David Sanchez Legorreta
Expediente 820/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/04/2021
Partes del expediente
- David Sanchez Legorreta
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de abril de dos mil veintiuno. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sede Toluca, Estado de México; a través del cual solicita copia certificada de la demanda de amparo promovida por David Sánchez Legorreta, relativas al juicio de amparo 820/2019-IV, así como de la resolución de uno de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Séptimo Tribunal Unitario del Segundo Circuito. En tal virtud, hágase del conocimiento a la autoridad promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que si bien es cierto que de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Ministerio Público de la Federación es parte en el juicio de amparo, lo cierto es que como esa institución se rige por los principios de unidad e indivisibilidad, su intervención se materializa a través de los agentes y órganos que lo representan en cada uno de los lugares en que se encuentran establecidos los órganos jurisdiccionales, como se advierte de los artículos 4, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 39, fracciones I, II y III, de su reglamento; por tanto, dicha petición la deberá hacer a través de su homologo federal adscrito a este órgano jurisdiccional. Máxime que del estudio de las constancias que integran el juicio, no se advierte que sea parte. ....
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de julio de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio a través del cual el Secretario del Séptimo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, mediante el cual hace del conocimiento el auto de uno de julio de este año, en el que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda promovida por David Sánchez Legorreta, circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, el estado procesal de este asunto evidencia que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, remítase al archivo de este Juzgado de Distrito y las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno.
- Principal
SE LISTA CITATORIO DE LA QUEJOSA IV) Toluca, Estado de México; veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por David Sánchez Legorreta, contra actos del Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito habilitado como Tribunal de Alzada; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 820/2019-IV. Incompetencia. Cabe puntualizar que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del juicio de amparo. Para ello, el Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de manera integral, para desprender los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta constitución, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del distrito federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los estados o del distrito federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal". En tanto que, el artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado." Y, a su vez, el numeral 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estatuye: "Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado..." En este sentido, si el acto reclamado lo constituye la resolución de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito (habilitado como Tribunal de Alzada), en el toca 150/2019, a través de la cual confirmó la determinación de dieciocho de junio del mismo año, en el cuaderno de técnica de investigación 70/2019, relativa a la entrega de datos reservados, en la que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con el carácter de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en el que se determinó negar la intervención de la entrega de datos conservados de las líneas telefónicas 55 45 40 62 14, 55 21 06 96 64, 74 71 74 44 59, 55 79 07 01 00 y 72 26 91 99 21; se estima que la competencia para conocer de dicha demanda recae en un Tribunal Unitario y no en un Juzgado de Distrito. En el entendido que en estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado, pues en la Ley de Amparo existe disposición expresa al respecto. En estas condiciones, resulta evidente que el órgano de control de la constitucionalidad competente para conocer de la demanda que originó el presente asunto, es el Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, en Turno, por ser el más próximo a la residencia del Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito. Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia 1ª/J.14/2012 (10ª), consultable en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2012, Libro Vl, Tomo I, Decima Época cuyos rubro y texto son el siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador". Máxime que de conformidad con el artículo 17, último párrafo y Transitorio Segundo del Acuerdo General 5/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en el Municipio de Almoloya de Juárez (Altiplano), tratándose de la sustitución del Tribunal de Alzada del Centro, se habilitó a los Tribunales Unitarios Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto, todos del Segundo Circuito y con residencia en Toluca, Estado de México, para conocer, con ese carácter y en el orden numérico de su denominación de los asuntos que se tramiten en el referido Centro, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables. Aunado a que en términos del artículo 2º del Acuerdo General 15/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la especialización, cambio de denominación y de residencia del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito; a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Unitarios Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto del Segundo Circuito; y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común que les presta auxilio; a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, el citado Tribunal Unitario Especializado quedó excluido del conocimiento de las materias distintas a la penal, de acuerdo con el sistema computarizado instalado para tales efectos. Por las relatadas consideraciones, se estima pertinente remitir la demanda de amparo promovida por David Sánchez Legorreta, contra actos del Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, a la Oficina de correspondencia común de los Tribunales Unitarios de este Segundo Circuito, con residencia en Toluca, para que en atención al presente proveído, lo remita al órgano jurisdiccional que por turno corresponda. Con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales conducentes ya que con independencia de la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. La determinación anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales conducentes. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26, fracción III, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, no así el correo electrónico que refiere, pues no se encuentra como domicilio en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por David Sánchez Legorreta, contra actos del Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito habilitado como Tribunal de Alzada; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 820/2019-IV. Incompetencia. Cabe puntualizar que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del juicio de amparo. Para ello, el Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de manera integral, para desprender los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta constitución, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del distrito federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los estados o del distrito federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal". En tanto que, el artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado." Y, a su vez, el numeral 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estatuye: "Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado..." En este sentido, si el acto reclamado lo constituye la resolución de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito (habilitado como Tribunal de Alzada), en el toca 150/2019, a través de la cual confirmó la determinación de dieciocho de junio del mismo año, en el cuaderno de técnica de investigación 70/2019, relativa a la entrega de datos reservados, en la que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con el carácter de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en el que se determinó negar la intervención de la entrega de datos conservados de las líneas telefónicas 55 45 40 62 14, 55 21 06 96 64, 74 71 74 44 59, 55 79 07 01 00 y 72 26 91 99 21; se estima que la competencia para conocer de dicha demanda recae en un Tribunal Unitario y no en un Juzgado de Distrito. En el entendido que en estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado, pues en la Ley de Amparo existe disposición expresa al respecto. En estas condiciones, resulta evidente que el órgano de control de la constitucionalidad competente para conocer de la demanda que originó el presente asunto, es el Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, en Turno, por ser el más próximo a la residencia del Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito. Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia 1ª/J.14/2012 (10ª), consultable en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2012, Libro Vl, Tomo I, Decima Época cuyos rubro y texto son el siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador". Máxime que de conformidad con el artículo 17, último párrafo y Transitorio Segundo del Acuerdo General 5/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en el Municipio de Almoloya de Juárez (Altiplano), tratándose de la sustitución del Tribunal de Alzada del Centro, se habilitó a los Tribunales Unitarios Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto, todos del Segundo Circuito y con residencia en Toluca, Estado de México, para conocer, con ese carácter y en el orden numérico de su denominación de los asuntos que se tramiten en el referido Centro, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables. Aunado a que en términos del artículo 2º del Acuerdo General 15/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la especialización, cambio de denominación y de residencia del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito; a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Unitarios Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto del Segundo Circuito; y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común que les presta auxilio; a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, el citado Tribunal Unitario Especializado quedó excluido del conocimiento de las materias distintas a la penal, de acuerdo con el sistema computarizado instalado para tales efectos. Por las relatadas consideraciones, se estima pertinente remitir la demanda de amparo promovida por David Sánchez Legorreta, contra actos del Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, a la Oficina de correspondencia común de los Tribunales Unitarios de este Segundo Circuito, con residencia en Toluca, para que en atención al presente proveído, lo remita al órgano jurisdiccional que por turno corresponda. Con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales conducentes ya que con independencia de la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. La determinación anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales conducentes. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26, fracción III, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, no así el correo electrónico que refiere, pues no se encuentra como domicilio en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
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