso, de justificarse esas hipótesis las circunstancias de regresarlo al lugar de origen podría ser más perjudiciales para el promovente del amparo, pues no se pasa por alto que existan casos en que se pueda poner en riesgo la vida del propio quejoso, peligro para los demás internos, seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; circunstancias que corresponderá valorar en su momento el juez de ejecución penal en el caso concreto. (.) La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a los Directores de los Centro Penitenciarios y de Reinserción Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, Ecatepec de Morelos, así como al de Tenango del Valle, todos del Estado de México, ya que si se consideró violatoria de derechos fundamentales la orden de traslado reclamada, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman especialmente vicios de aquéllos. (.)" Ahora, la concesión del amparo fue para que la autoridad responsable Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, realizara lo siguiente: De manera inmediata notificara la orden de traslado al juez competente, para que este a su vez dentro del término de cuarenta y ocho horas posteriores a su notificación procediera a calificar la legalidad o no del traslado del quejoso. De no obtenerse la autorización judicial, sea devuelto el quejoso al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México. Salvo que se demostrara que el quejoso haya sido trasladado por diversa orden a la reclamada, emitida por autoridades distintas a las aquí responsables. Sin que pueda determinarse su traslado inmediato al centro de reclusión donde se encontraba el quejoso, dado que está subyudice a la calificación que realizara la autoridad judicial sobre los casos de excepción que permiten a la autoridad administrativa realizar traslados, ya que incluso, de justificarse esas hipótesis las circunstancias de regresarlo al lugar de origen podría ser más perjudiciales para el promovente del amparo, pues no se pasa por alto que existan casos en que se pueda poner en riesgo la vida del propio quejoso, peligro para los demás internos, seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; circunstancias que corresponderá valorar en su momento el juez de ejecución penal en el caso concreto. Establecido lo anterior, mediante oficio y constancias recibidas el dos de octubre de dos mil dieciocho, el Director Técnico Legal en ausencia y suplencia legal del Director General de Prevención y Readaptación Social, remitió copia certificada del oficio suscrito por el Secretario General del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, Almoloya de Juárez, Estado de México, del que se advirtió que el quejoso David Zamora Martínez, ingresó a ese centro penitenciario el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, procedente del similar de Tenango del Valle, Estado de México. Ahora, del estudio de las constancias remitidas por las responsables como complemento al cumplimiento al fallo protector, se advierte que realizaron las gestiones necesarias para que el quejoso fuera devuelto al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México. En consecuencia, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por las autoridades penitenciarias responsables y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Notifíquese.

  3. Principal

    I) Toluca, Estado de México; tres de octubre de dos mil dieciocho. Ténganse por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Director Técnico Legal en ausencia y suplencia legal del Director General de Prevención y Readaptación Social, por medio del cual remite copia certificada del oficio suscrito por el Secretario General del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, Almoloya de Juárez, Estado de México, del que se advierte que el quejoso ***, ingresó a dicho centro penitenciario el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, procedente del similar de Tenango del Valle, Estado de México. Lo anterior, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. Expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso David Zamora Martínez, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, Almoloya de Juárez, Estado de México, con los oficios y anexos adjuntos por las responsables (fojas 169 a 174, 181 a 184 y 186 a 195), para que en el plazo de tres días, contado legalmente, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacerlo, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias de autos. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese; personalmente al quejoso en el centro de su reclusión; a saber, Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, Almoloya de Juárez, Estado de México.

  4. Principal

    I) Toluca, Estado de México; veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Ténganse por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Director Técnico Legal en ausencia y suplencia legal del Director General de Prevención y Readaptación Social, por medio del cual informa las gestiones realizadas al cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo Ahora bien, de las constancias que la autoridad oficiante remite, se advierten las gestiones que ha realizado para el traslado del quejoso; por tanto, requiérasele para que en el plazo de veinticuatro horas, remita las constancias relativas al seguimiento dado al cumplimiento de la sentencia de amparo, en el entendido que en caso de ser omiso se le hará efectivo el apercibimiento formulado en auto de siete de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese.

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